[ENTRELUCHAS] ¡Navidad sin trabajadorxs presxs!

Más de 400 personas, en su gran mayoría militantes e intelectuales del campo chavista, firmaron una carta dirigida al presidente Nicolás Maduro pidiendo que otorgue la libertad plena e inmediata a 19 trabajadores y trabajadoras actualmente judicializados. Esta iniciativa forma parte de la campaña #NavidadSinTrabajadoresPresos que ha organizado diferentes acciones de calle y en las redes sociales.

“[…] a los fines de corregir esta enorme injusticia que el Estado venezolano está cometiendo al mantener privados de su libertad a trabajadores inocentes […] le pedimos que, en su condición de Jefe de Estado, repare el daño ocasionado a nuestra gente y posibilite una Navidad sin Trabajadores y Trabajadoras Presos/as”, se puede leer en la carta.

Ana Barrios quién es integrante del colectivo Surgentes, una de las organizaciones del Comité de Familiares y Amigxs de lxs Trabajadorxs Presxs, explicó a Tatuy Tv que el presidente está constitucionalmente facultado para decretar estas medidas. La activista de derechos humanos mencionó el indulto concedido a 110 políticos opositores en agosto del año pasado como un precedente reciente.

“Tal y como lo establece el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal, el indulto en Venezuela opera en cualquier estado o grado del proceso. Se trata de un instrumento idóneo para corregir una administración de justicia que está siendo a todas luces injusta,” señaló.

¿Presos por luchar?

En los 19 casos que representa el Comité los contextos varían. Algunos casos son recientes, otros tienen ya años; algunas de las personas en causa están presas en centros de reclusión, otras tienen casa por cárcel y otras, medidas sustitutivas bajo régimen de presentación.

Sin embargo, también hay elementos comunes o transversales. Como detalló Ana Barrios, en todos los casos los trabajadores y trabajadoras resultan enjuiciados por “ejercer su legítimo derecho a exigir reivindicaciones y denunciar casos de corrupción al interior de sus empresas.”

Otra característica transversal es la gravedad de los cargos imputados, como terrorismo o incitación al odio, que además de tener altas penas no admiten medidas sustitutivas. Según la integrante de Surgentes, “pareciera que el fin es aleccionar a otros trabajadores a qué no emprendan procesos organizativos y de lucha.”

Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos son el ejemplo más “mediático” en la campaña del Comité. Reconocidos por sus pares por su compromiso revolucionario, los dos jóvenes gerentes de PDVSA fueron detenidos a principios de 2020 con acusaciones que iban hasta traición a la patria. Una campaña incesante de familiares, camaradas y movimientos chavistas no dejó que el caso cayera en el olvido.

La presión logró que se sobreseyeran la mayoría de los cargos, pero aún así Aryenis y Alfredo recibieron condenas de 5 años, aunque sea conocido públicamente que se opusieron a esquemas de corrupción en la estatal petrolera.

Otro caso que destacó Ana Barrios es el de Eudis Girot. Trabajador petrolero, condecorado por Chávez como uno de los héroes que ayudaron a vencer el sabotaje petrolero en 2002/2003, quién lleva ya más de un año preso.

Está acusado de revelación de información e instigación, y la activista de derechos humanos subrayó que el caso se sostiene en pronunciamientos en las redes sociales. “Los tuits en los que denuncia la pérdida de reivindicaciones y el deterioro de la industria petrolera son leídos como hechos desestabilizadores,” dijo.

Un ‘sistema de injusticia’

Tatuy Tv habló también con Carolina González, madre de Guillermo González, otro caso representado por el Comité. Joven controlador aéreo, Guillermo fue detenido en mayo del 2020, y su madre no tiene dudas. “Nos enfrentamos a un ‘sistema de injusticia’”, afirmó.

Guillermo, de 24 años, está acusado de terrorismo, asociación para delinquir y revelación de información confidencial. Sus familiares sostienen que su “crimen” fue no colaborar con un esquema ilícito que permitiera que aviones llegaran y partieran de Maiquetía sin registro, y reportarlo de manera inmediata a sus superiores.

El caso de Guillermo es sintomático de algunos de los males comunes actuales de la justicia venezolana, que se agudizan en estos casos de trabajadoras y trabajadores presos. Su audiencia preliminar fue diferida en no menos de 10 ocasiones. Por fin tuvo lugar, 14 meses después de su detención por la DGCIM, cuando la ley establece un lapso máximo de 45 días.

“Además de los retrasos, tuvimos muchas dificultades para juramentar su abogado y tener acceso al expediente”, lamentó Carolina González.

El expediente, según explicó, está basado apenas en pronunciamientos en las redes sociales. “No hay nada imputable, las audiencias son verdaderas pérdidas de tiempo.”

La madre del joven controlador aéreo reveló que la jueza de control que conoció el caso admitió, extraoficialmente, que no hay elementos en el expediente que justificaran o sostuvieran las acusaciones. No obstante, había “órdenes” para llevarlo a juicio. Ana Barrios expresó que estas admisiones por parte de los jueces, frente a la inexistencia de pruebas, han sucedido en varios procesos.

Sobre la carta al presidente, Carolina González recalcó que es una oportunidad de “corregir las injusticias” una vez agotados otros caminos e instancias, incluyendo reiteradas reuniones con diferentes cuerpos políticos y judiciales.

“Me gustaría que las autoridades se detuvieran a ver los expedientes, pues verán que estas personas son inocentes” concluyó. “Y que se haga justicia real y transparente, para traer a nuestros familiares y que así pasemos una Navidad sin trabajadores presos.”

El Comité de Familiares y Amigos por los Trabajadores Presos convocó a una movilización el jueves, 9 de diciembre, en la Plaza Lina Ron en Caracas, con el fin de entregar la carta en el Palacio de Miraflores.