Ingrese

FOTO DE PERFIL JUNIO

CABECERA DE PAGINA

[OPINIÓN] Colombia. El incumplimiento y la necropolítica como método.

Compartir
10-de-julio-paz-620x400
 
Hay métodos que parecen inalterables –inmarcesibles- en Colombia. Es decir, se anuncia que todo cambia –la política, la sociedad, el gobierno-, para garantizar que nada cambie. Y las élites saben que hay dos estrategias que le han servido durante décadas: pactar para incumplir y perseguir, hostigar y matar para atemorizar en una escalada que los expertos denominan como “necropolítica”.
 
El método se sostiene esté quien esté en la Presidencia del Gobierno, sin importar si va acompañado de discursos rudos y violentos, como los de Álvaro Uribe y los suyos, o suenan a conciliación y paz, como los que ha repetido Juan Manuel Santos en contra de las prácticas del propio Estado.
 
No cumplir para desalentar
 
En los últimos días se ha conocido un nuevo balance internacional de la implementación de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC. Esta vez ha sido la Organización de Estados Iberoamericanos (OIE), que ha medido los avances en lo que tiene que ver con la desmovilización y la incorporación a la vida política, pero señala la precariedad de todo lo que tiene que ver con la reforma rural integral, la reincorporación económica de los desmovilizados y las medidas adicionales que contempla el acuerdo para reparar a las víctimas. De hecho, en materia de reforma rural no se ha implementado ni el 5 por ciento de lo pactado y en cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, hay avance en aspectos formales, pero hay un cero total en asistencia en salud, proyectos productivos, entrega de subsidios de transporte y alimentación, atención integral y demás factores a poblaciones con tales cultivos.
 
El director del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, aseguraba en una entrevista el pasado jueves que “las FARC han honrado su palabra de trabajar en la sustitución de la coca”. El funcionario oficial reconoce que el Estado no ha sido tan ‘juicioso’ y atribuye ese hecho a que la puesta en marcha de proyectos productivos es “algo muy complejo”. También señala que el incremento de los cultivos para uso ilícito no es atribuible ni a las FARC ni al ELN, sino “al Cartel de Sinaloa y el Clan del Golfo”.
 
En el balance del cierre del actual Congreso, Imelda Daza, de Voces para la Paz, era así de contundente: “De los cinco puntos de los acuerdos de paz no se ha implementado nada. Eran cerca de 24 proyectos de ley que se debieron aprobar con el fast track, pero no se cumplió. Todo coincidió también con un año electoral, pero creemos que el primer pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre los derechos del Congreso sobre este tipo de leyes frenó todo, porque a partir de ahí partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical, se dedicaron a no aprobar nada y a colgarle a cada artículo de a 10 o 15 propuestas”.
 
Esa ha sido la norma… el Estado –que en Colombia es casi sinónimo de ‘establecimiento’- lleva incumpliendo décadas. Pacta y firma acuerdos con campesinos, gremios, indígenas, guerrillas… pero sabe cuando estampa su firma que va a incumplir. Si la Minga Indígena cuantificó en 1.300 los acuerdos firmados con los pueblos indígenas por el Gobierno para luego incumplirlos, el acuerdo final con las FARC ha sido modificado, incumplido e ignorado. El método no sería efectivo si no estuviera apoyado en una estrategia del miedo que tiene muchas aristas.
 
La necropolítica como única política
 
La necropolítica, término acuñado por el camerunés Achille Mbembe, es cuando la violencia y la muerte se convierten en el principal instrumento de dominación política, cuando el hostigamiento, la tortura y el exterminio se utilizan para el control de grupos, colectivos y minorías sociales, políticas o étnicas. No hay improvisación cuando de necropolítica se trata y en esa lógica del poder confluyen las élites tradicionales, los grupos paramilitares y los cárteles de la droga. Es un poder aparentemente difuso pero en la ecuación de la necropolítica está claro quienes son sus componentes.
 
Y el método puede ser más o menos agresivo en función del clima de tolerancia o de impunidad que sienten sus actores. Desde el 1 de junio al 4 de julio son ya 33 los líderes y lideresas sociales que han sido asesinados por estos actores (ver cuadro).
 
