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Opep acuerda congelar producción entre 32.5 y 33 millones de barriles diarios

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Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) acordaron este miércoles en Argelia congelar la producción de petróleo entre 32,5 y 33 millones de barriles diarios (mbd), durante una reunión extraordinaria realizada en el marco del XXV Foro Internacional de Energía.

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La economía de Estados Unidos no logra salir del atolladero

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El mercado laboral de Estados Unidos ha vuelto a tropezar. El pasado mes de mayo, la nómina no agrícola añadió 38 mil nuevos puestos de trabajo cuando los inversionistas de Wall Street esperaban un incremento por encima de 160 mil. Janet Yellen, la presidenta del Sistema de la Reserva Federal, no tuvo otra alternativa que dejar intacta la tasa de interés de referencia después de la reunión de junio del Comité Federal de Mercado Abierto. El riesgo de una nueva recesión en Estados Unidos es más amenazante que nunca, aunque los medios de comunicación occidentales insistan en promover la idea de que los principales peligros son la desaceleración económica de China y el posible abandono del Reino Unido de la Unión Europea.

Después de la reunión más reciente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), realizada a mediados de junio, la presidenta de la Reserva Federal (FED), Janet Yellen, anunció que la tasa de interés de referencia permanecería intacta, esto es, en un rango entre 0,25 y 0,50 por ciento. Con ello, todo parece indicar que la FED no volverá a subir el costo del crédito interbancario a un día hasta antes del próximo mes de septiembre.

En definitiva, la propaganda del Gobierno de Barack Obama para convencernos de la “plena recuperación” de la economía norteamericana ha vuelto a caer en el descrédito. Ya pasaron más de seis meses desde que la FED elevó la tasa de interés de los fondos federales (‘federal funds rate’) y hasta el momento no existen señales que anticipen un nuevo incremento.

En repetidas ocasiones, la FED ha ajustado a la baja sus proyecciones de crecimiento de la economía: mientras que en marzo estimó una tasa de expansión para este año entre 2,1 y 2,3 por ciento, recientemente la redujo a un rango entre 1,9 y 2 por ciento. La economía va en caída libre, apenas en diciembre de 2015 el pronóstico de crecimiento de la FED para 2016 oscilaba entre 2,3 y 2,5 por ciento.

Es indudable, la creciente debilidad de la economía más poderosa del Grupo de los 7 (G-7) ha obligado a las autoridades monetarias a actuar con cautela, pues cualquier movimiento en falso incrementaría los riesgos de acentuar las tendencias recesivas, esta vez con altas posibilidades de combinarse con deflación (caída de precios).

El primer trimestre del año la tasa de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de la economía estadounidense a duras penas alcanzó 0,80 por ciento. La recuperación del mercado de trabajo por su parte, continúa siendo demasiado frágil aunque se presuma como el principal logro de las políticas implementadas por la FED. Recordemos que en diciembre pasado, cuando la FED elevó en 25 puntos base la tasa de interés de referencia, la tasa de paro oficial se ubicaba en 5 por ciento, una cifra que a decir de algunos integrantes del FOMC, avizoraba una situación de “pleno empleo”.

Sin embargo, hoy sabemos que el banco central encabezado por Janet Yellen se equivocó. Los últimos datos no dejan lugar a sospechas: los vientos de una nueva recesión son muy amenazantes. El pasado mes de mayo la nómina no agrícola añadió solamente 38 mil puestos de trabajo, fue el incremento más bajo desde el año 2010. Por añadidura, los datos de marzo y abril fueron revisados a la baja, los empleadores contrataron 59 mil personas menos a lo reportado originalmente.

Por eso ningún integrante del FOMC salió a festejar que la tasa de desempleo empleo cayera a 4,7 por ciento cuando, en paralelo, la tasa de participación laboral descendió a 62,6 por ciento: miles de personas abandonaron la búsqueda de trabajo ante la falta de oportunidades. Es que la tasa de desempleo oficial oculta el subempleo masivo, si se contabilizaran tanto a las personas que están ocupadas en puestos de trabajo de tiempo parcial así como a aquellas que han abandonado recientemente el mercado laboral, las cifras cambiarían por completo. Hay alternativas de medición, la metodología U-6 que sí considera estos dos rubros, ubica la tasa de desempleo en 9,7 por ciento, esto es, representa más del doble de la tasa de paro oficial.

