[COLOMBIA] 9 claves sobre seguridad, paz y DDHH en 2020

Danna Urdaneta

«Si hubiese un Gobierno en Colombia en 2022
de un signo más de centro-izquierda,
quiere decir que habría un mejor interlocutor
para una mesa de conversaciones de paz»

Pablo Beltrán en entrevista con Sputnik (18/12/2020)

El presente artículo plantea algunas coordenadas de datos a contrastar en materia de seguridad y defensa, paz y derechos humanos en Colombia durante el año 2020. Presentamos 9 claves que no podemos dejar pasar por alto para dibujar el panorama y los retos en 2021 frente a la pantomima de la “democracia colombiana” y la perfidia contra el Acuerdo de Paz de La Habana firmado por la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Estado colombiano.

1. Inversión en Seguridad y Defensa & inversión en Paz con Legalidad

Colombia estipula 10.400 millones de dólares de inversión para Defensa en 2021, representando un incremento de 14 % con respecto a 2020. En 2021 se espera un presupuesto para la Política de Paz con Legalidad de 10,7 billones de pesos (poco más de 3 mil millones de dólares) según el Anexo de Gasto Construcción de Paz 2021 del proyecto de Ley de Presupuesto, un aumento del 9,18%. Esta pírrica cifra se refleja en el desfinanciamiento de las instituciones integrantes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como el desfinanciamiento de la reincorporación de excombatientes [1].

Para desgracia del uribismo venezolano, Colombia quedó ubicada en el puesto 140 del Índice de Paz Global. Simultáneamente, el país vecino se acerca al umbral de violencia de los años 1998 a 2002 [2]. Urge un movimiento de solidaridad internacional que denuncie el terrorismo de Estado y el desmonte fraudulento de los Acuerdos de Paz. La política de Paz con Legalidad no ha cumplido sus objetivos [3].

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Comparación de la violencia en el período 1992-2002 y en 2020

2. Índices de homicidios, femicidios y paramilitarismo. Caso Medellín y La Oficina de Envigado

Las cifras de homicidios en Medellín descendieron en 2020 a 13,7 por 100.000 habitantes, lo que representa 37% menos que en 2019. Para la Secretaría de Seguridad de la ciudad este sería el año menos violento en las últimas cuatro décadas. Sin embargo, hasta noviembre el Observatorio Femicidios Colombia registró 31 femicidios en la capital paisa. Al mismo tiempo Indepaz sostiene que La Oficina de Envigado sigue abierta y bajo el mando de Félix Isaza (alias Beto), muy cercano al jefe paramilitar Don Berna de  las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Oficina se mantiene con el negocio de servicios de seguridad en la ciudad al mismo tiempo que Antioquia desciende en 13,6% la tasa de homicidios respecto a 2019 [4].

De este modo las muertes violentas se desplazan al interior del departamento que encabeza el segundo lugar en la lista del genocidio contra líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de Paz [5]. ¿Son las políticas de seguridad ciudadana de la alcaldía las que han controlado los índices de homicidio o estamos frente a una nueva donbernabilidad al mando de Isaza y compañía? Esta aparente reducción de la violencia refleja la transformación de la guerra en la medida de que se transforman los actores políticos y militares en el conflicto.

3. Femicidios & clases sociales e institución militar

El caso del secuestro, violación y femicidio de la niña Yuliana Samboní en diciembre de 2016 siguió sin reparación en 2020. Rafael Uribe Noguera es un arquitecto bogotano de la Universidad Javeriana y trabajaba para la empresa familiar Lascaux construcciones SAS. La familia de Yuliana Samboní es de la etnia yanacona en el Cauca. Este año trajo consigo el crimen de la niña embera secuestrada y violada en Santa Cecilia, Risaralda, por 7 soldados del Ejército; este crimen generó múltiples protestas feministas frente a los batallones del Ejército Nacional de Colombia bajo consignas y el performance “Un violador en tu camino”. Este caso fue el detonante para la denuncia pública de cinco víctimas de violencia sexual por parte del Ejército. El Observatorio Femicidios Colombia contabilizó hasta noviembre 568 femicidios a nivel nacional.

4. Montajes contra la paz

El 8 de noviembre Edinson Bolaños, a través de El Espectador, develó las pruebas que empezaron a desmontar el falso positivo del exfiscal general Néstor Humberto Martínez que pretendió fracasadamente extraditar a Jesús Santrich. La primera respuesta vino de parte de Iván Márquez de las FARC-EP Segunda Marquetalia mediante la columna “El entrampamiento de la paz”, luego hubo una declaración oficial de la insurgencia.

El debate de control político en el Senado contra la Fiscalía del 26 de noviembre realizado por Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras, Alirio Uribe Muñoz y otros senadores [6] reposicionaron al líder de la Segunda Marquetalia de manera definitiva al dimensionar el montaje en su contra como un montaje contra la paz de Colombia. El 26, 27 y 28 del mismo mes Jesús Santrich de las FARC-EP Segunda Marquetalia fue tendencia nacional en Twitter en medio de un debate nacional a favor de su inocencia.

