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La riqueza fugada de las naciones

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Es bastante notorio que en el caso de la corrupción se suele incurrir en una omisión que, a todas luces, es deliberada y limita el horizonte del debate y análisis sobre el tema. Y es que aunque todo acto de corrupción se trata en el fondo de la apropiación indebida de recursos que son de origen público, por lo general se reduce la idea de esto último a dinero o bienes provenientes del Estado manejados por funcionarios del Estado.

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Lo que implica derogar la Ley de Precios Justos

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preciosjustos

Fedecámaras y Consecomercio, generales de la guerra económica, han ordenado a sus vasallos políticos recientemente electos derogar (eliminar), sin anunciar reformas, la Ley de Precios Justos. La guerra económica se abre paso ahora en su variante institucional.

Hay demasiada tela que cortar alrededor de la derogación de dicha ley y las muchas otras que la derecha ha anunciado que derogará, para devolverle privilegios a la clase empresarial que ha instrumentado la guerra económica contra el pueblo en favor de su recaptura del poder político. A continuación señalaremos los detalles más importantes, implicaciones y cuestiones detrás de la derogación de la Ley de Costos y Precios Justos.

¿Derogación o reforma? Este asunto no ha sido aclarado, pues hay contradicciones en las declaraciones de los recientemente electos Diputados de la MUD. Pero la "solicitud" (más bien, orden) de Fedecámaras ha sido tajante: derogar la Ley de Precios Justos. Las contradicciones sobre lo que harán con la ley da cuenta de que no se han puesto de acuerdo de por donde van a comenzar a morder el pastel. En todo caso, tratándose de una reforma o sustitución por otra, dicha ley impondrá los parámetros propios del neoliberalismo económico, dejando a la suerte del "libre mercado" el destino de los bolsillos de las familias venezolanas. Está así estipulado en el documento "Agenda Legislativa 2015", un material que se encontraba disponible en la página de la MUD Unidad Venezuela y que fue eliminado inexplicablemente del sitio el pasado lunes 8 de diciembre.

En este documento, dos propuestas leyes tituladas "Ley para el incremento de la productividad" y "Ley de abastecimiento pleno" proponen eliminar toda "acción punitiva" contra "empresarios" como la "privación de libertad", pues en teoría "inhiben" la productividad. Delegan en una hipotética ley titulada "Ley de protección y educación al consumidor" el regreso de normas anteriores a la Ley de Precios Justos, sin hacer mención alguna a la penalización de irregularidades, y sin tampoco mencionar controles que hoy existen a ganancias exorbitantes, prácticas especulativas y crímenes económicos como el contrabando, acaparamiento y saboteo de las redes de suministro.

Parece que lo que se viene es derrumbar las barreras y obstáculos que hoy existen para que el empresariado no devore a la gente a sus anchas. Pretenden legitimar la impunidad empresarial, la especulación y los delitos económicos. Sea por eliminación total o por el cambio a una ley neoliberal, lo que viene es sufrimiento para el pueblo y beneficios para los poderosos.

Liberación de precios. Los criterios neoliberales a los que apuntan con el desmontaje de la actual ley son a la desregulación total de los sistemas de precios. Si algo en la calle hoy es caro por no estar regulado, será más caro. Si algo en la calle es económico por estar regulado, será más caro. Se basan en la tesis de liberar precios para alcanzar un mayor "aumento de la productividad". Dicen que "el mercado" regulará los precios, pero lo cierto es que los oligopolios que manejan la economía venezolana son quienes fijan los precios, siempre a su favor. La especulación campeante será institucionalizada.

