[OPINIÓN] 20 años de lucha campesina en Venezuela: de la Ley de Tierras al reencuentro con Fedenaga

Tras conquistar una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional, el gobierno ha avanzado con una agenda legislativa que tiene como uno de sus elementos principales una Comisión Especial de Diálogo con diferentes sectores. Entre estos, se destacan los gremios de la burguesía históricamente antagónicos a la Revolución, que han llegado a presentar públicamente sus propuestas legislativas.

En este artículo, analizamos las propuestas de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) en el contexto de la lucha por la tierra en los últimos 20 años.

La Ley de Tierras y la lucha contra el latifundio

Después de alcanzar la victoria electoral en 1998, el presidente Chávez se enfrentaba a un reto de gobernabilidad: debía gobernar con el parlamento y el senado en contra, con la vieja élite política frenando todas las iniciativas de cambio que afectasen sus intereses. No por nada, una de sus principales promesas de campaña había sido la convocatoria de una Asamblea Constituyente para refundar la República. Chávez conquistó la constituyente con amplísima mayoría, al igual que las mega elecciones posteriores que le permitirían tener mayoría parlamentaria.

Aprobada la nueva constitución, y superado el reto de gobernabilidad, llegaba el turno de implementar algunas reformas económicas que, revirtiendo las políticas neoliberales de los años 90, le garantizaran al Estado los recursos suficientes para llevar a cabo el famoso “pago de la deuda social”. Esto tomó forma a través de la promulgación por vía habilitante de un paquete de 49 leyes, entre las que destacan la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Tierras.

Según el profesor Steve Ellner,

Bajo la Ley de Tierras, la tierra ociosa estaba sujeta a expropiación (Art. 42), mientras que se les daba a los dueños de las tierras subutilizadas dos años para cultivar cosechas en concordancia con un plan nacional y fueron obligados a pagar un impuesto especial”. (Ellner, 2014:150).

En sí mismas, estas leyes no tenían un carácter socialista, sino que se trataban de reformas en el marco del propio capitalismo. Específicamente, la Ley de Tierras buscaba combatir el latifundio y poner la tierra en manos de los campesinos que la trabajan, una tarea que algunos países capitalistas más desarrollados habían llevado a cabo durante las revoluciones campesinas y democráticas.  

En su trabajo Tenencia y redistribución en la última reforma agraria de Venezuela, el medio digital PH9 señaló que,

De acuerdo al último Censo Agrícola del siglo XX, realizado por el segundo gobierno de Rafael Caldera en el año 1998, más del 60% de los campesinos poseían menos del 3% de la tierra agrícola, mientras que menos del 2% de propietarios poseían casi el 60% de las tierras de superficie agrícola ocupada.

Estas cifras, que evidencian una profunda desigualdad, explican además la saña con la que los terratenientes recibieron la Ley de Tierras. Pocos meses después, con el golpe de Estado de 2002, la burguesía demostraría que no estaba dispuesta a ceder pacíficamente sus privilegios.

Conforme a esta misma investigación, la Ley de Tierras no sólo permitió combatir el latifundio, sino que además dignificó a miles de campesinos que llevaban años luchando y que no contaban con seguridad jurídica para acceder a créditos.

De acuerdo al INTI, entre el 2001 y el 2019, la reforma agraria rescató un total de 4.056.415 hectáreas de las 6.762.399 hectáreas de latifundio existentes para 1998. Lo que representa que se rescató un total del 60% de las tierras consideradas como latifundio.

Así, se desató una verdadera revolución en el campo, donde las familias campesinas comenzaron a organizarse en consejos campesinos, comités de tierras, consejos comunales y comunas para acceder a tierra.

Retrocesos y nuevas luchas

Con una crisis económica cada vez más agudizada por las sanciones norteamericanas, la política del gobierno ha avanzado hacia una liberalización y apertura económica hacia el capital privado.

Esta opción, tan discursiva como política, ha tenido su reflejo en el campo en lo que los movimientos campesinos clasifican como una “ofensiva restauradora terrateniente”. Así, se observan agresiones crecientes contra el pueblo campesino: amenazas, desalojos, destrucciones de cosechas, judicialización y sicariato. Algunos casos que destacan entre muchos otros son los asesinatos de Luis Fajardo (2018), Carlos Maya (2018) y José de la Cruz Marquez (2019), la golpiza propinada a la campesina Aleyda Guevara por oponersea que le tumbasen su rancho (2020), o la quema de la escuela de una comunidad campesina en Guanare (2018).

Además del clima de impunidad en que se dan los ataques, otra característica es el papel de los órganos de seguridad (FAES, CICPC, GNB), autoridades locales y hasta del INTI en defensa de los intereses de los terratenientes.