Cabe destacar que la falta de dinamismo de la economía estadounidense es consecuencia fundamentalmente de la extrema debilidad de la inversión empresarial, producto a su vez de una tasa de rentabilidad del capital demasiado baja, o por lo menos insuficiente para poner en marcha nuevas plantas productivas, capaces de generar empleo masivo y con ello, detonar un proceso recuperación de largo aliento. Sucede que los empresarios norteamericanos se resisten no solamente a invertir sino también a elevar los salarios, situación que ha impedido apoyar un incremento sustantivo de la inflación: el índice de precios al consumidor (CPI, por sus siglas en inglés) aumentó apenas 1,1 por ciento en términos anuales el mes pasado.

La imagen de una economía boyante parece cada vez más lejana luego de que el Conference Board de Estados Unidos, la institución encargada de supervisar la competitividad en escala mundial, dio a conocer que la economía norteamericana sufrirá este año la primera contracción de su nivel de productividad de las últimas tres décadas. Ante la falta de innovación, la productividad estadounidense se desplomará 0,2 por ciento. “El año pasado parecía que estábamos entrando en una crisis de productividad, ahora estamos a la mitad de ella”, sentenció Bart van Ark, el economista en jefe del prestigioso centro de investigaciones.

Pese a todo, los medios de comunicación tradicionales insisten en promover la idea de que las señales de alerta para la FED están localizadas fuera de territorio estadounidense. En un primer momento nos dijeron que la desaceleración económica de China representaba uno de los principales peligros para el mundo, más recientemente, nos han puesto sobre aviso de las fuertes turbulencias financieras que vendrán en caso de que el Reino Unido se decida a abandonar la Unión Europea (el llamado ‘Brexit’).

Muy pocos se han atrevido a indagar sobre la alta peligrosidad que representa Estados Unidos para la economía global: según las estimaciones de Deutsche Bank, el principal banco de inversiones del Continente europeo, la probabilidad de que la Unión Americana caiga en recesión durante los próximos doce meses es ya de 55 por ciento. Todo apunta a que más temprano que tarde, la dramática realidad económica terminará por imponerse frente a la tergiversación informativa.

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Publicidad Today

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¿No le ha pasado que, caminando por las calles de Caracas, se topa usted con una valla gigantesca que le ofrece comprar un apartamento en Miami o resolverle la visa a Estados Unidos en solo minutos? ¿Se ha preguntado usted cómo es posible que eso ocurra en un país que se supone sumido en una crisis económica terminal? Mas allá de la perplejidad, se ha preguntado: ¿quién paga esa publicidad, y sobre todo, quién es el público al que va dirigida?

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La riqueza fugada de las naciones

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Es bastante notorio que en el caso de la corrupción se suele incurrir en una omisión que, a todas luces, es deliberada y limita el horizonte del debate y análisis sobre el tema. Y es que aunque todo acto de corrupción se trata en el fondo de la apropiación indebida de recursos que son de origen público, por lo general se reduce la idea de esto último a dinero o bienes provenientes del Estado manejados por funcionarios del Estado.

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Lo que implica derogar la Ley de Precios Justos

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Fedecámaras y Consecomercio, generales de la guerra económica, han ordenado a sus vasallos políticos recientemente electos derogar (eliminar), sin anunciar reformas, la Ley de Precios Justos. La guerra económica se abre paso ahora en su variante institucional.

Hay demasiada tela que cortar alrededor de la derogación de dicha ley y las muchas otras que la derecha ha anunciado que derogará, para devolverle privilegios a la clase empresarial que ha instrumentado la guerra económica contra el pueblo en favor de su recaptura del poder político. A continuación señalaremos los detalles más importantes, implicaciones y cuestiones detrás de la derogación de la Ley de Costos y Precios Justos.

