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Minería ilegal, prostitución y delincuencia organizada se internaron en Amazonas

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AMAZONAS

Organizaciones que abogan por la preservación de las comunidades indígenas del país denuncian una serie de violaciones a los derechos de estos pueblos. También exigen al Estado controlar la actividad minera ilegal y sus impactos ambientales

Su lucha no es de ahora, pero es infatigable. Para la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (Coiam) van cinco años denunciando ante los diferentes Poderes Públicos el sistemático deterioro en la calidad de vida de unas 280 comunidades del sureño estado venezolano, debido a la minería ilegal, el contrabando de productos nacionales, el tráfico de combustible, la prostitución y la delincuencia organizada.

A la par de esas ilegalidades expuestas, también añaden la entrada ilegal al territorio nacional de personas provenientes, sobre todo, de Colombia y Brasil, así como la presencia de grupos armados que generan violencia en la vasta zona.

Esa lista de males a cuestas fue denunciada este martes, en la sede del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), por José Gregorio Díaz (Orpia), Guillermo Arana (Coiam), Amelia Conde (Organización de Mujeres Indígenas del municipio Autana), Libia Ortiz (Organización de Mujeres Indígenas del municipio Manapiare) y Beisy Arana (Organización de Mujeres Indígenas de Amazonas), quienes el lunes pasado solicitaron ante la Presidencia de la República una audiencia con el jefe de Estado, Nicolás Maduro, a fin de que adopte medidas urgentes ante estos hechos.

“En este momento, los principales ríos, comenzando con el Orinoco, están siendo afectados en las cabeceras y cuencas hidrográficas por la minería ilegal y la contaminación del agua producto del mercurio (que es utilizado para separar el oro de otros minerales). Hay un impacto socio-cultural, además del ambiental, que es muy fuerte contra la cultura de nuestros pueblos”, dijo el representante de Orpia.

Precisó que, aunque desde el año 2005 las comunidades indígenas de Amazonas han denunciado la presencia de mineros ilegales y grupos irregulares en sus territorios, la situación se agudizó desde el 2013.

Desde el 2005 a la fecha han entregado informes y denuncias ante la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio de la Defensa, Ministerio para los Pueblos Indígenas y ayer en la Presidencia de la República.

De acuerdo con Díaz, el resultado de la actividad ilícita en las minas se refleja con la destrucción ambiental en zonas de el Parque Nacional Yapacana, y los ríos Orinoco, Atabapo, Guainía, Sipapo, Guayapo, Alto Cuao, Ocamo, Manapiare-Ventuari, Parucito-Majagua, Parú, Asita, Siapa, entre otros.

Mujeres temen por sus hijos

Amelia Conde, representante de la Organización de Mujeres Indígenas del municipio Autana, contó su realidad desde la accidentada cotidianidad que, asegura, viven las familias de su comunidad como consecuencia de la minería ilegal.

“Nosotros antes vivíamos tranquilos, hacíamos trabajo agrícola, en los conucos, la cacería y la pesca y ahora no lo podemos hacer, porque hay muchas personas desconocidas y eso afecta a las mujeres. Hay temor de salir, de hacer actividades con confianza. Las familias se han visto afectadas, porque reclutan a los muchachos”, manifestó.

Sobre este asunto, Conde asegura que no están cuantificados los casos de niños y jóvenes que habrían sido víctimas de reclutamiento forzoso de parte de grupos de delincuentes, pero “sabemos que en una comunidad que queda lejos en el río Autana, que se llama Caño Grulla se han llevado muchachos. De ahí se han llevado niños y unas muchachas”.

Denuncia la activista que jóvenes y mujeres indígenas han dejado sus hogares para dedicarse a la prostitución, “porque por la situación de hoy no hay trabajo, no se consigue comida y se van a la minería y trabajan, más que todo, en el municipio Atabapo”.

Articulación sin confrontación

Por su parte, Guillermo Arana, lamentó que la destrucción del ecosistema amazónico continúe sin respuesta oficial y ratificó la responsabilidad que tiene el Estado venezolano para dialogar sobre estos problemas.

Recordó que en el estado Amazonas existen numerosas áreas protegidas, como los parques nacionales Yapacana, Parima Tapirapecó, DuidaMarawaka, La Neblina, la Reserva de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare, reservas forestales y monumentos naturales, los cuales se ven afectados directamente con la minería ilegal.

Además, manifestó que de acuerdo con el Decreto Presidencial Nº 269 del año 1989 se prohíbe la minería en todo ese estado.

“Le solicitamos al Gobierno Nacional conformar unas mesas de concertación y de visibilización de los derechos de los pueblos indígenas, porque es un derecho consagrado en la Constitución. No queremos confrontar, sino más bien articular con el Estado venezolano, porque estamos hablando de una Amazonía para el futuro”, acotó.

Asimismo, estas organizaciones puntualizaron que la minería ilegal, con la presencia del mercurio y otras sustancias tóxicas, ha alterado el ecosistema fluvial, incluyendo la vida de múltiples especie de peces que sirven de fuente de alimentación para las comunidades indígenas de la zona.

Manifestaron que en las áreas afectadas se observan deforestación de grandes terrenos de selva tropical, desviación del curso de las aguas de ríos y caños y la afectación de numerosos ecosistemas amazónicos.