De estas características, tenemos los casos de Isabel Granado, vocera campesina del Estado Mérida, quien en 2020 fue detenida en dos ocasiones, amenazada por los cuerpos de seguridad del Estado, y cuya hija de 9 años fue agredida en una de esas oportunidades; o la destrucción de viviendas y desalojo forzoso de los miembros del Consejo Campesino “Nuevo Amanecer con Zamora” en Lara, también por parte de organismos de seguridad y con participación del INTI.

Sin embargo, la ofensiva terrateniente ha chocado con la resistencia del movimiento campesino, determinado a defender las conquistas de la revolución en el campo. En julio y agosto de 2018, docenas de campesinos recorrieron más de 400 km “a pata” para exigir respuestas a la problemática en el campo. 

Aunque la Marcha Campesina Admirable logró reunirse con Maduro y colocar el tema campesino en la agenda, muy pronto los avances se vieron diluidos en la burocracia institucional. La historia casi se repitió un año después, cuando el desalojo forzado en el Hato Los Tramojos (Edo. Guárico) tuvo como respuesta la ocupación de la sede del INTI en Caracas. La movilización logró desbloquear la situación legal de algunos predios pero muchos otros siguen en un limbo legal, más aún si tocan intereses poderosos.

Esta ha sido una dinámica que se repite, con una movilizaciones campesinas que logran aglutinar el movimiento popular y generar respuestas puntuales de las autoridades, sea el INTI o la Fiscalía General, pero sin acciones que frenen la ofensiva terrateniente. 

Y aún alcanzando victorias puntuales, las conquistas pueden ser rápidamente anuladas. El caso reciente más emblemático es el predio Cacho ‘e Venao, en el Estado Portuguesa. El consejo campesino logró que en julio de 2019 se le otorgara el título de tierra. Sin embargo, menos de un año después, y con el predio totalmente productivo, el INTI simplemente revocó el título para entregárselo a un terrateniente local.

El caso, junto a varios otros donde el título de tierra no es garantía contra la amenaza terrateniente, podría ser un preludio de las intenciones restauradoras de gremios como Fedenaga, quienes vienen asumiendo un peso cada vez más grande en las políticas del Estado.

La «burguesía revolucionaria» como nuevo paradigma

El cambio de orientación dentro de la dirección gubernamental se ha dado sin prisa, pero sin pausa. Un primer dato es la desaceleración de la reforma agraria a partir de 2014, que se expresa en una disminución importante del promedio de rescate de tierras en comparación con los gobiernos de Chávez. 

En la investigación realizada por el medio PH9 y que citamos arriba, se señala que del 60% de las tierras rescatadas entre 2001 y 2019, el 53% se rescataron entre los años 2001 – 2013, mientras que entre 2014 y 2019 solo se rescataron 7%. Es decir que «el promedio de rescate de tierras durante los primeros 12 años fue de 305.352 hectáreas por año, mientras que en los últimos años fue de 65.346 hectáreas».

Esta transición llega a su punto culminante en 2018, cuando el Ministro de Tierras Wilmar Castro Soteldo, llama a construir una «burguesía revolucionaria»  en su programa de televisión. Esta burguesía no es un sujeto hipotético. Por el contrario, cuando el ministro de Tierras se refiere a ella está expresando los intereses de grupos económicos específicos; y en el campo, estos intereses son los de los viejos y nuevos terratenientes. 

Las recientes reuniones de la Comisión Especial de Diálogo de la Asamblea Nacional con Fedecámaras y Fedenaga, dejan en evidencia a quienes se refería Castro Soteldo cuando llama a construir una burguesía revolucionaria, y las propuestas que éstos han hecho públicas descubren cuáles son sus intereses. En el caso de Fedenaga, el acercamiento es inédito en el pasado reciente, ya que el actual presidente del INTI David Hernández es el primero en reunirse con el gremio ganadero desde la llegada de Hugo Chávez al poder.

La participación de Fedenaga ya había motivado protestas por parte de diversas organizaciones populares, incluyendo la Plataforma de Lucha Campesina, que exigían un diálogo con los movimientos de base y no con la burguesía históricamente antagónica a la revolución. Y la agenda inmediata de los terratenientes quedó clara en el informe (ampliamente difundido en las redes) de la subcomisión dedicada al tema, donde participan los diputados del PSUV, el M/G Antonio Benavides y Ricardo Sánchez (ex diputado suplente de María Corina Machado en la legislatura de 2010).

¿Qué piden los terratenientes? 

El informe contiene varias propuestas de leyes para promulgar y reformar que ya se habían divulgado públicamente. Entre varias iniciativas legislativas para (presuntamente) apoyar a la burguesía en detrimento de los pequeños productores, se destaca la propuesta de reforma de la Ley de Tierras. Se trata de un viejo deseo de la oligarquía venezolana, que cree que ahora están reunidas las condiciones para materializarlo.

