[REPORTAJE] Consejo Campesino José Leonardo Chirino: ‘Queremos producir sin acoso e intimidación’

Campesinas y campesinos venezolanos del estado Falcón han instado a las autoridades a detener los intentos de desalojarlos de tierras donde han producido alimentos durante años.

El Consejo Campesino José Leonardo Chirino, que agrupa a unas 120 familias en la hacienda Barimisagua, ubicada en Sanare, municipio Monseñor Iturriza, ha acusado al terrateniente Jacobo Salas Romer de orquestar una campaña de intimidación contra el pueblo campesino de la zona.

Durante las últimas dos semanas, voceras y voceros han señalado el uso de maquinaria pesada para destruir cultivos y han denunciado la actuación violenta de cuerpos de seguridad, que incluso han quemado casas.

“La familia Salas Romer mantiene un acoso permanente contra más de 100 familias en estas tierras”, declaró a Tatuy Tv Gustavo Ladino, uno de los voceros del consejo campesino. “Han sobornado a los cuerpos de seguridad, a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Policiales (DIPE), y algunas instituciones se han prestado a servir a los intereses de esta familia fascista”.

Agregó que la hacienda Barimisagua pertenece al Estado venezolano después de que fuera abandonada por sus antiguos propietarios. La propiedad está dividida en cuatro predios: El Hierro, Las Marías. Las Vitrinas y Barimisagua, con un total de 648 hectáreas.

En un documento compartido con Tatuy Tv, el Consejo Campesino José Leonardo Chirino detalla cómo las familias rurales empezaron desde el año 2000 a asentarse en la hacienda, progresivamente ocupando más tierras para ponerlas a producir. Algunos de los principales rubros incluyen maíz, frijoles y batata, junto a árboles frutales y cría de animales a pequeña escala.

En este documento, el colectivo rural criticó al Instituto Nacional de Tierras (INTI) por no seguir los procedimientos establecidos en la Ley de Tierras de Venezuela para asignar tierras ociosas a organizaciones campesinas una vez que estas hayan desarrollado actividades productivas durante un período extendido.

El vocero campesino instó a la presidenta interina Delcy Rodríguez, al ministro de Agricultura Vladimir Padrino López y al fiscal general Larry Devoe a garantizar el derecho de las familias rurales a “contribuir a la seguridad alimentaria del país”.

“Hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que nos apoyen”, dijo Ladino. “Instamos al gobierno a que realice una inspección y entregue los títulos de propiedad para que podamos producir sin sufrir acoso e intimidaciones”.

El activista local condenó además los intentos de criminalizar las luchas por la tierra al judicializar a los líderes y lideresas locales con delitos como “invasión” para mantenerlos silenciados a través de procesos legales.

En una asamblea celebrada el 18 de julio, las familias del consejo campesino ratificaron a sus voceros y voceras y emitieron un comunicado de prensa reiterando su firme deseo de resistir contra la ofensiva latifundista. 

“Con este nuevo equipo al frente, el Consejo Campesino ‘José Leonardo Chirino’ se blinda organizativamente para responder con contundencia a los ataques, profundizar la producción agrícola y consolidar la justicia social en el campo”, afirmaba el comunicado.

Jacobo Salas Romer pertenece a una poderosa familia de la oligarquía venezolana. Su hermano, Henrique, fue gobernador del estado de Carabobo y perdió frente a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998. Los negocios familiares aparecieron en la investigación de los Papeles de Panamá sobre la fuga de capitales y los paraísos fiscales.

La finca Barimisagua ha estado en el medio de una batalla legal durante muchos años, en la que Salas Romer ha intentado obtener órdenes de protección de los tribunales agrarios locales por supuestos motivos ambientales como medio para desalojar a las familias rurales. El consejo campesino ha rechazado las ofertas de reubicarse en otras parcelas del estado de Falcón, argumentando que la tierra es insuficiente para la cantidad de familias involucradas.

En los últimos años, las organizaciones rurales de base han sonado las alarmas sobre el resurgimiento de la violencia terrateniente en el campo, así como sobre la creciente influencia de los oligopolios agroindustriales. Los productores de arroz han organizado múltiples protestas exigiendo que las autoridades regulen las importaciones durante la temporada de cosecha y obliguen a las corporaciones agroindustriales a respetar los precios acordados.

Con la economía fuertemente limitada por las sanciones estadounidenses, el gobierno de Nicolás Maduro tomó medidas para liberalizar las políticas agrícolas, transfiriendo competencias del Estado al sector privado, incluyendo el suministro de semillas y fertilizantes, así como el acceso a la mecanización. De igual modo se eliminaron gradualmente los subsidios al combustible, lo que los pequeños productores señalaron como un factor clave que eleva los costos de producción.

Las organizaciones campesinas han advertido contra los esfuerzos liderados por las asociaciones agroindustriales y ganaderas para reformar o minimizar la Ley de Tierras de 2001, que favorecía en gran medida el acceso a la tierra para el pueblo campesino. En junio, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión una nueva Ley de Protección de la Actividad Ganadera.