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[JUSTICIA] - “Berta no murió, se multiplicó”

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Berta Cáceres era líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). “Le quitaron la vida, porque no soportaron que una mujer, una indígena, se opusiera valientemente con su pueblo a la explotación de nuestros territorios y saliera victoriosa” expresa un comunicado del COPINH.

Al cumplirse el primer aniversario de su muerte exigimos justicia y la defensa de los cuerpos y territorios en contra del despojo de los bienes comunes.

Los hechos

Ella impulsaba la lucha contra la construcción de la represa de Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco, denunciando el impacto que ocasionaría en el río Gualcarque y en las comunidades lenca de la zona.

Fue asesinada de varios tiros la noche del 2 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza, provincia de Intibucá, en el oeste de Honduras. Previo a eso, había recibido por lo menos 33 amenazas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares para ella.

Este no es un caso aislado, en Honduras por lo menos 120 activistas fueron asesinados. Y por eso el país fue definido como el lugar “más peligroso para defender el planeta”, en un informe de la organización Global Witness.

Los responsables

Según informó el diario The Guardian hace unos días, las evidencias contenidas en el expediente jurídico del caso, confirmarían efectivamente la hipótesis de que el asesinato fue una ejecución extrajudicial orquestada desde los altos mandos del ejército hondureño, y relacionada con la labor de Berta contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Además, según este informe, los tres militares que presuntamente participaron en el asesinato, Mariano Díaz Chávez, Douglas Giovanny Bustillo y Henry Javier Hernández, recibieron entrenamiento especial en Estados Unidos y pertenecían a la inteligencia castrense de Honduras.

Por un lado, Mariano Díaz Chávez, veterano de las fuerzas especiales hondureñas, fue nombrado en 2015 al frente de la inteligencia militar de ese país. Díaz y Douglas Giovanny Bustillo, se formaron en la Escuela de las Américas, en 1997 y en 2005 recibieron entrenamiento en labores de antiterrorismo en Estados Unidos. Bustillo, retirado de las Fuerzas Armadas en 2008, era el jefe de seguridad de DESA -impulsora de Agua Zarca- y fue quien planificó el asesinato junto a Díaz.

Bustillo asu vez, desde su rol en la empresa acosó reiteradamente a Berta Cáceres, quien en un reportaje en 2013 lo denunció, “(Rodríguez) me ofreció soborno, a mí y al COPINH. Como no les funciona eso, vienen todas las acusaciones que ya se conocen y amenazas de muerte. Incluso tengo mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa (Bustillo), donde incluso hay acoso sexual”.

El tercer militar sospechoso es Henry Javier Hernández, un francotirador que trabajó bajo el mando de Díaz y se convirtió en informante de la inteligencia militar a partir de su retiro, en 2013.

Además, The Guardian contó que los registros telefónicos de los militares confirman que Bustillo y Hernández habían visitado el pueblo donde vivía Cáceres en varias ocasiones, previo a su muerte.

Por otra parte, Edilson Antonio Duarte -que desde hacía tiempo se dedicaba a ser sicario- fue identificado como el autor de los disparos. Luego declaró haber sido contratado por Sergio Rodríguez, ejecutivo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA).

La Justicia

“Cada día que pasa sin que se haga justicia, acerca a los y las activistas medioambientales hondureños un paso más a un final trágico. No protegerlos es no proteger los recursos naturales de los que todo el mundo depende para subsistir”.

A su vez y en el marco del primer aniversario del asesinato de la activista, Erika Guevara-Rosas directora para las Américas de Amnistía Internacional afirmó: “El trágico asesinato de Berta demuestra el deplorable estado de los derechos humanos en Honduras. El mensaje es claro: si tu labor en derechos humanos molesta a los que tienen el poder, te matarán”.

Además, detalló sobre la investigación, “vergonzosamente deficiente y que hasta ahora no ha identificado a quienes ordenaron su muerte, así como la ausencia de un mecanismo eficaz para proteger a testigos y otros defensores y defensoras de los derechos humanos, muestra la falta de interés de las autoridades de Honduras en que se haga justicia”.

“Cada día que pasa sin que se haga justicia, acerca a los y las activistas medioambientales hondureños un paso más a un final trágico. No protegerlos es no proteger los recursos naturales de los que todo el mundo depende para subsistir” concluyó.

El 8M paramos por Berta también

A días del Paro Internacional de Mujeres es pertinente recordar la mirada de esta activista en relación a la centralidad de la lucha de las mujeres en su país. En una entrevista explicó que “para las mujeres nos resulta triplemente difícil, ya que enfrentamos no sólo la opresión y la violencia sin límites del capitalismo depredador, sino también del patriarcado y del racismo que siguen siendo un gran desafío para cada una, para cada uno, incluso dentro de nuestros mismos movimientos sociales abrir esas brechas es una lucha titánica de las mujeres, que podemos ver que va avanzando a nivel de base”.

Esa construcción refundacional de esperanzas no puede ser si no están las mujeres, no solo participando sino tomando decisiones, construyendo, reaprendiendo, dando, y por supuesto defendiendo nuestras soberanías, no sólo territoriales, sino también las soberanías, autonomías y derechos de nuestros cuerpos, vidas, pensamientos y propuestas. 

 

El COPINH sigue de pie

Mientras tanto, el COPINH, espacio donde participaba activamente Berta, sacó un comunicado. Exigiendo que el Estado de Honduras asuma su responsabilidad por el asesinato de la activista “a quien no solamente desprotegió, sino a quien persiguió y criminalizó por su labor comunitaria”, y por “la concesión de los territorios indígenas de manera inconsulta, que significa las muertes de las comunidades”.

Demandaron además que “se establezca una comisión independiente de investigación en el caso que devele las estructuras de toda índole que planearon su muerte” y la “salida inmediata de la empresa DESA”.

Pero por sobre todas las cosas, pidiendo que “aparezcan los culpables intelectuales del crimen, quienes ordenaron su asesinato siguen en la impunidad y seguramente planeando más asesinatos contra las organizaciones sociales”.

El comunicado explica: “Berta Cáceres, hermana, compañera y Coordinadora General, nos enseñó que debemos luchar por nuestros derechos, nos enseñó que la dignidad no se compra ni se vende y que las batallas justas le dan sentido a la vida de los pueblos, nos enseñó que entregar la vida a la lucha por la construcción de una nueva sociedad inclusiva vale la pena, y que no hay que tener miedo en defender lo que nos corresponde”.

Y aunque “la muerte de Berta Cáceres es una derrota, una pérdida invaluable para nuestra organización y para el pueblo hondureño” también es “una victoria que sigamos aquí, presentes, denunciando la injusticia y proclamando nuestra lucha por el respeto de las comunidades, los territorios y la identidad del pueblo Lenca”.

“A un año de su muerte Berta nos sigue enseñando que las ideas no se asesinan y que los procesos de los pueblos no se paran, que ella sigue presente y que es nuestro deber continuar con su legado de resistencia y lucha en contra de la injusticia” concluye.

 
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