Eliminar topes de ganancias. La actual Ley de Precios Justos regula (colocando un techo de 30%), como sucede en muchísimos países del mundo, los topes de ganancias empresariales. La burguesía venezolana se ha resistido total y frontalmente a esta norma, acostumbrados a obtener ganancias desde el 100% al 800% sobre sus costos de producción, importación y distribución. Derogar la ley implica que no van a encarecer productos sólo para aumentar la productividad, sino para liberar topes de ganancias desde importadores, productores, intermediarios y vendedores finales. Van a expoliar los bolsillos de la gente más todavía, aumentando sus privilegios, regresando sin leyes y condicionantes algunos a sus prácticas habituales de enriquecimiento desproporcionado en detrimento del público consumidor.

Sin ley no hay fiscalizaciones. El futuro de la Sundde está en entredicho. Más de 5 mil fiscalizadores(as) podrían perder su empleo. Pero lo que hay detrás de la derogación es la eliminación de toda norma que permita regular las prácticas de las empresas privadas saboteadoras de la economía y saqueadoras de nuestros bolsillos. La Ley y la Sundde se ocupan de penalizar y sancionar el acaparamiento, la especulación, entre muchos otros delitos contra la gente.

Lamentablemente la Sundde no ha sido totalmente efectiva en vencer la guerra económica, le es imposible por sí sola, ningún país tiene institución alguna que pueda regular y sancionar todo el entramado de la economía privada que sabotea de manera articulada y simultánea. Una institución como la Sundde sería totalmente efectiva en un país donde la empresa privada no esté en abierta guerra económica. No es el caso de Venezuela. La Sundde simplemente no ha tenido el músculo institucional para combatir un monstruo de un millón de cabezas. Pero sin duda alguna la Sundde ha contenido estragos mayores contra la población, han sancionado a miles de empresas y comercios, han fiscalizado y contenido puntualmente grupos empresariales y empresas concretas metidas en flagelos económicos. Dejar a la Sundde sin ley que implementar, sin regulaciones que hacer, colocará al pueblo en una situación mucho más vulnerable frente a los especuladores, quienes en ese escenario podrán actuar a sus anchas y sin restricciones.

Todo a dólar paralelo. La Ley de Precios Justos penaliza la referenciación de precios en cálculos basados en el dólar paralelo. No se reconoce esa tasa, ni en componentes importados de las estructuras de costos, ni en los precios finales al consumidor de los productos, incluso los que no están regulados por no ser considerados esenciales. La referenciación de precios en la calle a dólar paralelo es expresión de especulación. Si se despenaliza usar el paralelo como "marcador de precios", la especulación y referenciación a precios del paralelo, será institucionalizada y robar al pueblo de esa manera no tendrá penalidad alguna. Esto sin duda generará más inflación inducida. Sin duda incentivará la compra del dólar paralelo para su uso en la economía real, sin restricciones, y será acelerante del aumento de esa tasa actualmente intervenida por actores políticos como Dólar Today. Derogar la ley implica aumentar las cuotas de privilegios de los actores detrás de la especulación del dólar paralelo, pues es como si la mafia detrás de Dólar Today tuviera el poder ahora en el parlamento para legitimar sus actos de enriquecimiento ilícito en detrimento de la población.

Las providencias administrativas que fijan precios. En la ley actual todo producto regulado tiene el precio que tiene porque la Sundde fija ese precio luego de estudios exhaustivos a las estructuras de costos de producción, importación y distribución. Son precios basados en acuerdos con actores económicos y establecen el 30% de ganancia tope. Desmontando la ley, pierden sentido las providencias y los precios son liberados. Es decir, el Estado perderá toda facultad de hacerle frente a la empresa privada y acordar e imponer precios justos para proteger al pueblo. Esto implica el sometimiento de la gente a los designios del capital privado sin que el Estado tenga facultades para hacerles frente.

