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[ARGENTINA] - Repudio y reclamo al Gobierno de Macri por la represión a los mapuches

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Los organismos de derechos humanos repudiaron la violenta represión a la comunidad mapuche de Cushamen.

En un pronunciamiento conjunto, exigieron al presidente Mauricio Macri, a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, el cese inmediato de esas acciones. Las imágenes de los heridos y las noticias que fueron llegando sobre los cruentos operativos de Gendarmería Nacional y la policía de la provincia decidieron, además, a varias organizaciones a viajar al lugar para dar apoyo a la comunidad mapuche y buscar garantías de que el hostigamiento haya cesado.

“Hasta ahora sabemos que hubo tres operativos que dejaron dos personas hospitalizadas, aunque no son los únicos heridos. El primer operativo fue de la Gendarmería Nacional, el martes a la mañana; hubo represión y tres detenidos. Ese mismo día, por la tarde, con una orden judicial por un supuesto delito de abigeato (robo de ganado), fue la policía de la provincia y se produce una nueva situación de violencia contra miembros de la comunidad, y sobre todo contra las personas que estaban yendo a apoyarlos. Hicieron además nuevas detenciones. El tercer episodio fue el miércoles, cuando inexplicablemente, sin orden judicial, un camión de la infantería provincial se presentó en el lugar y disparó contra los integrantes de la comunidad, causando los dos heridos graves”, señaló Federico Efron, coordinador de Litigio del CELS.

Diego Morales, abogado del organismo, viajó ayer a Chubut para tomar contacto con la comunidad mapuche. Por otra parte, junto a la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS presentó un pedido al Ministerio de Seguridad de la Nación para que tome medidas de protección e investigación de lo sucedido.

“Los recientes hechos de violencia de los que fueron víctimas los integrantes de la comunidad son expresión de un Estado federal que no estuvo dispuesto a resolver el conflicto territorial de fondo y alimentó, en cambio, su abordaje represivo”, sostuvieron en la nota entregada en la cartera a cargo de Patricia Bullrich. “El Estado nacional estaba participando de la mesa de negociación abierta por el juez federal con motivo del bloqueo de las vías del Viejo Expreso Patagónico. La empresa ferroviaria estatal, es decir el gobierno de la provincia, dio por terminada la negociación y el juez dictó la orden de allanamiento”.

En este sentido, advirtieron también sobre el mecanismo de estigmatización del gobierno nacional, que “considera que conflictos como el que protagoniza la comunidad mapuche son amenazas a la seguridad de la Nación, los asocia con actividades terroristas y reconduce toda la actuación estatal a eliminar esta hipótesis”. Están también en viaje al sur Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Margarita Cruz, de Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza; Nilo Cayuqueo, de la comunidad mapuche; y María del Carmen Verdú, de la Correpi. “Vamos a primero Esquel, a pedir entrevistas con las autoridades judiciales y el lunes al gobernador Das Neves. Queremos ver a los detenidos, ir a los hospitales. La represión nos avergüenza y nos produce un gran dolor, porque atacaron a personas que están defendiendo sus tierras usurpadas por las empresas extranjeras. No hay ningún país en el mundo que haga con sus tierras lo que se hace en la Argentina; este gobierno y el otro, y el anterior”, señaló Cortiñas.  

Hebe de Bonafini dijo sentír “asco y bronca”. “Esquel está lejos; si a los de acá los meten presos, imaginate la soledad del que está allá”, planteó. “Los mapuches han sido siempre muy reprimidos porque defienden lo que les corresponde: sus tierras, el lugar para sembrar y para vivir. No me extraña ver que ahora, con esta impunidad, la represión llegue a las balas de verdad. Ellos están dispuestos a matar a quien no obedezca, si nosotros los dejamos solos y nadie habla”. Para Giselle Tepper, de H.I.J.O.S, “en defensa de los intereses de la empresa Benetton, la Gendarmería se constituyó en una patota estatal de las corporaciones”.

Amnistía Internacional condenó “la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de esa organización humanitaria.

