[OPINIÓN] Reflexiones y propuestas sobre la Consulta Popular

El pasado 25 de agosto se realizó la segunda consulta del año para definir proyectos a ejecutar por parte de los consejos comunales y comunas del país con financiamiento estatal. La elección se realizó, según el Ministerio de Comunas, en 4.508 Circuitos Comunales. 

Desde ya está convocada para diciembre una tercera consulta popular, y creemos importante sumar insumos a los que seguramente están siendo realizados para su evaluación, teniendo como objetivo ir perfeccionando la más importante iniciativa gubernamental en los últimos años para el poder popular organizado.

1. Balance permanente

Es importante visualizar los avances del trabajo comunal, y para ello no hay nada mejor que mostrar su organización y obras. La segunda consulta implica el desarrollo de más de 9 mil proyectos, tomando en cuenta la instrucción del presidente de financiar el segundo a varios de los de la consulta previa.

Se deben construir formas para conocer los avances en tiempo real, también las dificultades, y no solo como ejercicio de contraloría, sino también para ir ajustando, corrigiendo en el andar, evidenciando el trabajo popular, como la capacidad del gobierno de resolver lo necesario para el desarrollo de los proyectos. Derrotar al burocratismo no es una consigna hueca, debe generar mecanismos claros de corrección, ajustado a los procesos de las Leyes del Poder Popular, y de cómo ir demostrando las ventajas de la gestión directa.

2. Montos

En la primera consulta se aprobaron muchos proyectos que necesitan un alto monto para su ejecución total. En la segunda edición quedó más claro el estimado de inversión, unos 10 mil dólares, lo que permitió ajustar los objetivos planteados, pensando en su viabilidad.

Entendiendo la compleja situación económica del país, y los esfuerzos detrás de estos proyectos, creemos que deben buscarse formas para aumentar el monto, para aumentar su impacto en la población del ámbito de la comuna, en los consejos comunales. No es imposible que eso suceda.

Asumiendo que la mayoría de los proyectos están vinculados a la recuperación de servicios o infraestructuras, muchas de ellas del Estado, se podría crear la articulación necesaria para que los recursos presupuestados en los ministerios competentes, incluso por gobernaciones y alcaldías, sean transferidos para la ejecución directa con el poder popular.

3. Transferencias de competencias

Vinculado con lo anterior, si el poder popular está haciendo esfuerzos para recuperar los servicios públicos esenciales, debería evaluarse las experiencias en que existan, según exige la Constitución y la Ley, capacidades para su administración directa, para realizar las transferencias de competencias. Eso debería exigir la legitimidad de las instancias comunales, además de evidenciarse una real participación.

La transferencia debe ser acompañada, como exige el marco jurídico, de la asignación directa de lo que contemple el presupuesto nacional para dicha gestión. Aquí es importante recordar la mirada de Chávez para la transferencia de poder, contrapuesta a la que plantea el neoliberalismo.

4. Encadenamiento productivo

Ya con la tercera consulta se podría tener claro un mapa de necesidades de los circuitos comunales, y sería interesante ver los casos en que se podrían hacer encadenamientos con iniciativas de economía comunal, ya sea aportando algún servicio, atención técnica especializada, o constituyendo una brigada permanente o empresa de propiedad social (EPSDC), no solo para la ejecución del proyecto, sino también para su mantenimiento, en el caso de que sea recuperación de una infraestructura social.

5. Fortalecer la legitimidad

Las Consultas Populares deben servir para dinamizar el ejercicio asambleario, asumiendo que no es solo una reunión más, según el artículo 22 de la Ley de los Consejos Comunales. Sus decisiones son legítimas si son tomadas con un 30% de participación de los mayores de 15 años que vivan en su ámbito, o de 20% en una segunda convocatoria. En el caso de las comunas se aprueba con mayoría de los y las parlamentarias, y algo muy positivo de la consulta, para ampliar la participación, es que obliga la aprobación en la asamblea de cada consejo comunal que es parte de su ámbito.

Según la metodología de la consulta, en una primera asamblea en el consejo comunal se definen 3 propuestas de proyectos, y luego en una reunión del circuito (no queda claro como se definen sus integrantes en los casos que no sean Comunas, y cuando lo son, la instancia debería ser el parlamento) se ponen en común todas las propuestas y se acuerdan 7. Estas son las que se sujetan a votación en la consulta.

El acta de la asamblea del consejo comunal, que debe ser difundida como muestra de la democracia comunal, además del proyecto aprobado, y cantidad de personas participantes, debería constar del cuórum mínimo para que esa decisión sea legítima. Incluso, el cronograma electoral debería tomar en cuenta la posibilidad de realizar una segunda asamblea, en el caso de que sea necesario, según estipula la ley.

