[VENEZUELA] ¿Regresó el Consenso de Washington?

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El chavismo nació como movimiento cívico-militar a partir de la crítica, interpelación y protesta que el pueblo venezolano expresó contra la democracia de élites, representada en el Pacto de Punto Fijo; y contra el neoliberalismo y su recetario económico condensado en el famoso Consenso de Washington.

Este programa, cuya denominación es atribuida al economista John Williamson, surgió como resultado de un encuentro promocionado por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial que se realizó en Washington en 1989. En él participaron funcionarios del Departamento de Estado, del Tesoro y de la Reserva Federal de los EE.UU., ministros de finanzas de los países industrializados, presidentes de la banca internacional y connotados economistas.

De esta forma, el Consenso de Washington se constituyó en un conjunto de 10 medidas económicas de corte neoliberal, que los organismos multilaterales han impuesto a naciones sumergidas en crisis financieras o con deudas insostenibles, al momento de solicitar renegociaciones o nuevos préstamos.

Decía Chávez en 2006:

“Después de la caída de la Unión Soviética, se levantó en el continente americano el Consenso de Washington, que ustedes saben, no fue otra cosa que una ola de privatizaciones en el continente, y la tesis de la mano invisible del mercado, y la tesis de que el estado debe reducirse a su mínima expresión, y la tesis de que había que reducir la inversión social porque no era productiva, y el pago de la deuda externa, las políticas del FMI pues. ¿Qué pasó? Bueno casi todos esos países crecieron en cuanto a su PIB, ¿pero mucho más que el PIB saben ustedes que creció? La pobreza, ¿y mucho más que la pobreza saben que creció? La miseria. Vivir en la miseria, es vivir a las puertas del infierno, y al infierno es donde condena el capitalismo y el neoliberalismo a la mayoría de los pueblos de la tierra. Mientras que una minoría se hace cada día más rica.”1

Actualmente Venezuela atraviesa una crisis multifactorial, que inició tras la caída drástica de los precios del petróleo en 2014, y se recrudeció con el extenso paquete de medidas coercitivas unilaterales, denominadas sanciones, impuestas por EE.UU. y sus aliados con el objetivo de provocar un “cambio de régimen”.

Las medidas han apuntado a todos los sectores de la economía venezolana, en especial a las exportaciones petroleras. Según el gobierno venezolano, las pérdidas por la caída drástica de la producción en la principal industria del país llegan a los 30 mil millones de dólares anuales. Más aún, el reconocimiento de un “gobierno interino” ficticio ha llevado al despojo de activos del Estado venezolano en el extranjero, entre ellos la filial petrolera CITGO, valorada en 7 mil millones de dólares.

La aplicación de estas medidas coercitivas, ha implicado en el hecho, un bloqueo contra la capacidad de acción del Estado venezolano, logrando desestabilizar la economía y así acrecentar la presión, limitando el margen de maniobra del gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, el gobierno, argumentando que no existe otra alternativa para enfrentar esta agresión, ha optado por aplicar una política económica que lejos de contrarrestar los efectos de las sanciones, ha agudizado aún más la crisis, socavando el papel del Estado y el bienestar social de la población venezolana.

¿Son las sanciones la única explicación a la crisis venezolana? ¿Cuáles son las medidas asumidas por el gobierno? ¿Está el gobierno aplicando nuevamente la receta del Consenso de Washington? ¿Cuáles son las medidas propuestas por el Consenso? ¿Es cosa del pasado o su contenido es aún vigente? ¿No existe otra alternativa? Qué tal si usamos el consenso como un “baremo” y evaluamos la política económica que paulatinamente se viene implementando a la luz de las 10 medidas que componen este instrumento neoliberal.

1.- Disciplina fiscal

Este principio implica un recorte drástico en los gastos fiscales, para que el Estado no tenga gastos superiores a sus ingresos. Este postulado incluye además la idea de que los déficits financiados con emisión monetaria conducen a procesos inflacionarios.

En 2018, el presidente Maduro afirmó que para poder controlar la hiperinflación, el gobierno debía “ir a una disciplina fiscal prusiana y eliminar definitivamente la emisión de dinero no orgánico”2. De esta forma, desde julio 2018 hasta julio 2020, según el BCV, la cantidad real de dinero cayó 77%. Sin embargo el tipo de cambio paralelo, principal motor de la alteración de precios, no se detuvo. Al contrario, aumentó 307.195% durante el mismo período.3 Actualmente, la proporción entre la cantidad de dinero que circula y el nivel de producción (PIB), es de apenas 1,31%, cuando en el 2014 era de 80%.4

Por otro lado, para frenar la emisión de dinero bancario, el gobierno amplió en 2018 al 100% el encaje legal marginal de los depósitos que hace el Estado venezolano al sistema bancario nacional, limitando así el crédito bancario. Esto a su vez condicionó la inversión productiva y contrajo el consumo de la ciudadanía, quien había acudido al crédito como un mecanismo de salvación frente a la crisis.

