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Honduras, donde el activismo social se baña de sangre

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El activismo parece una mala ocupación en Honduras: solo en 2015 fueron asesinados 185 defensores del medioambiente.

Al menos 113 activistas ambientales fueron asesinados entre 2010 y 2016, según cifras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Ese dato convierte al país centroamericano en el más peligroso del mundo para el activismo ecológico.

Organizaciones indígenas y campesinas, legítimas propietarias de las tierras según la reforma agraria de 1992, se enfrentan a las empresas agroindustriales y a los paramilitares que esas empresas contratan, según las Naciones Unidas.

Otras organizaciones luchan contra las pretensiones de las multinacionales, cuyos proyectos hidroeléctricos y mineros amenazan el territorio y los derechos de pueblos indígenas.

Las cifras de la violencia se agudizaron con el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya en 2009, en el que se utilizaron paramilitares provenientes de Colombia, denunció la activista colombiana Piedad Córdoba.

La militarización del territorio puesta en marcha por el Gobierno de Juan Orlando Hernández, solo ha impulsado la cifra de atropellos. La violencia en Honduras causó el desplazamiento interno de 174 mil personas en los últimos 10 años.

Cada vez se reciben más denuncias por persecución y asesinatos de activistas en Honduras. El 18 de octubre pasado fue el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), José Ángel Flores, quien resultó asesinado de varios disparos en la comunidad de La Confianza, departamento de Colón, tras ser atacado en el interior de la oficina del MUCA por hombres encapuchados.

Silmer Dionisio George también falleció a causa de los disparos. José Ángel Flores había recibido amenazas en reiteradas ocasiones. En marzo de este año, la Policía Nacional, sin orden judicial, allanó su casa, se los llevó detenidos a él y a su esposa, pese a encontrarse convaleciente de salud.

El líder campesino gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el inminente peligro que corría su vida.

Tras la muerte de Berta Cáceres en marzo de este año, el MUCA pidió estar alerta ante nuevos crímenes contra activistas indígenas.

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