[EDITORIAL] Amnistía, Justicia y Paz

No hace falta que nadie nos cuente la historia de los últimos años porque la llevamos marcada en el cuerpo, entre la ausencia de quienes se fueron y la fatiga de quienes nos quedamos sosteniendo el país.

Llegamos a este 2026 atravesando un laberinto de asedio imperial criminal, pero también de errores propios, de una gestión que muchas veces se olvidó de mirar a los ojos a su base y de una polarización que agotó nuestras energías vitales.

En el torbellino de reformas legislativas, la Asamblea Nacional venezolana aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La ley vino acompañada de un cambio de discurso; un tono de concordia que, aunque necesario para respirar, nos genera dudas legítimas. ¿Es este el camino a la paz o es simplemente un reacomodo de fichas?

Nos preocupa que la ley tenga una estructura etérea, llena de vacíos y con un carácter de discrecionalidad que deja mucho en el aire. ¿A quién beneficia que las reglas no sean claras? Cuando la ley es ambigua, el hilo suele romperse por lo más delgado: por el pueblo que no tiene abogados de lujo, conexiones en las cúpulas o una potencia imperialista defendiendo sus intereses.

No podemos evitar preguntarnos con honestidad: ¿Se está reconociendo acaso la narrativa de la «dictadura» para complacer al adversario en un contexto de debilidad, o estamos frente a un reconocimiento real de los errores mutuos?

La empatía política exige decir la verdad: la democracia no es solo votar, es también no tener miedo a disentir dentro de nuestras propias filas. Solo que esa verdad no puede ser una moneda de cambio mientras Washington tiene el pie en nuestro cuello.

El espejo de la memoria: Chávez 2007 vs. chantaje externo

Es inevitable, y hasta necesario, recordar aquel diciembre de 2007. Hugo Chávez, con el corazón puesto en la unión de las y los patriotas, dictó una amnistía que nació de la fortaleza de un proyecto país que se sabía victorioso y soberano.

Esta amnistía de 2007 benefició a quienes participaron en el golpe de Estado de 2002, el sabotaje petrolero de 2003 y las protestas violentas de 2004. 

La medida incluyó a militares rebeldes, empresarios y políticos de oposición, siempre que no hubieran cometido crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos.

Aquello no fue un pacto de debilidad, sino un gesto de altura para avanzar. Chávez no negociaba bajo la sombra de un chantaje; dictaba la pauta desde la Constitución y la dignidad.

Hoy, el contexto es muy distinto. Sentimos la sombra de la presión política de la administración Trump sobre cada artículo de la ley. Hay una diferencia ética fundamental entre amnistiar para sanar y amnistiar para calmar al sancionador.

No podemos permitir que nuestro sistema legal y judicial deje de ser soberano y sea tutelado. Venezuela tiene el derecho, y el deber, de regirse por los principios internacionales de Derechos Humanos, sí, pero bajo nuestro propio cielo y nuestras propias necesidades.

La paz no se puede imponer aplicando una fórmula universal a actores de distinta índole. No es lo mismo el dirigente que llamó a quemar personas vivas o a pedir invasiones que el luchador social que reclamó por la desesperación en una situación específica, o el funcionario que cometió un error administrativo.

La empatía también es justicia: justicia para las víctimas que aún esperan reparación. Si la amnistía es solo para que los políticos se sientan seguros en sus sillas, o para que Estados Unidos cuente con sus operadores, mientras el pueblo sigue bajo el asedio de la incertidumbre. Entonces no estaremos hablando de paz, sino de un simple trámite de sobrevivencia para unos pocos, una tregua entre facciones.

¿Paz o pacificación? El antecedente de Colombia y la justicia que nos debemos

Cuando escuchamos hablar de paz en las noticias, a veces sentimos que nos hablan de una paz que solo busca que dejemos de estorbar. No obstante, en la lucha de los pueblos hermanos, como el de Colombia, hemos aprendido que hay una diferencia vital entre la paz y la pacificación.

Pacificar es lo que hace el guardia de una cárcel o el que quiere que el barrio se calme para que los negocios sigan su curso. Como nos dice la experiencia de la Comisión de la Verdad en Colombia, una paz de verdad no es solo que se silencien los fusiles o se cierren los expedientes; es que se abran los corazones a la verdad.

Los procesos de paz que perduran son los que se rigen por la justicia restaurativa: esa que no busca simplemente castigar al victimario para saciar una sed de revancha, sino que pone en el centro a la víctima. ¿Dónde están nuestras víctimas en estos artículos?

