[EDITORIAL] La gasolina en debate: ¿‘Combustible’ para la privatización?

Después de varios días de debates y rumores, el gobierno anunció el nuevo modelo de distribución y comercialización de la gasolina. En resumen, hay una modalidad subsidiada (5.000 BsS el litro, con un techo mensual), un subsidio para el transporte público (subsidio total, con posibilidad de seguirse negociando), y 200 estaciones privadas (0,50$ el litro).

Aunque todavía no se sabe qué consecuencias tendrá el nuevo esquema, en este editorial ponemos la gasolina en debate y exploramos algunas cuestiones sobre este polémico tema.

La gasolina más barata y más cara al mismo tiempo

Una consecuencia (inesperada) de las amenazas del gobierno estadounidense contra los tanqueros iraníes fue condicionar completamente este debate. Durante muchos días el debate público giró sobre un posible choque entre la prepotencia imperialista y el ejercicio de cooperación soberana de dos países aliados y agredidos.

Apartados del debate público, se ejecutaron drásticos cambios en la política de combustibles del gobierno bolivariano. En las pocas horas dedicadas al tema, luego del anuncio de Maduro sobre “pagar” la recién importada gasolina, los analistas especularon sobre el escenario que vendría. Unxs defendían la aplicación de los precios internacionales, otrxs proponían se cobrara lo justo para cubrir los costos de producción (desconocidos hasta ahora). Entonces, ¿qué pasaría con “la gasolina más barata del mundo”?

El punto más característico es que con el precio anunciado de la gasolina en 5.000 BsS el litro, ésta aún continúa siendo altamente subsidiada, y continúa siendo la más barata del mundo. En cambio, con el precio de la gasolina a 0,50$/L en las estaciones privadas, aunque un poco más económica, por ejemplo, que en Colombia, la verdad es que contrastada con los niveles salariales venezolanos es, contradictoriamente, la más cara del mundo. De forma que al parecer efectivamente están coexistiendo las gasolinas más barata y más cara del mundo, sin ningún término medio. 

¿Regreso al pasado?

Es casi inevitable hacer la analogía entre el nuevo esquema de la gasolina y CADIVI, o las varias encarnaciones del control de cambios en Venezuela.

Sin hacer un desvío demasiado largo, es importante aclarar que no hay ninguna ley natural que establezca que sea imposible regular al mercado cambiario. Las divisas las obtenía, y sigue obteniendo, el Estado. Así que fijar una tasa de cambio es perfectamente posible mientras se tenga también control sobre las importaciones y se fije el salario adecuadamente. La existencia de una tasa paralela (artificial) es irrelevante si ese mercado es marginal y no influye en el costo de vida de la mayoría.

Sin embargo, la asignación de divisas siempre fue una oportunidad para la corrupción, tanto más rentable cuanto más grande era la brecha entre las tasas oficial y paralela. De la misma forma que especular con divisas se tornó mucho más rentable que utilizarlas para producir/importar, ahora lo mismo podrá pasar ahora con la gasolina. Se corre el riesgo de que se cree un esquema de “contrabando” interno, en el que la gasolina subsidiada se revenda descontroladamente en las estaciones privadas. 

Naturalmente un modelo verdaderamente socialista exige más que la simple regulación de la lógica del mercado. Pero en nuestro caso, nada más en política cambiaria, la tendencia viene siendo todo lo contrario. En ese sentido, la comparación entre el nuevo modelo de la comercialización de la  gasolina con el control de cambios se hace relevante porque establece un importante precedente. 

A partir de noviembre de 2018, ya en el marco del Plan de Recuperación Económica, la tasa DICOM empezó a “perseguir” furiosamente la tasa paralela. Hasta que en pocos meses se eliminó por completo el control de cambios, entregando a la banca la responsabilidad de fijar la tasa de cambio. En otras palabras, legalizando el “mercado negro”. Otro ejemplo similar es el control de precios, que se fue gradualmente desmontando hasta desaparecer completamente.

En este caso no es difícil imaginar un escenario con cada vez menos gasolina subsidiada hasta que el sistema termine de migrar completamente a la modalidad privada. 