Algo similar debería tener el acta totalizadora del proyecto ganador del circuito, participación en función del padrón electoral del ámbito. Construir la democracia, participativa y protagónica pasa por reafirmar de manera transparente la legitimidad de base, y para ello el protagonismo es fundamental.

6. Impulsar la conformación de las instancias

Las consultas, como ya comentamos, podrían contribuir para la recuperación de la trama comunitaria, afectada profundamente en estos años. Recomponerla es fundamental para que lo comunal sea realmente lo que planteó el Comandante Chávez: autogobierno popular. En esesentido, es importante partir de un diagnóstico claro de la situación actual del poder popular, sus registros, instancias y capacidades organizativas.

Según números del MinComunas existen 3.641 Comunas registradas hasta el 2023: 53 indígenas; 971 rurales; 1.724 suburbanas o mixtas; y 893 urbanas. Según datos del 2023, publicados en la página del ministerio, solo 2.556 comunas tienen alguna instancia de autogobierno. Es decir, 1.085 comunas solo tienen un registro.

Es probable que esa cifra haya mejorado, aunque toca igualmente hacer una aclaratoria. Que las instancias estén registradas no necesariamente significa que estén activas. Es justo con ese objetivo que se deben generar políticas para garantizar una real dinámica comunal.

Las instancias registradas ante el Ministerio de las Comunas son: 492 comunas tienen parlamento comunal (19,2%); 373 tienen Consejo Ejecutivo (14,6%); 464 tienen Banco de la Comuna (18,2%); 414 tienen Consejo de Economía Comunal (16,2%); 404 cuentan con Consejo de Contraloría Comunal (15,8%); 409 tienen el Consejo de Planificación Comunal (16,0%).

Más allá de los porcentajes, y las múltiples lectras para ampliar la activación de las instancias comunales, es necesario preguntarse, ¿cómo ejecutan todas las comunas del país un proyecto si solo el 19,2% tienen parlamentos y 18,2% tienen bancos? ¿Dónde se depositan esos recursos? ¿Cómo pueden movilizarlos? ¿Hay un cuello de botella o se está resolviendo administrativamente con instancias vencidas?

Seguro en muchos casos se está resolviendo, como en muchas ocasiones anteriores, con un banco receptor. Se busca un consejo comunal que tenga su banco actualizado y por allí se entregan los recursos. Nada nuevo, pero toca decir que ha generado problemas en no pocas ocasiones. Por lo visto, el ministerio ha venido resolviendo lo necesario para el registro del banco, pero es algo que debe incentivarse en los términos que exigen las leyes del Poder Popular desde ya mismo, de cara a la próxima consulta.

Y no solo el banco. Todas son necesarias para el fortalecimiento real de lo comunal, eso será lo que garantice su real vitalidad. Caso contrario sería legitimar registros para resolver un acto administrativo que puede beneficiar a una comunidad, pero no construirá realmente poder popular.

7. Planes de Desarrollo Comunal

Las consultas con proyectos priorizados deberían ser el primer paso para motivar la construcción de los Planes de Desarrollo Comunal (PDC), colocando en un lugar prioritario a la planificación popular con vista a la transformación integral de las comunidades. Por supuesto que el primer desafío que se presenta es el presupuestario, pero justo por esa razón es importante ir construyendo una mirada compartida por la comunidad de mayor envergadura. Así se podrá construir una ruta pensado no solo en una consulta, sino en las que vendrán.

Es decir, una comuna puede definir que su proyecto, tomando en cuenta su PDC construido y aprobado en sus instancias, es el mismo que ejecutará durante todo el año, y que lo tendrá que planificar pensando en 4 etapas, según las consultas programadas. Incluso, eso le permitirá tener claras sus prioridades, más allá de las urgencias, que se deberían ir solventando no solo con la inversión de estos proyectos, sino también de otros entes y organismos.

8. Llamar las cosas por su nombre

¿Por qué no hablar de la comuna como el ámbito de consulta sin necesidad de llamarlos circuitos comunales? Chávez en el Aló Teórico 1 nos dijo: “La Comuna, como ente revolucionario, como base territorial, social, política, moral, bueno, tenemos que construirla. ¿Y si ni siquiera la enunciamos cómo la vamos a construir?”

Llamar la comuna por su nombre es fundamental. Ella reúne una condición simbólica, y política importante para el chavismo, pero también tiene un marco jurídico que define procedimientos, formas, y procesos que deben ser asumidos en todo lo que se haga con su nombre.