Más allá de las propuestas generales, el documento habla de la necesidad de “alcanzar victorias tempranas” para “construir confianza”. En ese sentido, se sigue una lista de 47 predios separados por niveles de prioridad, donde se exige que las autoridades intervengan en favor de los terratenientes. Mientras en algunos hatos las preocupaciones son “seguridad jurídica” o “daños ambientales”, el reclamo constante es la revocación de títulos o anulación de decisiones del INTI relativas al rescate de tierras previsto en la ley (como en Cacho e’ Venao). 

Las demandas de restitución de propiedad vienen acompañadas de un lenguaje que criminaliza la acción del pueblo campesino. En 32 de los 47 predios se habla de “invasores” que deben ser expulsados o desalojados. Y en algunos casos la lucha de los “invasores” es bien conocida:

• En enero de 2019 fue asesinado el vocero campesino José de La Cruz Márquez en el Fundo Buena Esperanza en el Sur del Lago, Edo. Zulia (zona de “prioridad 1” para Fedenaga), a manos de sicarios contratados por el supuesto propietario del predio, Rogelio Arteaga. Junto con 300 familias, De La Cruz Márquez encabezaba una lucha de 10 años por rescatar las tierras improductivas. El asesinato tuvo lugar en medio del intento de golpe liderado por Guaidó. 
• Otro predio donde los terratenientes exigen el “desalojo de los invasores” es el Hato Las Mercedes en Barinas, en el que fue asesinado el dirigente Carlos Maya pocos meses después de la Marcha Campesina Admirable. Los intentos violentos de desalojo en este predio no han cesado.
• En el Municipio Veroes (Edo. Yaracuy), el Movimiento Campesino Cimarrón Andresote denunció amenazas a sus miembros por parte de ganaderos, con la complicidad de los órganos de seguridad. Fedenaga exige la revocatoria de los títulos del INTI y la entrega de todas las hectáreas del municipio en manos de terratenientes. 
• En el predio El Trebol (Edo. Mérida), Fedenaga exige el “desalojo de los invasores, restitución del predio y revocatoria de la decisión de rescate del INTI”, el mismo lugar donde un campesino fue torturado por sicarios y sus instrumentos de trabajo fueron robados.
• A pesar de haber denunciado amenazas por parte de cuerpos de seguridad en la fiscalía, el dirigente José Antonio Colina del predio Las Lomas (Edo. Zulia) fue secuestrado por el comando CONAS de la GNB. Allí también Fedenaga pide la “restitución del predio” a los terratenientes.
• Por último, en la Hacienda La Gloria (Edo. Zulia), tres campesinos figuran entre las docenas de judicializados. Pero no conforme con la detención arbitraria de los campesinos, Fedenaga exige que se les revoquen los instrumentos agrarios y se les desaloje.

Estos ejemplos son emblemáticos del contexto actual en el campo venezolano. De un lado el pueblo campesino organizado se mantiene en la lucha por la tierra y por producir, y del otro está una clase terrateniente cada vez más envalentonada, contando con apoyo o complicidad de los cuerpos policiales, que plantea abiertamente sus intentos revanchistas y pide al gobierno que interceda en su favor. Mientras las familias campesinas necesitan producir para sobrevivir, los latifundistas ven en la tierra un negocio. El objetivo claro de éstos es criminalizar la lucha campesina.

Contra la restauración neoliberal

Desde que en 2001 el entonces presidente de Fedenaga rompiera la Ley de Tierras ante las cámaras, los terratenientes no se habían mostrado con tanta confianza como ahora. En aquel momento, la bravuconería escondía los planes golpistas de la oligarquía; ahora, se sienten confiados porque el gobierno, a través de sus políticas, les ha demostrado que ha cambiado.

Las políticas que se vienen implementando: contención salarial, pulverización de prestaciones sociales y pensiones, violación de los contratos colectivos y derechos sindicales, desalojos campesinos, privatizaciones, tarifazos y criminalización de las luchas populares, han generado en la izquierda chavista y en el sector campesino un gran debate sobre el futuro de la revolución. No se trata solo de una «ofensiva restauradora terrateniente», pues la política hacia el campo no está aislada de las demás. Se trata de un regreso a las políticas neoliberales de los años 90 que pone en peligro las conquistas alcanzadas por la revolución.

En este sentido, se hace cada día más urgente unificar las luchas. No sólo aquellas que se dan por la tierra, sino unificar las del campo con las de la ciudad, las de la fábrica y las del barrio. La unidad se convierte entonces en un objetivo estratégico, pero no es sólo la unidad de la izquierda chavista, es la unidad de los que enfrentan la restauración neoliberal.

Referencias

Ellner, S. (2014) El Fenómeno Chávez: Sus orígenes y su impacto hasta el 2013. 3ra edn. CELARG. Caracas.

Foto de portada de Ketsy Medina Sifontes.