Aunque el encaje ha sido flexibilizado en los últimos meses, el crédito bancario resultante se viene destinando a sectores privilegiados de la economía, y más recientemente indexándose en dólares, lo que impide que la clase trabajadora pueda acceder a él con uno de los salarios más bajos del mundo.

El gobierno abogó por estas medidas para controlar la hiperinflación. Aunque se haya logrado ralentizar la espiral inflacionaria en los últimos meses, no ha sido suficiente para impedir una segunda reconversión monetaria en tan solo tres años. Sin embargo, este control de la inflación se hizo bajo la receta ortodoxa de congelar la capacidad de consumo, lo que a su vez contribuyó a una mayor caída de la producción nacional.

2. Disminución del gasto público, especialmente el gasto social.

Para alcanzar la disciplina fiscal en situación de déficit, el consenso privilegia el recorte del gasto público para hacer más “rentable” el funcionamiento del Estado, que se plantea como un estado-empresa.

En Venezuela, el presupuesto nacional aprobado para 2021 fue de 8.138 millones de dólares, mucho más que los 5.439 millones de dólares aprobados para el de 2020. Pero si lo comparamos con el presupuesto de 2014, que superó los 80.000 millones de dólares, la reducción del gasto público es más que drástica. Como resultado de esta medida, por ejemplo, el consumo del gobierno ha disminuido 30% entre 2013 y 2018, y la inversión ha disminuido, según el BCV, 88% entre el sector público y privado.5

La caída del ingreso fiscal, que “obliga” al gobierno a hacer esta reducción del gasto público es causada tanto por factores internos como externos: caída del PIB en general (más del 65%) y de los ingresos petroleros en particular, hiperinflación, restricciones comerciales y congelamiento de fondos en el exterior producto de las sanciones, imposibilidad de endeudamiento externo, restricciones en la emisión monetaria y las propias deficiencias tributarias han limitado la disponibilidad de recursos por parte del Estado.

Por su parte, el gobierno afirmó en el marco de la aprobación del mermado presupuesto 2021, que aún destina más del 75% a la inversión social.6 Sin embargo el deterioro progresivo de los salarios, las pensiones, y las bonificaciones que recibe la clase trabajadora para su manutención se manifiestan en un caída de casi el 99% del poder adquisitivo.

La restricción monetaria derivada de la susodicha disciplina fiscal ha impedido el financiamiento de estas insuficiencias fiscales generadas por el ataque al bolívar, obligando a un recorte de las metas nacionales. La consecuencia es un deterioro de todos los servicios que presta la administración pública.

3. Reforma tributaria

El cambio del régimen tributario se plantea con el objetivo de mejorar el ingreso fiscal mediante la recaudación impositiva, sobre la base de la extensión de los impuestos indirectos, especialmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En Venezuela, para 2018, en el marco del Plan de Recuperación Económica, el gobierno aumentó el IVA del 12% a 16% de forma general. Por su parte, desde 1994 se mantiene el 34% de Impuesto Sobre la Renta (ISLR).7

Es importante subrayar que Venezuela es de los países de América Latina que menos impuestos recauda, con una presión tributaria cercana al 14%.8 Del total recaudado por el Estado, solo el 14% corresponde a impuestos sobre la renta, porcentaje que incluye “la renta” de los asalariados, mientras que el restante 86% es Impuesto al Valor Agregado (IVA), que recae sobre los hombros del pueblo trabajador.9

También hay que recordar que históricamente el Estado venezolano ha atenuado la presión tributaria a la burguesía gracias al ingreso fiscal petrolero, a través del suministro de divisas a tasas preferenciales. Aunque bajo los gobiernos de Chávez se reformó el sistema en favor del sector público y se garantizaron recursos importantes para el presupuesto nacional, hoy el gobierno parece avanzar por un camino diferente, revelando un conjunto de inconsistencias que comprometen la disponibilidad de recursos.

En este sentido, el gobierno del Presidente Maduro emitió el Decreto Número 3.569, ratificado con el Decreto Presidencial Número 4.106 de 2020, mediante el cual se exoneran del pago del Impuesto Sobre la Renta a PDVSA, empresas filiales y mixtas petroleras.10 Igualmente se ha venido flexibilizando el cobro de regalías mediante esquemas poco transparentes, cediendo además el control operacional de los yacimientos.

