[OPINIÓN] Venezuela: capitalismo rentista y proyecto de cambio (II)

Segunda parte del análisis sobre la evolución del proceso bolivariano, especialmente en su política económica. La primera parte está disponible en este enlace.

De la tercera vía a la radicalización socialista

El primer plan económico presentado al país por las fuerzas revolucionarias tras las elecciones masivas de julio del 2000 y la revalidación del presidente Chávez fue el denominado Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. El mismo se enmarcaba en las aspiraciones constitucionales, estableciendo los lineamientos fundamentales para superar la apremiante situación económica del país.

Para ello se configuraron cinco metas o equilibrios con el propósito de lograr los objetivos de la Quinta República y la Revolución Bolivariana en lo económico, lo social, lo político, lo territorial y lo internacional.

El plan de los cinco equilibrios se diseñó como un todo donde cada una de sus partes estaba fuertemente implicada en las demás. En tal sentido el tema económico atravesaba el resto de los equilibrios.

Existía la plena conciencia de que el crecimiento económico exigía una mejor productividad del capital existente. Esto ameritaba un mejor y más efectivo acceso a la educación, la salud y la seguridad ciudadana, lo que a su vez se enmarcaba dentro de los objetivos de los equilibrios sociales.

Del mismo modo, se insistía dentro de lo dispuesto en los equilibrios económicos en trabajar con premura por añadir nuevas actividades de producción industrial y agrícolas. Este objetivo se vinculaba de forma estrecha con la meta del equilibrio territorial encaminada en fomentar un mejor aprovechamiento del territorio junto a una desconcentración progresiva de las actividades económicas hacia latitudes y zonas geográficas del país históricamente marginalizadas de los centros tradicionales de desarrollo.

Lo anterior contemplaba también la participación y protagonismo de sector popular en la formación de una gestión de gobierno más dinámica, que se encaminara hacia la institucionalización de la democracia bolivariana bajo el auspicio de lograr un moderno equilibrio político. El horizonte era una democratización económica, mediante la profundización de los procesos de transferencia de competencias, presupuesto y gestión pública al pueblo.

Según el documento regulador, los principales problemas que enfrentaba la economía venezolana para alcanzar su equilibrio eran la inflación que arrastraba la actividad productiva desde los años 80 y la volatilidad económica que esta producía.

Para erradicar estas dificultades, el plan contemplaba consolidar una política cambiaria que funcionara como ancla nominal, combinada con una política de estabilización fiscal que fuera constante en el tiempo. Estos dos elementos permitirían reducir los sobresaltos en el mercado de divisas y disminuir los excedentes monetarios, permitiendo la estabilización de los índices inflacionarios y avanzando progresivamente en eliminar la volatilidad económica.

El objetivo estratégico para aquel momento en el área económica consistía en lograr “un sistema productivo, diversificado, competitivo, abierto hacia los mercados internacionales, basado en la iniciativa privada y con presencia del estado en las industrias estratégicas, pero con apertura a la inversión privada en el desarrollo aguas abajo del tejido industrial”¹

En tal sentido, se establecía como tarea fundamental para el Estado incentivar la pequeña y mediana industria como mecanismo de participación del sector privado, al mismo tiempo modernizar y bancarizar gran parte de los activos existentes para ampliar la oferta de financiamiento.

Por su parte, el sector petrolero se consideraba como palanca para el desarrollo del resto de los sectores industriales por ser el área más adelantada de la economía nacional. Esta política tendría como base la optimización de la tributación petrolera ampliando su margen de captación. Para lograr esto se consideraba de vital importancia diversificar y ampliar los productos petrolíferos ofrecidos en el mercado mundial, poniendo especial énfasis en la elaboración de mecanismos para la comercialización del crudo pesado. 

El plan, como queda claro, desarrollaba con mayor detalle lo ya establecido en la Constitución, la importancia de la iniciativa privada en la economía, el entendimiento monetarista del gasto público y la política de equilibrio fiscal como fundamento y eje de los equilibrios económicos. En muchos sentidos se podría definir el plan como heterodoxo desde el punto de vista económico, cauteloso respecto a la propiedad de los medios de producción y conservador desde el punto de vista institucional.