Hablar de circuitos comunales puede por lo menos confundir (tomando en cuenta que al ser el mismo ámbito no puede considerarse una instancia de agregación, porque estaría solapando la previa), pero también se podría prestar para conformar un espacio que defina asuntos comunales, con lógicas que no le son propias. En momentos de mucha debilidad en la participación, se corre el riesgo de que los circuitos se conviertan en un fin en sí mismo, asumiéndose como instancia comunal, cuando estrictamente no lo son. Algo similar sucedió en muchos territorios con los CLAPS y los consejos comunales.

Eso implica diseñar una fórmula para que la consulta también incorpore a los consejos comunales. En ese caso se podría hacer las consultas en las dos instancias: tanto para las comunas, como para los consejos comunales. Y tocaría diferenciarlas. ¿Cómo? Una opción es por tipos de proyectos y/o montos, bajo un principio claro: mientras mayor sea la escala de agregación, mayor impacto debe tener el proyecto.

9. Derecho de las instancias

Además, toca decir que tanto las comunas como los consejos comunales tienen el derecho de ley de solicitar y tramitar directamente sus proyectos, con la aprobación de sus instancias, sin necesidad de convocatorias nacionales. Esto no niega, como ya se dijo, la importancia de motivar la participación con esas jornadas.

Según el histórico (2008 – 2023), publicado en la página web del MinComunas, existen 49.183 Consejos Comunales Registrados, con vocerías vigentes en el 72,5% de los casos; con 13.509 C.C. con vocerías vencidas, para un 27,5%. Y hay un dato importante: 30.078 de los C.C. están vinculados a comunas (61,2%).

En las 3.641 comunas registradas, están agregados 30.078 consejos comunales, y quedan 19.105 sin agregarse a alguna comuna. Aquí deben existir varias razones para no hacerlo, como falta de organicidad, por ser experiencias que quedaron aisladas, ya sea por distancia, o por estar en límites de otras comunas. También pueden presentarse conflictos locales que lo impidan.

En todo caso, con los números presentados por el ministerio, se debería aprovechar el alto porcentaje de C.C. renovados que están agregados a las comunas para impulsar la renovación de las instancias de ese espacio de agregación, siempre asumiendo que esas actualizaciones permitien retomar dinámicas asamblearias en los C.C. Ha sido un problema recurrente que la actualización de las vocerías se ha realizado sin tomar en cuenta las normas de ley.

Sería importante que las 3.641 comunas participen en la consulta, con sus ámbitos respectivos, sin necesidad de ponerles el nombre de Circuitos Comunales. De ser así, ya allí están el 61,2% de los C.C. constituidos incorporados. Eso implicaría ampliar el impacto de los proyectos, y para tal es necesario buscar la forma de ampliar sus montos.

Es necesario hacer énfasis que se debe mostrar con orgullo no solo el proyecto aprobado, sino también el porcentaje de participación, cumpliendo el mandato de ley. Pueden decir que en una elección abierta gana el que obtenga la mayor cantidad de votos, lo que es cierto, pero si desvinculamos la legitimidad necesaria de la participación, solo repetimos lo criticado a la democracia burguesa. La democracia comunal, o la democracia socialista, como la llamaba Chávez, se basa justo en la ampliación de la democracia participativa y protagónica, y allí legitimidad y participación están estrechamente vinculadas.

10. Consejos Comunales

¿Serían entonces 3.641 proyectos de Comunas y 19.105 de Consejos Comunales? Eso sería lo lógico, y allí se podría diferenciar los proyectos, en términos de impacto según su escala. Igual se deberían exigir algunos criterios para la participación, y no solo el ámbito territorial que es el que asumen los circuitos. Como mínimo se debería exigir que estén con vocerías e instancias renovadas, activas. No como mecanismo de exclusión, sino de respetar lo básico para que se pueda considerar como una instancia de agregación que construye autogobierno legítimo.

¿Y los recursos? El Presidente Maduro plantea que sean 4 consultas anuales, y en un acto en Barquisimeto afirmó que de ser necesario ampliar de 4.500 o 5.000 proyectos, tocaba hacerlo, es decir, el número puede aumentar. Hasta ahora son recursos del Consejo Federal de Gobierno, a lo que deberían sumarse las obligaciones de apoyo a estos proyectos para el resto de las instituciones, como SAFONAPP, más las Gobernaciones y Alcaldías.

Si hacemos un breve cálculo, siguiendo los lineamientos legales inscritos en la Ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno y en su reglamento, sabemos que el monto correspondiente al 30% del 15% de la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) corresponde al fondo de compensación interterritorial dirigido al poder popular (1).