Por otro lado, el gobierno aún mantiene el beneficio de la doble tributación, en el que la burguesía transnacional no paga impuestos en nuestro territorio. Mediante este mecanismo, las grandes corporaciones han enviado a sus países por concepto de repatriación de ganancias la suma de 94.911 millones de dólares desde 1999 hasta 2018 según datos del BCV.

Es decir, mientras que por un lado el gobierno favorece a la burguesía, retrocediendo en el cobro de impuestos petroleros, tributos fundamentales para sostener el presupuesto venezolano, exonerando de IVA y otros impuestos a los importadores, y manteniendo el beneficio de la doble tributación; por otro lado recarga el peso impositivo sobre el ISLR, pero en mayor medida sobre el IVA que termina impactando negativamente en la clase trabajadora.

Para completar el cuadro, con la aprobación del Proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales, se asegura a los capitalistas, por un período no menor de 10 años, la exoneración del impuesto de importación, Impuesto sobre la renta (ISLR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como la exención de los regímenes aduaneros.11

4. Liberalización financiera.

En este campo, las medidas han buscado, en general, la eliminación de la participación del Estado en el sector financiero, y en particular la liberalización de las tasas de interés que serían determinadas por el “libre” juego de la oferta y la demanda de los recursos financieros, junto a la necesidad de obtener tasas de interés real positivas, para incentivar el ahorro y desalentar la fuga de capitales.

En Venezuela, las tasas de interés no han sido totalmente liberalizadas, ya que es aún el Banco Central de Venezuela (BCV) el ente responsable de regular y publicar el crédito y las tasas de interés del sistema financiero. Sin embargo, las tasas de interés han sufrido un aumento sostenido en los últimos años. Para enero de 2014, rondaban el 15,73%, mientras que para julio de 2021 alcanzaron un 56,26% según el BCV.

Por otro lado, en octubre de 2019 el Banco Central emitió una resolución que ancló los créditos comerciales con la fluctuación del dólar. Y para enero de 2021, el ente regulador aprobó fijar los montos de los créditos e intereses a una “unidad de cuenta” que depende del tipo de cambio. Dicho de otro modo, se indexaron en dólares los créditos bancarios.

Vale aclarar que Venezuela vive un proceso de dolarización de facto que destaca por la velocidad a la cual se ha producido. La economía venezolana es un caso de dolarización semioficial, donde el dólar es de curso legal pero todavía el pago de buena parte de los salarios, sobre todo en el sector público, de los impuestos, y variados gastos cotidianos se siguen transando en bolívares.

5. Liberación cambiaria

El objetivo de la unificación de tipos de cambio y la liberalización del mercado de divisas es lograr tasas de cambio competitivas para las exportaciones, compatibles con la meta de reducción de los índices inflacionarios.

El Gobierno de Venezuela, desde 2018, ha venido concretando la liberación de los controles cambiarios, con la promesa de frenar la hiperinflación (derrotando al “dólar criminal”), atraer capitales y estabilizar la economía.

El primer paso se dio en enero de 2018, cuando el gobierno nacional derogó la tasa de cambio preferencial utilizada para las importaciones públicas, con el establecimiento del Sistema de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (DICOM). Según el Convenio Cambiario 39 del BCV, todas las operaciones que de compra y venta de divisas en el país se tasarían al tipo de cambio flotante arrojado por el sistema de venta de divisas por subasta DICOM.12

En agosto de 2018, la Asamblea Nacional Constituyente dio un nuevo paso con la publicación del decreto que derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios, despenalizando las operaciones cambiarias entre particulares, para que pudiesen comprar y vender “sus propias divisas” libremente. Esta medida fue un avance decisivo para el desmontaje del control del régimen cambiario, vigente desde 2003. En ese momento, el control de cambios se impuso para frenar la fuga de capitales luego del paro petrolero.13

En septiembre de 2018, el gobierno anunció un nuevo convenio cambiario que adoptó un esquema de libre convertibilidad del bolívar en todo el territorio nacional. Con la medida, se estipuló un tipo de cambio único fluctuante, cuya tasa sería el promedio ponderado de todas las operaciones transadas. Por su parte, el sector privado exportador pasó a poder conservar 80% de las divisas generadas y vender el 20% restante al BCV. También se permitieron operaciones de menudeo, no solo en las casas de cambio sino en todo el sistema de banca pública y privada.14

Finalmente, el 2 de mayo de 2019, la resolución del Banco Central de Venezuela (BCV) N° 19-05-01, cambió el sistema de subastas DICOM por el mecanismo de Mesa Cambiaria. El intercambio de divisas por mecanismos oficiales quedó administrado por el sector privado, regido por los operadores cambiarios autorizados, la banca nacional y las distintas casas de cambio para la libre compraventa de monedas extranjeras.15

¿Cuál ha sido el resultado? La tasa de cambio ilegal aún se mantiene vigente como valor predominante, distorsionando la economía y sosteniendo la hiperinflación que nos acosa desde finales de 2017. De hecho, lo que ha ocurrido es que la tasa oficial que se deriva de las mesas cambiarias, termina “persiguiendo” el valor de la tasa ilegal, y en algunos casos incluso llega a superarla.