Productos sin precio rotulado. Un argumento recurrente que siempre usan los empresarios (más bien ladrones de cuello blanco) es que marcar en los empaques de los productos los precios máximos "inhibe" que hayan ofertas. Lo cierto es que los venezolanos desde hace décadas no sabemos lo que es realmente eso, menos todavía en productos esenciales. El planteamiento neoliberal indica que un producto sin precio marcado tendrá una "fluctuación de su valor de acuerdo a la oferta y la demanda". En Venezuela eso no aplica. Lo habitual en la realidad es que si un producto no está marcado se vende a precio cartelizado y exorbitante. Ante esa situación es más difícil que la gente por sí sola pueda defenderse de la especulación en las ventas al detal. La gente tendrá que pagar lo que les cobren, sin posibilidades de reclamo. La derecha insiste que regular precios (y marcarlos) es una afrenta para ellos, y he ahí que la norma de marcaje puede ser desmontada.

¿Por qué quieren hacer semejante locura?

La derecha venezolana es una entidad política patrocinada por intereses empresariales en Venezuela y en EEUU. No son gente de subestimar, saben lo que hacen y entienden que la derogación o reforma neoliberal de la Ley de Precios Justos será un acto tremendamente nocivo para la cotidianidad económica de las personas. Vale la pena preguntarnos: ¿por qué lo hacen entonces? La respuesta a esto la anunciamos al inicio de esta nota: van a recrudecer la guerra económica, ahora en su variante institucional. Quieren hacer esta locura no por estar mentalmente desaforados, sino por ser una entidad antipolítica siniestra y fascista. Desde la Asamblea Nacional quieren eliminar todo obstáculo que les limite capacidad de maniobra para seguir asfixiando al pueblo.

La guerra económica es un acto de ingeniería social, es un acto de modificación de la vida de las personas, de cambio en su subjetividad, de cambio en su orientación política. Se afincan en lo económico para desmovilizar, desmoralizar e irritar a la población. Quieren que el Gobierno Bolivariano pierda apoyo entre la gente. Generan la crisis, sabotean la economía y culpan a Maduro. Es lo que hacen. Quieren ahora desde la Asamblea Nacional enrarecer más todavía la economía para endosarle el costo político de tal situación a la Revolución Bolivariana.

Luego de una campaña electoral donde se ofrecían como la solución a los problemas económicos del país, la derecha, a sólo 48 horas del 6D, cambiaron su discurso y han dicho en la voz de Henrique Capriles que la MUD no va a resolver el problema económico. De hecho, el mismo Capriles ha asegurado (como si se tratara de un predictólogo economista) que "la situación (económica) que viene será muy crítica". Cambiaron su discurso, dicen que viene más crisis mientras anuncian acciones parlamentarias que destruirán más la vida de las personas.

El pueblo venezolano, desde cualquiera de sus posiciones políticas, debe estar alerta y estar claro de lo que puede venir. Si se consuma lo que ya se anuncia -un paquete legislativo ordenado por Fedecámaras- la derecha empresarial empujará al país entero a nuevos escenarios de confrontación y conflicto de poderes. Quienes eligieron a candidatos de la MUD esperando "soluciones" a la economía deben asumirse defraudados desde ya.

Ir contra la Ley de Precios Justos -y otras leyes como la LOTT- significará una regresión que el pueblo (incluyendo a parte de la base electoral de la derecha el 6D) no va a legitimar. En la MUD, sin ponerse de acuerdo, hablan de leyes de amnistía para guarimberos presos y repatriación de los criminales económicos del sabotaje petrolero de Pdvsa (2002). Otros divagan en que hay que "cambiar la Constitución" para acortar el tiempo de Maduro, otros hablan de efectuar un Carmonazo parlamentario. El poder los enceguece. Defraudan más a sus seguidores que ingenuamente esperaban la resolución del tema económico. Estos son hechos, no opiniones.

 

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Las sombras detrás de Glencore en Colombia

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glencor

Glencore, con sede en Suiza, es la mayor comercializadora del mundo en la compraventa de materias primas como cobre, cinc, plomo y carbón. Cuenta con operaciones en más de 50 países, casi 200 mil empleados y 150 minas y sitios de producción. En Colombia la multinacional lleva casi 20 años de maniobra y su foco ha sido la minería de carbón en el norte del país. Actualmente es dueña del 33% de Cerrejón (La Guajira), Prodeco S. A., Carbones la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro, que concentran su actividad principalmente en el departamento del Cesar.