UN ASESINADO POR DÍA
 
1. ORLANDO NEGRETE. (02/06/2018). TIERRA ALTA. CORDOBA. Presidente de la Junta de Acción Comunal del Camu Las Delicias.
 
2. CARLOS JIMMY PRADO GALLARDO. (02/06/2018). OLAYA HERRERA. NARIÑO. Directivo ASOCOETNAR, Representante legal de Satinga Joven y Delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa por las Comunidades Negras del Pacífico Nariñense, CONAFRO y Marcha Patriótica.
 
3. JULIO CESAR MONTALVO (02/06/2018). MONTELIBANO. CÓRDOBA. Hermano de la gobernadora indígena Meisa Montalvo Teherán, del cabildo la Meta Territorial del resguardo Zenú alto San Jorge.
 
4. FRADI CHICA (02/06/2018). ITUANGO. ANTIOQUIA. excombatiente FARC
 
5. YEISON RAMIREZ (11/06/2018). VALLE DEL GUAMUEZ. PUTUMAYO. Presidente Junta de Acción Comunal vereda la Yet.
 
6. FRANCISCO JOSÉ GUERRA GUERRA (12/06/2018). ITUANGO. ANTIOQUIA. Líder comunitario en calidad de presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Mandarino.
 
7. HOLMAN MAMIAN (12/06/2018). LA VEGA. CAUCA. Docente la Institución Educativa Santa Rita sede el Ventiadero del municipio de la Vega- Cauca. Afiliado a ASOINCA.
 
8. ARNULFO CATIMAY BLANCO. (19/06/2018) SANTA ROSALIA. VICHADA. Pueblo Saliva en Vichada.
 
9. CRISTIAN ANDREY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (20/06/2018). HACARI. NORTE DE SANTANDER. Líder comunal.
 
10. LUIS CARLOS CABRERA SEGURA (20/06/2018) FLORENCIA. CAQUETA. Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Berlín.
 
11. EVELIA FRANCISCA ATENCIA PÉREZ (21/06/2018) MAICAO. GUAJIRA. Docente sindicalista integrante de la Colombia Humana.
 
12. HÉCTOR SANTIAGO ANTELIZ (23/06/2018). TEORAMA. NORTE DE SANTANDER. Actualmente el líder hacía parte de ASCAMCAT, como responsable de coordinar el Comité Veredal en San José. También se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal.
 
13. JANER ALBERTO CORREA ARBOLEDA (23/06/2018). TEORAMA. NORTE DE SANTANDER.
 
14. ADRIÁN PEREZ. (23/06/2018). CURVARADO. CHOCO. Hijo de reclamante de tierras.
 
15. ISAAC NAVARRO MORA (23/06/2018). TEORAMA. NORTE DE SANTANDER.
 
16. ANDERSON ORTIZ (23/06/2018)
 
17. JOSÉ ABRAHAM GARCÍA (25/06/2018). ITUANGO. ANTIOQUIA. Presidente JAC Pascuita.
 
18. JAMER ALBEIRO IDROBO NAVIA (26/06/2018). EL BORDO. CAUCA. Integrante del comité Cocalero Vereda La Joaquina y COCCAM.
 
19. JULIO CÉSAR SUCERQUIA (27/06/2018). ITUANGO. ANTIOQUIA. Miembro fundacional de La asociación de Comité de Barequeros del Norte de Antioquia. MINERO.
 
20. LUIS ERARDO FERNÁNDEZ VELASCO (28/06/2018). Caloto. CAUCA.
 
21. IVÁN DE JESÚS LÁZARO MAZO (29/06/2018). PUERTO LIBERTADOR. CÓRDOBA. Integrante de ACSUCOR y Marcha Patriótica, Ex secretario JAC Vereda Rogero.
 
22. LEONEDIS ALEISER SIERRA ORTIZ (02/07/2018). TARAZA. ANTIOQUIA. Miembro la Junta de Acción Comunal de San Agustín Bajo, corregimiento de El Guáimaro, de Tarazá.
 
23. GABRIEL ADOLFO CORREA CHAVESTAN (02/07/2018). BUENOS AIRES. CAUCA Concejal por el Partido Verde, trabajo en la Colombia Humana.
 