Por otro lado, el ingreso de capitales extranjeros que se esperaba para nutrir el mercado cambiario nacional no ha sido el esperado. La dolarización ha sido alimentada por el ingreso en divisas por vía de remesas y el ingreso de capitales ilegales buscando su “blanqueamiento”. Además, desde 2018 las reservas internacionales han caído cerca del 25%, cerrando en “6.241 millones de dólares para julio de 2021.”16

6. Liberalización comercial externa

En el sector, el objetivo ha sido la reducción de las tarifas arancelarias y abolición de trabas existentes a la importación.

Desde 2018, el gobierno venezolano viene implementando y prorrogando una serie de medidas que redundan en una apertura comercial y flexibilización de las actividades de importación por parte del sector privado.

El 31 de agosto de 2018, el gobierno emitió una resolución ministerial conjunta, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.402, en la que personas naturales y jurídicas se beneficiarían de la exoneración del pago del impuesto y tasa aduanera por la importación de mercancía. Se liberaron 8.288 aranceles en el marco del Plan de Recuperación Económica.17

Posteriormente, el 29 de diciembre del año 2020, se amplió el paquete de medidas a través del Decreto N° 4.412, con exoneraciones de impuestos de importación, impuesto al Valor Agregado y tasa por determinación del régimen aduanero a bienes muebles de capital, bienes de informática y telecomunicaciones, sus partes, piezas y accesorios, así como la importación de bienes muebles corporales, realizadas por las personas jurídicas, cuya actividad económica se corresponda con el sector automotriz.18

En contraste y más recientemente, el 6 de agosto de 2021, la vicepresidenta y ministra de Economía, Delcy Rodríguez, “anunció que tras reunirse con representantes del sector privado el Ejecutivo aprobó un decreto que elimina la exoneración de aranceles a 597 productos que pueden estar compitiendo deslealmente con bienes nacionales, con la finalidad de dar impulso y fortalecer la producción local.”19

Sin embargo, el Ejecutivo mantiene la exoneración a 2.514 bienes de consumo y además deja abierta la exoneración de impuestos a través de un código arancelario que se denomina como “los demás”, que se encuentra en cada uno de los rubros que componen la larga lista y que refiere a otras características del producto distintas a las especificadas en los códigos anteriores.

Estas medidas han incentivado las actividades comerciales privadas, con el surgimiento y crecimiento del comercio de productos de origen importado, especialmente a través de los denominados “bodegones”, los cuales se han extendido en las principales ciudades del país desde 2019. También se evidencia la emergencia de un nuevo circuito de comerciantes que vienen disfrutando de estas ventajas para atesorar crecientes tasas de ganancias.

Vale recordar que toda esta apertura ha estado acompañada por una política de liberación de precios del mercado interno desde 2017, disfrazada con la fallida política de precios acordados. Liberación de precios que aunque sorteó el desabastecimiento inducido, ha limitado dramáticamente el acceso al consumo por parte de la población.

7. Beneficios a la inversión externa

El objetivo de esta reforma es que las empresas extranjeras puedan competir en igualdad de condiciones con las nacionales y traer sus capitales. Al efecto es necesario suprimir las barreras de entrada a las empresas multinacionales, de las cuales se espera contribuyan al avance tecnológico y al incremento de las exportaciones.

Un primer paso en este sentido se dio el 28 de diciembre de 2017, día en que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sancionó la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, que tiene la finalidad de regular todo lo concerniente a la inversión extranjera en el país. La ley establece un programa de beneficios especiales otorgados a las inversiones extranjeras, como desgravámenes, amortización acelerada, compra de la producción por parte de los órganos entes del sector público, bonificación en impuestos, exenciones arancelarias y tributarias.

Cabe señalar que esta ley deja en entredicho la renuncia a la inmunidad de jurisdicción, es decir, la renuncia “al soberano derecho de la República Bolivariana de Venezuela de resolver sus controversias sobre asuntos de interés público con sus propias leyes y tribunales, y de no ser sometida a cortes o jueces extranjeros.”20

El 8 de octubre de 2020 fue aprobada la Ley Antibloqueo por la ANC, cuyo principal objetivo declarado es mitigar el efecto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. La iniciativa fue ratificada en mayo de 2021 por la Asamblea Nacional (AN) que aprobó el Proyecto de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos.

