[VIOLENCIAS INVISIBLES] La re-victimización institucional operando en silencio contra mujeres.

María Alejandra Reyes y Cristina Blonder – Tatuy Tv

Las mujeres en nuestra diversidad cultural, étnica, ideológica, somos objeto de múltiples violencias que obstaculizan y limitan nuestro desenvolvimiento en sociedad y la concreción plena de una vida digna. Por ello nos motiva, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde Tatuy Tv, aupar la reflexión acerca de algunas violencias invisibles, que sin duda, tienen efectos sobre las mujeres y sobre las cuales son urgentes acciones para erradicarlas, tanto desde el Estado venezolano, ente garante de nuestros derechos, como desde la sociedad en su conjunto, en miras a avanzar hacia la construcción de una sociedad de iguales, donde no exista ningún tipo de discriminación, especialmente para la clase pobre.

En esta primera entrega, abordamos la re-victimización institucional, un fenómeno que padecen muchas mujeres que se atreven a dar el paso hacia la denuncia de sus agresores.

Por su indudable experiencia, conversamos con María Hernández Royett, abogada, feminista y acompañante militante de mujeres y sus familiares, cuando han sido víctimas de violencia machista.

Operando silenciosamente

La re-victimización es una situación silenciosa, que puede poner en riesgo la posibilidad de superar las afecciones que vienen de esas circunstancias críticas, por las que transita una persona agredida. Una vez vividos episodios de agresión, estamos expuestas a un sin fin de valoraciones desde nuestro entorno justificadas desde el sentido común, que juzgan o buscan aminorar la magnitud de una agresión, llevándonos incluso a negar su existencia y por tanto naturalizarla y a su vez, revertir intenciones de denuncia.

En el caso de la revictimización institucional, María explica: sucede en el momento en que la víctima es otra vez violentada por la institucionalidad permeada por la cultura patriarcal, a través de la actuación de sus funcionarios y funcionarias, cuando en uso del derecho que le da la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a colocar la denuncia, la víctima se encuentra con que en el órgano receptor de denuncia, el Ministerio Público o tribunal especializado, no orienta, no atiende, no acompaña a la víctima en esa ruta de acceso a la justicia.

En Venezuela contamos con la Ley Orgánica para la Protección a la Mujer a una Vida Libre de Violencia desde el 23 de Abril del 2007. En materia legal es el instrumento que se encarga de atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En su artículo 15, se desarrollan un abanico de violencias, que son definidos como delitos, entre ellos, la violencia institucional: “las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarias, profesionales, personal y agentes del Estado pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin, retardar, obstaculizar, impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta Ley para asegurarles una vida libre de violencia”. A pesar de los esfuerzos que se vienen dando desde el feminismo popular por avanzar en el cumplimiento de la normativa legal, las mujeres venezolanas seguimos siendo doblemente violentadas porque no se cumple con el debido proceso.

Nudos críticos en la atención que se presta en instituciones públicas

En esa ruta de acceso a la justicia, hay diversos obstáculos con los que se encuentran las mujeres, respecto a ello María nos comenta algunos: La primera traba es que no tenemos funcionarios y funcionarias conscientes de la situación de violencia, y con las herramientas teóricas y prácticas desde lo psicológico, desde el trabajo social, hasta desde lo jurídico, para hacer la debida contención y acompañamiento a las mujeres en ese momento de la denuncia.

Realizar una denuncia es un proceso complejo para las víctimas que se atreven a dar ese paso, y dentro del proceso judicial es el primer eslabón que definirá el futuro de un caso. Una buena denuncia trae como consecuencia una garantía en la defensa de los derechos de las mujeres, una garantía a la vida, pero la denuncia se ha convertido en un acto automático de llenar un formulario,y no se ha convertido en un proceso que valore más allá de la violencia actual, la violencia que viene sufriendo la mujer, porque cuando hay violencia es a partir de relaciones desiguales de poder, control y dominio que han sido permanentes en el tiempo, y dentro de la institucionalidad el rol de este funcionario y funcionaria es restarle ese poder, control y dominio (al agresor) sobre la víctima, afirma contundentemente nuestra entrevistada, respecto al espíritu que debe permear la actuación de cualquier funcionarix públicx.

