[ANÁLISIS] Las comunas en dos tiempos

La emergencia del capitalismo rentista

A todo movimiento revolucionario, parafraseando a Marx, le toca trazar tácticas y estrategias para la lucha desde un escenario histórico que le es legado. Sólo a partir del entendimiento de eso que le es legado, que no es otra cosa que su presente histórico, puede convertirse en referente de cambio y al mismo tiempo, en fuerza motora de los cambios que ocurren en las entrañas de la sociedad que lo acoge.

La Venezuela que arribaba al siglo XXI, se encontraba atravesada por la más profunda crisis político-social de su historia reciente. El llamado “puntofijismo”, se hundía bajo acusaciones de nepotismo y corrupción, de modo que la democracia representativa era fuertemente cuestionada y deslegitimada públicamente.

Sin embargo, este cisma era síntoma de un problema mucho mayor, uno que hasta el día de hoy y muy al pesar del sinfín de advertencias recibidas, aún no comprendemos del todo. Se trataba del agotamiento de una forma histórica de hacer las cosas en materia económica, el definitivo colapso del capitalismo rentista.¹

En Venezuela, históricamente se ha combinado una fuerte concentración de la propiedad de los medios de producción, específicamente la tierra² y la manufactura³, con niveles muy bajos de ingresos para las mayorías con exigua capacidades de ahorro y consumo. Se promovió así una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza producida socialmente, lo que generó una demanda interna deficiente y constreñida. En tal sentido, Venezuela se configuró a lo largo del siglo XX, como un país de masas miserables y de minorías muy ricas.

La dinámica del capitalismo rentista reflejó esta lógica. Aunque el Estado figuraba como el gran propietario de la renta internacional del petróleo (renta en origen), quien terminó realmente apropiándose de ella en mayor porcentaje fue la burguesía transnacional y nacional (renta en destino) por medio de los 3 grandes mecanismo de distribución: la circulación de importaciones en el mercando interno y la consiguiente afectación del nivel de precios⁴, prefigurando monopolios de importación y distribución; imponiendo la captación de cada vez mayores volúmenes de renta por medio del manejo indirecto de la tasas de cambio⁵ de la divisa internacional⁶; y finalmente el manejo de una presión fiscal cada vez menor, combinada con mayor proteccionismo para sus industrias.⁷

Como consecuencia de lo anterior, la caída del salario real de los trabajadores, el encarecimiento de los bienes de consumo y las bajas tasas de inversión en el sector privado, configuran el agotamiento del modelo de acumulación del capitalismo rentista.⁸

En esta línea, se hace menester resaltar que entre 1960 y 1998, el salario real sostuvo una tendencia descendente⁹ , de igual forma el problema de la variación de los precios altos en Venezuela ha sido un elementos constitutivo de nuestra economía¹⁰ y la formación bruta de capital fijo del sector privado ha mostrado una caída de la inversión privada con respecto al PIB del 40% entre 1970 y 1998. Elemento que se perpetuó entre 1999-2014, donde cayó un 38% y pasó del 24%, con respecto al PIB en 1977, al 10% en 1998.¹¹

Este colapso interno del modelo de producción y reproducción de capital, tanto simple como ampliado, configuró y sigue configurando las condiciones objetivas de la crisis económica y social venezolana, trastornando en distinto grado y rigor las diferentes clases sociales configuradas bajo el mencionado modelo histórico-social.

Parafraseando a Lenin, sólo una crisis de la nación entera, donde las capas inferiores de la sociedad ya no soportan vivir bajo el modelo antiguo de reproducción y donde sus élites ya no pueden configurar el dominio que ejercían sobre ellas bajo ese modelo, hace posible una revolución. Ante tal nivel de confusión, sólo las vanguardias organizadas son capaces de configurar proyectos emancipadores, con la firmeza y audacia necesarias para responder a una emergencia histórica de tal naturaleza.

Esta emergencia histórica obligó a plantear un nuevo modelo nacional de desarrollo. En un primer momento, las clases dominantes y fuertemente conectadas con el mercado mundial plantearon la anexión al modelo neoliberal, proyecto auspiciado y promovido desde el norte hegemónico global. El neoliberalismo por lo tanto, se presentaba como alternativa a este agotamiento. Obviamente, una alternativa antipopular y elitista, pero alternativa al fin y al cabo. Este modelo terminó imponiéndose circunstancialmente en Venezuela durante los años 90.

En adelante, toca clarificar la alternativa popular que se planteó desde el Movimiento Bolivariano, en un primer momento, con el concepto de “democracia económica” y posteriormente, configurada dentro del sector comunal como “la hegemonía de la propiedad social “, como la salida revolucionaria al agotamiento del capitalismo rentista.

Algunas aclaraciones previas

Antes de dar comienzo al balance, es necesario realizar algunas aclaratorias. Un balance económico no solo debe obedecer a los índices econométricos, referidos a la macroeconomía y microeconomía.

Particularmente, como analistas de izquierda, y específicamente como marxistas, es importante para nosotros verificar, por una parte, el impacto que los nuevos métodos o formas de reproducción social tienen sobre las diferentes clases, y si estas medidas le otorgan la iniciativa política a una clase u otra.

En última instancia, datos como el producto interno bruto, el coeficiente Gini, las tasas de inflación o de inversión, la volatilidad del sistema crediticio, la calificación de masa monetaria o la tasa de desocupación o empleo, nos dicen poco sobre la volatilidad de la lucha de clases. Estos datos, lo que realmente informan es acerca de la salud del sistema liberal burgués, del régimen de propiedad y del nivel de explotación del trabajo asalariado.

Esto no quiere decir que los indicadores sean innecesarios para la valoración de las políticas económicas de un proceso revolucionario, sino que estos deben verse dentro de la totalidad de lo social, entendidos bajo las aspiraciones de cambio y transformación de la sociedad que da origen a dichos indicadores.

Es precisamente el pensamiento económico, como totalidad, lo que debe matizar el alcance y los logros que determinados indicadores señalan. De lo contrario, la lectura y la reflexión económica se convierten en ejercicios tecnócratas de valores funcionales al gran capital, alejadas de las reales necesidades del pueblo. En resumidas cuentas, una economía puede mostrar indicadores “estables y prometedores” de cara a su crecimiento, pero eso no significa que gracias a dicho crecimiento se realicen los necesarios cambios estructurales que la economía amerita, ni que las grandes mayorías sociales vean reproducir en sus cotidianidades, esas sanas y prometedoras perspectivas. Esta crítica no es nueva, ha sido señalada por múltiples encomiastas y de forma muy certera por Oscar Varsavsky bajo la rúbrica de la falacia cuantitativa¹².