Otro punto que enciende todas los alertas es la acusación de “terroristas” que el ministro de gobierno de Das Neves, Pablo Durán, lanzó sobre los reprimidos. En el comunicado conjunto de doce organismos de derechos humanos, el punto fue remarcado. “Las fuerzas de seguridad vienen ejerciendo  operativos de control y represión sobre la comunidad, cercando los asentamientos como zona liberada para el accionar de las fuerzas represivas, con evidente criminalización de la protesta social y bajo la idea de que son grupos terroristas que ponen en riesgo la seguridad nacional”, advirtieron los organismos.

El repudio fue firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Buena Memoria, el CELS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Madres Línea Fundadora, Memoria Verdad Justicia Zona Norte, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).

Los organismos exigieron “al Presidente, a la Ministra de Seguridad de la Nación y al Gobernador de la Provincia el cese inmediato de estas acciones”. También advirtieron que “la única acción tolerable es aquella que se ajuste a la de un Estado de derecho, respetuoso de los derechos constitucionales del pueblo mapuche y todos los pueblos originarios”.

“Los persiguieron a tiros, fue una cacería”

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“No es novedad para nosotros que las fuerzas manejadas por el gobierno de Chubut nos amenacen. Suelen circular patrulleros y camionetas a diario”, advierte Jaquelin Marin. La joven integra la comunidad mapuche Pu Lof en el Departamento de Cushamen, en Chubut, que hace más de dos años reclama la restitución de territorios ancestrales. Desde entonces, cuenta Marin, “pasan y disparan tiros al aire, nos insultan a lo lejos”. Sin embargo, la represión que vivió junto a algunos de sus lamienes –hermanos y hermanas– “ha atravesado un límite”, asegura: “Hoy tenemos dos lamienes en gravísimo estado y otros tres detenidos en una unidad penal para delincuentes por defenderse de los abusos del Estado asesino”. El grupo de pobladores sufrió los golpes de la Gendarmería, el martes por la mañana, y la balacera con balas de goma y plomo de la policía provincial, el miércoles a la noche. El martes a la noche, la policía local persiguió a dos integrantes de la comunidad y a otras cinco personas que se habían acercado al territorio en solidaridad; los golpeó, les plantó pruebas en su contra y los detuvo. Recién ayer fueron excarcelados. Pese a la estrategia desplegada por funcionarios del gobierno provincial, que insistieron en descalificar a los pobladores acusándolos de “terroristas”, “peligrosos” para la ciudadanía chubutense, el Pu Lof se llenó de hombres y mujeres que se sumaron a la resistencia. “Es importante el acompañamiento para resistir la estigmatización y el cerco mediático. Le dicen al pueblo que nos tiene que tener miedo, pero el miedo lo infunde el Estado a través de su aparato policial”, concluyó otra integrante de la comunidad de Cushamen, Soraya Maicoñia.  

La comunidad Pu Lof, que reclama en el noroeste chubutense tierras en manos del grupo empresario italiano Benetton, recibió el primer ataque el martes a las 7 de la mañana. La guardia de la comunidad –dos varones al cuidado de cinco mujeres, cuatro niños y otros cuatro varones que descansaban– vislumbraron camionetas de Gendarmería en la ruta. Colectivos. Caballos. Finalmente contarían a más de 200 gendarmes y policías. “Le dijeron a la guardia que venían a despejar las vías de la Trochita y a identificar a quienes vivíamos ahí, pero los guardias contestaron que no estábamos dispuestos a dejarlos pasar después de que la provincia cortara la mesa de diálogo e incumpliera la promesa que le hizo a otra comunidad hermana”, contó Jaquelin. A los pobladores de Nahuel Pan les prometieron un nuevo tanque de agua a cambio de la liberación de unas tierras, promesa que las autoridades incumplieron.

