[ENTREVISTA] Adelmo Becerra: ‘Es fundamental defender los derechos laborales frente a reformas regresivas’

Adelmo Becerra es dirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (SINTRAINCES) e integra también el equipo promotor nacional de la Corriente Revolucionaria David Hernández Oduber (CREDAHO). En el pasado trabajó como instructor del INCES y como obrero de la industria metalmecánica en Ciudad Guayana. En esta entrevista, Becerra hace un balance del mundo del trabajo en Venezuela, de las políticas laborales recientes y venideras, y de las luchas en defensa de derechos de la clase trabajadora.

El pasado 30 de abril, el gobierno venezolano aumentó el “ingreso mínimo integral” mientras mantuvo el salario mínimo congelado. ¿Cuál fue tu reacción a los anuncios? ¿Cómo los ubicas en el contexto laboral reciente en Venezuela?

Los anuncios corresponden a una continuidad de las políticas laborales de los últimos años. Pero había una expectativa en el corto plazo de una restitución del salario mínimo nacional, que según el Artículo 91 de la Constitución se tiene que actualizar una vez al año. Naturalmente, por la correlación de fuerzas actual y el contexto de tutelaje de Estados Unidos, sería una restitución parcial y limitada. Pero es importante poner los anuncios en el contexto de varios procesos que se están desarrollando en la esfera laboral.

En Venezuela desde 2021 está instalado el llamado Foro de Diálogo Social, una instancia que coordina la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ahí participan varias centrales sindicales, entre ellas la Central de Trabajadores y Trabajadoras Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI), de la cual hace parte SINTRAINCES, la CTV, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), así como representantes del gobierno nacional. El Foro de Diálogo Social no tiene carácter vinculante, pero hay convenios suscritos por el país, entre ellos el convenio 26 que establece las consultas con las organizaciones sindicales para la fijación del salario mínimo. Sin embargo, todavía no se ha acordado un mecanismo para establecerlo.

En paralelo, el gobierno liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha creado la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales, donde están las centrales CTV, ASI, y CBST, junto a representantes de Fedecámaras y Fedeindustria, y voceros gubernamentales.

Luego está el proceso de lucha que se ha desarrollado en el país en los últimos años. Yo pondría como punto de partida el Programa de Crecimiento, Recuperación y Prosperidad Económica de agosto de 2018, que generó dos instrumentos que han sido negadores de derechos salariales y de derechos colectivos establecidos en las convenciones colectivas, inclusive irrespetando el marco jurídico constitucional y la legislación laboral. Estoy hablando del Memorando 2792, de octubre de 2018, que tiene los grandes lineamientos en todo lo que toca a suspensión de derechos en las convenciones colectivas. Y luego está el Instructivo ONAPRE de 2021 que tiene que ver con su aplicabilidad concreta. Ambos instrumentos siguen vigentes, y su derogación ha sido una exigencia constante en las luchas de los sindicatos.

Entonces, no hubo ninguna restitución del salario mínimo. Pero los anuncios corresponden a acuerdos establecidos en la Mesa de Diálogo Nacional para los Consensos Laborales. Y en el acta suscrita se habla de un “método de consulta salarial” que empezará en mayo. Eso indica que el tema del salario mínimo está lejos de estar definido. De igual modo, en los acuerdos se “exhorta” al sector privado a establecer este mismo piso de ingreso (240 dólares), explicitando que puede ser a través de “bonos de carácter no salarial”, aunque en verdad no haya mecanismos para hacerlo cumplir.

Pero el ajuste del salario mínimo no es un tema aislado. Hemos escuchado voceros tanto del gobierno como del sector privado hablar de una reforma laboral. Justamente en los últimos días se dio una reunión del Foro de Diálogo Social, donde uno de los acuerdos es “coordinar con la Asamblea Nacional la consulta de leyes que impacten el mundo del trabajo.”

Profundicemos un poco la cuestión de bonos vs. salarios. ¿Cuáles son las consecuencias de la política de bonificaciones?

El principal impacto es en el patrimonio de los trabajadores establecido en la figura de las prestaciones sociales. Estas tienen valores acumulativos a lo largo de la relación laboral y su función fundamental es valorar la antigüedad para tomarla en consideración en el momento de pagar las prestaciones.

Pero también hay otro concepto, que es la retroactividad. Esto significa que las prestaciones se pagan en base al último salario. Entonces, al terminar la relación laboral en una empresa privada, las prestaciones que se pagan como compensación se calculan en base al último salario y en función a la duración de la relación laboral. Lo mismo pasa para quien se jubile en la administración pública, o en alguna empresa privada que tenga jubilación, que es muy poco común en Venezuela.

Este tema es muy importante porque ha estado en el centro de las luchas históricas de la clase trabajadora venezolana después de la industrialización petrolera y de la Ley del Trabajo de 1936. Las prestaciones sociales permitieron a las familias venezolanas disponer de un patrimonio, adquirir viviendas u otros bienes, y también sirvió de respaldo en situaciones de desempleo o de crisis económica. Este respaldo hoy no existe porque se eliminó en la práctica el salario mínimo.

Luego hay otros factores importantes, como los aportes a la seguridad social, que es el financiamiento del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS). Este es un sistema solidario universal donde aportan tanto patrono como trabajadores y trabajadoras, y esa es la base económica para las pensiones por vejez y otras iniciativas de apoyo social del IVSS, por ejemplo en materia de salud. Entonces, este sistema también está en crisis porque las contribuciones son en base al salario.

La consecuencia es que para el sector privado, tanto las contribuciones de seguridad social como la indemnización por despido son prácticamente gratis en este momento, y eso afecta la estabilidad laboral.

Hablando en concreto del INCES, que es un instituto del Estado, ¿cómo es la situación laboral actual? ¿El personal trabaja a tiempo completo?

Según los datos que nos han aportado muy recientemente las autoridades hay aproximadamente 11500 personas en nómina, de esos cerca de 6800 trabajadores y trabajadoras activas, los demás jubilados y jubiladas. La gran mayoría cobra simplemente bono de guerra y cestaticket, y a través de nuestra convención colectiva los jubilados cobran también cestaticket.

En los últimos tiempos, nosotros como sindicato, en reuniones con las autoridades del INCES y con el Ministerio de Trabajo, a donde se adscribe el instituto, para flexibilizar la exigencia de que la gente fuera al trabajo todos los días mientras intentábamos asegurar mejores condiciones. Simplemente, si el ingreso no les alcanza, que tengan la posibilidad de tener un segundo o tercer trabajo. Con los aumentos recientes de los bonos las autoridades están presionando más para que los trabajadores regresen a tiempo completo, pero es complicado.

Seguimos en esa disputa por mejorar las condiciones, aunque no hemos podido siquiera avanzar en una acta convenio para mejorar las cláusulas socioeconómicas de la convención colectiva vigente. Pero esa es la prioridad.

Pasando ahora al sector privado, la CREDAHO está impulsando el Observatorio por la Dignidad del Trabajo que ha investigado las condiciones laborales actuales en Venezuela. En rasgos generales, ¿por qué el enfoque en el sector privado? ¿Y cuál es la realidad de ese mundo?

Primero, en el sector privado la tasa de sindicalización históricamente siempre ha sido muy baja en nuestro país. En el mejor momento, en los años 70, habrá alcanzado el 30%, y actualmente estará por debajo del 15%, y eso siendo optimista. Hay que tomar en cuenta la migración masiva de los últimos años. Es una tasa de sindicalización muy baja, y en sectores como el comercio o servicios prácticamente no hay sindicatos.

Entonces, el nivel de vulnerabilidad laboral es mucho mayor, especialmente con la política del gobierno de inhibir o de contener la actuación de las inspectorías del trabajo en base a acuerdos tácitos con el sector privado con argumentos como “promover el empleo”.

Un aspecto que surgió de manera recurrente fue la falta de protección para la maternidad, de hecho uno de los avances de la Ley del Trabajo de 2012. Ahorita, en las empresas que investigamos, como Traki o El Castillo (centro textil) ninguna mujer quiere salir embarazada porque eso representaría la pérdida inmediata del empleo. No solo eso, sino la imposibilidad de tener una carta, una recomendación para otro trabajo.

Es importante señalar que toda esta línea que condicionó o marginalizó las convenciones colectivas no se implementó solamente en la administración pública. El sector privado también la aplicó. Con el discurso de la “protección de la fuente de empleo”, que las empresas iban a quebrar, muchos dueños mandaron a los trabajadores y trabajadoras para sus casas con salario mínimo, activando algunos a discreción.

Con un contexto de crisis y precariedad ya de varios años, bajo las sanciones económicas de Estados Unidos, ¿se nota el impacto en la conciencia de los trabajadores y trabajadoras?