Según el Presidente Nicolás Maduro, la Ley Antibloqueo “favorece la presencia de inversionistas internacionales de todos los países, en todos los sectores de la economía venezolana”, con el fin de brindar garantía a las empresas y “entrar a fondo en la inversión y el crecimiento económico de Venezuela”.21 También afirmó que “las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica del capital estadounidense” y remató diciendo: «La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!».22

En esta ley se estipulan medidas que estimulan y favorecen la participación, gestión y operación del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional, la posibilidad que entes privados puedan realizar “operaciones de administración de pasivos, así como de administración de activos” públicos.

También el ejecutivo nacional podrá suscribir con sus socios e inversionistas, contratos con cláusulas de protección de la inversión y de resolución de controversias; modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración, funcionamiento y participación del Estado de determinadas empresas públicas o mixtas; revertir procesos de nacionalización y facilitar el acceso de la propiedad pública al sector privado por vía de alianzas estratégicas. Se trata de un eufemismo que esconde procesos de privatización.

Salta a la vista que esta ley también incluye la “desaplicación” de normas legales vigentes a discreción, la creación de un régimen en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar información oficial, así como la prohibición al acceso a esta documentación.

Por otro lado, en mayo de 2021 la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, con el objetivo de restituir, fortalecer y consolidar, la necesaria seguridad jurídica para la inversión pública, privada y mixta, nacional e internacional.

En dicha legislación, se prevé que las leyes de alcance nacional pueden ser desreguladas dentro de una zona económica especial, para atraer capitales e incrementar la inversión extranjera, con ventajas arancelarias, fiscales y financieras. Para ello, se establece un régimen de ventajas a quienes operen en dichos espacios geográficos confiriéndoles “estímulos económicos” y la posibilidad de contar con “un régimen socioeconómico especial y extraordinario”, asegurándoles un régimen cambiario propio, de libre convertibilidad, independientemente del que se decida y rija en el resto del país.

En el convenio de inversión previsto se les podrá acordar a los inversionistas: devolución automática, total o parcial del impuesto de importación, impuesto sobre la renta (ISLR) e impuesto al valor agregado (IVA) por diez años. Igualmente la exención de los regímenes legales aplicables para importación y exportación para insumos, materias primas y bienes de capital destinados a la producción de bienes y servicios para exportación, más otras facilidades o incentivos adicionales otorgados a discreción por el Presidente de la República.

Es importante destacar las facilidades de acceso a recursos naturales de la nación previstas en la ley: “Las zonas económicas especiales se organizan y definen de acuerdo a la disponibilidad de recursos naturales”, pudiendo instalarse en territorios con “importante concentración de recursos naturales que permitan su transformación en procesos industriales para la exportación y el mercado doméstico”, en “sectores priorizados” como “energía, hidrocarburos y sus derivados”.

Aunque todo este cuerpo legal ofrece las garantías jurídicas necesarias para que la inversión extranjera aterrice en nuestro país, el flujo de capitales esperado por el gobierno para impulsar el aparato económico venezolano no ha llegado en la medida que lo esperan. A pesar de las ventajas económicas que ya hemos analizado, la amenaza de sanciones estadounidenses sigue siendo un obstáculo.

8. Privatizaciones de empresas públicas

En general, se considera que la privatización de empresas de propiedad estatal constituye una fuente de ingresos de corto plazo para el Estado. En el fondo prevalece la lógica que la empresa privada es más eficiente que la estatal.

El gobierno nacional, luego de un proceso de nacionalizaciones emprendido por el Comandante Chávez, inició desde 2016 un proceso de privatizaciones, principalmente bajo la categoría de “alianzas estratégicas”.

Docenas de plantas químicas, procesadoras agroindustriales y hoteles de propiedad pública han sido transferidos a operadores privados en este esquema basado la Ley de Nuevas Formas Asociativas de 2012, como un acuerdo “entre una empresa privada o comunitaria y el Estado nacional a efectos de compartir procesos productivos, bien sea en una misma actividad o en encadenamientos asociados”. No obstante, el gobierno ha asumido las alianzas como un mecanismo de entrega del control y la administración de empresas públicas al sector privado.