Según datos oficiales, la recaudación correspondiente al IVA hasta agosto asciende a casi 2400 millones de dólares. Esto significa que el monto correspondiente a la inversión en el poder popular estaría por encima de los 105 millones de dólares. Si asumimos que hasta ahora han sido entregados 90 millones de dólares entre los 9 mil proyectos aprobados en las dos consultas anteriores, habría un superávit disponible de más de 15 millones que podrían servir para complementar los proyectos de mayor envergadura.

De igual forma, estos recursos venidos de un impuesto al consumo podrían ser complementados con recursos extraordinarios del sector petrolero, como hasta ahora se hace con las inyecciones cambiarias hechas por el Banco Central de Venezuela en las mesas cambiarias, que en algunas ocasiones superan de forma individual los 180 millones de dólares diarios, monto que sería igual a la sumatoria de todos los recursos que podrían aprobarse en las cuatro consultas propuestas anualmente.

Sumando esos otros recursos (que no necesariamente deben ser solo económicos), seguro se podría hacer un ensayo importante, ampliando así el número de proyectos.

11. Micro Misión

Si planteamos que deben respetarse el ámbito y la denominación de las comunas, lo mismo vale para los consejos comunales. Con las consultas realizadas en aquellos ámbitos donde no existen comunas se definió un ámbito de varios consejos comunales para que pudieran participar. Es un tipo de Circuito Electoral de las dos consultas.

Hay varias cosas a considerar. Entre ellas, no queda clara la dinámica para tomar decisiones más allá del consejo comunal, es decir, en el Circuito Electoral. En la Comuna se sobreentiende que tiene sus instancias y formas. Algo a corregir que ha sucedido en las consultas con esa unión de C.C. en circuitos es que no toma en cuenta las diferencias entre ellos. Por ejemplo, algunos son más grandes, lo que no sería necesariamente un problema, pero a la hora de la votación sus proyectos postulados tienen mayor probabilidad de quedar electos.

Esa asimetría se reduciría si el monto permitiera abordar un proyecto que realmente impacte a todo el ámbito, aunque lo ideal es que cada C.C. realice su propia iniciativa.

Igual esa caracterización de territorios donde existen C.C. contiguos geográficamente, pero que aún no tienen una comuna conformada, es muy importante. Allí se podría impulsar una especie de “Micro Misión” para motivar, reimpulsar la organización y su fundación. Eso sí, tomando todas las previsiones necesarias para evitar tener registros de papel, sin vida real comunitaria, si no un simple tramite administrativo para tener un aparato que sirva para obtener recursos.

12. Autonomía Comunal

Algo básico para la propuesta realizada por el Comandante Chávez con lo comunal era su autonomía. Solo con recordar el Aló Teórico 1 tendremos eso bastante claro. Por ello no se puede aceptar que el responsable del centro electoral sea la UBCH. Cada consejo comunal tiene su Comisión Electoral Permanente, que debe asumir esa responsabilidad.

Y no estamos planteando que los militantes de los partidos no puedan participar. Si son dirigentes comunitarios o habitantes del sector, tienen todo el derecho, los mismos que todos los que viven en ese ámbito. Lo comunal se planteó en la Revolución Bolivariana como una instancia asamblearia popular que incluye a las diversas expresiones políticas, sociales presentes en la comunidad. Es un instrumento para sumar desde el convencer.

Definir que un partido, por más importante que sea su presencia en el territorio, sea el responsable de uno de los puntos claves para la consulta comunal, es contrario a lo que Chávez planteó como idea central, como “alma” de la revolución.

Aquí dejamos algunos insumos para el debate, para profundizar las políticas que permitan pensar en formas de reactivación política popular, amplia, de encuentro de las diversidades presentes en nuestras comunidades. Es una fórmula chavista para repolítizar, y también para construir acuerdos colectivos tan necesarios para superar las condiciones actuales.

Nota

(1) Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Artículo 36. 3.- Apartado especial para el fortalecimiento del Poder Popular, destinado a la consolidación de la base económica comunitaria, mediante el financiamiento de proyectos productivos, y proyectos de infraestructura menor, así como, para la edificación de obras de infraestructura necesarias para el mejoramiento del hábitat comunitario, identificadas como prioritarias en el marco de un diagnóstico participativo. Asimismo se podrán transferir parte de estos recursos a fondos especiales para atender contingencias naturales y sociales y políticas de reconstrucción y transformación, que previamente decida la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno a solicitud del Ejecutivo Nacional, cuya fuente principal serán los recursos provenientes del treinta por ciento (30%) correspondiente del quince por ciento (15%) del Impuesto al Valor Agregado recaudado anualmente, todo de conformidad con la Ley dictada al efecto. Ver: Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno