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[OPINIÓN] - Congelamiento de precios: Algunas consideraciones sobre la viabilidad y eficacia

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Aunque en los últimos días el tema en sí mismo ha quedado como “congelado”, luego de nombrada una comisión para estudiar la viabilidad de la exigencia popular realizada al presidente en la pasada concentración del día del trabajador sobre la aplicación de un congelamiento de precios, dado el cuadro de precios actual es importante seguir debatiendo sobre la viabilidad de esta medida. En tal virtud, lo primero que habría que decir al respecto es que resulta entendible y más que justificada la solicitud, tanto por el nivel alcanzado por la especulación durante los últimos cuatro años, como por la certeza por parte de los trabajadores y trabajadoras, de que a cualquier aumento salarial, más allá de la voluntad del gobierno, le sigue un violento ajuste especulativo de precios que termina anulando los beneficios de la medida.

A propósito de esto último ya hemos comentado en anteriores ocasiones que es falsa la “explicación” según la cual los aumentos salariales hacen subir los precios. Y menos aún en la proporción que se acostumbra hacerlo. Desde el punto de vista técnico contable, porque los costos salariales suelen distribuirse aritméticamente en los precios, de manera que no es verdad que a un aumento salarial de, por ejemplo, 30%, signifique automáticamente que los precios deban aumentar 30%, cosa que hasta Adam Smith tenía muy claro. Y, en segundo lugar, porque es bastante obvio que los aumentos de precios se suceden sin necesidad de aumentos salariales, siendo que, de hecho, los sucesivos aumentos de salarios otorgados en los últimos años ocurren a posteriori de los aumentos de precios, de manera que lo que se busca es compensar a los trabajadores y trabajadoras en la pérdida de poder adquisitivo que estos últimos causan, y no al revés.

Así las cosas, lo que realmente cuenta para que ocurra el aumento de precios, es la decisión empresarial de trasladar el aumento de costos reales o esperados a los precios finales para mantener su margen de ganancia. En este sentido, lo que hace el empresario es exactamente lo mismo que el trabajador reclama para sí: incrementar su ingreso nominal para mantenerlo en términos reales, es decir, para mantener su poder adquisitivo. ¿Por qué entonces en un caso es “bueno” y entendible y en el otro “malo” y condenable? Todos los que demonizan los aumentos salariales invisibilizan la asimetría de poder que permite hacer eso, pues la diferencia entre ambos es que el empresario-comerciante puede aumentar el precio por decisión propia, cosa que el trabajador no puede hacer con su salario.

El congelamiento como exigencia de retorno de una política de precios

Pero más allá de este debate central y fundamental que ya hemos dado en profundidad en anteriores ocasiones (por ejemplo: ver acá y acá), en el caso concreto de la exigencia popular de congelamiento de precios, lo segundo que habría que decir es que se trata en el fondo de una exigencia casi desesperada de retorno del control de precios. Y este es un hecho que hay que resaltar, pues más allá de que formalmente aún exista, lo cierto es que en la práctica el control de precios ha sido desmantelado, o peor aún, ha sido arrebatado de las manos del Estado por parte de los especuladores, desencadenándose tras esto un espiral hiperespeculativo donde los agentes económicos caen en un juego suma cero no colaborativo de puja distributiva, independiente incluso de su voluntad o no de hacerlo.

Las causas de que esto haya pasado son varias. La primera es, por supuesto, la agudización de la guerra económica por parte de los agentes más concentrados que abusan de sus posiciones de dominio. Pero también, la debilidad institucional para enfrentar dicha guerra, tanto como la ambigüedad, e inclusive contradicción, de acciones tomadas. Solo para dar un ejemplo recordemos el caso del llamado PAC. Como quiera que sea, lo cierto, de todos modos, es que la debilidad institucional no es un problema exclusivo de la SUNDDE.

En fin, lo interesante del caso es que después de todo, la dura realidad del descontrol de precios (o del control abusivo de los especuladores sobre los mismos) se ha encargado de demostrar que el control de precios no es tan mala idea como se nos hizo ver y como han procurado demostrar sus detractores con mucha tinta de por medio. Hoy día, ya no tan solo son los trabajadores asalariados sino inclusive los propios comerciantes y empresarios pequeños y medianos quienes lo extrañan, en este último caso porque son tan víctimas como victimarios de la especulación, y de tanto especular el punto en el cual hacerlo era rentable hace rato que lo superaron: con lo que tiene que lidiar ahora es con una contracción de las ventas, dado el rezago del poder adquisitivo que ayudaron a causar.

A todas estas, no está de más tomar en cuenta que desde el punto de vista de los números agregados e indicadores esta nostalgia se justifica. Y es que digan lo que digan, la verdad real es que en la década anterior al control de precios, la inflación promedio anual fue de 42,9%. En cambio, en los años del control de precios en su fase original (2003-2012), la inflación fue de 23,1% anual, es decir, casi 50% menos. Ahora bien, luego de que comerciantes y empresarios se embarcaron en el “sinceramiento” y el control menguó, la inflación remonta el 101,8% anual, a la espera claro de los resultados oficiales de 2016 que sin duda aumentarán el promedio.

Pero, si bien es deseable y justificado, ¿es viable el congelamiento de precios?

En una nota publicada en este mismo portal por Luis Gavazut, y en otra publicada por mí en Ciudad Ccs, se planteaba que el congelamiento de precios en cuanto tal no es viable en este momento. Varias son las razones esgrimidas. Pero, para resumirlas en las más importantes, digamos que esta medida solo puede funcionar bajo dos escenarios: en uno donde el Estado tenga suficiente poder y eficacia para hacer que se respete por la vía de la imposición. O en otro –más deseable– donde sobre la medida exista un amplio consenso social y sea validada y apoyada por la ciudadanía. El primer escenario no lo tenemos. Pero el segundo tampoco, pues por más que sea deseable por las mayorías, eso no quiere decir que lo validen.

Ahora, la buena noticia es que el que estos escenarios no existan no quiere decir que no pueden existir o generarse. En tal sentido, y para no alargarnos más de lo necesario, digamos en lo concreto que el congelamiento de precios puede ser viable, pero sí y solo sí se crean las condiciones para su viabilidad, incluyendo el que no se le conciba como una medida aislada sino como parte de un plan de estabilización de los precios, del abastecimiento, de la economía y del país en términos globales. Desde este punto de vista, puede ser, de hecho, una base a partir de la cual se establezcan nuevos mecanismos de un diálogo social, poniendo sobre la mesa que la estabilidad política depende de la económica y viceversa.

A este respecto, partiendo del hecho planteado líneas arriba según el cual el Estado por sí solo no cuenta con la fortaleza institucional suficiente para hacer cumplir el congelamiento, se puede avanzar hacia un consenso social en torno al mismo, lo que implica involucrar a la ciudadanía, pero sin que esto suponga que deba la gente asumir responsabilidades que solo le competen al Estado. Tampoco debe asumirse el tema como un problema de los chavistas únicamente: es un problema de todos y todas los venezolanos y las venezolanas, pero mientras se siga enfocando la contraloría social sobre los precios como un problema de los chavistas nada más, el resto de la población no chavista no lo percibirá como algo que le competa, o lo que es peor, lo politiza también, pero en sentido contrario, adoptando la especulación como un problema de militancia antichavista, como, de hecho, viene siendo y fue en su momento el raspacupismo. El exitoso programa de Precios Cuidados aplicado en Argentina durante la última etapa del gobierno de Cristina Fernández, es un claro ejemplo de una política pública que apuesta al acompañamiento ciudadano en términos amplios y de manera sencilla, utilizando, entre otros recursos, sencillas aplicaciones tecnológicas para web y teléfonos inteligentes y apostando fuertemente a la información y formación de la gente en materia de precios y derechos del consumidor.

Algunas recomendaciones para viabilizar un congelamiento de precios y hacerlo efectivo

Lo primero que podría hacerse entonces, es convocar a un gran espacio de diálogo que replique en parte la experiencia de otros países como Israel, México y Perú, donde ante situaciones hiperinflacionarias se convocaron Pactos de Estabilidad Solidaria, con la idea de alcanzar acuerdos que procuraran el mayor equilibrio posible entre las partes, de manera que ninguna se sintiera perdedora dentro de la estabilización de precios (en el sentido de que se estabiliza a costilla de sus ingresos). Esto último no siempre se logró, pero en buena medida porque los gobiernos convocantes no tenían la vocación de justicia social que tiene el venezolano.

El gobierno del presidente Maduro ya de hecho avanzó en esta dirección a través de la convocatoria del Consejo de Economía Productiva. El problema con este es que casi exclusivamente incorpora a empresarios y comerciantes, y entre poco y nada al factor trabajo. De este modo, en cuanto instancia, ha tenido un sesgo hacia el ajuste de precio para recomponer ganancias, pero a costa del sacrificio salarial de la mayoría trabajadora. En tal virtud, se debería incorporar activamente a las centrales de trabajadores y organizaciones de consumidores al mismo, de manera que sean los actores del factor trabajo y los agentes del consumo protagonistas corresponsables de la defensa de sus derechos, lo que, por lo demás, le daría más fuerza al gobierno a la hora de negociar con los empresarios. Se debería incorporar también el Poder Ciudadano, particularmente la Defensoría del Pueblo en calidad de observadora (es la defensora de los derechos colectivos y difusos constitucionales).