Algunos casos emblemáticos saltan a la vista. El portal de investigación La Tabla, el 28 de noviembre de 2020, reportó un conjunto de empresas públicas que se encontraban sometidas a procesos de transferencia al sector privado. A saber, Agropatria a la compañía Grupo Agrollano 2910, Lácteos Los Andes a una compañía origen iraní, Central Azucarero Pío Tamayo, al Consorcio VEINCA, Central Azucarero Río Guanare, a la compañía Aliceole, el Teleférico Waraira Repano a la Operadora 1956 del Hotel Humboldt.23

En lo que respecta al ámbito petrolero, el proceso es aún más complejo. «Uno de los primeros movimientos fue en el sector petroquímico, con la modificación de la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas en el año 2015, donde se autorizó una participación estatal en las Empresas Mixtas Petroquímicas menor al cincuenta por ciento (50%) del respectivo capital social…”, cuando antes se establecía que el Estado debería ser siempre accionista mayoritario.24

El Gobierno Nacional dictaminó el Decreto Nº 3.368, el 12 de abril de 2018, mediante el cual se establece un régimen especial y transitorio para la gestión operativa y administrativa de la Industria Petrolera Nacional. En este marco legal, el Ministro de Petróleo y presidente de PDVSA cuentan con “poderes extraordinarios” para elaborar y aprobar contratos petroleros. El Decreto 3.368 se transformó de inmediato en una cesión de activos de PDVSA a operadores privados.25

Bajo este nuevo régimen especial, para agosto de ese mismo año se llevó a cabo la firma de los “Contratos de Servicios”, con los que se entregaron pozos petroleros a empresas privadas, en su mayoría desconocidas. “A partir de estos contratos a empresas privadas nacionales y extranjeras PDVSA entrega sus equipos para las operaciones, y el privado obtendrá todo lo que logre extraer del pozo por encima de lo que solicita PDVSA en el contrato.”26

En el caso de las alianzas con China, destacan entre los últimos acuerdos la conversión la Ferrominera del Orinoco en una empresa mixta; la ampliación de la participación de capital chino en 9,9% de las acciones de Petrosinovensa (empresa mixta petrolera) elevándose a 49,9%; convenios en materia de extracción de gas con la Corporación Nacional de Explotación del Gas de China (CNODC), de extracción aurífera con el Yankuang Group y de hierro con la Railway Engineering Corporation, además de convenios para la extracción y procesamiento de coltán, entre otros.27

Más recientemente, el Gobierno negoció su participación accionaria en una refinería en la República Dominicana para recuperar bonos de deuda externa. La operación fue de US$ 88 millones, aunque PDVSA hubiese pagado US$ 135 millones en el 2010, en una operación para ampliar el programa solidario PetroCaribe.

Gracias a un proceso de desinversión sostenida y a problemas de gestión, muchas empresas públicas terminaron en la quiebra (inducida) para luego ser transferidas o negociadas en condiciones ventajosas para el sector privado. También existe el caso en las que empresas públicas sufrieron un proceso de desconcentración o descentralización, entregadas a gobernaciones y alcaldías, y éstas al no contar con el presupuesto necesario para sostenerlas, terminaron pasándolas a operadores privados.

Las privatizaciones vienen avanzando con la promesa de reactivar el aparato productivo nacional con los capitales que el sector privado invirtiera en él. Sin embargo, la burguesía venezolana, como dicta su tradición histórica, lejos de incorporar sus capitales al desarrollo de la nación, sigue procurándose mecanismos para captar las divisas del Estado, invertirlas en el rentable y especulativo mercado cambiario y fugar las ganancias.

9. Desregulación

Otro principio del Consenso de Washington consiste en la abolición de regulaciones que impidan acceso al mercado o restrinjan la competencia, excepto las que estén justificadas por razones de seguridad, protección del medio ambiente y al consumidor y una supervisión prudencial de entidades financieras.

La desregulación de la economía venezolana es palpable y demostrable según lo que hemos analizado hasta ahora. Con la liberación del mercado cambiario, la eliminación del control de precios, la exoneración de diferentes impuestos, la flexibilización de la política aduanera, la posibilidad de desaplicar leyes y normas con la Ley Antibloqueo, la dolarización de facto y la flexibilización laboral de hecho, la desregulación de la economía venezolana es toda una realidad.

Cabe mencionar también, como señal de este proceso, la reactivación del mercado de valores, que en 2019 apenas contaba con tres empresas de renta fija y en la actualidad funcionan 45 compañías que emiten instrumentos de forma continua.

Por otro lado, a pesar de que no se han liberalizado los tipos de interés bancario, su valor ha venido escalando notablemente en los últimos años, sumado a la dolarización del crédito bancario. Lo mismo ocurre con las tarifas de los servicios públicos, que aunque formalmente no se han liberalizado, sus precios se mantienen al alza, incluso llegando a tasarse en dólares.

Por su parte, las Zonas Económicas Especiales prometen ser paraísos desregularizados, con un régimen socioeconómico especial y extraordinario en materia cambiaria, fiscal, tributaria, arancelaria, laboral y ambiental.