Su huella se extiende hasta Chile, donde opera la mina de cobre de Collahuasi; en Perú, con sus intereses en el complejo minero de Antamina; en Bolivia, con las minas de Sinchi-Wayra, y en Argentina participa con la minera Alumbrera.

Las organizaciones Pensamiento y Acción Social (PAS) y el Grupo de Trabajo Suiza – Colombia (ASK) le siguieron la pista al gigante minero por cuatro años. La investigación arrancó en 2010 y cerró en 2014, y durante ese tiempo detectaron problemas escandalosos. Como contó Rafael Figueroa, abogado que fue parte del estudio, existe una distancia sustancial entre los datos reportados en los informes de sostenibilidad de Glencore y los datos reales.

Esos informes comenzaron a hacerse desde el 2010 desde su casa matriz en Suiza bajo los criterios del Global Reporting Iniciative (GRI). Luego publicaron dos reportes más desde su sede en Colombia (Prodeco). Entonces, a través de la recopilación de documentos y folios dispersos de trámites ambientales, sanciones y procesos laborales, las dos organizaciones se propusieron lanzar el documento que lleva por nombre: Informe Sombra de Sostenibilidad de las Operaciones de Glencore en Colombia.

Uno de los descubrimientos del documento se refiere a que la compañía habla de que el 30% del precio del carbón se queda en el país en regalías, impuestos o inversión en responsabilidad social empresarial. Sin embargo, una auditoría independiente observó que en 2012 Glencore aportó sólo el 9% en impuestos y regalías, y, si se compara esa cifra con sus ventas brutas, no llega ni al 2%.

Su estructura organizacional es dudosa para los autores. Glencore opera en Colombia a través de Dalima Holdings S. A. S. y controla las cuatro agencias mencionadas líneas arriba mediante contratos con cláusulas diferenciadas y precios de carbón distintos pese a tener operaciones integradas. Como muestra el reporte, cada empresa es independiente en su contabilidad, lo cual es ilegal porque debe evidenciar sus cifras consolidadas. “Solamente Prodeco supera las 5 millones de toneladas y paga regalías, el resto distribuye su producción y paga menos”, comentó Figueroa.

Glencore responde a esta crítica diciendo que el “el registro de control común de varias entidades, en sí, no da lugar a la obligación de unificar las entidades con fines de legislación laboral”. Aseguran que, en efecto, Prodeco ha sido considerado por el Ministerio de Trabajo como la filial dominante debido a la ausencia de una relación de asociación y subsidios entre las otras tres.

De hecho, este año la Contraloría confirmó una sanción a la multinacional porque el Estado colombiano dejó de percibir $60 mil millones en regalías. “El aporte a la economía colombiana es casi ninguno por descuentos que el Gobierno les aplica”, remató Figueroa. Incluso, las gráficas del documento demuestran que las utilidades del grupo empresarial son más altas que las de los otros, pero paga en impuesto mucho menos. “Y eso se explica porque tiene malos manejos financieros, supuestas deudas, costos y gastos”, según le explicó a este diario el abogado Rafael Figueroa.

En el tema ambiental, dice el informe, se incluyen “graves y reiteradas infracciones a la legislación nacional”. Por ejemplo, los tapones a caños o la desviación de cuatro ríos sin autorización de la autoridad competente. Fue el caso del río Calenturitas, que desemboca en el río Cesar y más tarde en la ciénaga de la Zapatosa, que se salió del trazado permitido que era de 13.5 kilómetros, según confirmó el abogado entrevistado y lo descrito en el proceso sancionatorio de la Autoridad Nacional de Liciencias Ambientales (Anla). Sumado a esto, el informe de sostenibilidad ambiental de Glencore mostraba una inversión del 10% para el ambiente, pero el estudio asegura que es un poco más del 4%.