 

 

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VIDEO: Cuarta sesión del Parlamento Comunal Nacional rechaza Ley de Amnistia Criminal

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Sesión Parlamento2

Desde el 01 al 03 de abril de 2016, comuner@s se reunieron en el Sector Mistajá del Corredor Characot Apirat del Edo. Mérida, para realizar la 4ta sesión del Parlamento Comunal Nacional. El cierre de dicha sesión se realizó en la Plaza Bolívar de la ciudad este domingo 03 de abril, con presencia de tod@s los comuner@s parlamentarios, diputados del Consejo Legislativo del Edo. Mérida y la Asamblea Nacional.

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Nestora Salgado: “Estuve encarcelada por denunciar a un gobierno corrupto”

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Nestora

Foto: LJG / Desinformémonos

“Estuve encarcelada por pedir justicia, por denunciar a un gobierno corrupto en Olinalá. No hay palabras para que los presos podamos decir lo que pasamos adentro, cuando estás cargando delitos que no cometiste, un delincuente sabe que paga, pero nosotros no cometimos delito alguno. Estar preso es sentirse enterrado vivo, estuve 20 meses aislada sin convivir con ninguna presa. Conmigo se ensañaron, es difícil luchar contra el gobierno cuando se lleva una consigna. En mi caso, fue denunciar lo que hacían con niños de 7 años, los videos pornográficos que me tocó ver y se me partió el corazón”, dijo Nestora Salgado al recobrar su libertad luego de 31 meses de injusto encarcelamiento.

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En #FOTOS Revolucionarios envían mensaje contundente al imperio: Obama la amenaza eres tú

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Un pueblo claro y consciente de su rol histórico en la defensa de su soberanía e independencia, salió a las calles de Caracas este sábado 12 de marzo para exigir al gobierno de Estados Unidos, la revocatoria del decreto de declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria.

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ALBA-TCP rechaza decreto injerencista de Obama contra Venezuela

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La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) reiteraron este miércoles su rechazo contra la extensión por un año del decreto injerencista de Estados Unidos contra Venezuela.

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Libertad para Milagro Sala

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El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM Argentina, levanta su voz de protesta en contra de la detención y criminalización de la lideresa de la organización Tupác Amaru, Milagro Sala, detenida el pasado 16 de enero bajo cargos de “tumulto e incitación al delito”.  

La detención se hace luego de que la organización Tupac Amaru organizo un campamento en la plaza central de San Salvador de Jujuy (norte de Argentina) en reclamo por el reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas planteadas por el nuevo gobierno de Gerardo Morales.

Un video es el único elemento probatorio que argumenta la detención de Sala, según el juez de la causa, Gastón Mercau. Video que deja muchas dudas luego de su publicación por el periodista Iván Schargrodsky en el portal El Destape.  

Es por ello que organizaciones sociales y populares, partidos políticos y sindicatos en Argentina adelantan desde ayer una jornada de acampe en la histórica Plaza de Mayo, a manera de reclamo por la liberación de la lideresa de la organización Tupác Amaru.

Desde su lugar de reclusión, Milagro Sala envió a través de la cuenta en twitter de la organización que lidera, un mensaje de agradecimiento por las manifestaciones de apoyo por su causa, invitándolos a no bajar los brazos en la lucha de todos.

 

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A continuación la declaración completa de CLADEM
 

LIBERTAD PARA MILAGRO SALA

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM Argentina, levanta su voz de protesta en contra de la detencion y criminzalizacion de  manifiesta su preocupación por la detención de la dirigente social y parlamentaria del Mercosur Milagro Sala , ocurrida en la Provincia de Jujuy, en el marco de una protesta social de la agrupación Tupac Amaru, de la cual ella es una de sus principales.
    
Consideramos que su detención, que hoy completa diez días –cinco de los cuales cumplidos en la Unidad Penal N° 3 de Alto Comedero-, se constituye en un grave precedente de criminalización de la protesta social inaceptable en un Estado de Derecho. El Estado argentino suscribió tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional, cuyo cumplimiento debe ser garantizado por los gobiernos nacional y provincial, entre los cuales se encuentra el derecho a la protesta.

Utilizar el derecho penal para amedrentar a la ciudadanía y suprimir el derecho
legítimo a manifestarse pública y colectivamente ante medidas injustas es propio de gobiernos autoritarios. En democracia la protesta es un derecho y no un delito.

El poder judicial no debe ser funcional a los intentos de criminalización de la protesta social, no puede permitirse arbitrariedades en su práctica de administración de justicia, ni debe subordinarse al poder político y actuar como oficina jurídica de los gobiernos de turno.

La independencia del poder judicial es un interés superior en los Estados democráticos que debe salvaguardarse en todo tiempo y contexto. La independencia judicial es condición necesaria para el acceso a la justicia y la administración de justicia equilibrada, sobre todo para las mujeres.

Hacemos un llamado urgente a las organizaciones regionales, internacionales y de derechos humanos a pronunciarse frente a esta grave violación de los derechos humanos. Exigimos la inmediata liberación de Milagro Sala y el cese de toda forma de persecución y criminalización de la protesta social en la República Argentina.

26 de enero de 2016
  

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