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[MEXICO] - Frente a corrupción, inacción del gobierno es “abrumadora”

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Gasolinazo

Organizaciones de derechos humanos y empresariales, así como la ciudadanía en general, recomendaron al gobierno una serie de medidas para enfrentar la crisis que nació gracias a “años de mala planeación, corrupción, impunidad e inacción de las altas esferas de poder”, a través de un desplegado dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el de Economía, Idelfonso Guajardo, de Función Pública, Arely Gómez, y al procurador General de la República, Raúl Cervantes.

Los firmantes argumentaron que la incertidumbre y el recién descontento social por el gasolinazo marcaron el inicio del 2017, y que las problemáticas sumadas a la corrupción y el abuso encaminan la situación del país a un “punto insostenible”.

En el texto, calificaron de “incongruente” el que se pida asumir las consecuencias de las alzas del combustible, “cuando la clase política lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos estratosféricos, bonos extraordinarios, viajes, seguros privados, mayores recursos a los partidos, y un enriquecimiento ilícito de los gobernadores, siguiendo la lógica de sólo hacer un uso y abuso del poder para fines privados”.

Agregaron que, por si fuera poco, la liberación de los precios de la gasolina no se acompañó con un plan de austeridad en la burocracia o un programa de contención ante las acciones que anunció el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Frente a esto, declararon que “la inacción del gobierno federal resulta abrumadora”.

Por lo anterior, las organizaciones y los ciudadanos pidieron al secretario de Hacienda que implemente una “severa” política de contención a los privilegios económicos que goza la administración pública federal, así como una convocatoria pública del ejecutivo federal para que se sumen a la medida los poderes legislativo y judicial, los órganos autónomos y los estados y municipios.

Además, exigieron se amplíe el acceso a la información sobre el gasto público, especialmente al que se realiza a través de concesiones, contratación de deuda, permisos y adquisición de bienes, servicios y obra pública.

Frente a los vales de gasolina por miles -y hasta millones- de pesos para los funcionarios, los firmantes pidieron reasignar esas prestaciones hacia actividades “prioritarias” como la seguridad pública, los servicios públicos y el traslado médico.

En tanto, al secretario de Economía le pidieron proponer un plan de contención ante la posibilidad de que más inversiones del país se retiren, o bien que ya no se invierta en México.

A la función Pública le exigieron “asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de regalos o cortesías independientemente del nivel o rango, y revisar a profundidad las políticas para evitar todo tipo de conflicto de interese”.

Por último, a la PGR le pidieron que solicite a las autoridades brasileñas, suizas y estadounidenses “información puntual” para sancionar inmediatamente a los funcionarios y servidores particulares que participaron en las operaciones en las que Odebrecht y subsidiarias reconocieron haber pagado al menos 10.5 millones de dólares para obtener contratos de obra pública en México, presuntamente relacionadas con Pemex.

Además, solicitaron que se investigue y sancione a los dueños de gasolineras y franquicias que despachan combustible robado, así como que se asuma la responsabilidad en las investigaciones sobre el robo de gasolina por medio de 3 mil 500 tomas clandestinas.

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