Los reasentamientos a las poblaciones son otro elemento en la lista de problemas. Desde 2010 las comunidades de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón (corregimientos del Cesar) presentaron altos índices de contaminación atmosférica y debieron ser reasentadas. Sin embargo, de las 98 familias que la empresa reconoce haber reubicado de Plan Bonito, como mostró el mismo Glencore en Suiza, 19 siguen debajo del umbral de pobreza extrema.

Finalmente, más de 60 quejas y sanciones laborales se han presentado por parte del Ministerio de Trabajo por situaciones como persecución sindical, violación a la seguridad industrial y un hecho escalofriante y casi inaudito que su personal llama “Guantánamo”: un contenedor sin ventilación donde los trabajadores sindicales, declarados con alguna incapacidad, permanecen 8 horas seguidas de brazos cruzados porque no son reubicados en otra función. Eso, según lo dicho por las fuentes que realizaron el informe.

Al final de las 236 páginas del informe Glencore responde a las críticas, capítulo a capítulo, hechas por los autores y concluye que: “Rechazamos las afirmaciones hechas en el informe porque, aunque los autores se basan en fuentes válidas de información, muchas de las acusaciones resultan desinformadas, malinterpretadas, descontextualizadas y carentes de entendimiento”.

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Guerra económica mundial son manifestaciones del capitalismo neoliberal

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neoliberalismo

La defensora de los derechos humanos en Venezuela, Judith López Guevara, manifestó que la guerra económica “tercera guerra mundial o guerra de cuarta generación, son los nombres que ha venido adoptando en sus diferentes manifestaciones el capitalismo salvaje neoliberal, dominado por los capitales buitre contra los pueblos del mundo”.

Expresó la también coordinadora del Frente de Mujeres Argelia Velázquez de Silva, que el avance de la economía global y el entorno geopolítico “nos evidencia lo que sucede en este mundo globalizado: dos grandes polos se disputan el mundo, por un lado Estados Unidos y Europa; por el otro China y Rusia”.

En el marco del conversatorio La Mujer Venezolana. Bastión contra la Guerra Económica, destacó la analista política, que ante ese panorama el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, propuso la multipolaridad y la creación de pequeños polos de solidaridad como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASAUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Asimismo, dijo que en vida el teniente coronel Chávez encabezó la lucha por revivir la esperanza del socialismo en Venezuela y en el mundo.

“Lo que trajo como consecuencia una arremetida contra nuestro país, acelerando los planes desestabilizadores, con un golpe de Estado, persecución a la dirigencia política y creando escasez en los productos de la cesta básica alimentaria, acaparamiento, la especulación financiera con el dólar paralelo, creando caos, pánico y desconfianza en la población”, puntualizó la también economista.

Rememoró López Guevara que en 1973, el imperio atacó al pueblo de Chile, porque las elecciones las ganó un hombre de izquierda, aplicaron la guerra económica, el imperio vendió a bajo precio su reserva de cobre para bajar los precios internacionales y poner a ese país contra la pared, porque en gran medida la economía chilena dependía de ese rubro.

Igualmente la coordinadora del Frente de Mujeres Argelia Velázquez de Silva manifestó que el imperio financia diversas ONG de derechos humanos, organizaciones y partidos políticos opositores, al modelo socialista y bolivariano.

“Al igual que Chile, el imperio tenía un interés porque ellos venían de una crisis de los años sesenta, de la guerra con Vietnam, por ello ese país suramericano sería la prueba piloto para aplicar las políticas neoliberales y con un gobierno de izquierda no podrían aplicarlas, Estados Unidos es un país en crisis financiera y su objetivo es Venezuela porque las reservas más grande mundo de petróleo están en la faja petrolífera del Orinoco”.