¿Derogación o reforma? Este asunto no ha sido aclarado, pues hay contradicciones en las declaraciones de los recientemente electos Diputados de la MUD. Pero la "solicitud" (más bien, orden) de Fedecámaras ha sido tajante: derogar la Ley de Precios Justos. Las contradicciones sobre lo que harán con la ley da cuenta de que no se han puesto de acuerdo de por donde van a comenzar a morder el pastel. En todo caso, tratándose de una reforma o sustitución por otra, dicha ley impondrá los parámetros propios del neoliberalismo económico, dejando a la suerte del "libre mercado" el destino de los bolsillos de las familias venezolanas. Está así estipulado en el documento "Agenda Legislativa 2015", un material que se encontraba disponible en la página de la MUD Unidad Venezuela y que fue eliminado inexplicablemente del sitio el pasado lunes 8 de diciembre.

En este documento, dos propuestas leyes tituladas "Ley para el incremento de la productividad" y "Ley de abastecimiento pleno" proponen eliminar toda "acción punitiva" contra "empresarios" como la "privación de libertad", pues en teoría "inhiben" la productividad. Delegan en una hipotética ley titulada "Ley de protección y educación al consumidor" el regreso de normas anteriores a la Ley de Precios Justos, sin hacer mención alguna a la penalización de irregularidades, y sin tampoco mencionar controles que hoy existen a ganancias exorbitantes, prácticas especulativas y crímenes económicos como el contrabando, acaparamiento y saboteo de las redes de suministro.

Parece que lo que se viene es derrumbar las barreras y obstáculos que hoy existen para que el empresariado no devore a la gente a sus anchas. Pretenden legitimar la impunidad empresarial, la especulación y los delitos económicos. Sea por eliminación total o por el cambio a una ley neoliberal, lo que viene es sufrimiento para el pueblo y beneficios para los poderosos.

Liberación de precios. Los criterios neoliberales a los que apuntan con el desmontaje de la actual ley son a la desregulación total de los sistemas de precios. Si algo en la calle hoy es caro por no estar regulado, será más caro. Si algo en la calle es económico por estar regulado, será más caro. Se basan en la tesis de liberar precios para alcanzar un mayor "aumento de la productividad". Dicen que "el mercado" regulará los precios, pero lo cierto es que los oligopolios que manejan la economía venezolana son quienes fijan los precios, siempre a su favor. La especulación campeante será institucionalizada.

Eliminar topes de ganancias. La actual Ley de Precios Justos regula (colocando un techo de 30%), como sucede en muchísimos países del mundo, los topes de ganancias empresariales. La burguesía venezolana se ha resistido total y frontalmente a esta norma, acostumbrados a obtener ganancias desde el 100% al 800% sobre sus costos de producción, importación y distribución. Derogar la ley implica que no van a encarecer productos sólo para aumentar la productividad, sino para liberar topes de ganancias desde importadores, productores, intermediarios y vendedores finales. Van a expoliar los bolsillos de la gente más todavía, aumentando sus privilegios, regresando sin leyes y condicionantes algunos a sus prácticas habituales de enriquecimiento desproporcionado en detrimento del público consumidor.

Sin ley no hay fiscalizaciones. El futuro de la Sundde está en entredicho. Más de 5 mil fiscalizadores(as) podrían perder su empleo. Pero lo que hay detrás de la derogación es la eliminación de toda norma que permita regular las prácticas de las empresas privadas saboteadoras de la economía y saqueadoras de nuestros bolsillos. La Ley y la Sundde se ocupan de penalizar y sancionar el acaparamiento, la especulación, entre muchos otros delitos contra la gente.