Frente a esto, el Estado viene perdiendo soberanía en materia económica, que lejos de garantizar “libertades económicas” para estimular la competencia, termina cediendo y transfiriendo su política económica a los monopolios, que en medio de la crisis, crecen y se fortalecen a la sombra del Estado. Un fenómeno que tampoco es nuevo en Venezuela.

10. Seguridad jurídica para los derechos de propiedad

De la mano de la desregulación viene el blindaje de la propiedad privada en el sistema legal, mediante decretos, reformas y enmiendas y cualquier instrumento jurídico diseñado para tales fines.

La Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2020, viene adelantando la redacción de una serie de instrumentos jurídicos y la modificación de un conjunto de leyes, que buscan “actualizar a los nuevos tiempos” el marco legal venezolano y establecer las garantías necesarias para recobrar la confianza del sector privado, especialmente en lo que se refiere al tema de la propiedad privada.

Iniciativas como la Ley Antibloqueo, Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la renovación de la Ley de Propiedad Industrial, Ley de Nuevos Emprendimientos, y la Ley de Aguas son algunas expresiones de la buena voluntad del Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional para con la burguesía nacional y transnacional.

Sin embargo, ya en la práctica hay evidencias de que no solo se detuvo cualquier iniciativa de nacionalización por parte del gobierno, sino que además se vienen revirtiendo nacionalizaciones y devolviendo empresas públicas al sector privado.

En el discurso también se manifiesta el viraje. Para el diputado e hijo del presidente, Nicolás Maduro Guerra, las nacionalizaciones figuran entre los “errores” del pasado, y admitió que “de repente, alguna expropiación fue injusta”.28 De igual forma, el también diputado José Vielma Mora expresó que con la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, se está evaluando “eliminar las expropiaciones al que invierta en Venezuela y revertir aquellas expropiaciones cuando el sector privado así lo requiera”.29

Reflexiones finales

Aunque reconocemos las duras condiciones impuestas por el paquete de sanciones que EE.UU y la UE han perpetrado sobre nuestra nación, las evidencias expuestas en el presente trabajo, revelan que el paquetazo económico aplicado por el propio gobierno nacional, en sintonía con el Consenso de Washington, no solo no ha contrarrestado los efectos de las sanciones y revertido la crisis, sino que ha limitado drásticamente las condiciones de vida del pueblo venezolano, y amenaza con hipotecar el proyecto revolucionario y la soberanía nacional durante décadas.

A la par, el gobierno está haciendo esfuerzos inconmensurables en transformar la percepción que la sociedad venezolana tiene en torno a la crisis, esfuerzos derivados de las negociaciones que adelanta en México con parte de la oposición. Y por otro lado, datos extraoficiales revelan que la inflación viene retrocediendo alcanzando el 10,6%, durante el mes de agosto, lo que viene generando expectativas en torno al fin del período hiperinflacionario, aunque en los últimos días de septiembre, se viene experimentado otra escalada en la tasa de cambio.

Según sea el grado de negociación que se alcance en México, es probable que varios de los nudos críticos que “impiden” la recuperación económica venezolana sean resueltos, ya que dependen directamente de mecanismos de agresión económica contra nuestro país, y esto ayude a reforzar el cambio de percepción tan anhelado por el gobierno.

Sin embargo, retumban en nuestros oídos las palabras del Comandante cuando afirmaba que las recomendaciones del Consenso efectivamente podrían estabilizar una economía y garantizar su crecimiento, como también eran las responsables del incremento de la miseria, la desigualdad y la exclusión social. Al fin y al cabo, los problemas estructurales que dieron origen al chavismo como fuerza política y que le dieron sentido a la lucha encabezada por el Comandante Chávez. ¿Estaremos volviendo al pasado?

Referencias

1. Comandante Hugo Chávez. Encuentro con empresarios vietnamitas. 01/08/2006.

2. Nuevo sistema tributario será presentado por el Ejecutivo ante la ANC la próxima semana. http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/nuevo-sistema-tributario-sera-presentado-por-ejecutivo-ante-anc-proxima-semana/

3. Pasqualina Curcio. Descuento del encaje legal. https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/especial/descuento-del-encaje-legal-pasqualina-curcio/

4. Pasqualina Curcio. La nueva expresión monetaria y la cantidad de bolívares. https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/la-nueva-expresion-monetaria-y-la-cantidad-de-bolivares-pasqualina-curcio/

5. Pasqualina Curcio. Gasto público, producción y dinero en guerra económica. https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/gasto-publico-produccion-y-dinero-en-guerra-economica-pasqualina-curcio/

6. 76,5% del presupuesto 2021 será destinado a la inversión social. http://www.snc.gob.ve/noticias/765-del-presupuesto-2021-sera-destinado-a-la-inversion-social