Al tiempo López Guevara, expresó que esta guerra no es sólo de afuera hacia adentro, sino que en cien años se ha creado una cultura consumista producto de la renta capitalista petrolera que deforma al ser humano y los convierte en mercancías, esclavos de este sistema capitalista.

Hizo un llamado al poder popular, pues “debemos combatir en lo ideológico, cultural, educativo, buscar dentro de nosotras y nosotros mismos y sacar esa deformación capitalista que nos domina y nos hace esclavos conformes y hasta contentos con nuestra esclavitud”, sentenció López Guevara.

Reflexionó que “con nuestros aciertos y desaciertos sigue siendo el camino para combatir este capitalismo salvaje que nos oprime y nos destruye como seres humanos”, finalizó la defensora de los derechos humanos.

La defensora de los derechos humanos en Venezuela, Judith López Guevara, manifestó que la guerra económica “tercera guerra mundial o guerra de cuarta generación, son los nombres que ha venido adoptando en sus diferentes manifestaciones el capitalismo salvaje neoliberal, dominado por los capitales buitre contra los pueblos del mundo”.

Expresó la también coordinadora del Frente de Mujeres Argelia Velázquez de Silva, que el avance de la economía global y el entorno geopolítico “nos evidencia lo que sucede en este mundo globalizado: dos grandes polos se disputan el mundo, por un lado Estados Unidos y Europa; por el otro China y Rusia”.

En el marco del conversatorio La Mujer Venezolana. Bastión contra la Guerra Económica, destacó la analista política, que ante ese panorama el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, propuso la multipolaridad y la creación de pequeños polos de solidaridad como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASAUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Asimismo, dijo que en vida el teniente coronel Chávez encabezó la lucha por revivir la esperanza del socialismo en Venezuela y en el mundo.

“Lo que trajo como consecuencia una arremetida contra nuestro país, acelerando los planes desestabilizadores, con un golpe de Estado, persecución a la dirigencia política y creando escasez en los productos de la cesta básica alimentaria, acaparamiento, la especulación financiera con el dólar paralelo, creando caos, pánico y desconfianza en la población”, puntualizó la también economista.

Rememoró López Guevara que en 1973, el imperio atacó al pueblo de Chile, porque las elecciones las ganó un hombre de izquierda, aplicaron la guerra económica, el imperio vendió a bajo precio su reserva de cobre para bajar los precios internacionales y poner a ese país contra la pared, porque en gran medida la economía chilena dependía de ese rubro.

Igualmente la coordinadora del Frente de Mujeres Argelia Velázquez de Silva manifestó que el imperio financia diversas ONG de derechos humanos, organizaciones y partidos políticos opositores, al modelo socialista y bolivariano.

“Al igual que Chile, el imperio tenía un interés porque ellos venían de una crisis de los años sesenta, de la guerra con Vietnam, por ello ese país suramericano sería la prueba piloto para aplicar las políticas neoliberales y con un gobierno de izquierda no podrían aplicarlas, Estados Unidos es un país en crisis financiera y su objetivo es Venezuela porque las reservas más grande mundo de petróleo están en la faja petrolífera del Orinoco”.

Al tiempo López Guevara, expresó que esta guerra no es sólo de afuera hacia adentro, sino que en cien años se ha creado una cultura consumista producto de la renta capitalista petrolera que deforma al ser humano y los convierte en mercancías, esclavos de este sistema capitalista.

Hizo un llamado al poder popular, pues “debemos combatir en lo ideológico, cultural, educativo, buscar dentro de nosotras y nosotros mismos y sacar esa deformación capitalista que nos domina y nos hace esclavos conformes y hasta contentos con nuestra esclavitud”, sentenció López Guevara.

Reflexionó que “con nuestros aciertos y desaciertos sigue siendo el camino para combatir este capitalismo salvaje que nos oprime y nos destruye como seres humanos”, finalizó la defensora de los derechos humanos.