Lamentablemente la Sundde no ha sido totalmente efectiva en vencer la guerra económica, le es imposible por sí sola, ningún país tiene institución alguna que pueda regular y sancionar todo el entramado de la economía privada que sabotea de manera articulada y simultánea. Una institución como la Sundde sería totalmente efectiva en un país donde la empresa privada no esté en abierta guerra económica. No es el caso de Venezuela. La Sundde simplemente no ha tenido el músculo institucional para combatir un monstruo de un millón de cabezas. Pero sin duda alguna la Sundde ha contenido estragos mayores contra la población, han sancionado a miles de empresas y comercios, han fiscalizado y contenido puntualmente grupos empresariales y empresas concretas metidas en flagelos económicos. Dejar a la Sundde sin ley que implementar, sin regulaciones que hacer, colocará al pueblo en una situación mucho más vulnerable frente a los especuladores, quienes en ese escenario podrán actuar a sus anchas y sin restricciones.

Todo a dólar paralelo. La Ley de Precios Justos penaliza la referenciación de precios en cálculos basados en el dólar paralelo. No se reconoce esa tasa, ni en componentes importados de las estructuras de costos, ni en los precios finales al consumidor de los productos, incluso los que no están regulados por no ser considerados esenciales. La referenciación de precios en la calle a dólar paralelo es expresión de especulación. Si se despenaliza usar el paralelo como "marcador de precios", la especulación y referenciación a precios del paralelo, será institucionalizada y robar al pueblo de esa manera no tendrá penalidad alguna. Esto sin duda generará más inflación inducida. Sin duda incentivará la compra del dólar paralelo para su uso en la economía real, sin restricciones, y será acelerante del aumento de esa tasa actualmente intervenida por actores políticos como Dólar Today. Derogar la ley implica aumentar las cuotas de privilegios de los actores detrás de la especulación del dólar paralelo, pues es como si la mafia detrás de Dólar Today tuviera el poder ahora en el parlamento para legitimar sus actos de enriquecimiento ilícito en detrimento de la población.

Las providencias administrativas que fijan precios. En la ley actual todo producto regulado tiene el precio que tiene porque la Sundde fija ese precio luego de estudios exhaustivos a las estructuras de costos de producción, importación y distribución. Son precios basados en acuerdos con actores económicos y establecen el 30% de ganancia tope. Desmontando la ley, pierden sentido las providencias y los precios son liberados. Es decir, el Estado perderá toda facultad de hacerle frente a la empresa privada y acordar e imponer precios justos para proteger al pueblo. Esto implica el sometimiento de la gente a los designios del capital privado sin que el Estado tenga facultades para hacerles frente.

Productos sin precio rotulado. Un argumento recurrente que siempre usan los empresarios (más bien ladrones de cuello blanco) es que marcar en los empaques de los productos los precios máximos "inhibe" que hayan ofertas. Lo cierto es que los venezolanos desde hace décadas no sabemos lo que es realmente eso, menos todavía en productos esenciales. El planteamiento neoliberal indica que un producto sin precio marcado tendrá una "fluctuación de su valor de acuerdo a la oferta y la demanda". En Venezuela eso no aplica. Lo habitual en la realidad es que si un producto no está marcado se vende a precio cartelizado y exorbitante. Ante esa situación es más difícil que la gente por sí sola pueda defenderse de la especulación en las ventas al detal. La gente tendrá que pagar lo que les cobren, sin posibilidades de reclamo. La derecha insiste que regular precios (y marcarlos) es una afrenta para ellos, y he ahí que la norma de marcaje puede ser desmontada.

¿Por qué quieren hacer semejante locura?

La derecha venezolana es una entidad política patrocinada por intereses empresariales en Venezuela y en EEUU. No son gente de subestimar, saben lo que hacen y entienden que la derogación o reforma neoliberal de la Ley de Precios Justos será un acto tremendamente nocivo para la cotidianidad económica de las personas. Vale la pena preguntarnos: ¿por qué lo hacen entonces? La respuesta a esto la anunciamos al inicio de esta nota: van a recrudecer la guerra económica, ahora en su variante institucional. Quieren hacer esta locura no por estar mentalmente desaforados, sino por ser una entidad antipolítica siniestra y fascista. Desde la Asamblea Nacional quieren eliminar todo obstáculo que les limite capacidad de maniobra para seguir asfixiando al pueblo.