La convocatoria debería hacerse a partir de un balance de los adelantado en la Agenda Económica Bolivariana, y muy especialmente en los acuerdos logrados con empresarios, de manera de exponer que una vez que el gobierno se ha sentado a negociar con ellos queda de estos cumplir con su parte de los compromisos, que pasan por activar la producción, etc. Pero también, se hace necesario incorporar a los otros agentes económicos como parte del esfuerzo nacional por estabilizar la situación excepcional que se atraviesa, de manera solidaria, en una relación ganar-ganar para todos. Esto último es importante, pues la base del discurso y la convocatoria oficial pasa por hacer entender a los actores que la única salida posible es la de un acuerdo de partes solidario, y no el comportamiento egoísta y del “sálvese quien pueda” actual, que lo único que logra es profundizar la crisis.

Es sobre este marco que podría decretarse un congelamiento general, pero momentáneo, de precios, y facultar ampliamente a la SUNDDE (junto al SENIAT y otros órganos) para su vigilancia y aplicación expedita de sanciones. En cuanto tal, el congelamiento puede hacerse simplemente haciendo un corte en las facturaciones, tomando una fecha como referencia para discutir precios, costos y salarios. El mismo debe incluir también las empresas públicas proveedoras de servicios, productos e insumos (por ejemplo, fertilizantes), que, como vimos en el caso de Pequiven, entran también en la carrera  de aumentar precios, convirtiéndose en un factor motorizador de mayor inestabilidad.

Desde luego, esta congelación, mientras dure, debe abarcar todos los precios de la economía, incluyendo salarios, tipo de cambio y tarifas de servicios. Esto tendría el efecto  de incorporar la estabilidad de precios que permitiría hacer una suerte de “corte de cuenta” para negociar entre las partes y concertar. Se elimina así el componente inercial y de expectativas inflacionario (mayormente especulativo), quedando por resolver la inflación provocada por otras causas (cuello de botellas sectoriales, rezagos de precios, de salarios, falta de insumos, de divisas, etc.).

El congelamiento tendría que  acompañarse con la publicación de las cifras oficiales sobre evolución del INPC, así como de asignación de divisas por sector y por actor. También la proyección oficial del INPC (el que sería sin los congelamientos) y del tipo de cambio. Todo esto le da transparencia al proceso y ayuda a construir confianza.

Los precios en la medida de lo posible deben concertarse. Pueden implicar ajustes hacia arriba, pero también necesariamente hacia abajo, y deben estar validados por la SUNDDE y no negociados por otros entes o ministerios unilateralmente.

En paralelo debe funcionar un Plan Especial de Abastecimiento, que dé respuesta a la coyuntura de escasez que enfrenta la ciudadanía. Dicho plan debe tener un alcance mayor al actualmente desarrollado en torno a los CLAP, si bien desde luego no los excluye.

A la estabilización de precios de bienes y servicios, debe incorporarse la de sinceración del precio factor trabajo (salarios), ya que el rezago actual no solo es injusto y políticamente peligroso, sino que compromete la política económica toda, en la medida que al deprimir el poder adquisitivo deprime la demanda necesaria para reactivar la economía nacional. Para ello es necesario incorporar un esquema de coordinación entre aumentos salariales y estabilización de los precios. De lo que se trata en este caso es de pasar del escenario de indexación descontrolada de los precios a un escenario de indexación coordinada, que dé paso a la desindexación de precios, sobre todo del tipo de cambio tanto oficial como no oficial. Para ello, son necesarias unas instituciones con capacidad para negociar e imponer acuerdos.

En fin, y ya para cerrar, es obvio que todo esto necesita para funcionar, obviamente, de la mayor coordinación posible con el BCV y estar articulado plenamente con la política cambiaria. Esta última, inevitablemente debe marchar hacia una coordinación y coherencia mayores, sin que esto suponga mayores flexibilizaciones ni devaluaciones, pues tales cosas son plenamente contradictorias –como se ha demostrado en este 2016– con la pretensión de estabilizar precios y abastecimiento, y, más aún, en condiciones de justicia social y solidaridad.

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