- See more at: http://www.alainet.org/es/articulo/173868#sthash.TNuxfJ9G.dpuf

La defensora de los derechos humanos en Venezuela, Judith López Guevara, manifestó que la guerra económica “tercera guerra mundial o guerra de cuarta generación, son los nombres que ha venido adoptando en sus diferentes manifestaciones el capitalismo salvaje neoliberal, dominado por los capitales buitre contra los pueblos del mundo”.

Expresó la también coordinadora del Frente de Mujeres Argelia Velázquez de Silva, que el avance de la economía global y el entorno geopolítico “nos evidencia lo que sucede en este mundo globalizado: dos grandes polos se disputan el mundo, por un lado Estados Unidos y Europa; por el otro China y Rusia”.

En el marco del conversatorio La Mujer Venezolana. Bastión contra la Guerra Económica, destacó la analista política, que ante ese panorama el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, propuso la multipolaridad y la creación de pequeños polos de solidaridad como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASAUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Asimismo, dijo que en vida el teniente coronel Chávez encabezó la lucha por revivir la esperanza del socialismo en Venezuela y en el mundo.

“Lo que trajo como consecuencia una arremetida contra nuestro país, acelerando los planes desestabilizadores, con un golpe de Estado, persecución a la dirigencia política y creando escasez en los productos de la cesta básica alimentaria, acaparamiento, la especulación financiera con el dólar paralelo, creando caos, pánico y desconfianza en la población”, puntualizó la también economista.

Rememoró López Guevara que en 1973, el imperio atacó al pueblo de Chile, porque las elecciones las ganó un hombre de izquierda, aplicaron la guerra económica, el imperio vendió a bajo precio su reserva de cobre para bajar los precios internacionales y poner a ese país contra la pared, porque en gran medida la economía chilena dependía de ese rubro.

Igualmente la coordinadora del Frente de Mujeres Argelia Velázquez de Silva manifestó que el imperio financia diversas ONG de derechos humanos, organizaciones y partidos políticos opositores, al modelo socialista y bolivariano.

“Al igual que Chile, el imperio tenía un interés porque ellos venían de una crisis de los años sesenta, de la guerra con Vietnam, por ello ese país suramericano sería la prueba piloto para aplicar las políticas neoliberales y con un gobierno de izquierda no podrían aplicarlas, Estados Unidos es un país en crisis financiera y su objetivo es Venezuela porque las reservas más grande mundo de petróleo están en la faja petrolífera del Orinoco”.

Al tiempo López Guevara, expresó que esta guerra no es sólo de afuera hacia adentro, sino que en cien años se ha creado una cultura consumista producto de la renta capitalista petrolera que deforma al ser humano y los convierte en mercancías, esclavos de este sistema capitalista.

Hizo un llamado al poder popular, pues “debemos combatir en lo ideológico, cultural, educativo, buscar dentro de nosotras y nosotros mismos y sacar esa deformación capitalista que nos domina y nos hace esclavos conformes y hasta contentos con nuestra esclavitud”, sentenció López Guevara.

Reflexionó que “con nuestros aciertos y desaciertos sigue siendo el camino para combatir este capitalismo salvaje que nos oprime y nos destruye como seres humanos”, finalizó la defensora de los derechos humanos.

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Ante la baja del petróleo la IV República redujo salarios y aumentó precios

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romulo betancourt 591448299872

En los años de una novedad radial con Notirumbos y su marimba y de una reincidencia en organismos de represión con el cambio de la Seguridad Nacional por la Digepol, trabajadores venezolanos sufrieron una reducción de salarios de hasta 10% ante la baja de 0,05 (2,5%) centavos de dólar en los precios del crudo nacional en 1961.

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La transnacional estadounidense P&G aclara precios de productos que comercializa

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ProtectandGambelt

La transnacional estadounidense Procter & Gamble (P&G) la cual fué suspendida en Argentina el año pasado por fraude fiscal (lea noticia aquí), publicó el lunes pasado una lista de supuestos "precios justos" de los productos que comercializa en Venezuela.

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