Sin embargo, la misma dinámica política del momento llevaría a radicalizar las ambiciones del plan. El enfrentamiento directo con la gran burguesía nacional y los sectores altamente influenciados por los intereses trasnacionales generaría una pauta acelerada en los acontecimientos desarrollados después de promulgado el plan a finales de 2001.

Radicalización de las contradicciones

En noviembre del mismo año, el gobierno precedido por el presidente Chávez promulgó 49 leyes, amparándose en la Ley Habilitante que la Asamblea Nacional había aprobado al ejecutivo un año antes. El paquete legislativo estaba dirigido a darle forma y operatividad legal al plan resumido arriba.

Entre las leyes sobresaldrían 3 dirigidas a sectores estratégicos de enorme interés para la burguesía nacional y para los sectores operadores del capitalismo trasnacional en el país: la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley de la Pequeña y Mediana Industria.

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario

La nueva Ley de Tierras vino a reemplazar la Ley de Reforma Agraria vigente desde 1981. La ordenanza jurídica empezó a regir el 1 de enero del año 2002 con la tarea fundamental de luchar contra el latifundismo, promoviendo la redistribución y aprovechamiento de las tierras ociosas, creando las bases y mecanismos para incorporar a los pequeños y medianos campesinos en el ejercicio productivo, mejorando progresivamente su calidad de vida y fortaleciendo la seguridad agroalimentaria de la nación.

La misma le otorgó al Estado la facultad de expropiar grandes extensiones de tierras si estas eran consideradas de interés público (Art 42 y 61) generando mecanismos para combatir la terrofagia que históricamente la república había arrastrado desde el siglo XIX, donde el 75% de las tierras productivas se encontraban en la mano de un grupo de terratenientes menores al 5% de la población.²

La ley también contemplaba la democratización en el uso y propiedad de la tierra (Art 67, 68 y 69) brindándole al campesinado los mecanismos institucionales para el resguardo y defensa de las mismas (Art 8, 11, 12 y 70).

Ley Orgánica de Hidrocarburos

Rompiendo el alba el año nuevo entró en vigencia la nueva Ley de Hidrocarburos elaborada por Álvaro Silva Calderón, la cual sustituyó a la ley del sector promulgada en 1943, así como un conjunto de normativas conexas establecidas con posterioridad. La razón fundamental de esta nueva jurisprudencia era revertir el proceso de internacionalización, además de ampliar y fortalecer la recolección fiscal al interior de la industria, y al mismo tiempo vigorizar la capacidad del entonces Ministerio de Energía y Minas de restablecer pleno control y transparencia en la gestión y manejo de PDVSA³.

Como es sabido desde la nacionalización, el Estado percibía una triple vertiente de ingreso bajo los conceptos de regalías, impuestos sobre la renta y dividendo como titular de la mayoritaria accionaria en PDVSA. La nueva ley estableció una tasa mínima de regalías del 30% sobre los crudos convencionales y una tasa flexible de entre 20 y 16 % para los crudos no convencionales o pesados, superando ampliamente el 1% pagado en los últimos años de la apertura. En cuanto a los impuestos sobre la renta, los crudos convencionales quedaron con un gravamen del 50% y los extrapesados en 32%.⁴

En cuanto al proceso contable, la ley exigió la presentación de las cuentas de manera separada de acuerdo a las diferentes fases de producción y comercialización para acabar con la dinámica de importación de cotos y exportación de beneficios⁵ que tanto los llamados “convenios operativos” como “los contratos de servicio” habían generado y permitido.

La Ley de la Pequeña y Mediana Industria.