Preguntas sobre los privados

El tema de las divisas es también relevante para analizar los nuevos actores privados que irrumpen en el mercado de los combustibles. Aunque el precio se fije en dólares, y la dolarización avance a buen ritmo, la cantidad de “billetes verdes” circulantes sigue siendo muy baja. No solo eso, sino que los salarios se mantienen en bolívares.

Además el gobierno indicó recientemente que los actores privados de estas 200 estaciones están importando directamente la gasolina. La pregunta es: ¿de dónde vienen esas divisas? Históricamente, la burguesía venezolana nunca ha invertido sus propias divisas, aunado a que la tendencia siempre ha sido la fuga de capitales. 

Asimismo, es importante tener en cuenta que importar gasolina no es como importar salsa de tomate. El combustible requiere toda una infraestructura, por ejemplo, puertos especializados. En Venezuela la estructura de almacenamiento y transporte de hidrocarburos sólo la tiene PDVSA. ¿Bajo qué condiciones ha transitado o transitará la gasolina en este nuevo circuito privado? ¿Cuáles serán los impuestos sobre las ganancias de este nuevo negocio? ¿Se está privatizando la infraestructura estatal para esta distribución? Son varias las cuestiones pertinentes que todavía no tienen respuesta.

El rol creciente del empresariado se ha gestado, en palabras y hechos, a la sombra del Estado, y nada sugiere que será diferente con la gasolina. El Estado termina jugando un papel paternalista para permitir que los empresarios obtengan ganancias con el menor riesgo posible. La burguesía venezolana, por su condición de clase y por el contexto rentista venezolano en particular, sigue siendo mucho más parasitaria que “revolucionaria”.

Preludio a otras medidas

El nuevo modelo de la gasolina podrá ser el preludio para una serie de cambios en la industria petrolera venezolana. Un documento de la comisión presidencial para reformar PDVSA se filtró a los medios, revelando una serie de planes para la principal industria del país. Uno de ellos es precisamente la eliminación gradual del subsidio a la gasolina. Otras propuestas incluyen el regreso a los contratos de servicios en los campos petroleros, una mayor participación del capital privado (nacional o foráneo) en los proyectos mixtos y la eliminación de las regalías.

Es importante considerar también el impacto de los nuevos precios de combustible en los diferentes actores económicos. Por ejemplo, no hubo mención ninguna de un subsidio a los sectores campesinos, ni a las organizaciones del poder popular. 

La consecuencia es una tendencia aún mayor a la concentración de capital. Los grandes empresarios son los que más capacidad tienen para absorber los nuevos costos, como también buscarán acceder a gasolina subsidiada contrabandeada. Los nuevos precios no sólo van a repercutir en la capacidad de consumo de la mayoría, sino también repercutirán en la sobrevivencia de los pequeños productores.

‘Autorregulación’ en tiempos de bloqueo

Aunque los intereses personales y la corrupción sean aspectos importantes a tener en cuenta, es más importante analizar las orientaciones políticas que revelan estas medidas. Dicho de otra forma, los intereses de clase a los que responden.

En un contexto de crisis y un bloqueo estadounidense cada vez más asfixiante, la respuesta del gobierno ha sido de inclinar la balanza más y más en favor del capital. El razonamiento es que las sanciones aumentan el “costo” de la inversión en Venezuela, y como tal hay que ofrecer mejores condiciones. Este argumento está plasmado en el documento de la re-estructuración de la industria petrolera, argumentando que el Estado venezolano recibe demasiados beneficios y que eso ahuyenta la inversión.

Al mismo tiempo, las medidas vienen acompañadas de un ajuste discursivo que defiende la “autorregulación” del mercado. He aquí quizás la más grande ilusión ideológica. Con la agresión incesante y el estado actual de la economía, la crisis no se va a resolver buscando que todo sea “rentable”. Más aún cuando las ganancias de la burguesía, vieja o emergente, siguen dependiendo del Estado.

Queda claro, que bajo el peso (¿o la excusa?) de las sanciones, se van desmontando conquistas históricas y se va desdibujando el horizonte socialista de Chávez. La soberanía petrolera fue uno de los mayores logros del programa chavista, tanto simbólico como material.

En este sentido, un dilema sería debatir si la agresión exige un retroceso, incluso recurriendo a ejemplos históricos. Completamente diferente, y mucho más peligroso, es presentar un evidente retroceso como un paso hacia adelante, incluso como la aparente única alternativa.