[ANÁLISIS] Combustible, carteles y transgénicos: nuevos retos en el campo venezolano

Los gobiernos de Hugo Chávez implementaron políticas claras para democratizar la producción de alimentos en Venezuela. 

Empezando por la Ley de Tierras y pasando por la nacionalización/creación de empresas como AgroPatria o Pedro Camejo, el objetivo era no dejar el sector a merced del mercado y apoyar la pequeña y mediana producción, especialmente de organizaciones del poder popular.

En los últimos años, la crisis, fuertemente exacerbada por las sanciones, ha generado una liberalización de la política económica. El campo venezolano no ha sido una excepción.

Una carrera de obstáculos

Los instrumentos que otrora sirvieron de apoyo a la producción campesina han desaparecido paulatinamente. Las llamadas alianzas estratégicas han permitido la transferencia de empresas que suministraban semillas y fertilizantes (AgroPatria) o mecanización (Pedro Camejo) a manos privadas. En esa concepción salen beneficiados los grandes productores. 

En sectores como el azúcar, también las centrales estatales han pasado al sector empresarial, con consecuencias desastrosas para las familias productoras.

La última “estocada” ha sido el diésel cuyo precio se ha fijado en 50 c de dólar por litro, lo que para muchos campesinos y campesinas significa la quiebra. El combustible es necesario desde los tractores hasta los camiones que mueven las cosechas. Un racionamiento del diésel escaso, que abrió un mercado negro, poco a poco ha dado lugar a la comercialización a “precio internacional.”

“El tema del combustible nos ha afectado más que la pandemia», explicó Ricardo Miranda, del Plan Pueblo a Pueblo (PaP), a Tatuy Tv. 

Pueblo a Pueblo organiza alrededor de 270 familias campesinas en la región centro-occidental del país. Su objetivo es articular directamente con comunidades urbanas organizadas para distribuir alimentos a precios justos, sin intermediarios. 

Aunque el diésel a 50 c/L se ha “oficializado” ahora, Miranda dijo que en estados como Trujillo el panorama ya incluía contrabando de combustible a 2$/L o colas que llegaban a durar semanas.

“Este precio aumenta las estructuras de costos y toda la movilización de la producción. Esto significa una carga para el pueblo y un factor inflacionario más”, sostuvo el dirigente de PaP, añadiendo que el plan de racionamiento priorizó a los grandes productores.

[ANÁLISIS] Combustible, carteles y transgénicos: nuevos retos en el campo venezolano
Cartel de movimientos campesinos contra el diésel a 0.50$

Andrés Alayo, vocero de la Plataforma de Lucha Campesina (PLC), también aseveró que “los costos de producción son altísimos” para el pueblo campesino actualmente.

“Entre el combustible dolarizado, los insumos y la mecanización que dispararon los costos, etc., tenemos a los productores en una situación muy delicada”, expuso.

Por su parte, Ricardo Miranda señaló que aún en condiciones difíciles, las familias campesinas no dejan de producir y de asegurar un gran porcentaje de los alimentos que se consumen en Venezuela. En su opinión, las circunstancias han permitido expandir las prácticas agroecológicas y construir alianzas. PaP tiene actualmente un convenio con el Ministerio de Educación para distribuir, junto a organizaciones de base en las ciudades, alimentos para los comedores escolares.

Sin embargo, los obstáculos a la producción a pequeña y mediana escala son solo una parte de la realidad. La otra es un escenario cada vez más ventajoso para los grandes terratenientes y para el agronegocio.

Carteles y dumping

“El sector que más ha crecido en estos años en Venezuela ha sido la agroindustria”, afirmó Alayo a Tatuy Tv. El poder creciente de los grandes grupos empieza a tener consecuencias.

En las últimas semanas, se han dado varias protestas de productores y productoras de maíz exigiendo que el gobierno regule los precios. Aunque algunas autoridades han tomado cartas en el asunto, no ha habido respuesta todavía. 

Según el vocero de la PLC, hay una clara “cartelización” del sector. “Para las agroindustrias es muy barato importar maíz, y a partir de ahí fijan precios que son totalmente inviables para la producción nacional.” Alayo subrayó que el papel del Estado es “intervenir” para proteger su soberanía.

La Plataforma, que tuvo un papel protagónico en la Marcha Campesina Admirable de 2018, no descarta otra movilización masiva en defensa del pueblo campesino.

Ricardo Miranda expresó una posición similar, “los monopolios presionan al gobierno”, que deja el mercado en sus manos además de no apoyar a la producción campesina. “Es una visión del alimento como mercancía cada vez más predominante”, concluyó.

