[EDITORIAL] Precariedad Laboral y Migración en Venezuela ¿Un Futuro Incierto?

Crisis, precariedad y migración

El capitalismo, en su crisis tan terminal como interminable, sigue mutando y generando nuevos mecanismos de explotación. En su centro, a pesar de ciertos discursos posmodernos, sigue estando la contradicción capital-trabajo.

Fenómenos recientes como la financiarización o la creciente automatización, ahora acelerada por la inteligencia artificial, han generado grandes cambios. Pero un elemento central y transversal es la creciente precariedad de la clase obrera.

Proliferan los trabajos a destajo o por cuenta propia, los contratos de cero horas y las empresas gigantes del modelo Uber. Lejos quedaron los días de un trabajo fijo, con derechos, y una reforma asegurada para vivir con dignidad. 

Venezuela, por diferentes razones, muchos de estos cambios se han vivido de forma acelerada en los últimos años. El reacomodo frente a la brutal crisis económica ha normalizado, y hasta institucionalizado, la precariedad. Por la ausencia de datos, es difícil estudiar de forma rigurosa el fenómeno. Sin embargo, en este editorial abordamos diferentes aristas del tema y sus implicaciones.

El peso de la crisis

Aún con cuatro años consecutivos de crecimiento del PIB, la economía venezolana tiene menos del 30% de la dimensión que tenía en 2013. El modesto viraje de la tendencia, aún bajo un contexto de bloqueo económico, ha coincidido con la implementación de una política económica de recorte liberal y ortodoxo ofreciendo una preponderancia cada vez más grande al sector privado.

La otra cara de la moneda ha sido la reducción del salario mínimo a casi nada, junto con las pensiones, erradicando en simultáneo prestaciones sociales, pagos vacacionales, indemnizaciones por despido y una serie de otros derechos consagrados en la legislación y contrataciones colectivas. En su lugar llegó un “ingreso mínimo integral” conformado por bonos.

La política de bonificación ha catalizado el trabajo precario al reducir dramáticamente los costos laborales para los empleadores. Grandes cadenas en el sector de servicios, como Traki o Fórum, pueden ofrecer remuneraciones lo más bajas posibles (y en forma de bonos), junto a horarios explotadores, además de ahorrarse cualquier otra responsabilidad para con su personal.

Al mismo tiempo, empresas digitales de intermediación como Yummy o Ridery rápidamente establecen monopolios que les permiten extraer ganancias de sus miembros solo por darles la oportunidad de trabajar. 

Por otro lado, el sector público sigue siendo el principal empleador en Venezuela. La estadística muestra una pequeña variación en las ocupaciones en el sector formal e informal. Pero la realidad es que la mayoría de las personas en la nómina del Estado no logra vivir solamente de los bonos mensuales y necesita (por lo menos) un segundo trabajo. Esta fuente de ingresos es vulgarmente conocida como “emprendimiento».

Emprendimiento

Las políticas de desregulación y generación de más y más beneficios para el empresariado vinieron acompañadas de un nuevo elemento: el “emprendimiento”.

Independientemente del giro tropical que se dé a un discurso desde siempre asociado al neoliberalismo, el objetivo es claro: promover las salidas individuales y reducir las responsabilidades del Estado, y eventualmente reducir su nómina.

En ese sentido, no es coincidencia que muchos funcionarios y funcionarias de administración pública busquen esta alternativa para complementar (o asegurar) un ingreso digno. Paradójicamente, tenemos al propio Estado incentivando a que su fuerza laboral busque trabajo por cuenta propia.

Sin embargo, más allá de iniciativas aisladas de éxito, los emprendimientos en una economía sumamente contraída y desequilibrada están condenados al fracaso. Los y las emprendedoras tienen pocas ventajas competitivas. Es la explotación, y su auto-explotación lo que sostiene la actividad.

El bono demográfico

En la década de los 2000 entró en el discurso la perspectiva alentadora de un bono demográfico. La proyección era que durante 30 o 40 años Venezuela se beneficiaría de un gran porcentaje de la población en edad productiva (15-64 años) y en capacidad de impulsar el desarrollo del país.

Sin embargo, la profunda y extendida crisis ha echado por tierra el optimismo. En particular, la migración masiva ha significado una pérdida sobre todo de hombres y mujeres en edad activa, con especial peso en el personal calificado y especializado.

Pero además de la salida de la población, hay otro indicador importante y que además apunta a una perpetuación de la precariedad: la matrícula universitaria. 

Los primeros años de la Revolución Bolivariana se marcaron por una expansión masiva del acceso a la educación, incluyendo la educación superior. Pero la tendencia en los últimos años es claramente al revés. Según el Observatorio de Universidades, solamente el 17% de los jóvenes entre 18 y 24 años accede actualmente a estudios universitarios. De acuerdo a la misma fuente, este porcentaje se redujo en un 60% en los últimos 12 años.

Así sea solamente un estudio, la tendencia es clara. Por un lado, las condiciones materiales hacen muy difícil mantener un personal docente suficiente para sostener las instituciones de educación superior.