Respecto a ello, agrega que en el caso de Mayell Hernández, la estudiante de UNEARTE contra quien se cometió un feminicidio y se logró que su agresor fuese sentenciado, la víctima se acercó en dos oportunidades ante un órgano receptor de denuncia, pero fue disuadida por lxs funcionarixs que le atendieron para no colocar la denuncia. Si un funcionario actúa de manera negligente en asumir la denuncia como un asunto vital que salva vida de mujeres, en asumir la investigación para esclarecer los hechos… si no lo hace y la agresión termina con la muerte de la mujer, ese funcionarix debe ser penalizado con la privación de libertad. Es por esto, que parte de las propuestas que movilizan desde el feminismo popular es la tipificación del delito de feminicidio¹,actualmente en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el caso de violencia institucional sólo se estipula la sanción con multa entre 50 y 150 unidades tributarias (UT).

Un agresor actúa en reiteradas oportunidades, por tanto una mujer dispuesta a denunciar, acude a organismos públicos en diferentes situaciones. María Royett afirma que justamente las medidas de protección y seguridad están diseñadas para prevenir nuevos actos de violencia, pero lamentablemente cuando regresa la mujer no hay la suficiente capacidad técnica de evaluar los riesgos y otra vez colocarle medidas de protección y seguridad ante los nuevos hechos de violencia. Las medidas que aplican los órganos receptores de denuncias son medidas para “salir del paso” la mandan a cualquier institución de atención en lo psicológico, en lo jurídico, en el trabajo social, y no hay seguimiento.

Una mujer que conoce sus derechos, es una persona empoderada que podría lograr detener a su agresor, ante esto, cobra importancia la existencia del Programa de Defensoras Comunales, afirma Royett, son mujeres del pueblo que acompañan a otras mujeres del pueblo en el camino de la denuncia, ya que también ocurre que cuando se toma la denuncia, no se le da la información a la víctima de que ella puede participar ya sea tomando fotos de las evidencias, entregando evidencia, llevando testigos… cuando no se concretan estos elementos entonces el caso cesa allí. Por eso el llamado a lxs familiares, a lxs compañerxs de trabajo, a no dejar sola nunca a una víctima de violencia porque ese proceso es desgastante y genera un estrés postraumático aparte de lo que ya viene arrastrando psicológica y emocionalmente la víctima.

Corrupción y violencia hacia mujeres

La corrupción juega un rol en obstaculizar el cumplimiento de procedimientos legales, aquí María explica los factores que influyen: En la justicia operan factores externos que, no es solo la corrupción económica, sino el tráfico de influencia y otra serie de poderes que de manera desigual también influyen en que se asuma o no una denuncia… por ejemplo, el poder político que pueda tener un presunto agresor, el poder del prestigio, el poder de la imagen, que detenta un alto cargo en una institución pública y que por lo tanto es intocable, o que pueda hacer llamada a sus iguales a que obstaculicen el proceso de acceso a la justicia de la mujer, entonces, eso genera un desgaste emocional, psicológico, incluso puede generar un estrés postraumático en la víctima, que se siente sola, si no tiene un acompañamiento institucional o desde el feminismo popular, o de las defensorías comunales, en todo este entramado institucional que va obrando, gracias al patriarcado, en contra de sus derechos.

Propuestas para superar la re-victimización institucional

Somos una sociedad construida sobre desigualdades, se nos distingue por clase, por género, por color de piel, por el lugar donde nacimos, por nuestra religión… cualquier transformación debe tocar los hilos que estructuralmente componen el tejido social. Para superar el fenómeno de la re-victimización y cualquier violencia de las que somos objeto.

María, una compañera que conoce de los procedimientos y las practicas institucionales, y que se encuentra sensibilizada desde la perspectiva de la víctima, afirma: El gran reto está en transformar la cultura patriarcal y eso no se logra sin el compromiso de lxs funcionarixs, que tienen que hacer la deconstrucción de la cultura patriarcal en su vida, si el o la funcionaria desconocen los derechos de las mujeres, no pueden trabajar en una institución cuyo fin es el de garantizar esos derechos. El gran reto está en erradicar el patriarcado de nuestras prácticas concretas, de nuestra familia, de nuestros espacios de estudio e instituciones, no creo que la institucionalidad “per se” vaya a cambiar, la institucionalidad cambia cuando el pueblo toma otro nivel de conciencia y asume y genera capacidades sobre los derechos humanos. Continúa, hay que hacer contraloría social de los órganos que están incluidos en esa ruta de acceso a la justicia, el poder popular debe hacer lo propio en las fiscalías superiores de cada estado, en los órganos receptores de denuncia, debe hacer enlaces con los tribunales especializados, para abonar ese camino de transformación y que no queden impunes los casos.