24. DAVID MEJÍA PRIETO (02/07/2018). LA MONTAÑITA. CAQUETA. Ex presidente Junta de Acción Comunal de Provivienda en el asentamiento Virgen del Carmen.
 
25. SANTA FELICINDA SANTAMARÍA (03/07/2018). QUIBDO. CHOCO. Presidenta JAC del Barrio Virgen del Carmen.
 
26. LUIS BARRIOS MACHADO (03/07/2018). PALMAR DE VARELA. ATLÁNTICO. Presidente ASOCOMUNAL Palmar de Varela.
 
27. MARGARITA ESTUPIÑAN USCATEGUI. (04/07/2018). TUMACO. NARIÑO. Presidenta JAC Barrio el recreo vereda Vaquerio Llorente.
 
28. ANA MARÍA CORTEZ MENA (04/07/2018). CACERES. ANTIOQUIA. Coordinadora Municipal de la Colombia Humana.
 
29. ANCIZAR CIFUENTES (04/07/2018). CHAPARRAL. TOLIMA. Beneficiario restitución de tierras.
 
30. FRANCISCO DOBIGAMA (04/07/2018). ORITO. PUTUMAYO. Comunero Cabildo Indígena Caña Bravita
 
31. DARÍO DOBIGAMA (04/07/2018). ORITO. PUTUMAYO. Comunero Cabildo Indígena Caña Bravita
 
32. JOSÉ FERNANDO JARAMILLO OQUENDO (05/07/2018). ITUANGO. ANTIOQUIA. Junta de Acción Comunal de la vereda Pascuitá
 
33. FERNANDO GÓMEZ (06/07/2018). GUACARÍ. VALLE DEL CAUCA. Asociación Mixta Indígena y Campesina en Guacarí (Asomic)
 
Pero la muerte no es la única herramienta de la necropolítica. Como señalaba el pasado 29 de junio el representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, dijo que:
 
“Reducir el problema de los ataques a la contabilización de homicidios de ciertas personas no solo afecta la manera como se entiende el problema sino que condiciona la concepción de las soluciones que se ofrecen; por ejemplo, centrando la atención sobre la protección física de personas y no sobre la generación de garantías más robustas que permitan el ejercicio de libertades en los distintos rincones del país. Los ataques, además de anular a una persona o un grupo de ellas, buscan dominar voluntades y ejercer el control social sobre sectores de la población. También constriñen libertades y desincentivan la reivindicación de derechos en el espacio público. La gente termina no ejerciendo la defensa de sus derechos por miedo, de forma que la censura termina interiorizándose”.
 
Brunori describe con precisión la “mordaza simbólica” instalada en Colombia y cuya “repetición impune transmite y disemina la coerción y el miedo, dos ingredientes esenciales de la censura y la autocensura”. “La defensa de los derechos humanos en Colombia se ejerce bajo asedio. La situación es tan grave que, en Colombia, el riesgo y el miedo son elementos normales e interiorizados en la defensa de los derechos humanos. El impacto social de la cadena de ataques es complejo: todos tienen derechos, pero los derechos están asediados”, concluye el funcionario internacional.
 
Lo que no señala Brunori es que no hay casualidades en los objetivos que elige la necropolítica. El método elige a miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes y lideresas de la restitución de tierras, de los colectivos cocaleros, o defensores del ambiente, entre otros, porque sabe que esas son las trincheras de resistencia del pueblo colombiano, ante el megaproyecto de despojo permanente sobre el que han edificado su riqueza las élites locales pero, también, las grandes compañías transnacionales.
 
Por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) denuncia que en los seis primeros meses del año han sido asesinados 36 líderes que habían apostado a la sustitución de cultivos. En la misma línea, el último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz; Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, cifra en 98 los líderes y lideresas que habían sido asesinados hasta finales de junio. A las muertes, habría que sumar todas las acciones que denuncia Brunori pero que son muy difíciles de cuantificar. La organización Somos Defensores señaló que en 2017, por ejemplo, se registraron, al menos, 370 amenazas, 50 atentados, 23 detenciones arbitrarias, 9 judicializaciones y 2 hurtos de información sensible. En 2018, ese tipo de hechos se han multiplicado.
 
La pregunta, con este somero repaso por la realidad, es si el Estado puede permitirse sacar la violencia de la política, cuando su política se basa en la violencia….
Compartir