[OPINIÓN] Entre ofuscación y números

Carlos Dürich

En los últimos días la dinámica de nuestro presente nos ha llevado a ser testigos atentos y participantes de los profundos debates que recorren las entrañas de la izquierda en Venezuela. Debates que no hacen más que traducir en palabras la lucha de clases (real, no imaginaria) que atraviesa la sociedad y la política venezolana.

Uno de ellos fue sobre el tema económico. Jesús Faría y Pasqualina Curcio fijaron posiciones en torno a la posibilidad o imposibilidad de un sueldo digno, en un debate que evidencia el horizonte insalvable que define hoy la economía venezolana: la desigualdad.

Por definición la desigualdad en el ámbito económico se traduce en una desigual participación en la distribución de la ganancia o de la riqueza y con lo anterior una dispar captación de la rentabilidad por parte del capital sobre el trabajo dentro del proceso de circulación y valorización. En resumidas cuentas, un acto visceral y formal de explotación en lo productivo implica una mayor participación de capital estable (maquinaria, capital, tecnología, etc) que de capital variable (salarios). Todas las anteriores son dinámicas sobredeterminadas, por lo tanto no pueden dejar de cumplir su dinámica repetitiva de generación de desigualdad. No se puede simplemente confiar en el mercado, en los designios de un Dios proveedor o al beneplácito o complacencia de una burguesía revolucionaria para su disminución. Es una pugna de clases y por lo tanto es la lucha de clases la que puede romper dicha dinámica.

En este marco hay dos posibilidades de acción. La primera es la apropiación del proletariado de los medios de producción, y la segunda la utilización de mecanismos del Estado liberal burgués para forzar una lucha indirecta o coyuntural contra la desigualdad. Como no quiero ser tildado de izquierdista, radical, desorientado o no pragmático, no me detendré en la primera posibilidad y profundizaré en la segunda, aprovechando que seguimos en el contexto de un Estado liberal burgués.

La economía en general necesita un marco con una distribución más o menos equitativa de la riqueza, para que sus actores al momento de intercambiar en el mercado puedan establecer vínculos dinámicos y equitativos. Esto lo saben hasta los propios liberales. No han sido en vano las recientes quejas de FEDECAMARAS contra la desigualdad. No es un acto de remordimiento sino el reconocimiento de un problema.

Los Estados (incluyendo el venezolano) tienen algunas herramientas para afrontar dicha problemática. Las más comunes son los impuestos o las políticas fiscales y tributarias (cualquier economista recordará haber escuchado de esto en clases de macro-economía con el amigable nombre de «Teoría del Ingreso»). Estas políticas pueden ser progresivas, lo cual quiere decir que genera mayor captación fiscal entre la clase más pudiente para establecer una distribución entre las clases más desfavorecidas. Puede ser de forma directa por medio de retribución o bonificaciones salariales, o indirecta por medio de la inversión social en salud, educación, vivienda, etc. Por otra parte, también se pueden hacer estas políticas regresivas, generando una menor o nula captación de impuestos en las clases más pudientes de la población o reduciendo el gasto social in sito.

Cabe destacar que mientras mayor sea la desigualdad en una sociedad, más se hacen necesarias políticas fiscales progresivas. No sólo por una obligación moral, sino también (!y escuchen bien los empresarios!) por un asunto estratégico económico. La distribución considerablemente desigual del ingreso no permite la nivelación progresiva de los índices de productividad de los diferentes sectores de la economía, lo que constituye un hecho concomitante del desarrollo económico. O para utilizar términos marxistas, el proceso de producción necesita del consumo para desatar el proceso de valorización. Entonces, más allá de la moralidad inherente en el principio de redistribución, existe un mandato estructural dentro de la economía de mercado para generar una política fiscal progresiva.

Según las últimas aspiraciones en el terreno económico establecidas por el gobierno, el desarrollo de nuestra economía está en primer plano y esto se intenta lograr supuestamente a través del desarrollo y crecimiento de nuestro mercado interno. Es importante aclarar que en una economía que se intenta desarrollar, la tasa de inversión y la de consumo deben impulsarse simultáneamente, porque es indispensable estructurar el mercado interno para soportar establemente el crecimiento de la propia producción y la diversificación cualitativa de las tasas de inversión y de consumo.

En cristiano, esto significa que es imposible aspirar a un crecimiento sustancial del mercado interno si los usuarios de ese mercado interno no cuentan con un ingreso que sea paritario con su producción.

Por lo tanto, la preocupación de Curcio con respecto a los salarios es perfectamente válida y yo añadiría honesta y revolucionaria. Acá me permito servir como abogado del diablo e intentar defender a Faría. El constituyentista sostiene el peligro demagógico y izquierdista (curiosa contradicción en un comunista tan poca valoración por la lucha salarial) de que el problema del salario ofusque el sacrosanto problema del bloqueo, resaltando los esfuerzos heroicos del gobierno por mantener la inversión social como principio fundamental del presupuesto nacional. Finaliza con la reflexión obvia (para él) de que el bloqueo no permite un aumento de los salarios motivado a los riesgos en la estabilidad económica que el aumento significaría.

