[LUCHAS] “Ni puta por coger, ni muerta por intentar”

La legalización del aborto en América Latina y el Caribe ha sido una exigencia de justicia de organizaciones feministas y de derechos humanos en todo el continente. Algunos de los países que cuentan con varias victorias legales, organizativas y de conciencia popular, como Argentina o Chile, asumen la maternidad obligatoria como un acto de tortura al que son sometidas cientos de mujeres y niñas cada año. 

El aborto no es una suposición o una práctica aislada, es una realidad, y es responsabilidad del Estado garantizar la salud y autonomía de las mujeres o cuerpos gestantes al momento de decidir continuar o no un embarazo. No hacerlo es privar a la mitad de la población de una libertad fundamental, un elemento más de una desigualdad de género que es estructural.

Actualmente 6 países latinoamericanos han legalizado el acceso al aborto a las doce (12) semanas de gestación: Cuba, Uruguay, Guyana Francesa, Puerto Rico y Ciudad de México (al ser un Estado federal varía en el resto del país). Guyana permite el acceso al aborto hasta la semana ocho (8) de gestación.

El resto de los países latinoamericanos han ido modificando sus leyes en los últimos años. 

• Permitido en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada y en caso de violación en: Argentina, Bolivia (que añade el incesto, la situación socioeconómica y que la embarazada sea una niña o adolescente), Ecuador y Santa Lucía (+ incesto), Brasil, Chile, Panamá, Belice.
• Permitido en caso de malformación fetal: Colombia (se añaden las causales señaladas anteriormente + violación), Barbados (+ incesto)
• Permitido cuando se encuentra en peligro la vida o la salud de la mujer embarazada en: Brasil (+ violación), Costa Rica y Perú; aquellos que sólo tienen esta causal haciendo referencia explícita a la salud mental de la mujer son Trinidad y Tobago y Jamaica.
• Permitido solo cuando se encuentra en peligro la vida de la mujer embarazada en: Paraguay, Venezuela, Dominica, Antigua y Barbuda y Guatemala.
• Absolutamente prohibido en: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana y Surinam.

En este artículo contrastamos las situaciones en dos países: Argentina y Venezuela. En el primero, la movilización feminista logró imponer el tema en el debate público incluso en contextos políticos desfavorables. Esa presión constante ha abierto la puerta a avances legislativos inminentes. En cambio, en Venezuela el tema ha estado invisible de debates públicos o legislativos, sea por cálculos políticos o la influencia de elementos conservadores en la sociedad.

Argentina: del debate público a los avances legislativos

Argentina es uno de los países donde la lucha feminista, y por el aborto legal, ha sido más visible en los últimos años. Constanza San Pedro, docente e investigadora, y referenta del Frente Patria Grande en Córdoba, Argentina, nos dio algunos datos sobre aquel país.

“En Argentina el aborto es legal por causales desde el año 1921, que es cuando se sanciona el código penal. Sin embargo eso no ha sido suficiente para que se garanticen los derechos que tenemos las mujeres y las personas con capacidad de gestar para acceder efectivamente a un aborto”, detalló.

Constanza atribuye la ausencia de este derecho a múltiples factores que responden al “modelo hegemónico.”

“En la justicia el patriarcado sigue dando a las autoridades la potestad de decidir sobre las mujeres y personas con capacidad de gestar», explicó la activista. Añadió que las colectivas feministas se han empeñado en denunciar y hacer públicos casos de mujeres detenidas por la policía dentro de hospitales, siendo culpadas de: “homicidios agravados por el vínculo” al presentar síntomas de abortos espontáneos.

Un caso paradigmático fue el de Belén (nombre ficticio). La joven argentina llegó a un hospital en Tucumán en 2014 con una hemorragia y estuvo presa más de dos años por homicidio agravado cuando en realidad había tenido un aborto espontáneo.

“Esto que le sucedió a Belén forma parte de estas lógicas patriarcales que pretenden decidir  sobre los cuerpos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, obligándoles a continuar con cualquier embarazo», resumió Constanza. “Además, tiene una lógica disciplinar, porque quienes se atrevan a no cumplir con el mandato de la maternidad obligatoria, tienen como única respuesta posible la cárcel”.

Sin embargo, subraya que casos como el de Belén han catalizado la politización y la discusión del aborto como derecho. 