La tercera de estas jurisprudencias económicas estaba dirigida a un sector crucial para el fortalecimiento y promoción de un nuevo aparato productivo. La base secundaria manufacturera está dedicada o dirigida en toda economía a la producción de productos elaborados y al aumento de valor agregado en la composición productiva. Lo crucial de este sector, especialmente en el caso venezolano, es que estimula y desarrolla el mercado interno, tanto por la vía de la oferta como de la demanda, generando actividades que estimulan a otros sectores y ampliando los márgenes de remuneraciones factoriales, permitiendo con esto fortalecer el poder de compra de amplios grupos poblacionales activos dentro del sector. De este modo, se convierte en un barómetro importante e indispensable para verificar la superación del capitalismo rentístico.

Históricamente este sector ha sido la alta concentración del ciclo estratégico de la manufactura en pocas manos. Por eso la apuesta en un primer momento fue de ampliar la participación de sectores pequeños y medianos en la manufactura nacional, vigorizando la inversión con la premisa de diversificar y desconcentrar dichos nichos monopólicos.

Bajo esta premisa se elaboró Ley de la Pequeña y Mediana Industria presentada el 6 de diciembre de 2001. Allí se establecieron mecanismos para ayudar y fomentar al sector, desde políticas tributarias estimulantes hasta mecanismos dirigido a democratizar el crédito mediante carteras especiales para el sector. Se fundó coordinadamente el Banco del Pueblo y el Banco de la Mujer para tal fin.

El conjunto de las 49 leyes habilitantes sería parte fundamental de la nueva economía que se intentaba construir y especialmente las tres leyes mencionadas serían durante largo tiempo herramientas para la movilización del campo popular. Al exigir el derecho al uso de tierra junto a su desconcentración, al tensar más la disputa entre las necesidades del pueblo y los intereses neoliberales de los altos ejecutivos de PDVSA, y al cuestionar el monopolio de sectores estratégicos de la manufactura venezolana, las fuerzas revolucionarias se verían obligadas a generar mayor cohesión y profundizar su tensión con las elites burguesas nacionales e internacionales.

La ofensiva burguesa

El 21 de noviembre de 2001, tan solo una semana después de la promulgación de las 49 leyes habilitantes, José Luis Betancourt, para entonces presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), rompía en medio de una rueda de prensa la gaceta oficial donde se estampaba la nueva La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, afirmando “Si él [Chávez] quiere plantearle una guerra al sector privado venezolano, a la sociedad civil venezolana en los términos que él imponga en ese terreno, nosotros nos vamos a enfrentar” declarando con estas palabras abiertas las hostilidades formales del sector empresarial con el gobierno.⁶

Esta postura fue ratificada y compartida por la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDECAMARAS) y por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) desembocando en un intento de paro nacional a finales de 2001.

La misma suerte corrió la Ley de Hidrocarburos al ser criticada públicamente por el entonces presidente de PDVSA Guaicaipuro Lameda, dirigiendo su crítica al alza de las regalías y a la política de control de producción y gestión de la empresa por parte del gobierno.

Dentro de los sectores gerenciales de PDVSA persistía la influencia ideológica de la apertura petrolera y la perspectiva de la internacionalización, la cual prefiguraba a PDVSA no como una empresa nacional, sino como una corporación energética global al servicio de los intereses de los grandes capitales de los países consumidores, anclada en sus intereses de crecimiento y expansión, pero apartada de las necesidades nacionales^7. Frente a estos intereses la nueva ley representaba una amenaza.

La burguesía nacional representada por los grupos empresariales organizados en el gremio de FEDECÁMARAS junto con la aristocracia obrera de influencia trasnacional y nacional, tanto en PDVSA como en la CTV, coordinaron un frente común contra las leyes habilitantes y posteriormente contra las fuerzas bolivarianas en el gobierno, utilizando la movilización y la injuria como mecanismo de agitación.

Esta primera confrontación con las élites económicas del país dejarían claro que las aspiraciones de cambios necesarios dentro del aparato y el orden económico de la nación no contarían con un ambiente favorable dentro de estos sectores. Al contrario de lo previsto por la propuesta original bolivariana, gran parte del sector privado venezolano, sobre todo el tradicionalmente monopolista y defensor de los intereses de las grandes transnacionales, desarrollaron una posición antagónica y fuertemente conflictiva ante la propuesta revolucionaria.

Entre 2002 y 2003 se desarrollaron dos grandes operaciones por parte de la derecha que dejaron traslucir ese antagonismo. El primero fue la ruptura del orden constitucional debido al golpe de Estado del 11 de abril de 2002, llevado a cabo por la cúpula empresarial. El segundo sería el sabotaje petrolero ejecutado entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 por la aristocracia obrera agrupada en la llamada “Gente del Petróleo”. Ambos tuvieron altos costos para el país.⁸

En ambos casos, las movilizaciones populares lograron que el gobierno resistiera la arremetida de los sectores conservadores. Abril de 2002 puso en evidencia para estos sectores la existencia de un bloque popular democrático que era capaz de movilizarse en torno a al proyecto bolivariano representado en la figura de Hugo Chávez, convirtiéndose en el primer hito de la perenne lucha popular en Venezuela del nuevo siglo y concluyendo en una estruendosa derrota para los factores antipopulares en el país.

La retoma de las instalaciones petroleras y la derrota del sabotaje de la industria se gestó de forma similar a través de la movilización de los propios trabajadores petroleros. Esta heroica victoria ratificó la iniciativa por parte de las fuerzas bolivarianas de frenar definitivamente la apertura petrolera y comenzó a consolidar el control operativo de la empresa.⁹

La guerra política a través de otros medios

Otra de las herramientas utilizadas por la burguesía nacional en alianza con la trasnacional para presionar económicamente al proceso bolivariano fue desde un inicio la fuga de capitales, que durante los años 2002-2003 alcanzó dimensiones peligrosas para la estabilidad macroeconómica de la propia república.

La salida de capitales creció exponencialmente durante los primeros años del gobierno bolivariano, pasando de los 2.640 millones de dólares en 1999, con un barril de petróleo promediando los 11 dólares, a 11.850 millones en el 2002, con un barril de petróleo promediando casi los 22 dólares.¹⁰

Esto significa que mientras que el precio del barril de petróleo se duplicó, la salida de capitales casi se quintuplicó, a pesar de la cautela que había demostrado el ejecutivo durante sus primeros años de gobierno con los empresarios. Ya para los primeros días de 2003 se estimaba que esta fuga de capital rondaba los 500 millones de dólares diarios.¹¹

El 2003 sería un año que exigiría medidas extraordinarias ante situaciones inéditas para la economía Venezolana, fruto de la turbulencia política desarrolladas durante el año 2002 y el sabotaje petrolero iniciado el mismo año y que se extendería hasta 2003. El PIB nacional tendría una contracción en más de un 7%, también la producción petrolera resintió una reducción, no prevista, superior al 8% pasando de 876 millones de barriles exportados en 2002 a 725 millones en 2003¹². Este contexto se vio agravado por una variación inflacionaria en torno al 25% en 2002 y para el año 2003 esta variación alcanzaría el 31%¹³.

Ante tal situación, el gobierno revolucionario procedió en dos frentes. Para frenar el gran desangre de capitales se desarrolló un estricto control cambiario establecido en febrero de 2003. La segunda línea estaría destinada a generar un amplio conjunto de programas sociales para resguardar los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables ante la arremetida burguesa.    

El control cambiario permitió reformular la distribución de las divisas que estaban en manos de Estado y dirigir esos recursos a los sectores más desfavorecidos, logrando con esto elaborar mejores mecanismos de control y auditoría sobre su circulación en la economía, fortaleciendo el sector externo y las reservas internacionales, llevándolas de 12 mil millones de dólares en 2002 a más de 20 mil millones a finales de 2003¹⁴. Estas medidas redujeron en más de un 60% la extracción de divisas venidas de petróleo¹⁵. El control cambiario se convertiría en una herramienta fundamental, tomando en cuenta las realidades de la economía venezolana. La consolidación de la apropiación y control de la renta petrolera por parte del ejecutivo le dio una ventaja táctica para apalancar los cambios económicos y sociales planteados.