En primer lugar, comparto la posición de Faría, de la cual Curcio es consciente también, de que el bloqueo nos deja poco margen de acción. También existe el hecho inequívoco de que en las actuales condiciones, y por la lógica del capital, un aumento de sueldo mal estructurado termina simplemente siendo asignado a los costos de producción e impactando directamente en la capacidad de consumo del propio trabajador.

Sin embargo, no quiere decir lo anterior que no se pueda generar una política de sueldo protegido, o que no puedan generarse políticas para encontrar recursos para un aumento. Curcio explica con el famoso ejemplo de la torta la participación en la riqueza de los 3 grandes sectores de la población (trabajadores, sector privado y Estado). Insiste en la disparidad crónica que viene creciendo en la distribución de dicha riqueza, y la conclusión pareciera ser establecer un política de pugna por la participación social en la riqueza (una lucha de clases encubierta). Señala muy lúcidamente el problema y apunta a una solución, pero es necesario un paso más firme.

Es necesario que el Estado reconozca activamente su condición de protector del aparato constitucional de Derecho y Justicia formulado en el Artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), al mismo tiempo demandar lo designado en el artículo 19 con respecto al principio progresivo de los derechos otorgados en la mencionada constitución, y por ende exigir las políticas necesarias para velar por el cumplimiento del artículo 91 (derecho a un salario digno). Menciono esto de pasada no por un afán demagógico, sino como preámbulo a mis recomendaciones.

La primera recomendación es llamar a un debate nacional sobre el tema del salario, el régimen fiscal, la inversión y el uso del los recursos. Dicho de otro modo, retornar al principio participativo y protagónico del proceso bolivariano. Este debate podría estar dirigido por una comisión que a la cabeza tuviera a Pasqualina Curcio, como sugirió José San Roz.

La segunda recomendación es la total y absoluta auditoría del todo el aparato estatal, amparado en el artículo 51 y 141 de la Constitución, con la intención de evaluar los auténticos recursos del Estado. Es decir, ponerle números a la economía venezolana, auditar la Corporación Venezolana de Petróleo, revisar situación fiscal de las empresas mixtas, transparentar la actual situación de PDVSA. Revisar el cumplimiento del articulo 86 de la CRBV sobre los remanentes de capital y de su disposición en la ley.

La tercera recomendación es la puesta en funcionamiento de una auténtica política fiscal progresiva y sectorial donde los impuestos estén en proporción a la renta. Esto implica aumentar los impuestos a los más acaudalados y a los monopolios, revisar todos los impuestos derogados a la empresa privada desde el año 2018, verificar sus auténticos beneficios en la generación de empleos y producción, y de ser negativo el balance retomarlos. De igual modo, establecer un alto arancel, por los menos de 50%, a las importaciones de artículos de lujo. El objetivo sería crear un fondo especial de emergencia con estos recursos específicos dirigidos a los sueldos.

Por último, generar una auténtica política de protección al consumo del trabajador, exigirles a las empresas que ofrezcan bienes de primera necesidad la obligatoriedad, en conjunto con el cuadro nutricional, de establecer un cuadro de desglose de gastos de producción, donde se especifique porcentajes de costo de los distintos factores de producción, y en base a él se establezca un sueldo. En el sector público, y por medio de los fondos fiscales de emergencia, establecer un sueldo valedero y digno.

Estos son mis humildes aportes al debate que se debe realizar. Todas las anteriores son políticas viables con o sin bloqueo. Creo que la revolución debe estar de cara a los pobres y no a los empresarios, abogo por un política fiscal progresiva y no regresiva, creo firmemente en la posibilidad de una sociedad de derechos y no de privilegios.

Quisiera despedir este escrito saludando al camarada Jesús Faría, felicitándolo por su esfuerzo desde el escenario de la política y despidiéndome como corresponde entre comunistas con una cita de Marx, que seguramente conocerá. Se trata de un fragmento del Capital, específicamente del Capítulo VII del Tomo I, correspondiendo a la Cuota de Plusvalía en el apartado Examen del Valor Producto

«[…] el capitalista afirma sus derechos de comprador. De otra parte, el carácter específico de la mercancía vendida entraña un límite opuesto a su consumo por el comprador, y, al luchar por reducir a una determinada magnitud normal la jornada de trabajo, el obrero reivindica sus derechos de vendedor. Nos encontramos, pues, ante una antinomia, ante dos derechos encontrados, sancionados y acuñados ambos por ley que rige el cambio de mercancías. Entre derechos iguales y contrarios , decide la fuerza.»

Cada uno decide que posición quiere jugar en esta historia. No existe escenario fuera de dicho conflicto, la única opción es la toma de posición.