La guerra económica es un acto de ingeniería social, es un acto de modificación de la vida de las personas, de cambio en su subjetividad, de cambio en su orientación política. Se afincan en lo económico para desmovilizar, desmoralizar e irritar a la población. Quieren que el Gobierno Bolivariano pierda apoyo entre la gente. Generan la crisis, sabotean la economía y culpan a Maduro. Es lo que hacen. Quieren ahora desde la Asamblea Nacional enrarecer más todavía la economía para endosarle el costo político de tal situación a la Revolución Bolivariana.

Luego de una campaña electoral donde se ofrecían como la solución a los problemas económicos del país, la derecha, a sólo 48 horas del 6D, cambiaron su discurso y han dicho en la voz de Henrique Capriles que la MUD no va a resolver el problema económico. De hecho, el mismo Capriles ha asegurado (como si se tratara de un predictólogo economista) que "la situación (económica) que viene será muy crítica". Cambiaron su discurso, dicen que viene más crisis mientras anuncian acciones parlamentarias que destruirán más la vida de las personas.

El pueblo venezolano, desde cualquiera de sus posiciones políticas, debe estar alerta y estar claro de lo que puede venir. Si se consuma lo que ya se anuncia -un paquete legislativo ordenado por Fedecámaras- la derecha empresarial empujará al país entero a nuevos escenarios de confrontación y conflicto de poderes. Quienes eligieron a candidatos de la MUD esperando "soluciones" a la economía deben asumirse defraudados desde ya.

Ir contra la Ley de Precios Justos -y otras leyes como la LOTT- significará una regresión que el pueblo (incluyendo a parte de la base electoral de la derecha el 6D) no va a legitimar. En la MUD, sin ponerse de acuerdo, hablan de leyes de amnistía para guarimberos presos y repatriación de los criminales económicos del sabotaje petrolero de Pdvsa (2002). Otros divagan en que hay que "cambiar la Constitución" para acortar el tiempo de Maduro, otros hablan de efectuar un Carmonazo parlamentario. El poder los enceguece. Defraudan más a sus seguidores que ingenuamente esperaban la resolución del tema económico. Estos son hechos, no opiniones.

 

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Las sombras detrás de Glencore en Colombia

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Glencore, con sede en Suiza, es la mayor comercializadora del mundo en la compraventa de materias primas como cobre, cinc, plomo y carbón. Cuenta con operaciones en más de 50 países, casi 200 mil empleados y 150 minas y sitios de producción. En Colombia la multinacional lleva casi 20 años de maniobra y su foco ha sido la minería de carbón en el norte del país. Actualmente es dueña del 33% de Cerrejón (La Guajira), Prodeco S. A., Carbones la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro, que concentran su actividad principalmente en el departamento del Cesar.

Su huella se extiende hasta Chile, donde opera la mina de cobre de Collahuasi; en Perú, con sus intereses en el complejo minero de Antamina; en Bolivia, con las minas de Sinchi-Wayra, y en Argentina participa con la minera Alumbrera.

Las organizaciones Pensamiento y Acción Social (PAS) y el Grupo de Trabajo Suiza – Colombia (ASK) le siguieron la pista al gigante minero por cuatro años. La investigación arrancó en 2010 y cerró en 2014, y durante ese tiempo detectaron problemas escandalosos. Como contó Rafael Figueroa, abogado que fue parte del estudio, existe una distancia sustancial entre los datos reportados en los informes de sostenibilidad de Glencore y los datos reales.

Esos informes comenzaron a hacerse desde el 2010 desde su casa matriz en Suiza bajo los criterios del Global Reporting Iniciative (GRI). Luego publicaron dos reportes más desde su sede en Colombia (Prodeco). Entonces, a través de la recopilación de documentos y folios dispersos de trámites ambientales, sanciones y procesos laborales, las dos organizaciones se propusieron lanzar el documento que lleva por nombre: Informe Sombra de Sostenibilidad de las Operaciones de Glencore en Colombia.