Gendarmes y policías entraron igual. Los miembros de la guardia mapuche se desperdigaron por el monte. Más tarde, a tres de ellos los atraparían y los llevarían detenidos. Aún permanecen encerrados en la Unidad Penal 14, con prisión preventiva por los delitos de abigeato –hurto de ganado–, obstrucción de las vías y resistencia al arresto. “Entonces se la agarraron con nosotras, que estábamos con los niños en la ruca –la casa principal de la comunidad, en donde comen y comparten el tiempo–. Nos encerramos ahí, pero ellos tiraron la puerta abajo. Nos rociaron con gas lacrimógeno, con espuma de matafuego, nos sacaron de los pelos, le pegaron a un niño con un garrote en la cabeza, nos esposaron”, contó la joven. No sabían los pobladores que quienes intentaban acudir a sus pedidos de ayuda estaban frenados en varios retenes que las fuerzas de seguridad habían montado a 4 kilómetros a la redonda. Estaban aislados. “Recién cuando pudo pasar Fernando Radziwilowski –defensor público–, nos quitaron las esposas”, añadió Jaquelin. Era pasado el mediodía.

En paralelo a ese allanamiento, ordenado por el juez federal Guido Otranto, hubo otro, dispuesto por su par provincial José Colabelli. “Nos secuestraron 15 caballos, que son nuestros con papeles y todo. Los tienen detenidos en la comisaría de El Maitén”, denunció la joven.

A la tarde, cuando ya habían recibido ayuda de miembros de organizaciones vecinas y de comunicadores de medios comunitarios, decidieron ir a buscar a los animales que se habían perdido. Fueron dos miembros de Cushamen y otras cinco personas que se sumaron a la tarea en dos camionetas. Las fuerzas de seguridad los persiguieron por la ruta, a los tiros. Los encerraron en El Maitén, les pegaron y los llevaron detenidos. Ayer fueron excarcelados.   

“Fue una cacería”, resumió el abogado de los siete, Edgardo Manosalva, miembro de la APDH. “Los persiguieron a los tiros, los encerraron en la ruta, los terminaron cazando en el viejo hospital de El Maitén. Ahí les pegaron. Les plantaron bombas molotov en una de las camionetas. Uno de los camiones de la policía tiene impactos de calibre 22 que, creemos también, es prueba plantada”, explicó el abogado. Ellos también lo contaron ayer en una audiencia de control judicial en la que se evaluó su detención. El juez Hernán Dal Verne –que reemplazó a Colabelli, recusado por Manosalva– declaró legales las detenciones y ordenó liberar a los detenidos. La investigación seguirá. A ellos los acusan de abigeato y resistencia a la autoridad, aunque también se investigará el desempeño de la policía.

El tercer ataque

El tercer ataque fue el miércoles a la noche, cuando la mayoría de los pobladores y quienes se solidarizaron con ellos estaban atentos a lo que pasaba en los tribunales con los detenidos. “Éramos tan pocos como la primera vez. Nos despabilaron los tiros. Salimos de nuestras casas y nos acercamos a la ruta. Vimos a la Infantería que estaba disparando esta vez sin decir palabra”, graficó Jaquelin, que asegura que la represión duró 40 minutos: “Corrimos, metimos los nenes adentro de la casa. Mandamos mensajes pidiendo ayuda. Cuando los policías se fueron, los varones que estaban resistiendo comenzaron a bajar al pueblo, todos lastimados con perdigonazos”. Diez heridos en total, dos en muy grave estado.

Ayer, el jefe de la policía de Chubut, Juan Ale, excusó a los efectivos que dispararon balas de goma y plomo. “La policía fue atacada, resultaron tres empleados policiales de la Infantería con contusiones, se usaron postas para defenderse de los ataques con piedras”, declaró. En sintonía con el gobernador Mario Das Neves, su ministro de Gobierno, Pablo Durán, tildó a los miembros del Pu Lof de “terroristas” y “delincuentes”.

Fausto Huala, hermano del lonco Facundo Huala, tiene un hematoma en la cabeza producto de impactos de bala de goma, está en terapia intensiva. Emilio Jones fue operado de la mandíbula, que la tiene rota por otro impacto. Necesitará una prótesis que cuesta 50 mil pesos. Ambos están internados en el Hospital de Bariloche. También necesitan materiales para reconstruir la ruca: nylon, chapas, clavos, herramientas que la Gendarmería les robó como hachas, machetes, palas. “Nos robaron todo lo que pudieron. Cigarrillos, inclusive”.

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