Una nueva “amenaza” para los productores y productoras rurales es la apertura de la frontera con Colombia. Alayo alertó que colectivos campesinos de la región andina denuncian un “dumping masivo” de rubros colombianos, especialmente hortalizas y verduras. 

“Si nuestros campesinos terminan quebrados, el agro colombiano tomará el mercado y cartelizará los precios”, advirtió.

El vocero de PaP explicó que en los últimos años han entrado alimentos colombianos de manera informal, pagando comisiones a lo que era entonces el “protectorado” del estado Táchira dirigido por Freddy Bernal. Sin embargo, cree que la regularización del paso fronterizo y la imposición de aranceles de importación/exportación de ambos lados permitirá regular el impacto de los productos del país vecino.

Un rubro especialmente importante para Pueblo a Pueblo es la papa. “Colombia tiene tratados de libre comercio que le inundaron su mercado con papa extranjera (por ejemplo papas fritas congeladas), que luego trajo sus consecuencias de este lado», sostuvo. Aclaró que la papa colombiana llegó con precios muy bajos comparados con la venezolana. 

La política arancelaria del gobierno de Petro y la reactivación de la producción venezolana después de la pandemia ha permitido a PaP implementar nuevamente el plan “Papa para la vida, no para el capital”. Utilizando galpones a gran altitud, las organizaciones campesinas almacenan la papa durante meses para luego venderla a precios justos y combatir la especulación.

[ANÁLISIS] Combustible, carteles y transgénicos: nuevos retos en el campo venezolano
Galpones del plan «Papa para la vida, no para el capital»

Panorama (genéticamente) modificado

El ascenso del agronegocio ha sido bastante visible, y ha recibido incluso protagonismo del gobierno en cadenas televisivas. Se trata de grandes extensiones de tierra cultivadas y dos rubros destacados: maíz y soya. Pero con esta práctica surge un nuevo tema: el uso de semillas transgénicas.

“Hay denuncias de campesinos de la presencia de semillas transgénicas en varias partes, lo que viola la Ley de Semillas de 2015”, dijo a Tatuy Tv Esquisa Omaña, integrante de la campaña “Venezuela Libre de OGMs”.

La organización no ha tenido acceso a las semillas y ha hecho un llamado a que la Comisión Nacional de Semillas (Conasem) investigue las denuncias pero, según Omaña, no hay actualmente “capacidad o interés institucional” para atender la situación.

La activista, que también integra el Grupo de Investigación Conflictividad Territorial y Crítica al Desarrollo, CiECS-CONICET (UNC, Argentina), detalló que una práctica común es permitir que entre maíz transgénico marcado para consumo que luego termina reempacado y sembrado. Mientras el uso de semillas transgénicas es ilegal, la importación de alimentos genéticamente modificados no lo es.

“Más allá del tema de la soberanía alimentaria, las consecuencias de los transgénicos están bien establecidas”, afirmó Omaña. “La semilla exige un paquete tecnológico, con químicos como el glifosato, que contamina tanto los suelos como el aire. Es el modelo asesino del agronegocio”, concluyó, refiriéndose a estudios que demuestran que las sustancias tóxicas se almacenan en los tejidos.

La campaña “Venezuela Libre de OGMs” sostiene que una ley de etiquetados, alertando al consumidor de la presencia de transgénicos, es una europa. Existen instrumentos similares en Europa y otras partes del mundo. Aún así, Esquisa Omaña añadió que es importante “trabajar la conciencia pública” para generar una alimentación más sana y menos vulnerable a los intereses del agronegocio.

La crisis y el bloqueo estadounidense han tenido consecuencias devastadoras para el pueblo venezolano, del deterioro de las condiciones de vida a la migración masiva.

En un contexto donde las sanciones se mantienen virtualmente intactas y surgen unos primeros indicios de recuperación económica, es también evidente una reconfiguración que le otorga cada vez más protagonismo al sector privado y a las corporaciones transnacionales. 

En lo que toca a la producción de alimentos, gana preponderancia el agronegocio, con llamados abiertos a inversionistas extranjeros con todas las ventajas necesarias. Se trata de una visión “pragmática” que impone, o permite que se imponga, la lógica capitalista.

Del otro lado se encuentran las familias campesinas, algunas organizadas y otras no, enfrentando dificultades crecientes para seguir produciendo. Entre la falta de apoyo, la actuación de los grandes productores como cartel y la penetración de OGMs, no son pocas las amenazas a la seguridad y soberanía alimentarias en Venezuela.

Pero al mismo tiempo el movimiento campesino ha demostrado una y otra vez su vocación de lucha, tanto para acelerar los cambios radicales como para enfrentar los ataques contra las conquistas de la Revolución Bolivariana.

*Tatuy Tv: Ricardo Vaz.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *