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ÁGORA: Los falsos positivos de la frontera colombo-venezolana: paramilitarismo, deportaciones y derechos humanos

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A mediados de mayo de este año viajé a San Cristóbal por trabajo. Tuve la oportunidad de ser testigo de excepción durante tres días de cómo era la dinámica comercial de esa ciudad fronteriza con Colombia. Al llegar al terminal, no fue fácil conseguir taxi, pues ningún chofer quería llevarme hasta el lugar donde me alojaría, ya que quedaba en el otro extremo de esa extraña urbe y el costo de la carrera hasta allí no era atractivo para la mayoría de los taxistas, pues una cantidad significativa de ellos hacía negocios en la frontera. Era cuestión de hacer el día en pocas horas transportando gasolina hasta Cúcuta. Hacia las 9 de la mañana, la mayoría de los taxistas que se dedicaban a ese negocio ya habían regresado del lado colombiano con el equivalente a tres veces más de lo que harían taxeando un día entero por la ciudad. Esa era la realidad de ese momento, como lo era ver colas interminables frente a todos los supermercados para adquirir productos regulados y pasarlo del lado que mejor pagaba: Colombia.

De pronto, me vi en una ciudad grandísima con muy pocos taxis para trasladarme de un sitio a otro, lo cual era un problema para mí, así como para muchos transeúntes que demandaban ese servicio. Si yo pudiera resumir lo que era San Cristóbal durante esos tres días que estuve, diría dos palabras: colas y excesiva liquidez en la calle. Esto último debido a los florecientes negocios ilegales que hacían los ciudadanos de una ciudad que me parecía ajena. Poco a poco me fui dando cuenta de que todas las personas que iba conociendo, de alguna u otra manera, hacían negocios relativos al contrabando de extracción; lo cual ubicaba a esa pólis de empinadas cuestas en un barranco que manaba sangre de nuestros productos venezolanos.

Esa era una realidad incuestionable que ningún partido político puede obviar. Como también era evidente que las medidas tomadas por el gobierno nacional sobre el control de la frontera de San Antonio-Cúcuta no surtían ningún efecto positivo, bien sea por negligencia o por complicidad de los aparatos represores de un estado desprotegido de honestidad ciudadana, policial y militar. Esa era la más cruda realidad que me tocó evidenciar. ¿Por qué, si las FANB estaban a cargo del control de la frontera, seguía aumentando el contrabando? Esa es una pregunta que el gobierno del presidente Maduro debe hacerse a diario si quiere ser autocrítico y sincero con su pueblo.

Entiendo que la decisión de cerrar la frontera San Antonio-Cúcuta era una necesidad imperiosa frente a un aparato estatal minado de corrupción y acostumbrado al soborno históricamente. Un asunto que no logramos acabar en la Quinta República y que seguiremos heredando per seculaseculorum. Ahora que la frontera está cerrada no hay excusas para que el contrabando de extracción sea un negocio tan rentable para venezolanos y colombianos sin escrúpulos; esperemos que a mediano plazo podamos experimentar una nueva realidad, pero en todo este acontecimiento se ha generado un ruido agudísimo sobre las deportaciones masivas de colombianos hacia el Norte de Santander por el simple hecho de estar en ilegal condición.

Al respecto me pregunto: ¿Es que acaso esa situación de irregulares en la frontera no coexistía con nosotros desde hace más de cuarenta años? ¿Por qué deportar a personas en condiciones poco dignas como lo hemos visto en numerosas fotografías, que resulta imposible que sean montajes? La premisa del gobierno nacional para justificar estos desalojos repentinos de familias con niños, ancianos y mascotas ha sido que la gran mayoría de los habitantes de esa zona fronteriza eran paramilitares. Cuesta creer que una anciana cruzando el río Táchira pueda ser una paramilitar. Esas generalizaciones son muy peligrosas porque nos hacen caer en un reduccionismo  acomodaticio y cruel. Sé que habrá alguno que diga: ¿pero y los deportados colombianos y mexicanos de EEUU que son desterrados sin respetarse sus derechos humanos? Como ese ejemplo hay miles alrededor del planeta pero argumentar ello no responde al problema que se plantea de fondo: ¿por qué nosotros hemos de compararnos con países que hemos criticado durante estos últimos quince años para justificar procederes errados? Estoy cansada de que cuando yo denuncio la corrupción de militares o de burócratas, alguien me diga, “en la Cuarta República era igual o peor”. No, esa no es respuesta porque quienes creímos en el proyecto de Chávez en 1998 y lo apoyamos era porque justamente iba a romper y acabar con todos esos vicios de la humanidad menos humana del país.

Así que no se justifica lo que está sucediendo en la frontera con las deportaciones masivas de familias a las que les demuelen sus casas después de desalojarlos. Eso no es cónsono con un discurso presidencial que habló del Plan a toda vida Venezuela o el Movimiento por la paz y la vida. Yo quiero seguir creyendo que son excesos que deben terminar inmediatamente, so pena de que caigamos en el foso de Uribe y sus Falsos Positivos. No podemos invertir la ecuación y pensar que todos los colombianos desalojados son paramilitares, pues ello es tan grave como si dijera que todos son guerrilleros y les diera un tiro en la frente para mantener el statu quo.

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