Efectivamente, hay un desconocimiento muy agudo de los derechos laborales. La nueva generación de trabajadores y trabajadoras está entrando en el mundo del trabajo prácticamente sin conocimiento de los derechos establecidos en el marco jurídico, en parte porque nunca accedieron a ellos.

Entonces, temas como el contrato de trabajo, los recibos de pago o la misma jornada laboral son un problema. Es muy frecuente tener jornadas laborales de 10, 12, hasta 14 horas, o que no se respeten los dos días libres a la semana. En Traki se suele respetar aunque los dos días no son necesariamente seguidos. En El Castillo el promedio es día y medio. En el caso de El Castillo está la práctica de que las trabajadoras firman el contrato y la carta de renuncia al mismo tiempo, lo que es obviamente ilegal.

Otra característica es la alta rotación. Los contratos a tiempo determinado se han vuelto la norma. Aunque luego de varios contratos la ley da derecho a la continuidad, esto es prácticamente inexistente. La gran mayoría de las personas rota muchísimo entre trabajos. Esto por supuesto que lo posibilita el hecho de que las prestaciones son simbólicas y es sumamente barato terminar una relación laboral, lo que a su vez mantiene a la gente mucho más precarizada.

Pero hay un elemento importante a considerar que es el cambio de subjetividad, y esto naturalmente no es un fenómeno exclusivamente venezolano. Hace días veía una entrevista a un investigador estadounidense que decía que para un joven norteamericano un trabajo en Starbucks le parece una buena oportunidad, mejor que el promedio. Acá, en algunos testimonios que recogimos, los jóvenes se mostraban contentos por trabajar en Traki. Ganan 250 dólares al mes, las jornadas son de 9 o 10 horas mientras en otros lugares es peor, tienen dos días libres a la semana, y quisieran seguir allí. Entonces, la noción de trabajo con derechos también se ha erosionado. Temas como el pago de horas extra, ni hablar de seguridad social, se vuelven ajenos por la precariedad del presente. La relación laboral, que tiene derechos y mecanismos que los protegen, se empieza a ver simplemente como una relación mercantil.

Están en marcha discusiones para una reforma laboral. Voceros del gobierno hablan de “actualizar” la ley teniendo en cuenta el impacto de las sanciones, mientras representantes del sector privado también van anunciando sus exigencias. ¿Cuál es tu lectura de lo que está en juego?

Creo que hay varios aspectos a tener en cuenta. Desde luego, hay una campaña agresiva que vienen desarrollando los medios de comunicación, junto a economistas e influencers, tratando de generar la matriz de que cualquier aumento de salario generará inflación, entonces la única forma de aumentar el salario es reducir las responsabilidades de los empleadores y eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales.

La legislación laboral de 2012 retomó el cálculo de las prestaciones en base al último salario. Esto había sido modificado, con mucha polémica, durante el gobierno de Caldera en los 90, aunque tampoco se había eliminado la retroactividad por completo como se está proponiendo en este momento. Hay una propuesta de dejar que el trabajador elija entre cobrar las prestaciones al momento o acumularlas, que es deturpar por completo el concepto y aprovecharse de las dificultades económicas presentes. Si el salario es insuficiente, obviamente que los trabajadores y trabajadoras prefieren cobrar todo lo que puedan en el momento. Incluso si se “salarizara” el ingreso mínimo actual de 240 dólares, esto representaría menos del 50% de la canasta alimentaria.

Pero me parece fundamental rechazar la matriz de opinión que promueven actores como Fedecámaras, rechazar la premisa de que hay que abdicar de derechos y conquistas históricas porque no hay condiciones para sostenerlos. Desde luego porque no hay transparencia informativa. No hay información confiable siquiera de cuál es la población económicamente activa. El último censo fue en 2011, y luego de las olas migratorias de la última década no sabemos cuál es el panorama actual.

Según datos del INE de 2021, en números redondos había cerca de 4 millones de trabajadores del sector privado formal, poco más de 3 millones en el sector público y alrededor de 5 millones de pensionados. Entonces, con esos datos, y con información transparente sobre ingresos, se puede cuantificar si hay o no hay recursos. Porque el PIB fue duramente golpeado bajo la crisis y el bloqueo pero ha crecido. Según el Banco Central lleva 20 trimestres consecutivos, pero el último ajuste del salario mínimo, a 30 dólares mensuales, fue en marzo de 2022.