Uno de los descubrimientos del documento se refiere a que la compañía habla de que el 30% del precio del carbón se queda en el país en regalías, impuestos o inversión en responsabilidad social empresarial. Sin embargo, una auditoría independiente observó que en 2012 Glencore aportó sólo el 9% en impuestos y regalías, y, si se compara esa cifra con sus ventas brutas, no llega ni al 2%.

Su estructura organizacional es dudosa para los autores. Glencore opera en Colombia a través de Dalima Holdings S. A. S. y controla las cuatro agencias mencionadas líneas arriba mediante contratos con cláusulas diferenciadas y precios de carbón distintos pese a tener operaciones integradas. Como muestra el reporte, cada empresa es independiente en su contabilidad, lo cual es ilegal porque debe evidenciar sus cifras consolidadas. “Solamente Prodeco supera las 5 millones de toneladas y paga regalías, el resto distribuye su producción y paga menos”, comentó Figueroa.

Glencore responde a esta crítica diciendo que el “el registro de control común de varias entidades, en sí, no da lugar a la obligación de unificar las entidades con fines de legislación laboral”. Aseguran que, en efecto, Prodeco ha sido considerado por el Ministerio de Trabajo como la filial dominante debido a la ausencia de una relación de asociación y subsidios entre las otras tres.

De hecho, este año la Contraloría confirmó una sanción a la multinacional porque el Estado colombiano dejó de percibir $60 mil millones en regalías. “El aporte a la economía colombiana es casi ninguno por descuentos que el Gobierno les aplica”, remató Figueroa. Incluso, las gráficas del documento demuestran que las utilidades del grupo empresarial son más altas que las de los otros, pero paga en impuesto mucho menos. “Y eso se explica porque tiene malos manejos financieros, supuestas deudas, costos y gastos”, según le explicó a este diario el abogado Rafael Figueroa.

En el tema ambiental, dice el informe, se incluyen “graves y reiteradas infracciones a la legislación nacional”. Por ejemplo, los tapones a caños o la desviación de cuatro ríos sin autorización de la autoridad competente. Fue el caso del río Calenturitas, que desemboca en el río Cesar y más tarde en la ciénaga de la Zapatosa, que se salió del trazado permitido que era de 13.5 kilómetros, según confirmó el abogado entrevistado y lo descrito en el proceso sancionatorio de la Autoridad Nacional de Liciencias Ambientales (Anla). Sumado a esto, el informe de sostenibilidad ambiental de Glencore mostraba una inversión del 10% para el ambiente, pero el estudio asegura que es un poco más del 4%.

Los reasentamientos a las poblaciones son otro elemento en la lista de problemas. Desde 2010 las comunidades de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón (corregimientos del Cesar) presentaron altos índices de contaminación atmosférica y debieron ser reasentadas. Sin embargo, de las 98 familias que la empresa reconoce haber reubicado de Plan Bonito, como mostró el mismo Glencore en Suiza, 19 siguen debajo del umbral de pobreza extrema.

Finalmente, más de 60 quejas y sanciones laborales se han presentado por parte del Ministerio de Trabajo por situaciones como persecución sindical, violación a la seguridad industrial y un hecho escalofriante y casi inaudito que su personal llama “Guantánamo”: un contenedor sin ventilación donde los trabajadores sindicales, declarados con alguna incapacidad, permanecen 8 horas seguidas de brazos cruzados porque no son reubicados en otra función. Eso, según lo dicho por las fuentes que realizaron el informe.

Al final de las 236 páginas del informe Glencore responde a las críticas, capítulo a capítulo, hechas por los autores y concluye que: “Rechazamos las afirmaciones hechas en el informe porque, aunque los autores se basan en fuentes válidas de información, muchas de las acusaciones resultan desinformadas, malinterpretadas, descontextualizadas y carentes de entendimiento”.

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