La red de misiones fue vital para la satisfacción de las garantías sociales establecidas en la Constitución bolivariana. Las misiones eran piezas elementales dentro de la arquitectura del estado social, de derecho y justicia, para permitir de forma dinámica y constante luchar y erradicar un gran número de flagelos sociales heredados de la Cuarta República, convirtiéndose en estandartes del proceso de transformación e inclusión social del proceso bolivariano.

Este primer ciclo del proceso bolivariano concluyó el 15 de agosto de 2004 con la victoria de Hugo Chávez ante el referéndum constitucional exigido por las fuerzas opositoras. Como diría el fallecido presidente en aquel momento, “Hoy ha triunfado un proyecto, aquí no se trata de que Chávez se vaya o no se vaya, aquí hay un proyecto nacional de desarrollo alternativo al salvajismo neoliberal… que no es otra cosa que la consolidación de los logros sociales, las misiones sociales, la profundización contra la injusticia, la exclusión y la pobreza. Esta es una nueva etapa para continuar transformando y consolidando el nuevo modelo económico productivo diversificado.”

La segunda etapa del proceso revolucionario: el socialismo

Esta primera etapa de la Revolución Bolivariana concluyó con dos realidades que modificaron cualitativamente el proceso histórico mismo de la revolución. Por una parte fue evidente que el anterior método de organización económica, así como sus aspiraciones, se sustentaban en un escenario más completo y conflictivo que lo previsto. Los promotores de la revolución habían descubierto el problema real del agotamiento rentista: la burguesía dependiente venezolana.¹⁶

Por otra parte, el movimiento bolivariano salió favoreció en su base social construyendo un sólido bloque ideológico de más de 5 millones de personas que sería el cimiento que ayudarían a construir lo que posteriormente seria denominado con cierta formalidad “poder popular”. Este nuevo referente político se encargaría en adelante de disputar la hegemonía de la élite burguesa decadente y promoviendo un nuevo sentido común en lo político, lo social y lo cultural.¹⁷

Estos dos elementos fomentaran una revisión y profundización del programa económico del proceso, reconociendo la vinculación de la gran burguesía venezolana con el capitalismo internacional y asimiento como inevitable el interese de los capitales metropolitanos en mantener sus intereses protegidos de cualquier cambio. Es por medio de esta reflexión que la Revolución Bolivariana se declara antimperialista, promoviendo en el campo internacional iniciativas como La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).¹⁸

Posterior a 2005 con la declaración de las aspiraciones socialistas de la Revolución Bolivariana en el Foro de São Paulo¹⁹, la promulgación de la Ley de los Consejos Comunales en 2006 y la Ley Para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular en 2007, la formalización de propiedad social en 2008 y la promulgación de la de ley orgánica del Sistema Económico Comunal en 2010, el movimiento revolucionario logró asegurar una real alternativa al capitalismo rentista y a los esfuerzos neoliberales antipopulares del pasado.

El veneno rentista

Sin embargo, a este nuevo modelo económico le tocó enfrentarse a las lógicas tradicionales subyacentes en el viejo aparato estatal burgués y a un auge petrolero más grande del siglo XXI. Esto reforzó viejas dinámicas rentistas en la economía venezolana, como el aumento de las importaciones en un 571% entre 2003 y 2013, cuando fueron otorgados más de 300 mil millones de dólares por parte del estado²⁰ a poco más de 10 mil empresas del total de 322 mil registradas en estos años. Es decir, solo 3% de las empresas del país manejaron esa enorme cantidad de recursos. Este es uno de los principales elementos del rentismo, no la importación por si misma sino el monopolio.

Hasta 2017 se ha adquirido una deuda externa de más de 97 mil millones de dólares, y se pagó más de 71 millones de dólares entre 2013 y 2017²¹. Todo por la lógica dependiente que sigue reforzando la posición de Venezuela en la división internacional del trabajo como exportador de materia prima e importador de capital de inversión, muchas veces capital que se origina con los propios recursos venezolanos y terminan siendo apropiado por la burguesía, sin cargos fiscales y control de facturación.