Pero del lado de los y las estudiantes, la cifra extremadamente baja significa que las familias no tienen capacidad para mantener a un hijo o hija estudiando, y que la misma población joven no tiene condiciones para estudiar con un trabajo a tiempo parcial. De hecho, del lado de los empleadores, no hay ningún incentivo para ofrecer trabajo a tiempo parcial cuando se consigue a alguien por tiempo completo con condiciones explotadoras y remuneraciones muy bajas.

Y por último, está la ausencia de perspectivas de futuro que favorece la búsqueda pragmática de un trabajo. Con un ejército laboral menos profesionalizado, se refuerzan las condiciones para una economía dependiente y poco productiva. La precariedad llegaría para quedarse.

Precariedad exportada

Una de las consecuencias más visibles e inocultables de la crisis venezolana ha sido la migración. El éxodo ha puesto una presión inmensa sobre el tejido familiar y social en el país, agudizando aún más la sobrecarga de cuidado sobre las mujeres.

Una dimensión clave es la llamada “fuga de cerebros”. Aunque las cifras no se conozcan, empresas estratégicas como PDVSA o Corpoelec han perdido una parte significativa de sus cuadros, dificultando las perspectivas de recuperación.

Al mismo tiempo, la población migrante salió a engrosar los “ejércitos de reserva” en diferentes países. Su vulnerabilidad hace que inevitablemente asuma trabajos precarios, con menos derechos y garantías que la clase obrera nacional. Diferentes estudios muestran que, en varios países latinoamericanos, la precariedad laboral de migrantes venezolanos, especialmente mujeres, consiguen empleos en peores condiciones en comparación con las trabajadoras y trabajadores nacionales.

Si por un lado el envío de remesas proporcionó un alivio para muchas familias venezolanas, el progresivo aumento del costo de vida en Venezuela, sumado a la precariedad de los trabajadores y trabajadoras migrantes hace que los aportes sean limitados. Según datos del Banco Mundial, en 2024 las remesas aportaron sólo 3,7% al PIB.

Otra consecuencia de la migración es el agravamiento de la crisis del cuidado. El éxodo de la población adulta muchas veces significa que sus hijos e hijas quedan a cargo de abuelos y abuelas o de otras integrantes de la familia. Para las mujeres, esto representa una sobrecarga cada vez mayor, sumada a las responsabilidades laborales y comunitarias.

Por fin, hay que considerar igualmente los ciudadanos y ciudadanas que regresan, sea por la fuerza o por su voluntad. Aunque seguramente llegan a un país en mejores condiciones que el que dejaron, la economía no abunda de oportunidades. La capacidad productiva sigue deprimida mientras el sector servicios rápidamente se satura.

Salidas y perspectivas

La normalización capitalista en Venezuela ha surgido como consecuencia y respuesta a la crisis y las sanciones. La política del gobierno, tanto a nivel discursivo como de medidas, apuesta claramente por generar las mejores condiciones posibles para el capital, para con eso eventualmente poder volver a redistribuir. La reciente anulación de la licencia Chevron será un reto adicional.

Uno de los efectos más visibles, como describimos hasta aquí, ha sido la proliferación de precariedad. En términos abstractos, no es más que el cauce del capitalismo buscando nuevos y más eficientes mecanismos de explotación. Este fenómeno, que amenaza arraigarse y perpetuarse, fomenta una sociedad menos formada y más desigual, una nación más dependiente y menos soberana.

La precariedad no es de ninguna forma un fenómeno exclusivo de Venezuela. Pero la fragilidad del contexto económico nacional, aunado a una política económica que prioriza los intereses del capital, deja a la clase trabajadora venezolana sumamente vulnerable y con pocas alternativas.

Frente a este panorama, puede no ser sencillo imaginar soluciones. El primer paso es reconocer que el problema existe, y que es una peligrosa ilusión vender la idea que el país saldrá de la crisis arrastrado por food trucks y grandes cadenas de distribución, la teoría del goteo en versión caribeña.

¿Cuál es la salida entonces? Lo fundamental es entender, o recordar, que las mayorías sólo se emanciparán a través de soluciones colectivas. Por un lado, eso implica organizarse para exigir que el Estado cumpla su papel como garante de las leyes y de la Constitución. Estos instrumentos fueron ellos mismos producto de décadas de lucha. 

En ese sentido, es responsabilidad del gobierno implementar los mecanismos ya existentes para proteger los derechos y la calidad de vida de la gente. El bienestar de la mayoría no es algo para poner en pausa hasta que el capitalismo sea suficientemente rentable para la burguesía.

Y a nivel más fundamental, en Venezuela no han faltado precedentes de organización desde abajo para romper y trascender las cadenas de la dominación capitalista. Estamos hablando de experiencias de control obrero, empresas de propiedad social, cadenas de distribución directa campo-ciudad, iniciativas auto-gestionadas de educación y salud, y más. 

Es cierto que muchos de estos proyectos retrocedieron o hasta sucumbieron con la crisis, pero son insumos para nuevas y más audaces experiencias. Se trata de rechazar la lógica del capital, y sus consecuencias como la precariedad, no solamente retóricamente sino construyendo alternativas. Queda mucho por hacer, pero este es el camino.