7. Alícuota del IVA aumenta de 12% a 16%. http://www.mppef.gob.ve/alicuota-del-iva-aumenta-de-12-a-16/

8. CEPAL. América Latina y el Caribe: Ingresos tributarios se recuperarían luego de caer ligeramente en 2016. https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-ingresos-tributarios-se-recuperarian-luego-caer-ligeramente-2016

9. Pasqualina Curcio. Antología de propuestas económicas (II): tributos. https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/antologia-de-propuestas-economicas-ii-tributos/

10. Oficializan exoneración de ISLR a Pdvsa y empresas filiales. http://www.mppef.gob.ve/oficializan-exoneracion-de-islr-a-pdvsa-y-empresas-filiales/

11. Claves | ¿Quiénes se benefician y quiénes pierden con la ley de Zonas Económicas Especiales? https://www.bancaynegocios.com/claves-quienes-se-benefician-y-quienes-pierden-con-la-ley-de-zonas-economicas-especiales/

12. Convenio cambiario N°39 de Dicom entra en vigencia el 26 de enero. http://www.bcv.org.ve/notas-de-prensa/convenio-cambiario-ndeg39-de-dicom-entra-en-vigencia-el-26-de-enero

13. ANC venezolana debate derogación de Ley de Ilícitos Cambiarios. https://www.telesurtv.net/news/venezuela-anc-debate-derogacion-ley-ilicitos-cambiarios-20180802-0036.html

14. Nuevo convenio cambiario establece libre convertibilidad de la moneda. http://www.bcv.org.ve/notas-de-prensa/nuevo-convenio-cambiario-establece-libre-convertibilidad-de-la-moneda

15. Resolución BCV Nro. 19-05-01, ¿Se desmonta el control de Cambio en Venezuela? https://proeconomia.net/resolucion-bcv-nro-19-05-01-se-desmonta-el-control-de-cambio-en-venezuela/

16. Al mes de julio el oro monetario y las disponibilidades en divisas del BCV se han contraído en $265 millones y $190 millones. https://www.finanzasdigital.com/2021/08/oro-monetario-y-divisas-del-bcv-se-han-contraido/

17. Sector privado se beneficiará de la liberación de impuestos de importación que deberá hacer con recursos propios. https://www.descifrado.com/2018/09/03/sector-privado-se-beneficiara-de-la-liberacion-de-impuestos-de-importacion-que-debera-hacerla-con-recursos-propios/

18. Decreto Nº 4.412: Exoneración de impuestos a las importaciones en Venezuela. https://www.cavecol.org/decreto-4412-exoneracion-impuestos-importaciones-venezuela/

19. Ejecutivo Nacional aprueba decreto que elimina exoneraciones a 597 productos que puedan afectar la producción local. http://www.mppef.gob.ve/ejecutivo-nacional-aprueba-decreto-que-elimina-exoneraciones-a-597-productos-que-puedan-afectar-la-produccion-local/

20. Luis Britto García. Resucitó la Ley Terminator. https://www.aporrea.org/tiburon/a257498.html

21. Venezuela garantiza las condiciones para el desarrollo de inversiones extranjeras. http://www.minci.gob.ve/venezuela-garantiza-las-condiciones-para-el-desarrollo-de-inversiones-extranjeras/

22. Maduro pide ayuda a China y le ofrece liderar nuevas inversiones en Venezuela. https://www.elespectador.com/mundo/america/maduro-pide-ayuda-a-china-y-le-ofrece-liderar-nuevas-inversiones-en-venezuela-article/

23. La Tabla en Twitter. https://twitter.com/latablablog/status/1332776376362029056

24. Milton D’León. Petróleo, geopolítica y el saqueo en curso en Venezuela. https://www.laizquierdadiario.com.ve/Petroleo-geopolitica-y-el-saqueo-en-curso-en-Venezuela

25. IDEM

26. Roberto Palacios. El plan para desaparecer Pdvsa. https://revolucionomuerte.info/2018/10/22/editorial-el-plan-para-desaparecer-pdvsa/

27. Milton D’León. Petróleo, geopolítica y el saqueo en curso en Venezuela. https://www.laizquierdadiario.com.ve/Petroleo-geopolitica-y-el-saqueo-en-curso-en-Venezuela

28. Maduro Guerra: “De repente, alguna expropiación fue injusta”. https://eltiempo.com.ve/2021/06/19/maduro-guerra-de-repente-alguna-expropiacion-fue-injusta/

29. Diputado Vielma Mora: Evaluamos eliminar y revertir las expropiaciones con la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales. https://www.globovision.com/article/diputado-vielma-mora-estamos-evaluando-eliminar-y-revertir-las-expropiaciones-con-la-ley-organica-de-zonas-economicas-especiales

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