La reparación y el reconocimiento son el único antídoto contra el odio. Si no hay verdad, si no sabemos «cómo llegamos aquí» y quiénes apretaron los gatillos, ya fueran de fuego o económicos, lo que estamos firmando es una tregua, no una paz.

No podemos negociar bajo las mismas condiciones con quienes pedían invasiones que con quienes, en medio de la confusión, cometieron errores. Y menos aún ignorar a los que fueron perseguidos injustamente. La justicia debe ser capaz de distinguir, de abrazar al que se equivocó, pero de exigirle cuentas al que traicionó la Patria por fetiches de poder. Y sobre todo de reivindicar al que sufrió atropellos.

El nudo de la vida: no hay paz con el estómago vacío

Seamos claras y claros: no se puede hablar de mejoras en la democracia si no se mejoran las condiciones materiales de nuestra gente, si el bienestar del pueblo no vuelve a ser la absoluta prioridad. 

La paz no es un concepto abstracto que se decreta en Gaceta Oficial; la paz es que el salario alcance para la ropa y para la comida, es que el agua llegue por la tubería y que la luz no sea un milagro diario. La paz implica que los niños y niñas tengan una educación de calidad, que los adultos y adultas mayores puedan vivir con dignidad.

Desde Tatuy pensamos que la Patria no es una bandera izada en un despacho; la Patria es un proyecto país donde la soberanía empieza en el plato de cada venezolano y venezolana y termina en el futuro de las próximas generaciones.

Hoy vemos una reconfiguración del Estado que nos pone a prueba. Por un lado, con la “pistola” de EE.UU. en la cabeza, el Gobierno promueve reformas a sectores clave como el petróleo para satisfacer al gran capital. Por el otro, avanza en proyectos como la Ley de Amnistía para bajar la tensión en el plano interno. 

El Chavismo, como fuerza política e histórica, tiene que buscar cómo reagruparse para eventualmente revertir todos estos retrocesos. Y en particular debe preguntarse si esta amnistía ayuda a fortalecer el Poder Popular o si nos está regresando a un Estado liberal burgués donde todo se decide entre cuatro paredes.

¿Es necesario que hablemos de la separación del Chavismo y el Gobierno? El proyecto bolivariano siempre ha sido mucho más que una gestión de turno, incluso con Chávez. Si para lograr la estabilidad hay que ceder espacios institucionales, que se cedan, pero que no se entregue la memoria de nuestras luchas ni la posibilidad de seguir transformando la sociedad.

La amnistía debe servir para que el Chavismo de base, ese que ha aguantado el chaparrón en medio del asedio imperial, recupere su voz crítica. Porque una paz que nos pida silencio a cambio de estabilidad, no es la paz por la que Chávez nos llamó a soñar; esa es la pacificación del capital que solo busca orden para que la explotación siga o acelere su ritmo.

Horizonte de derechos y el futuro de la fuerza popular

Al llegar al cierre de este editorial, debemos poner los pies sobre la tierra. La ley aprobada tiene un alcance temporal limitado; protege lo que ocurrió atrás, pero no es una garantía hacia el futuro.

Por eso, más que un punto final, surge la pregunta: ¿Sirve esta amnistía como abono para que los conflictos que nos trajeron aquí no se repitan, o es solo un alivio momentáneo para las élites?

La paz de verdad no se garantiza con un decreto con fecha de vencimiento, sino con la protección de quienes sostienen la política en el territorio. Nos preocupa profundamente que, mientras se abren puertas para figuras de alto nivel, la ley deje en la sombra a quienes lucharon por los derechos sociales.

Hay trabajadores, activistas sociales y campesinos presos por defender la tierra, la fábrica o el contrato colectivo que no están contemplados en la amnistía. Algunos voceros han mostrado disponibilidad para revisar casos más allá de los catalogados en la ley, pero nuevamente se convierte un acto de justicia en un ejercicio discrecional. Una amnistía que ignora al luchador popular y abraza al negociador político es una amnistía incompleta y profundamente desigual.

La Patria como proyecto país exige que la amnistía sea el cimiento de un nuevo acuerdo social donde la soberanía y la disidencia popular no se negocien. Si esta ley es el precio para que cese el asedio, vigilemos que no sea también el inicio de un silencio forzado o de un nuevo pacto de élites.

La mística de este tiempo nos exige estar más despiertos que nunca. La fuerza popular es la única que puede evitar que esta amnistía sea una pacificación pasiva, que aunada a otras concesiones al imperialismo, abra camino a una nueva etapa de subordinación y expolio.  La justicia no puede dejar por fuera a la clase trabajadora. Será de sus brazos y sus poderes creadores que saldrá la lucha por volver a avanzar, a reconstruir soberanía y dignidad.