Según Baptista la productividad por habitante logro multiplicarse por más de 3 veces entre 1998 y 2008²², pero la participación del sector manufacturero en el PIB solo creció en un 1.9%, pasando de 14% a 15,9%. Esto significa que el aumento en la productividad no puede ser explicada en su totalidad por medio de la industria tradicional venezolana. Por otra parte debe quedar claro que gran parte de las divisas entregadas a los empresarios en estos años fueron dirigidas al sector manufacturero, lo que refuerza una vez más el problema del rentismo productivo.

La lucha comunal , más allá del crecimiento

Entre 1999 y el 2015, el producto interno bruto total de Venezuela aumento en un 43%, pero el sector de servicios comunitarios y sociales aumento en un 100% desde su creación, registrando un peso de casi 4000 millones de dólares en la economía. En otras palabras, la economía comunal creció el doble del PIB nacional²³.

La idea fundamental de la economía comunal es que solo por medio de la organización popular y la creación de una nueva sociedad civil organizada alrededor de la propiedad social se podrá disputar la hegemonía al gran capital venezolano, monopolista y rentista, y generar las condiciones para una auténtica revolución económica y política en el territorio. Por eso, el planteamiento de la comuna como vía para lograr el socialismo es el significado real del socialismo bolivariano del siglo XXI.

“No es suficiente superar el modelo rentista petrolero mediante la diversificación de la producción y aumento de las exportaciones. La estrategia que debe ser trasversal a la superación del modelo rentista es la producción por parte de muchas manos, con propiedad social de los medios de producción… El objetivo es romper con la concentración de la producción y distribución de los bienes esenciales”²⁴

Es notable que la Revolución Bolivariana ha tenido muchos éxitos en el alcance y trasformación de la sociedad venezolana reduciendo a la mitad la tasa de desempleo, disminuyendo en un 52% la pobreza extrema. Sin embargo, no cabe duda que estos logros han sido fuertemente trastocados por la reciente crisis primero de los precios del petróleo y luego agravada por el bloqueo internacional al comercio de petróleo. Ambas son manifestaciones del agotamiento del capitalismo que nuestra sociedad en su conjunto sigue arrastrando.

Esta crisis de la revolución sin embargo ha tenido también razones exógenas y de corte político, sobre todo fruto de una nueva ofensiva de la burguesía nacional e imperial.²⁵

Hoy, por otro lado, la aspiración comunal y con ella la aspiración popular afronta amenazas tanto internas como externas al proceso bolivariano, tanto por su vuelta a la búsqueda de la alianza empresarial, como por los factores que por omisión se niegan a generar los cambios que la jurisprudencia amerita para fortalecer la avanzada comunal.²⁶

Hoy el panorama se asemeja nuevamente los primeros años de la revolución, con planes heterodoxos desde el punto de vista económico, cautelosos respecto a la propiedad de los medios de producción y conservadores desde el punto de vista institucional. Ha regresado la creencia en la fantasía de una alianza con la gran burguesía y a un respeto casi canónico por la propiedad privada sin cuestionar la concentración monopólica existente en nuestro país. Solo que ahora se suma el desprestigio, la burocratización y el desencanto, puesto que cuanto mayor poder acaparar los capitalistas, menor gravitación política tiene la mayoría de los ciudadanos sobre la gestión del Estado.²⁷

En el contexto actual, la condición objetiva que abrió el camino a la Revolución Bolivariana sigue en pie y, como ha quedado demostrado después de un apogeo de recursos y de un crecimiento de la mano con la burguesía nacional, solo la vía comunal puede realmente trascender el rentismo, la dependencia y el subdesarrollo. El resto son sueños quiméricos pero poco audaces.

1 http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/Plan-de-la-Naci%C3%B3n-2001-2007.pdf

2 https://tatuytv.org/reportaje-rescatando-la-soberania-y-la-patria-la-lucha-campesina-en-venezuela/

3 Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima.