Aunque el panorama pareciera poco alentador, han habido avances respecto a la respuesta institucional. Hemos tenido acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo. El Ministerio Público ha tenido un cambio radical desde que salió la Dr. Ortega Díaz y entro el Dr. Tareck William Saab, han motorizado casos que hemos llevado desde el feminismo popular, no sólo en el caso de Mayell Hernández, también con Sheila Fajardo lideresa comunitaria de Caracas; en los estados Falcón y Lara también hemos tenido casos donde han sido condenados los femicidios agravados y el Ministerio Público ha dado respuestas, ante el cumplimiento de la palabra del Fiscal General, cuando se comprometió en cadena nacional que no iba a permitir que los femicidios quedaran impunes y que todo femicidio debía tener la pena máxima.

De la actualización de nuestras leyes

Han sido muchos años, en los que un movimiento activo de mujeres integrantes de diversas organizaciones, han trabajado en el seguimiento y acción sobre los poderes públicos para ejercer procesos de contraloría para que la ley no sea letra muerta, y para promover su constante actualización, en miras a fortalecer la protección a mujeres víctimas de violencia en nuestro país.

En el proceso de discusión que se lleva en la Asamblea Nacional Constituyente, de un nuevo texto constitucional, hemos propuesto tres causales para la posibilidad de interrupción del embarazo.

Respecto a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se trata de una ley revolucionaria, más que decir que hay falencias en la ley o que hay debilidades, con la propuesta de su reforma se trata de potenciarla y actualizarla. Desde el feminismo popular se encuentran motivadas por garantizar los derechos humanos plenamente de todas las mujeres, por ello sugiere que para su reforma es necesario escuchar las voces de las víctimas y debe hacerse un despliegue nacional. Basadas en la experiencia, proponen algunos agregados a la ley:

– Delitos informáticos y cyber-delitos.

– En el caso de violencia obstétrica, es necesario tipificar también abusos que se están cometiendo en consultorios médicos, incluso en cualquier especialidad, no sólo en el proceso de parto o postparto.

– Violencia política. Hemos visto como lideresas políticas en nuestras comunidades, están siendo víctimas de prácticas paramilitares y/o delincuencia común, que busca amedrentar al chavismo popular de base, causando la muerte de mujeres que lideran procesos de organización.

– Existen también circunstancias agravantes, en el caso de femicidio es necesario agregar, por ejemplo, la contratación de un sicario para cometer el femicidio. Otra, es matar a familiares o hijos e hijas de la mujer víctima de violencia.

– En el caso de femicidios, proponemos también aumentar las medidas de protección y seguridad, por ejemplo, ¿quiénes se quedan con lxs hijxs? estamos proponiendo que se aplique colocación temporal con la familia materna, la experiencia nos dice que esxs hijxs ceden al cuidado de la familia materna, mientras tribunales de protección a niñxs y adolescentes decidan si esxs hijxs se queden allí o no. También pensamos que una de las penas accesorias, debe ser, que al femicida se le quiten los derechos paternales de por vida, porque puede iniciar, tanto del agresor como de sus familiares, un proceso violento a esa familia materna donde estén colocados lxs hijxs, en exigencia de derechos paternales.

– Estamos promoviendo que las tobilleras o pulseras electrónicas, se utilicen para monitorear por GPS, si este agresor está cumpliendo las medidas de alejamiento de la víctima. En caso de incumplirla, pensamos que debe operar de una vez el arresto transitorio, de forma de generar espacios de seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia.

– En caso de violencia sexual cuando existen relaciones desiguales de poder, ese agresor que tiene un cargo público o en empresa privada, debe ser separado del cargo, mientras se realizan las investigaciones.

– Es importante entender que un femicidio, el más grave delito, genera socialmente otros daños, no colaterales, sino directos. Una familia en orfandad es una familia que debe ser protegida por el Estado y las grandes misiones sociales, nosotros como poder popular debemos exigir eso, y debe ser automático, un estado revolucionario, debe proteger a las personas.

– Las violencias invisibilizadas, permean a nuestra sociedad mediada por la naturalización de la injusticia, la exclusión y la discriminación. Es necesario avanzar en distintos frentes, si bien la pena judicial es una herramienta, antes, es urgente revisar nuestra cosmovisión acerca de los roles que legitimamos desde el género. Es urgente cuestionarnos cómo se desarrollan relaciones de poder y dominación en las relaciones humanas ¿Estamos dispuestxs a desmontar nuestros privilegios?    

Referencias

1.- Para ampliar la definición de este concepto, te recomendamos este material audiovisual: https://bit.ly/2uzPvsZ

*Imagen tomada de www.animalpolitico.com