Otro dato que no sabemos es la distribución de los excedentes entre la fuerza de trabajo, el capital privado, y el Estado. Según investigaciones del ex-ministro Víctor Álvarez, la participación del factor trabajo llegó a ser del 40% por el 2010. Actualmente, según estimaciones de Carlos Durich, esa cifra debe estar alrededor del 20%, que es lo que se suele verificar en países africanos con mucha pobreza y desigualdad.

Entonces hay que tener todos esos datos si queremos hablar de lo que es posible o no, y cómo se va a distribuir la riqueza que se produce. Principalmente en este contexto donde, de manera escandalosa, Estados Unidos controla las ventas de petróleo de Venezuela. Ahora el Banco Central se va a sujetar a auditorías externas pero la gente sigue sin información. Entonces ahí hay una segunda capa de opacidad. 

En resumen, las condiciones actuales, tanto la correlación de fuerzas como el tutelaje de una potencia extranjera sobre la economía nacional, no permiten una restitución del salario mínimo como establecido en el Artículo 91 de la Constitución, o sea que cubra la canasta básica. Sin embargo, tanto economistas como centrales sindicales han planteado que hay condiciones para una restitución parcial del salario mínimo.

En este contexto complejo, tanto a nivel interno como externo, ¿cuál es la ruta para la lucha obrera en el país?

Para mí hay un factor fundamental, que se ha demostrado en los últimos años, que es la presión social. Los trabajadores y trabajadoras son la única fuerza que ha ejercido presión sobre el gobierno, y de alguna manera también sobre el sector privado, de 2022 para acá fundamentalmente. En 2023 el gobierno aplacó las movilizaciones introduciendo el bono contra la guerra económica. El salario mínimo había devaluado a 5$ a principios de año, y 15 días después el gobierno fijó el bono en 25$, y luego en mayo en 70$. Así sea a través de la bonificación, es una disputa con la burguesía de los ingresos del país.

El aumento del 1 de mayo, así sea nuevamente en forma de bonos, también es una respuesta a la presión de calle. Vamos a ver ahora con las consultas salariales y planes de reforma laboral qué sucede. El reto es sostener las acciones, las protestas, en el tiempo. Pero esa sostenibilidad tiene mucho que ver con la unidad.

¿Y cuáles son los retos para construir la unidad en torno a la agenda laboral? Hace unas semanas vimos algo absurdo que fue una movilización de ciertos factores sindicales hacia la embajada de Estados Unidos…

Precisamente. El 1 de mayo hubo una movilización unitaria que habrá reunido a 3-4 mil personas en Caracas, junto a otras marchas más pequeñas en otros puntos del país. Ahí estuvieron presentes diferentes centrales sindicales, desde las más de izquierda como la CUTV a las social-demócratas o demócrata-cristianas como la CTV o ASI.

El 12 de marzo también se logró una movilización unitaria, pero luego de eso se han dividido las fuerzas. Y eso debilita porque reduce la incidencia, los patronos se frotan las manos.

Esta división tiene en parte que ver con temas de liderazgo y protagonismo, y con el hecho de que no todas las centrales entienden que hay que jugar en dos tableros en este momento: por un lado las mesas de negociación, y por otro presionando en la calle.

Pero la división también se debe a un factor en particular que es un grupo que se llama Coalición Sindical y que su bandera principal no es tanto laboral o salarial, sino política. Es el instrumento en el mundo de los trabajadores de la corriente política de María Corina Machado, que intenta obviamente capitalizar en favor de esos intereses. Este grupo no tiene interese en acciones comunes para conquistar mejores condiciones, así sean parciales, para la clase obrera, sino que su prioridad es mantener la conflictividad.

Por eso vemos acciones como ir a manifestarse frente a la embajada de Estados Unidos, pidiendo que Trump intervenga. Pero en este momento la prioridad para Estados Unidos es la estabilidad, para avanzar en sus intereses energéticos y mineros. La presión social la asumen como algo que tiene que resolver el gobierno venezolano.

En resumen, es fundamental en este momento tener una fuerza unitaria con una agenda específica: luchar por la restitución del salario, por la reapertura de las discusiones de las convenciones colectivas, por la liberación de sindicalistas presos injustamente, y por defender los derechos laborales frente a intentos de reformas regresivas.

Publicado originalmente en Venezuelanalysis.