4 Bernard Mommer Ob. cit. p. 331-334.

5 Ob. cit. Carlos Mendoza Potellá. La Economía Política del Petróleo en Venezuela, p. 151.

6 https://www.ensartaos.com.ve/este-fue-el-malandro-jose-luis-betancourt-de-fedenagas-quien-rompio-la-ley-de-tierras-y-desarrollo-agrario/

7 Es interesante recordar la influencia que para la época seguía ejerciendo la llamada doctrina Espinasa, atribuida a Ramón Espinasa, ideólogo de la apertura petrolera, constituida por tres pilares: 1. Producción sobre precio, por lo tanto, 2. Política anticuotas OPEP y 3. Competitividad sustentada en eliminación de carga fiscal. Según cálculos de Carlos Mendoza Potellá en realidad estas prácticas le restaron ingresos a la república por el orden de los 10 mil millones de dólares. Ob. cit. Carlos Mendoza Potellá. La Economía Política del Petróleo en Venezuela, p. 153.

8 En el ámbito político se promovió la inestabilidad y la desconfianza institucional, poniendo en cuestión la continuidad del proceso revolucionario, esta inestabilidad sería superada recién a mediados de 2004, aunque con grandes costos. Según Luis Salas, se calcula que el sabotaje petrolero tuvo un costo para el país de 20 mil millones de dólares y generó una caída de su PIB de casi un 30%. Luis Sala Rodríguez. Escritos desde la guerra económica, Caracas: Editorial El Perro y La Rana, 2014, p.91.

9 Bernard Mommer. Recursos Naturales y Globalización: Petróleo y Venezuela como ejemplos, Caracas:  ABediciones, 2021, P. 231-235.

10 Domingo Felipe Maza Zavala. Un Disidente Impertinente, Caracas: Fundación Domingo Felipe Maza Zavala, 2013, p 138-149.

11 Luis Sala Rodríguez. Ob. cit. p. 92.

12 Domingo Felipe Maza Zavala. Ob. cit. p. 140.

13 Domingo Felipe Maza Zavala. Ob. cit. p. 208.

14 Domingo Felipe Maza Zavala. Ob. cit. p. 226.

15 Pascualina Curcio Curcio. La Economía Venezolana cuentos y verdades, Caracas: Editorial TRINCHERA, 2020, p 60.   

16 A pesar de su renuencia a dotar su investigación de una explicación de clases, casi de forma tímida Asdrúbal Baptista reconoce como una razón fundamental del agotamiento rentista “el colapso en escrutinio termina…en la situación sin duda extraordinaria cuando ni siquiera toma lugar la reposición [por parte de la burguesía] del gasto ocasionado por el uso de capital acumulado.” Ob. cit. p. 232.

17 https://tatuytv.org/gramsci-bloque-historico/

18 Estas iniciativas reflejan la influencia de autores como Jorge Abelardo Ramos al interior del debate bolivariano, no en vano obras como “Historia de la Nación Latinoamérica” del mismo autor.

19 “…no tengo la menor duda. Es necesario, decimos y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo, pero agrego yo, el capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo, no. Al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo, por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista, el verdadero socialismo. ¡La igualdad, la justicia!” expresó el presidente Hugo Chávez, en su discurso el 30 de enero del año 2005 en el estadio Gigantinho de la ciudad de Porto Alegre, Brasil, donde clausuró el Foro de São Paulo.

20 Pasqualina Curcio Curcio. La Mano Visible del Mercado, Guerra económica en Venezuela. Caracas: Editorial MinCI, 2017, P, 39.

21 Pasqualina Curcio Curcio. La Economía Venezolana… Ob. cit. p.99.

22 Asdrúbal Baptista. Ob. cit. P.147.

23 Pasqualina Curcio Curcio. Ob. cit. p. 71.

24 Pasqualina Curcio Curcio. La Mano Visible… Ob. cit. p. 137.

25 Pasqualina Curcio Curcio. Arremetida imperial, El Comando Sur y la vergonzosa Asamblea Nacional 2016-2020, Caracas: Editorial El Perro y La Rana, 2020, P. 23-64.

26 https://tatuytv.org/opinion-la-miseria-de-la-retorica-a-proposito-de-hablar-gamelotes/

27 Claudio Katz. El porvenir del socialismo, Caracas: Editorial el Perro y la Rana. 2007, P.245