[REPORTAJE] La lucha contra la «masacre laboral» en el Grupo Polar

El Grupo Polar es el principal conglomerado empresarial en Venezuela. Su actividad productiva abarca los sectores alimenticios, cervecería, refrescos y productos de consumos masivos, como la harina de maíz precocida PAN o la cerveza Polar, Pepsi-Cola, entre otros. A lo largo de décadas, la corporación ha conquistado posiciones monopólicas en la economía venezolana.

La condición dominante en el mercado, especialmente a nivel de distribución, ha convertido al Grupo Polar en el adversario burgués más visible del Proceso Bolivariano. Pero sus acciones han ido más allá del contrabando de productos regulados o la especulación con divisas preferenciales.

Los trabajadores y trabajadoras de Polar durante 6 años han llevado a cabo una dura lucha judicial para que se le reconozcan sus derechos laborales, pero Polar y su CEO Lorenzo Mendoza se encuentran en desacato. Omar Quijada, trabajador de Anzoátegui e integrante del sindicato del Grupo Polar, relató esta lucha a Tatuy Tv.

Represalia contra la clase obrera

La disputa entre el personal obrero y la gerencia de la corporación empezó a finales del año 2015. Trabajadores del Sindicato Único Regional de Trabajadores Centro Polar (Sintraterricentro), luego de varios meses en huelga exigiendo un contrato colectivo ganaron un laudo arbitral que establecía una serie de beneficios y derechos laborales.

“De inmediato, la reacción de Mendoza fue suspender a todos los trabajadores por un mes alegando una supuesta falta de materia prima,” explicó Quijada.

Semanas después, luego de mucha presión de los sindicatos. El Ministerio del Trabajo aprobó extender el laudo a todos los trabajadores y trabajadoras de Polar. Este documento, publicado en gaceta en diciembre de 2015, respondía a algunas de las demandas históricas de la clase obrera en la corporación, desde aumentos salariales hasta seguros médicos, bonos vacacionales entre otros beneficios.

Quijada cuenta que la gerencia buscó que las y los trabajadores renunciaran al laudo para aceptar un contrato colectivo que proponía la misma empresa. Sin embargo, con excepción de las plantas de Maracaibo y San Joaquín (Carabobo), el personal obrero se mantuvo firme. Y la respuesta del dueño fue, en las palabras del líder sindical, “una masacre laboral.”

“A principios de 2016, Mendoza decidió cerrar dos plantas de malta y cerveza, en Caracas y Barcelona, y todos los territorios comerciales que dependían de ellas,” dijo Quijada a Tatuy Tv. “Quedaron más de 12 mil personas sin trabajo a lo largo y ancho del país. Fue una masacre laboral.”

Un cierre ‘político’

Omar Quijada, trabajador de la planta de cervecería de Barcelona y también director regional de la vice presidencia de la clase trabajadora del PSUV, sostiene que las acciones del propietario de la corporación se enmarcaban en el contexto político del momento.

“Mendoza recibió el apoyo de la ultra derecha que acaba de asumir la mayoría en la Asamblea Nacional. Diputado como Miguel Pizarro públicamente manifestó qué había que eliminar el laudo arbitral,” señaló. Recordó también que aceleraban los planes contra el gobierno de Nicolás Maduro y que las acciones de Polar, en acaparar y contrabandear productos, no fueron inocentes.

Formalmente, el Grupo Polar argumentó que el cierre de las plantas y demás unidades, así como la suspensión de todos los trabajadores y trabajadoras, se debía a la falta de materia prima. Sin embargo, se trata de una “falsedad” según Quijada. 

El dirigente sindical subrayó que el Ministerio del Trabajo nunca hizo una inspectoría para verificar la supuesta falta de materia prima, como exige la ley, y como tal la suspensión laboral masiva no era legal. 

“Por otro lado, no tiene sentido que estas dos plantas cerraran por falta de insumos y las otras dos siguieran funcionando,” añadió. Las otras dos son precisamente Maracaibo y San Joaquín, donde los trabajadores cedieron a la presión de la gerencia.

Victorias legales y desacatos

Frente a la suspensión laboral, los trabajadores y trabajadoras en diferentes partes del país recurrieron a inspectorías del trabajo. Estas, sin excepción, otorgaron órdenes de reenganche por la violación de la ley.

No obstante, las diferentes gerencias se negaron a cumplir y el proceso pasó a los tribunales. Nuevamente la decisión, ahora de los tribunales laborales de primera instancia, le dio razón al grupo de trabajadores y trabajadoras nuevamente.

Según Quijada, la empresa lanzó en simultáneo una ofensiva de “coacción y amenazas” para lograr renuncias a cambio de una pequeña compensación. Algunos, en duras dificultades económicas accedieron. Los y las demás siguieron en la batalla, que bajo recurso de Polar llegó al Tribunal Supremo (TSJ) en agosto de 2017. A semejanza de las otras instancias, el TSJ ordenó el reenganche inmediato de los miles de trabajadores y trabajadoras, así como el pago de beneficios perdidos.

“Mendoza no ha acatado ninguna sentencia o amparo constitucional”, lamentó Quijada. “Por tener mucho dinero se cree un Estado dentro del Estado.”

Sin embargo, esta no es la única irregularidad laboral cometida por el conglomerado. Diferentes representantes de organizaciones sindicales han señalado que la administración se niega a otorgar jubilaciones por enfermedades ocupacionales, algo que está previsto en el mismo reglamento de Polar.

Otra polémica ha surgido alrededor de un supuesto fideicomiso en moneda extranjera destinado al personal de la empresa. Omar Quijada destaca que el fondo fue creado con dólares preferenciales recibidos del Estado para importaciones, y que no solo han sido pocos los beneficiados sino que los montos han sido arbitrarios.

Confianza y esperanza

A pesar de los años que han pasado, Quijada y sus compañeros y compañeras de trabajo siguen firmes en la lucha.

“Hemos sufrido una masacre laboral, han violado nuestros derechos humanos, se han apropiado indebidamente de nuestros sueldos y beneficios”, resumió el dirigente obrero, llamando la atención para la situación desesperante de varios que tienen enfermedades graves o familiares con problemas de salud.

Los diferentes sindicatos en cuestión han realizado acciones de calle y buscado aliados políticos en la batalla contra una corporación que mantiene su posición monopolística en la economía venezolana. En el caso de Anzoátegui, el sindicato ha introducido demandas a favor de quienes renunciaron bajo coacción para que también puedan reclamar sus pasivos laborales.

“Hemos acudido a todas las instituciones gubernamentales, administrativas, jurídicas para defender nuestros derechos”, añadió el líder sindical. En el mes de julio una comisión de los trabajadores y trabajadores se reunió con el nuevo Ministro del Trabajo, Francisco Torrealba y fue recibida en la Asamblea Nacional.

“Estamos seguros y esperanzados en el sistema de justicia venezolano. Confiamos plenamente que se hará justicia”, concluyó Omar Quijada.

*TatuyTv: Gabriela Herrera y Ricardo Vaz.

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