“Son casos que permiten visibilizar las múltiples violencias que atraviesan en las interseccionalidades: ser mujer, ser pobre, vivir en provincias conservadoras (como Tucumán), donde la posibilidad de tejer redes y acompañar es bastante más compleja”, dijo. Al mismo tiempo, señaló que son casos que han logrado que todo el movimiento feminista acompañe la demanda, consiguiendo por ejemplo la absolución de Belén.

Como conclusión, Constanza San Pedro destaca la importancia de traer el tema al debate público como preludio a los avances legislativos. 

“La campaña tiene más de 15 años de visibilización, pero la instalación del tema en la agenda pública y la masificación del reclamo fue uno de los factores más importantes para la incidencia política y para que efectivamente pudiera debatirse después de siete presentaciones en el congreso”.

El proyecto de ley fue aprobado por la cámara de diputados argentina en 2018 antes de ser rechazado en el Senado, donde tenía más fuerza el ex-presidente Mauricio Macri. Alberto Fernández, electo en 2019, prometió que en este período legislativo sí se aprobaría. Las colectivas feministas seguirán movilizadas para asegurar que así sea.

Venezuela: un tema invisible

La situación en Venezuela contrasta con la de Argentina. A pesar de la llegada de la Revolución Bolivariana y de los muchos avances en temas sociales, incluyendo los derechos de las mujeres, temas como el aborto han permanecido aislados de las discusiones politicas, incluyendo la Asamblea Nacional Constituyente.

La legislación en Venezuela con respecto al aborto tiene lo que algunas feministas denominan como “media causal”. ¿Qué quiere decir esto? Que en Venezuela una mujer sólo puede decidir abortar y ser atendida en un centro de salud pública si su vida corre riesgos al continuar con el embarazo. Una verdad a medias ya que, en muchos casos las mujeres no acceden a este derecho (y en todo caso la decisión depende de la evaluación médica), y sí, debemos hablar del aborto como un derecho. 

¿Qué pasa entonces con las mujeres y niñas que están embarazadas de su violador? ¿Qué pasa con las mujeres a las que les falló el método anticonceptivo? ¿O con los embarazos que no son compatibles con la vida extrauterina? Según los datos del informe “Hablemos sobre aborto” de la organización feminista Faldas-R, el 56% de las mujeres que solicita información segura para interrumpir su embarazo no tomó anticonceptivos en la relación sexual que lo provocó, sea por sus altos costos o por la imposibilidad de conseguirlos en el mercado. 

El Estado ha obviado la realidad a la que somos sometidas las mujeres. La clandestinidad y la inseguridad son la consecuencia de la falta de medidas acertadas en las políticas de salud sexual y reproductiva que deberían aplicarse y a las que los sectores más oprimidos no tenemos acceso.

“Negar la posibilidad al aborto es denegar el derecho de las mujeres y cuerpos gestantes a decidir sobre su cuerpo y a planificar su sexualidad y su vida, despojándolas del ejercicio de la autodeterminación reproductiva, sometiéndolas a la continuación de embarazos no deseados, a la maternidad obligatoria o a la realización de abortos inseguros, que traen como consecuencia deterioros irreversibles en su sistema reproductivo o incluso la muerte,” explicó Yelena Carpio, abogada y feminista venezolana, en un foro organizado por Faldas-R.

Otros de los datos compartidos en el informe de las compañeras de Faldas-R indica que el 78% de las mujeres a las que les brindaron información segura no había abortado antes, mientras 46% de esas mujeres no contaba con los recursos económicos necesarios para tener un hije. Dentro de las exigencias para el Estado también está el acceso al misoprostol y el registro sanitario a la mifepristona en Venezuela ya que encontrar el medicamento de manera rápida es vital para que las mujeres puedan abortar de forma segura. El 95% de las mujeres que se comunicaron con la “Línea Aborto: Infomación Segura” creen que el aborto debe ser legal en Venezuela. Y un 4% de estas indicaron que su embarazo era producto de una violación.

A pesar de todas las trabas que pueden estar librando las mujeres a la hora de decidir interrumpir un embarazo, sobre todo por la falta de información, muchas son las organizaciones que se siguen sumando a esta causa, una causa que es por la autonomía y la vida de las mujeres. 

Ni puta por coger,
ni madre por deber,
ni presa por abortar,
ni muerta por intentar.