5. Horizontes de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)

El ELN sigue apostándole a la posibilidad real de retomar la agenda de diálogos con el Estado colombiano y un gobierno de centro-izquierda que abra los caminos para la reconciliación en 2022. Mientras tanto el subpresidente Iván Duque insiste en encarcelar y masacrar a sus adversarios políticos en una guerra desigual. Las FARC-EP Segunda Marquetalia de Márquez y Santrich y las FARC-EP de Gentil Duarte han sido contundentes frente a la ausencia de posibilidad de un nuevo proceso de paz con el actual gobierno. Las pruebas del montaje contra la paz mostradas en el Senado hablan por sí solas ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional.

6. Genocidio contra el liderazgo social y excombatientes

A la crisis humanitaria en Colombia se le añade la crisis sanitaria por la pandemia: potenciales víctimas del genocidio tienen que escoger entre morirse de hambre en cuarentena, donde el sicario sabe que encontrará a su víctima en casa, o salir a la calle a buscar el pan a sabiendas que puede contagiarse y morir de Covid-19. El año cierra con 309 líderes y lideresas sociales asesinados y 64 excombatientes asesinados al 10 de diciembre producto de la ausencia de garantías políticas para quienes no tienen privilegios de clase. En octubre se realizó la Peregrinación por la Vida y por la Paz donde excombatientes de todas las regiones atravesaron el país hasta Bogotá para exigir derecho a la vida. ¿De cuál democracia habla el establecimiento colombiano?

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Cifras que ilustran la violación de DDHH y atentados contra la paz el año pasado

7. Masacres

Según registro de Indepaz en el año 2020 se ejecutaron 90 masacres en Colombia para un total de 375 víctimas directas, encabezando el primer lugar el departamento de Antioquia. El mes de septiembre fue el más sangriento con 16 masacres. Bogotá reeditó una masacre que recordó al Bogotazo [7]. Desde el pasado Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 las ciudades pasan a una nueva etapa de conflictividad social con la abierta paramilitarización de la seguridad ciudadana cuando vimos al ejército y a la policía encubriendo a encapuchados que disparaban contra protestantes pacíficos.

8. Judicialización de la protesta, exilios y falsos positivos

El año cierra con la judicialización de tres dirigentes campesinos: Teófilo Acuña, Robert Daza y Adelso Gallo, quienes luego de las denuncias públicas respectivas podrán afrontar el proceso de investigación en libertad. El exilio de la cultora y abogada Cristina Bustillo, antigua presidenta del Sindicato Nacional Memoria Viva de los Trabajadores de la Seguridad y la Protección del Pueblo en la Unidad Nacional de Protección, puso en el debate público internacional la evidencia de que inteligencia militar ha dispuesto de listados en conjunto con la Fiscalía para realizar capturas selectivas bajo falsos positivos que vinculen a líderes y lideresas sociales con grupos armados. El exilio colombiano es una pandemia silenciosa que hasta el mes de noviembre llevó en España 26 mil 568 solicitudes de asilo.

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La sindicalista Cristina Bustillo (foto de febrero de 2019)

9. Conclusiones

Con el gobierno del subpresidente Iván Duque no existen condiciones objetivas para iniciar un nuevo proceso de paz con los actores políticos y militares del conflicto social y armado en Colombia. La solidaridad internacional es el contrapeso decisivo en la visibilización pedagógica del conflicto y el genocidio en curso. En este sentido, el papel de Cuba, Venezuela y demás países garantes y acompañantes de los procesos iniciados en La Habana serán fundamentales frente a la esperanza de paz con un nuevo gobierno. El acompañamiento de las denuncias de la realidad colombiana y las acciones antiparamilitares son indispensables para forjar las bases que sirvan para resistir al proyecto de despojo de los recursos naturales en América Latina y preservar la esperanza de que un mundo más justo es posible.

¡Para la guerra nada!

Notas

[1] Laura Soto. (7 de septiembre de 2020). La implementación de la paz, cada vez más desfinanciada.

[2] JEP. (9 de septiembre de 2020). Comunicado 063. Colombia: JEP.

[3] Natalia Torres. (28 de septiembre de 2020). Dos años de la política de paz con legalidad, sin “paz”. Colombia: Dejusticia.

[4] Antioquia Silenciada. (Diciembre de 2020). Antioquia silenciada. Colombia: El Espectador.

[5] Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz. Informe Especial sobre Agresiones a Líderes/as Sociales y Personas Defensoras de los Derechos Humanos y de los Acuerdos de Paz. Colombia: Indepaz.

[6] Comisión Primera Senado de la República de Colombia (26 de noviembre de 2020). (Acta 29) Sesión del 26 de Noviembre de 2020 (parte 1). Colombia: Comisión Primera del Senado de la República de Colombia. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=37a548_q4hw y https://www.youtube.com/watch?v=Pi5zA7FU0-s

[7] Danna Urdaneta. (11 de septiembre de 2020). Masacre en Bogotá: ¿Quién dio la orden? Colombia: Vida Digna.

Danna Urdaneta es una poeta, escritora y periodista venezolana, integrante del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI-Venezuela).

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