[REPORTAJE] Consejo campesino exige justicia frente a revocación arbitraria de título de tierra

Decenas de familias campesinas del estado Bolívar han solicitado apoyo al gobierno encargado de Delcy Rodríguez después de que se les revocara arbitrariamente el título de propiedad de sus tierras.

“Esto no debería suceder. Hemos trabajado la tierra por la que luchamos y que obtuvimos legalmente”, declaró la vocera campesina Zurima Carvajal a Venezuelanalysis/Tatuy TV.

Carvajal pertenece al consejo campesino «Ojo de Agua Las 3 Raíces», que agrupa a 41 familias en un terreno de 470 hectáreas con el mismo nombre, ubicado en el municipio Padre Pedro Chien del estado Bolívar.

La organización rural denunció que su título de propiedad colectiva fue revocado arbitrariamente en 2024, pero las autoridades locales no les notificaron nada durante más de dos años. En las últimas semanas, las familias campesinas han denunciado intimidaciones e intentos de desalojo.

“Hace unos días se realizaron disparos contra mi casa”, afirmó Carvajal. “La policía vino y levantó un acta, pero luego no pasó nada”.

La líder campesina denunció que una familia de la zona, que afirma ser dueña de la tierra, tiene vínculos con oficiales militares, diputados de la Asamblea Nacional y la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García. 

Carvajal agregó que ha recibido amenazas recurrentes y que un grupo de hombres contratados para intimidar al consejo campesino destruyó una cerca, lo que provocó que las familias perdieran cinco cabezas de ganado que se escaparon a las montañas cercanas.

“Instamos a las autoridades nacionales, desde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hasta el ministro de Agricultura, Vladimir Padrino, así como al Instituto de Tierras (INTI), a que investiguen este caso y nos devuelvan nuestro título”, concluyó Carvajal. “Debe existir un mecanismo para proteger a quienes trabajan la tierra”.

El consejo campesino de Ojo de Agua inició su lucha en 2016, al denunciar ante las autoridades que existían vastas extensiones de tierra abandonadas en el municipio Padre Pedro Chien. 

Amparadas por la Ley de Tierras de Venezuela, que protege a los colectivos rurales que ocupan y producen en tierras ociosas, las familias campesinas comenzaron a asentarse en la zona en 2018.

Carvajal recordó que la organización se enfrentó de inmediato a la intimidación y la violencia por parte de supuestos propietarios que no pudieron presentar ninguna prueba de propiedad, después de que el INTI iniciara una investigación. Sin embargo, destruyeron repetidamente los cultivos, mientras presentaron denuncias falsas que llevaron al encarcelamiento y judicialización de varios activistas.

La organización Ojo de Agua logró un avance decisivo tras sumarse a la Marcha Campesina Admirable de 2018, en la que cientos de activistas rurales marcharon, durante cientos de kilómetros, para exigir que el gobierno de Nicolás Maduro abordara los problemas agrarios, incluyendo la violencia de los terratenientes y la judicialización de dirigentes de base.

Con el apoyo de otras organizaciones campesinas, Ojo de Agua recibió su título de propiedad del gobierno de Maduro en 2020. Carvajal afirmó que la tierra ha permanecido productiva, con una variedad de cultivos que incluyen maíz, caña de azúcar, caraotas y hortalizas, así como un pequeño rebaño de ganado.

Las luchas por la tierra se han intensificado recientemente en el campo venezolano, con un número creciente de colectivos rurales que denuncian la revocación arbitraria de los títulos de propiedad. 

El partido opositor Vamos Venezuela, respaldado por gremios agroindustriales y ganaderos, ha lanzado una iniciativa para derogar la histórica Ley de Tierras de 2001, aprobada por el expresidente Hugo Chávez, con el fin de convertir a Venezuela en “un país de propietarios”.

Los movimientos campesinos han reafirmado su compromiso de luchar para defender los logros populares en el campo.

El gobierno encargado y el parlamento venezolanos aún no se han pronunciado sobre una posible reforma a la Ley de Tierras. Sin embargo, la Asamblea Nacional aprobó preliminarmente una ley de “protección de la actividad ganadera”, y el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, criticó públicamente la nacionalización de grandes hatos durante los gobiernos de Chávez.

Paralelamente a la disputa por la tenencia de la tierra, las organizaciones rurales venezolanas también han denunciado que la producción nacional está en riesgo debido a las importaciones desenfrenadas de distintos rubros como maíz, arroz y azúcar. 

Los pequeños productores y productoras han señalado a las empresas agroindustriales por recurrir a las importaciones durante la temporada de cosecha para bajar los precios de los cultivos.

Estados Unidos es la segunda mayor fuente de importaciones agrícolas a Venezuela en términos de volumen, con un total de 758 millones de dólares en 2025. El investigador Felipe Pacheco alertó que las importaciones de maíz procedentes de Estados Unidos crecieron 364% en los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el promedio de los cinco años anteriores.