De la Agenda Alternativa Bolivariana a la lucha por el gobierno

El primer programa económico-político desarrollado por el Movimiento Bolivariano fue la Agenda Alternativa Bolivariana (AAB) en el año 1996. La misma se presentaba como una ruptura fundamental frente al neoliberalismo, la internacionalización de los capitales, las medidas del Consenso de Washington y los planes de ajustes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sus premisas podrían resumirse de la siguiente forma: entendimiento de lo económico y lo político como elementos integrales de una realidad totalizante y holística, donde: “Las políticas macroeconómicas se subordinan a las políticas macrosociales, siendo consecuencias de estas y no causas”. Entendiendo que “la mejor política social es la que satisface las necesidades de la población”, de la forma más digna y que permita, asimismo, la consolidación de un futuro independiente y soberano para la totalidad del pueblo venezolano.

Para lograr lo anterior, la agenda establece 2 pautas que resolver la pobreza y la desnacionalización. En el caso de la pobreza, se establece como objetivo, lograr la democratización de la economía por medio de una apertura del régimen de propiedad del aparato productivo, estableciendo un modelo de trabajo endógeno, desde dentro y por dentro, con miras al fortalecimiento del poder nacional, robusteciendo el mercado interno frente al modelo globalizador de exportación extractivista.

Al mismo tiempo, al colocar especial énfasis en la democratización de la economía, se revelaba una potencial disposición a problematizar la alta concentración de la propiedad dentro del aparato productivo venezolano, aunque sin cuestionar la propiedad privada instalada en el mismo. En tal sentido, si bien la AAB no resulta un programa revolucionario en el sentido tradicional del término¹³, sí representa un salto cualitativo con respecto el anterior entendimiento del problema económico-social venezolano.

Este primer programa económico, se transformó en estrategia de gobierno al ser recogido en el debate y en las discusiones constitucionales de la Constituyente de 1999 y los programas económicos posteriores.

La Constitución y el nuevo marco económico

El proceso constituyente, llevado a cabo durante el año 1999, tenía por objeto satisfacer las aspiraciones de los grandes sectores sociales del país que se habían mantenido movilizados en torno a la agenda de los pueblos.¹⁴ Agenda que podría resumirse en las aspiraciones anti-neoliberales que se esgrimían en las protestas de los años 90. Estas reivindicaciones giraban en torno a la protección del salario, la protección de los derechos humanos, la formalización de los derechos económicos y las garantías de acceso a la salud y la educación para los sectores con menores ingresos.

Dentro de estos debates constituyentes, se encontraban en disputa también, la agenda de los sectores empresariales que esperaban un mayor reconocimiento por parte del Estado junto a mejores instrumentos para mejorar sus niveles de ingreso y ganancia.

Al margen de esto, los empresarios se encontraban divididos con respecto al nuevo marco de derecho. Dentro de los sectores no-monopolistas existía un consenso respecto a la necesidad de constituir un sistema proteccionista frente a los procesos de globalización, junto a mecanismos que permitieran equilibrios económicos, presupuestarios y financieros por parte del Estado para fortalecer el desarrollo del sector empresarial.¹⁵

Los sectores monopolistas, por otro lado, exigían menor regulación y mayor apertura, pero con mecanismos de rescate gubernamental que resguardaran las inversiones nacionales e internacionales, con un especial interés en la privatización de sectores claves de la industria petrolera.¹⁶

Para analizar la propia Constitución y sus posibilidades, se debe tener en claro que su redacción obedece a una relación de fuerza entre clases, dentro y bajo las condiciones objetivas que significaron la emergencia del agotamiento (desde los años 80) del modelo económico y político de acumulación.

Por lo tanto, este primer esfuerzo por parte del Proceso Bolivariano de crear un nuevo marco de acción política, se formulaba bajo la necesidad de reorganizar una nueva estructura de acción y participación política, rescatando la figura del Estado burgués liberal, pero vinculando en el seno mismo, a las clases populares como referentes de la acción política, diseñando una serie de palancas que permitirían a estos sectores hacer presión y forzar acciones dentro de la estructura política nacional.

Es por eso que compartimos la visión de Víctor Álvarez en este aspecto

En la CRBV se supedita el régimen económico a la función social de la economía y se otorga un papel fundamental al Estado como regulador de las relaciones económicas. En la carta Magna se plantea la creación de un modelo de desarrollo alternativo, centrado en la organización colectiva para el trabajo y la productividad y en la soberanía sobre los recursos nacionales. A su vez, obliga al Estado a proteger a los sectores productivos tradicionales y a promover y proteger la organización productiva solidaria.¹⁷

Quisiera en este punto, desarrollar un examen más amplio de la Constitución, pero por motivos de extensión y en cuanto a las finalidades propias de este ensayo, realizaré un análisis más sucinto, refiriendo al lector a otro trabajo para un examen más completo.¹⁸

La naciente Constitución, desarrolló muchos mecanismos para impulsar la participación y el protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía económica, por medio de la autogestión, la co-gestión, las cooperativas, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad (Art. 70).

Reconoce también, el derecho de la clase obrera de desarrollar asociaciones de carácter social y participativo dándole especial preferencia al trabajo asociado, generador de beneficios colectivos, otorgándole la responsabilidad al Estado de promover y proteger la economía popular y alternativa (Art. 118).

Siguiendo esta línea, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, el Estado también tendrá la obligación de proteger y promover a la pequeña y mediana industria, a las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier iniciativa o asociación comunitaria para el trabajo basado en la propiedad colectiva (Art. 308).

Para esto también se crea la figura de El Consejo Local de Planificación Pública, presidido por Alcaldes, concejales, Juntas Parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, para la construcción de políticas públicas dirigidas a promover estos derechos (Art. 182).

Dentro de este marco constitucional, empezó a construirse en Venezuela la denominada economía social, constituida por formas económicas de condición y gestión mixta. Las más famosas de todas fueron las cooperativas, desarrollándose en torno a esta economía, un sinfín de programas y mecanismos de financiamiento.

El primer plan económico presentado al país por las fuerzas revolucionarias, tras las elecciones masivas de julio del 2000 y la revalidación del Presidente Chávez, fue el denominado Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. El mismo se enmarcaba en las aspiraciones constitucionales, estableciendo los lineamientos fundamentales para superar la apremiante situación económica del país.

En el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, se definió la economía social en los siguientes términos:

“La economía social es una vía alternativa y complementaria a lo que tradicionalmente se conoce como economía privada y economía pública. El concepto sirve para designar al sector de producción de bienes y servicios que compagina intereses económicos y sociales comunes, apoyado en el dinamismo de las comunidades locales y en una participación importante de los ciudadanos y de los trabajadores de las llamadas empresas alternativas, como son las empresas asociativas y las microempresas autogestionables”.¹⁹

Existía la plena conciencia de que el crecimiento económico exigía una mejor productividad del capital existente y que esto ameritaba un mejor y más efectivo acceso a la educación, la salud y la seguridad ciudadana.

Del mismo modo, se insistía dentro de lo dispuesto, en los equilibrios económicos, en trabajar con premura por añadir nuevas actividades de producciones industriales y agrícolas, fomentando un mejor aprovechamiento del territorio y desconcentrando progresivamente las actividades económicas hacia latitudes y zonas geográficas del país históricamente marginalizadas de los centros tradicionales de desarrollo.

Lo anterior contemplaba también, la participación y protagonismo del sector popular en la formación de una gestión de gobierno más dinámica, que se encaminara hacia la institucionalización de la Democracia Bolivariana, bajo el auspicio de lograr un moderno equilibrio político. El horizonte era una democratización económica, mediante la profundización de los procesos de transferencia de competencias, presupuesto y gestión pública al pueblo.

El objetivo estratégico para aquel momento en el área económica, consistía en lograr “un sistema productivo, diversificado, competitivo, abierto hacia los mercados internacionales, basado en la iniciativa privada y con presencia del estado en las industrias estratégicas, pero con apertura a la inversión privada en el desarrollo aguas abajo del tejido industrial”.

En noviembre del mismo año, el gobierno precedido por el Presidente Chávez, promulgó 49 leyes, amparándose en la Ley Habilitante que la Asamblea Nacional había aprobado al ejecutivo un año antes. El paquete legislativo estaba dirigido a darle forma y operatividad legal al plan resumido arriba. Entre las leyes, sobresalían 3 dirigidas a sectores estratégicos de enorme interés para la burguesía nacional y para los sectores operadores del capitalismo transnacional en el país: la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley de la Pequeña y Mediana Industria.

El conjunto de las 49 leyes habilitantes sería parte fundamental de la nueva economía que se intentaba construir. En especial, las tres leyes mencionadas serían, durante largo tiempo, herramientas para la movilización del campo popular. Al exigir el derecho al uso de tierra junto a su desconcentración, al tensar más la disputa entre las necesidades del pueblo y los intereses neoliberales de los altos ejecutivos de PDVSA, y al cuestionar el monopolio de sectores estratégicos de la manufactura venezolana, las fuerzas revolucionarias se verían obligadas a generar mayor cohesión y profundizar su tensión con las elites burguesas nacionales e internacionales.

Para la naciente revolución, era crucial y estratégico, abrirse espacios en estos tres frentes. Para financiar los ambiciosos programas económicos, era vital aumentar la participación del Estado en la captación de la renta; para reformar los mecanismos y la relación de la gran industria con la pequeña y mediana, era necesario generar espacios de poder entre ambos sectores. Por último, la regularización de la tenencia de la tierra y su distribución, resultaban cruciales para la cohesión de los grandes sectores campesinos del país.

La burguesía nacional, representada por los grupos empresariales organizados en el gremio de FEDECAMARAS, junto con la aristocracia obrera de influencia transnacional y nacional, tanto en PDVSA como en la CTV, coordinaron un frente común contra las leyes habilitantes y posteriormente contra las fuerzas bolivarianas en el gobierno, utilizando la movilización y la injuria como mecanismo de agitación.

Esta primera confrontación con las élites económicas del país, dejarían muy en claro que las aspiraciones de cambios necesarios dentro del aparato y el orden económico de la nación, no contarían con un ambiente favorable dentro de estos sectores. Al contrario de lo previsto por la propuesta original bolivariana, gran parte del sector privado venezolano, sobre todo el tradicionalmente monopolista y defensor de los intereses de las grandes transnacionales, desarrollaron una posición antagónica y fuertemente conflictiva ante la propuesta revolucionaria.

La guerra política a través de otros medios

Otra de las herramientas utilizadas por la burguesía nacional en alianza con la transnacional para presionar económicamente al proceso bolivariano, fue desde un inicio, la fuga de capitales, que durante los años 2002-2003 alcanzó dimensiones peligrosas para la estabilidad macroeconómica de la propia república.

La salida de capitales creció exponencialmente durante los primeros años del gobierno bolivariano, pasando de los 2.640 millones de dólares en 1999, con un barril de petróleo promediando los 11 dólares, a 11.850 millones en el 2002, con un barril de petróleo promediando casi los 22 dólares.²⁰

El 2003 sería un año que exigiría medidas extraordinarias ante situaciones inéditas para la economía venezolana, fruto de las turbulencias políticas desarrolladas durante el año 2002 y el sabotaje petrolero, iniciado el mismo año y que se extendería hasta 2003. El PIB nacional tendría una contracción en más de un 7%, también la producción petrolera resentiría una reducción, no prevista, superior al 8%, pasando de 876 millones de barriles exportados en 2002 a 725 millones en 2003.²¹ Este contexto se vió agravado por una variación inflacionaria en torno al 25% en 2002, índice que para el año 2003 alcanzaría el 31%.²²

Ante tal situación, el gobierno revolucionario procedió en dos frentes. Para frenar el gran desangre de capitales, se desarrolló un estricto control cambiario establecido en febrero de 2003. La segunda línea estaría destinada a generar un amplio conjunto de programas sociales para resguardar los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables ante la arremetida burguesa.

El control cambiario permitió reformular la distribución de las divisas que estaban en manos del Estado y asimismo dirigir esos recursos a los sectores más desfavorecidos, logrando con esto elaborar mejores mecanismos de control y auditoría sobre su circulación en la economía, fortaleciendo su sector externo y las reservas internacionales, llevándolas de 12 mil millones de dólares en 2002 a más de 20 mil millones a finales de 2003.²³ Estas medidas redujeron en más de un 60% la extracción de divisas venidas de petróleo.²⁴

El control cambiario se convertiría en una herramienta fundamental, tomando en cuenta las realidades de la economía venezolana, y transformándose por ende, en una herramienta fundamental para aumentar la captación de la renta por parte del Estado, siendo esto último una ventaja táctica para apalancar los cambios económicos y sociales planteados por el naciente proyecto.

De igual forma, la red de misiones fue vital para la satisfacción de las garantías sociales establecidas en la Constitución bolivariana. Las misiones se convirtieron en piezas elementales dentro de la arquitectura del Estado social de derecho y justicia, permitiendo de forma dinámica y constante, luchar y erradicar un gran número de flagelos sociales heredados de la Cuarta República, convirtiendo las misiones en estandartes del proceso de transformación e inclusión social del proceso bolivariano.

Este primer ciclo del proceso bolivariano, concluyó el 15 de agosto de 2004 con la victoria de Hugo Chávez ante el referéndum constitucional exigido por las fuerzas opositoras. Como diría el fallecido presidente en aquel momento, “Hoy ha triunfado un proyecto, aquí no se trata de que Chávez se vaya o no se vaya, aquí hay un proyecto nacional de desarrollo alternativo al salvajismo neoliberal… que no es otra cosa que la consolidación de los logros sociales, las misiones sociales, la profundización contra la injusticia, la exclusión y la pobreza. Esta es una nueva etapa para continuar transformando y consolidando el nuevo modelo económico productivo diversificado.”

La segunda etapa del proceso revolucionario: el salto adelante comunal por el socialismo

Esta primera etapa de la Revolución Bolivariana, concluyó con dos realidades que modificaron cualitativamente el proceso histórico mismo de la revolución. Por una parte, fue evidente que el anterior método de organización económica, así como sus aspiraciones, se sustentaban en un escenario más completo y conflictivo que lo previsto. Los promotores de la revolución habían descubierto el problema real del agotamiento rentista: la burguesía dependiente venezolana.²⁵

El movimiento bolivariano salió favoreció tras sus primeros 6 años de gobierno, en su base social, construyendo un sólido bloque ideológico de más de 5 millones de personas, cimiento que ayudaría a construir lo que posteriormente sería denominado con cierta formalidad poder popular. Este nuevo referente político se encargaría, en adelante, de disputar la hegemonía de la élite burguesa decadente, promoviendo un nuevo sentido común en lo político, lo económico, lo social y lo cultural.²⁶

Estos dos elementos fomentaron una revisión y profundización del programa económico del proceso, reconociendo la vinculación de la gran burguesía venezolana con el capitalismo internacional y asumiendo como inevitable, la tendencia de los capitales metropolitanos por mantener sus intereses protegidos de cualquier cambio. Trazándose con esto la necesidad de reformular las aspiraciones de cambio y debiendo elaborar nuevas tácticas y estrategias.

Posterior a 2005, con la declaración de las aspiraciones socialistas de la Revolución Bolivariana por parte del Presidente Chávez en el Foro de São Paulo²⁷ y la promulgación de la Ley de los Consejos Comunales, en 2006 se estableció una vinculación entre el poder popular y la nueva estrategia de desarrollo económico dirigida al socialismo.

“Para nosotros esto es parte de los sueños que hemos tenido toda la vida, de lograr ir sustituyendo el viejo estado este puntofijista que nos impuso una realidad perversa durante tantos años y que a través de los gobiernos comunitarios en nuestro caso, y los consejos comunales, se abre la nueva compuerta para ir transitando el camino del socialismo del siglo XXI. Para nosotros es la gran oportunidad que tenemos para ir modelando ese nuevo estado”.²⁸

Tras el triunfo en las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, el Presidente Chávez presentó al país el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 que se conocería como Proyecto Nacional “Simón Bolívar”: Primer Plan Socialista de la Nación.

En el documento se establece un Modelo Productivo Socialista, con el objetivo de promover nuevas formas de generación, apropiación y distribución de los excedentes económicos. El modelo estaría conformado por las Empresas de Producción Social (EPS), que constituirían el germen y el camino hacia el Socialismo del Siglo XXI, aunque persistirán empresas del Estado y empresas capitalistas privadas.

Estas empresas estarían dedicadas a la producción de bienes o servicios, en las cuales el trabajo tiene significado propio, no alienado y auténtico, sin privilegios en el trabajo asociado a la posición jerárquica, con igualdad sustantiva entre sus integrantes, y basadas su gestión en una planificación participativa y protagónica, tratando de construirse a partir de ello, un tejido productivo entre las EPS, interconectado, que progresivamente abarcaría el mayor número de actividades económicas, complementándose y apoyándose, para beneficio colectivo de la comunidad y del pueblo en su conjunto.

Las líneas generales de este plan muestran una clara diferencia con respecto al plan anterior, donde la economía popular o social tenía un carácter periférico con respecto a la economía tradicional. Este plan en cambio, establece las líneas de trascendencia de la economía tradicional.

Al mismo tiempo, se trazó la propuesta de reforma constitucional, con el propósito de constitucionalizar el carácter socialista de la Revolución Bolivariana, en la cual se promovía la propiedad social como una de las formas de propiedad sobre los medios de producción. Según se disponía, en el artículo 115 de esta Reforma, se reconocen y garantizan las diferentes formas de propiedad, entre las que se describían la propiedad pública, la propiedad privada la propiedad colectiva; y la propiedad social , definiéndose esta última como:

“Aquella que pertenece al pueblo en su conjunto y las futuras generaciones constituida en dos tipos, la propiedad social indirecta, cuando es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad, y la propiedad social directa, cuando el Estado la asigna, bajo distintas formas y en ámbitos territoriales demarcados, a una o varias comunidades, a una o varias comunas, constituyéndose así en propiedad comunal, o a una o varias ciudades, constituyéndose así en propiedad ciudadana”.²⁹

Reforma Constitucional que fue rechazada por un margen muy estrecho en el Referéndum del 2 de diciembre de 2007, lo que hizo necesario reformular los caminos parlamentarios para introducir la propiedad social en el marco legal venezolano.

La primera fue a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular³⁰, el cual permitió, aunque con algunas fallas, establecer los principios y procedimientos para la construcción de un modelo económico de vocación comunal, con el objeto de consolidar la economía popular que sirviera como plataforma al socialismo.

En ella se establecen las distintas instancias que en adelante serían parte de la arquitectura económica del poder popular, como las Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC); Empresa de Propiedad Social Indirecta (EPSIC); Unidad Productiva Familiar (UPF); Grupos de Intercambio Solidario (GIS) y las categorías de prosumidoras y prosumidoras.

En conjunto se aprobó también el Decreto con Valor, Rango y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, la misma fue publica al el mismo día de la anterior.³¹

Este decreto tenía por objeto, desarrollar un ecosistema favorable para la pequeña y mediana industria y para las unidades de producción social por medio de la promoción y financiamiento del Estado; la ejecución de programas especiales de producción y comercialización, dirigido a generar mecanismos racionales para el uso de los factores de producción su gestión la distribución solidaria.

Sin embargo, en la práctica se desarrollaron fuertes inconsistencias entre la Ley de los Consejos Comunales y la economía fomentada por estos decretos, en muchos aspectos, al menos en lo jurídico, se crearon inconsistencias y confusiones en las competencias entre ministerios e incluso entre instancias del poder popular, como las generadas entre bancos comunales y empresas de propiedad social tanto comunales como estadales. Todo esto provocó permanentes que en muchos aspectos la práctica solapara al derecho formal o el derecho limitara de forma negativa el poder popular.

De igual forma, muchas responsabilidades establecidas en la jurisprudencia dirigidas al Estado, en muchas ocasiones no eran cumplidas o si se cumplían no eran con la regularidad que ameritaba el naciente ecosistema económico. Tal es el caso del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, al cual estaba obligado el poder Ejecutivo Nacional, según el artículo 26 de la Ley para la Promoción, ya descrito.

Con los primeros pasos en la formulación jurídica del proyecto comunal, se dejan ver las tensiones y limitaciones del sistema parlamentario para entender la nueva configuración que nacía. En adelante, la incomprensión por parte del poder constituido del devenir constituyente del sujeto comunero y de sus múltiple formar de expresión en lo económico, lo social y lo político será norma.

Mientras se generaba el marco legal del proceso comunal, al mismo tiempo se desplegaba la discusión y el debate doctrina sobre sus horizontes, sus principios y sus aspiraciones. Este debate fue progresivamente expandiendo las posibilidades de la democracia participativa y protagónica y alcanzó cierto grado de sistematicidad por medio de las alocuciones del Presidente Chávez.

Durante el I Taller Ideológico Práctico El Socialismo y el III Período de la Revolución Bolivariana, desarrollado en diciembre de 2008 y dirigido a profundizar los lineamientos del Proyecto Nacional Simón Bolívar, el Presidente Chávez señalaba las cinco líneas estratégicas dirigidas a la construcción del socialismo.

“Las cinco líneas, lo político, las comunas, y la comuna como nido vamos a decirlo, célula donde se deben entrecruzar estas líneas, la comuna, el gobierno popular, el Poder Popular, en segundo lugar la línea estratégica social, acelerar el combate contra la miseria, la exclusión, la pobreza, seguridad social; en tercer lugar lo económico, el modelo socialista; en cuarto lugar lo territorial, lo territorial, así como decimos que estamos haciendo una nueva historia hay que hacer una nueva geografía, tenemos que romper con ese clásico división territorial o político-territorial y hay que romper con ello desde las comunas, desde el Poder Popular, no desde arriba, el socialismo hay que construirlo desde abajo, claro con orientación estratégica de los mandos políticos, del gobierno y del partido pero la construcción del socialismo es desde abajo, desde abajo y por último el tema internacional que son las cinco líneas del Proyecto Nacional Simón Bolívar”.³²

Dirigido específicamente a la línea estratégica económica el Presidente insistía,

“En lo económico, pido que aceleremos la creación del modelo económico socialista, modelo productivo socialista que aceleremos la activación de la propiedad social, de un nuevo modo de producción socialista, de nuevos modos de distribución socialista, destinado a satisfacer las necesidades… Si nosotros no cambiamos la estructura económica para generar un modelo distinto, nunca estaríamos en condiciones de solucionar toda esa pesada herencia de pobreza, de exclusión que los venezolanos, que nuestro pueblo lleva con gran esfuerzo sobre sus hombros, sobre su alma.”³³

Según estas líneas estratégicas, la transición venezolana al socialismo tendría como pilares fundamentales la radicalización democrática, la propiedad social y las nuevas formas de distribución socialista, destinados estos tres pilares a construir una nueva forma de hegemonía a partir del sujeto comunero.

Este nuevo modelo, transita en un sentido distinto a la tradición clientelar, heredada de la IV República, o a las aspiraciones socialdemócrata del estado de bienestar. No se trata de repetir el viejo modelo keynesiano de desarrollo, amparado en una política fiscal progresiva que no busca trasformar nada. Al contrario, la trasformación se presenta desde la raíz. Desde lo radical de la propiedad de los medios de producción,

“. No basta el ingreso fiscal. No basta que nosotros incrementemos el ingreso fiscal, sigamos impulsando el crecimiento de la economía, y sigamos redistribuyendo esa parte del ingreso nacional, no basta, es necesario cambiar las estructuras del modelo económico capitalista, que termina apropiándose por vía directa, o miles de vías indirectas de esos recursos redistribuidos de mil maneras, lo que es un modelo, es como una máquina, como una hidra, el capitalismo es como una hidra de 1.000 cabezas que absorbe, que succiona por todos lados, recurso-capital, y tiene mil maneras de hacerlo. Por eso es que pido que aceleremos la transformación del modelo económico capitalista, en el tránsito, creando estructuras de propiedad social.”³⁴

En este punto, cabe hacer una aclaratoria técnica de los términos distribución y redistribución. La distribución, es un término usualmente asociado a la producción y por ende a la disputa entre capitalista y trabajador, o entre explotado y explotador, al interior del proceso de producción, mientras que la redistribución, implica la participación del Estado, que por la vía impositiva o de política fiscal, disputa la ganancia al burgués, redistribuyendo los ingresos por medio de inversiones en servicios y en subsidios a las grandes mayorías. Sin embargo, nótese que se puede tener una política redistributiva progresista que en realidad fortalezca la distribución desigual de riqueza en lo productivo.

Esta realidad era plenamente sabido por Chávez y por eso advertía,

“Buena parte del ingreso petrolero, y del ingreso fiscal nacional que es por el gobierno captado, y redistribuido de distintas maneras, por planes, programas, eso redistribuido, al final de los finales se va concentrando igual en pocas manos. La burguesía tiene distintas maneras, los monopolios son una”³⁵

Sobre este particular, cabe mencionar que para el año 2010, el 18% del total de las empresas industriales en Venezuela, concentraban el 60% de la producción³⁶, dentro de lo cual el 50% de la producción total de alimentos procesados en la agroindustria, estaba concentrado en el 10% del total de las empresas privadas.³⁷ Lo mismo ocurre con sectores estratégicos como el sector farmacéutico y manufacturero. Esto hacía necesario, una política de desconcentración de medios de producción y no solo una política de redistribución fiscal.

De igual forma, poco más de 10 mil empresas del total de 322 mil hasta 2008, es decir, solo 3% de las empresas del país manejaban el negocio de las importaciones³⁸ de mercancía y servicios estratégicos. Este es uno de los principales elementos del rentismo, no de la importación por sí misma, sino el monopolio por el cual sectores muy pequeños de la sociedad se adueñaban del ingreso petrolero.

Como queda claro entonces, el nuevo modelo económico socialista, buscaba superar el alto grado de monopolio de los medios de producción, la alta concentración de la riqueza y la alta captación de la retan por parte de la clase empresarial venezolana por medio de un auténtico modelo productivo, amparado en la participación ampliada de los sectores tradicionalmente excluidos en el aparato productivo nacional, por medio de la propiedad social y los nuevos mecanismos de agregación comunal en la comuna.

En esta misma línea, en el ya conocido Aló Presidente Teórico número 1, son ratificadas estas premisas en 2009, poniendo en discusión los cinco frentes en la Comuna; moral, social, político, económico y territorial. Definiendo de forma sintética el frente económico de la siguiente forma: “lo económico se puede resumir, yo lo resumiría de esta manera: la propiedad de los medios de producción en manos de la Comuna, propiedad social, en distintas combinaciones”.³⁹

Y advirtiendo:

“Entonces en lo económico, un nuevo sistema de comercio, un nuevo sistema productivo y los medios de producción o factores de producción: la tierra, la maquinaria, el capital, el conocimiento en manos de la sociedad, en este caso en manos de la Comuna. Entonces una Comuna sin fábrica, una Comuna sin tierra para la siembra, una Comuna sin comercio socialista no es Comuna, le faltaría una pata y bien grande”⁴⁰

Este último punto es clave, pues no puede existir comuna allí donde no existe un musculo económico. Incluso pensar el siguiente sistema de agregación entre los consejos comunales y la comuna sin un tejido de medios de producción que sustenten ese salto, sería un acto estéril, porque la comuna no es solo una instancia política, sino es ante todo, un mecanismo del nuevo sistema reproductor de la vida.

“La base material del modelo socialista hay que crearla… ¿cómo el pueblo puede construir la base material? Haciéndose propietario… Si el pueblo, ustedes no tienen, no tienen ni un pedazo de tierra, ni una máquina, ni capital, sino que solo tienen la fuerza de trabajo, no tengo más nada, no tengo vivienda, no tengo casa, no tengo un terreno, no tengo una máquina, no tengo…. este, un dinerito, no tengo nada ¿qué terminas tú haciendo? Vendiendo tu fuerza de trabajo, la vendes ¿a quién? Al capitalista que te la compra y te paga bien barato, te explota parta él volverse rico ¿ves? Entonces hay que liberar al trabajador, tú en este caso, tú la trabajadora ¿cómo? Dándole, suministrándole ¿eh? Factores de producción, los medios de la producción”.⁴¹

Es por esto, que tras un balance de las leyes existentes hasta 2007, se hace necesario reformular varias y consolidar otras leyes: La Ley Orgánica de los Consejos Comunales se aprueba en 2009 y la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica de Las Comunas, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular y la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, en 2010.

Un balance necesario pero difícil

Es difícil desarrollar un balance sustentado en datos sobre el impacto del nuevo sistema económico comunal en la economía nacional, en el período de Chávez en el poder. En aquellos años, los datos oficiales nunca fomentaron ni lograron desarrollar bases de datos rigurosas y consolidas sobre datos tan importantes como número de EPSDC O EPSIC, ni mucho menos de comunas o consejos comunales. El primer censo que se conoce corresponde a 2013.

Lamentablemente, este problema se extenderá también al período de Nicolás Maduro. Ya en 2013, el economista Tony Boza denunciaba esta falencia en su libro “¿Cómo construir el ESTADO COMUNAL?”. En este afirma que,

“Es extremadamente difícil conseguir información sobre el desarrollo del poder comunal, los sitios web de cada uno de estos organismos carecen de documentos conceptuales, estadísticos, el INE tampoco los desglosa, las publicaciones oficiales no son propensas a dotar de información al respecto, lo cual dificulta hacer una investigación minuciosa y tampoco permite realizar la contraloría social correspondiente. En un proceso de transición todos los organismos del aparato estatal deberían generar adecuaciones de su estructura y funcionalidad que permitan tributar al lado «socialista», al Estado Comunal ¿Dónde están las estadísticas que permitan medir el avance del Poder Comunal? ¿No interesa esta información al INE? ¿Le da igual a un organismo cumplir su «misión» en socialismo, o en transición o en capitalismo?”.⁴²

Resulta complejo manejar este problema porque refleja cierta negligencia por parte del Estado en esta área de alta importancia estratégica. Es muy curioso que Jorge Giordani, que durante este período fue Ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, en el gobierno Hugo Chávez y autor del libro “La Transición venezolana al Socialismo”, donde argumenta la fundamental importancia del poder popular y de la economía comunal en el éxito de la transición venezolana al socialismo⁴³, haya dedicado espacios tan marginales a los datos de la economía en los documentos oficiales.⁴⁴

Al margen de la falta de datos, podemos trazar algunas incógnitas que los datos existentes pueden mostrar. Según Asdrúbal Baptista, la productividad por habitante logró multiplicarse por más de 3 veces entre 1998 y 2008.⁴⁵ Para el mismo momento, la participación del sector manufacturero en el PIB, que usualmente es el sector que más peso podría representar en este fenómeno, solo creció en un 1.9%, pasando de 14% a 15,9%.

Esto significa que el aumento en la productividad no puede ser explicada en su totalidad por medio de la industria tradicional venezolana. Somos conscientes de que estos datos no necesariamente indican que gracias al sector comunal se generó ese aumento en la productividad. Sin embargo, esta incógnita podría trazar una futura investigación, tomando en cuenta que el propio Asdrúbal Baptista, reconocía que la nueva arquitectura económica, realmente está impactando en el metabolismo rentista.⁴⁶

Luego de esta crítica, podemos decir que el balance de las políticas públicas en la primera etapa del proyecto comunal, encabezado por el Presidente Hugo Chávez, consolida un esfuerzo teórico y práctico, tanto en la promoción de la doctrina, como en la construcción formal de los mecanismos y ecosistema comunal. Sin embargo, también hereda una fuerte incomprensión por parte del poder constituido del proyecto que se desarrolla, además de una cierta negligencia en cuanto a su seguimiento y acompañamiento. Esta incomprensión, como veremos, generará grandes pérdidas en el sentido estratégico de la vía comunal al socialismo y la promoción de perspectivas confusas a los lineamientos construidos en el período de Chávez.

Cerremos con una de las últimas reflexiones de Chávez, al respecto de la vía comunal al socialismo el 15 de noviembre de 2012:

“Es la estrategia del injerto, hay que injertar la unidad nueva, y que ella se vaya ampliando, vaya impactando, y en esa ampliación, esa expansión es perfectamente válido, lo vuelvo a repetir para los que puedan estar confundidos, que en esta área circundante sigan existiendo las unidades privadas, bien sea productivas, o que por aquí haya una escuela privada, o que por aquí haya una clínica privada, o por aquí haya unos constructores privados, haciendo edificios o viviendas, o aquí una fábrica privada, el comercio ¿ves? Se trata de ir articulando lo público con lo privado, no es que nosotros tengamos ningún plan ¿para qué? Para expropiar qué sé yo, la empresa productiva privada de alimentos, o para expropiar la clínica, o expropiar la escuela privada, no, claro, se trata de darle la mayor fuerza al proyecto social, a la propiedad social, para que la resultante sea socialista Nicolás”.⁴⁷

Un socialismo de la Nueva Era: ¿Comuna?

A finales de 2013, se desarrolló el primer Censo Comunal sistemático y aparentemente veraz. Según información aportada por el propio Presidente Nicolás Maduro, hasta aquel año existían en el país “más de 40 mil consejos comunales, 1.500 comunas”.⁴⁸ Sobre el número de empresas de propiedad social directa o indirecta comunal, grupos de intercambio solidarios y unidades de producción familiar existentes no se entregó información.

El período de Maduro a la cabeza del proceso bolivariano y del proceso comunal específicamente, ha estado definido por la permanente formulación de políticas que no se han ejecutado de forma puntual por incapacidad de la institucionalidad o por la misma negligencia del poder constituido, heredada del período de Chávez.

Entre las más representativas políticas públicas decretadas y no realizadas, se encuentra por ejemplo, el famoso RIF popular,⁴⁹ que terminó convirtiéndose en el RIF C⁵⁰ y que recién en 2018 fue reconocido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN) y sólo a finales de 2022, instó a la banca nacional a darle apertura a las distintas carteras de crédito.⁵¹

Igual suerte ha corrido el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones del año 2012, pero ejecutada en el gobierno de Maduro y que establecía en su artículo 11 que:

“Los órganos del Poder Público Nacional, los Estados y los Municipios deberán presentar a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, al inicio de cada año, un Plan Anual de Transferencia de Gestión de Servicios, Actividades, Bienes y Recursos a los Sujetos de Transferencia, para la revisión y aprobación por parte de éste.”

Nunca tal plan ha sido presentado.

Ni qué decir del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos promulgado en 2014, el mismo nos refiere en su artículo 44:

“En el diseño de los trámites administrativos, así como en la supervisión y control de los planes de simplificación de los mismos, se tendrá en cuenta la opinión de la comunidad organizada, a través de cualesquiera formas de participación popular y en especial a través de las comunas y los consejos comunales, la cual podrá materializarse, entre otras, a través de propuestas y alternativas de solución a los trámites que generen problemas, trabas u obstáculos. Cada órgano o ente determinará los mecanismos idóneos de participación popular de acuerdo con la naturaleza de los trámites que realice y dándole especial atención a las comunas y los consejos comunales.”

Sin embargo, en el caso de la formalización de una empresas de propiedad social directa o indirecta comunal del café, sin importar el decreto anterior, para poder comercializar 1kg de café ameritaría 17 permisos, 10 pruebas de laboratorio, y en promedio más de 15 visitas de supervisores de la Comparación Venezolana del Café hasta el año 2018.⁵²

En este mismo orden de ideas, podría nombrase el caso de las leyes del poder popular que en múltiples ocasiones, se han prometido reformar, desde el 2015, y sin embargo recién a finales del pasado 2022 se ha podido encaminar el proceso.⁵³

La confusión doctrinal

En lo doctrinal, las apreciaciones de Maduro sobre la comuna, han venido fluctuando en reiteradas ocasiones. A comienzos de 2016, al crearse los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) y un año después, bajo la consigna “todos los poderes al CLAP”, la comuna pasó a ser una instancia que facilitaba la distribución de los programas sociales del ejecutivo.

Esta visión se ha venido promoviendo, al punto de identificarse el socialismo territorial, no con el de propiedad social en manos de pueblo, sino en la formalización de las grandes misiones en el territorio. De igual forma, el poder popular también ha sufrido un cambio de apreciación, al punto de asociar a los comuneros con funcionarios del estado:

“Avanzar en la construcción, concreta y real. Una democracia directa, la democracia del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Que desarrolle nuevos liderazgos, que vayan cimentándose en la profundidad de la comunidad, que tengan la capacidad creativa de tomar el poder y de con el poder en la mano, el poder comunitario, hacer las obras, hacer el trabajo que la comunidad necesita, para crecer para su vivir viviendo”.⁵⁴

Esta combinación de apreciación clientelar y confusión del sentido y tarea de la comuna, ha generado la imagen errónea de la comuna como un gobierno de cuarto nivel. Remito al lector, a la certera crítica hecha recientemente al tema por parte de Gerardo Rojas.⁵⁵

El re-dirección de la renta

Según cálculos llevado a cabo, en base a las declaraciones oficiales, entre el 2008 y 2009, se dirigieron más de 5000 millones de dólares al sector comunal,⁵⁶ y por su parte entre 2012 y 2013 se entregaron 2000 millones más⁵⁷. No existen datos oficiales consolidados posteriores a esa fecha sobre la entrega de recursos al sector comunal.

De lo que sí tenemos datos oficiales, es de la entrega de recursos al sector externo. Entre 2013 y 2017, la República Bolivariana de Venezuela pagó US$ 71.700 millones, por concepto de compromisos de deuda externa.

En cuanto al sector interno en promedio, desde 2015 hasta 2017, la participación en el PIB del sector asalariado, alcanzó sólo un 18% de PIB, y el excedente de explotación del sector privado se colocó en 41%, es decir, 432.090 propietarios se quedaron con casi la mitad de la riqueza nacional y 9.228.331 empleados menos de 1/4.⁵⁸

Cabe referirse a un hecho puntual, en cuanto a los recursos dirigidos al sector del poder popular. El fondo de compensación interterritorial, contempla la entrega del 30% del fondo de compensación interterritorial según lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.

Según cálculos propios, el monto a entregar debía ascender a más de 25.5 millones de dólares para 2022.⁵⁹ A pesar de este cálculo, en mayo de este año, Eulalia Tabares, Presidenta de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comuna (FUNDACOMUNAL), señaló que a lo largo del año 2022 fueron financiados 658 proyectos a distintos consejos comunales a través del Sistema de Integración Comunal del Consejo Federal de Gobierno (SINCO), entregando 16 mil dólares aproximadamente por proyecto. En total más de 10.5 millones de dólares en el año 2022. Lo cual significaría la ausencia de casi 15 millones de dólares no entregados solo en 2022.

Por su parte, hasta el 2015, el PIB de Venezuela aumentó en un 43%, pero el sector de servicios comunitarios y sociales aumentó en un 100%, desde su creación en 2008, registrando un peso de casi 4000 millones de dólares en la economía en 2015. En otras palabras, la economía comunal creció el doble del PIB nacional en menor tiempo.⁶⁰

Recientemente, el Observatorio Venezolano de Economías Populares, publicó un estudio dirigido a contabilizar el impacto de 17 experiencias populares en la economía nacional, mostrando que el volumen de producción agrícola de estas experiencias, representa el 0,8% de la producción total de rubros agrícolas del país para 2021, lo que permitió para 2019, abastecer a 287.241 familias, y lo que equivale a 1.148.964 personas aproximadamente, de alimentos necesarios para la subsistencia, a pesar de operar en tierras anteriormente ociosas, con poco o ningún apoyo del Estado.⁶¹ Estos números parecen reducidos, pero hay que tomar en cuenta que representan solo 17 experiencias.

No pretendemos negar, los más de 230 mil millones de dólares en pérdidas que el bloqueo ha generado a PDVSA, o los más de 20 mil millones en activos que permanecen congelados en distintas cuentas y fondos internacionales que pertenecen a la República. Sin embargo, la lucha contra el imperialismo no puede obnubilar nuestra mirada sobre la realidad interna y el reparto desigual que se da del ingreso en este período.

La perspectiva de la propiedad social

Según la economista Pasqualina Curcio, la distribución de la propiedad en los medios de producción del país se puede describir de la siguiente forma, a saber:

“De las 28.222 unidades económicas, correspondientes a la actividad industrial, sólo el 1,2% está en manos del sector público, es decir, 363; mientras que, el 98,71% restante pertenece al sector privado. En cuanto a las unidades económicas relacionadas con la actividad del comercio, el sector público cuenta con 294 de las 243.444 totales, es decir, sólo el 0,12%; el 99,87% restante de las unidades correspondientes a esta actividad pertenecen al sector privado”.⁶²

Por su parte, según datos oficiales, hasta el 2022 existían en el país 3.641 comunas y tan solo 4.046 empresas de propiedad social, de las cuales 3.873 son directa comunal y 173 indirectas.⁶³ Lo cual significa poco más de 1 empresa de propiedad social por comuna. A toda vista resulta un número muy pequeño de cara a generar, como decía Chávez, la base material del socialismo en lo comunal.

La idea fundamental de la economía comunal es que solo por medio de la organización popular y la creación de una nueva sociedad civil organizada alrededor de la propiedad social, se podrá disputar la hegemonía al gran capital venezolano, monopolista y rentista, y generar las condiciones para una auténtica revolución económica y política en el territorio. Por eso, el planteamiento de la comuna como vía para lograr el socialismo, es el significado real del socialismo bolivariano del siglo XXI.

“No es suficiente superar el modelo rentista petrolero mediante la diversificación de la producción y aumento de las exportaciones. La estrategia que debe ser trasversal a la superación del modelo rentista es la producción por parte de muchas manos, con propiedad social de los medios de producción… El objetivo es romper con la concentración de la producción y distribución de los bienes esenciales”⁶⁴

Un fin para luchar, como siempre…

Hoy, la aspiración comunal, y con ella la aspiración popular, afronta amenazas tanto internas como externas al proceso bolivariano, tanto por el reciente retorno a la construcción de una nueva alianza empresarial, como por los factores que por omisión se niegan a generar los cambios que la jurisprudencia amerita para fortalecer la avanzada comunal.⁶⁵

Hace falta exigir mayor transparencia en los destinos de los recursos dirigidos al sector comunal. Hace falta desatar un claro y potente combate de ideas, hacer florecer miles de debates sobre el destino del proyecto, y sobre todo es necesario esclarecer la vocación de poder que el proyecto contempla y revivir el espíritu de la comuna del que hablaba Chávez.

El panorama se asemeja nuevamente los primeros años de la revolución, con planes heterodoxos desde el punto de vista económico, cautelosos respecto a la propiedad de los medios de producción y conservadores desde el punto de vista institucional. Ha regresado la creencia en la fantasía de una alianza con la gran burguesía y a un respeto casi canónico por la propiedad privada, sin cuestionar la concentración monopólica existente en nuestro país. Lo realmente nuevo que se suma es el desprestigio, la burocratización y el desencanto que la dirigencia del proceso ha sufrido en los últimos años, “puesto que cuanto mayor poder acaparar los capitalistas, menor gravitación política tiene la mayoría de los ciudadanos sobre la gestión del Estado”.⁶⁶

En el contexto actual, las condiciones objetivas que abrieron el camino a la Revolución Bolivariana siguen en pie y, como ha quedado demostrado, después de un apogeo de recursos y de un crecimiento de la mano con la burguesía nacional, solo la vía comunal puede realmente trascender el rentismo, la dependencia y el subdesarrollo. El resto son sueños quiméricos y nada audaces.

Después de todo, toda Revolución se enfrenta al peligro de su ingenuidad y al miedo a su audacia. Tras esa ingenuidad y ese miedo se esconde el largo camino de la victoria.

Notas

1 Asdrúbal Baptista. Teoría Económica del Capitalismo Rentístico. Caracas: Editorial del Banco Central de Venezuela (BCV), 2010, P. 230.

2 Héctor Malavé Mata. Formación Histórica del Antidesarrollo en Venezuela. En Domingo Felipe Maza Zavala (coord.). Venezuela crecimiento sin desarrollo, México: Editorial Nuestro Tiempo, 1974, p. 113-142.

3 Orlando Araujo. La Industrialización de Venezuela En Domingo Felipe Maza Zavala (coord.) Ob. cit. P. 243-245.

4 Asdrúbal Baptista. Ob. cit. P.152-156.

5 Asdrúbal Baptista. Ob. cit. P.160-167.

6 Resulta interesante verificar la forma en que Baptista se refiere a la de tasa de cambio como mecanismo de distribución de la renta, definiéndola como “pacífica y popular”. Cómo se nota que su teoría carece de la concepción de la lucha de clases. De haber contado con esta claridad, seguramente Hubiese previsto la guerra económica. Fin lógico de la disputa de renta que su teoría describe.

7 Asdrúbal Baptista. Ob. Cit. P.180.

8 Aunque el profesor Asdrúbal le achacaba el colapso del capitalismo rentista a la incapacidad que poseía esta configuración del capitalismo para “el libre movimiento del capital”, y por ende su real florecimiento, creemos que fue, al contrario, por el libre movimiento del capital, el rentismo es colapsado.

9 Pascualina Curcio Curcio. Teoría general de los precios, el salario, la producción y el dinero en guerra económica, Caracas: Editorial TRINCHERA, 2021, p 45.

10 Luis Sala Rodríguez. Escritos desde la guerra económica, Caracas: Editorial El Perro y La Rana, 2014, p.25-38.

11 Pascualina Curcio Curcio. La Economía Venezolana cuentos y verdades, Caracas: Editorial TRINCHERA, 2020, p 45.

12 Oscar Varsavsky. Proyectos Nacionales. Planteo y estudios de viabilidad, Mérida: Ediciones FUNDACITE, 2014, p 77-114.

13 Entendemos por programa revolucionario, uno en el cual se reconozca no sólo la existencia de una distribución desigual de la riqueza, sino también la existencia de clases expropiadoras y expropiadas, su inherente conflictivo y la imposibilidad de resolver este conflicto fuera de la lógica de clases. Sobre este punto, recordemos un pasaje de lo que fue el primer borrador de la declaración programática del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, refiriéndose en aquel momento al régimen basado en la propiedad estatal, cooperativa y privada: “Como es natural, ese sistema tendría momentos de tensión máxima y de distensión que no serían placenteros hasta que el sistema legue a consolidarse. Pero el carácter tripartito de la economía es ineludible en el panorama internacional de hoy”. Hugo Chávez, Domingo Rangel, Pedro Duno, Manuel Vadell Ob. cit. P 85.

14 Margarita López Maya y Luis Lander en Emir Sader (coord.) El Ajuste Estructural en América Latina Costos Sociales y Alternativas, Buenos Aires: CLACSO, 2001, p.248-252

15 Héctor Valencillos. Globalización y Crisis Nacional, crónicas de la degradación del país, Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales UCV,2001, p.349-350.

16 Los sectores más neoliberales planteaban superar el rentismo petrolero, al ir de la autonomía económica del Estado terrateniente dentro del cuerpo social, derivada de la captación de un ingreso proveniente del mercado mundial gracias al petróleo. A la dependencia del Estado con respecto a los ingresos producidos por el cuerpo económico de la sociedad, por medio de la “expropiación” del petróleo por parte de los privados, impulsando con esto, según suponían ellos, el desarrollo capitalista competitivo en Venezuela.

17 Víctor Álvarez. Venezuela: ¿Hacia dónde va el modelo productivo?, Caracas: Centro Internacional Miranda, 2009. P 49.

18 https://www.alai.info/venezuela-capitalismo-rentista-y-proyecto-de-cambio/

19 http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/Plan-de-la-Naci%C3%B3n-2001-2007.pdf

20 Domingo Felipe Maza Zavala. Un Disidente Impertinente, Caracas: Fundación Domingo Felipe Maza Zavala, 2013, p 138-149.

21 Domingo Felipe Maza Zavala. Ob. cit. p. 140.

22 Domingo Felipe Maza Zavala. Ob. cit. p. 208.

23 Domingo Felipe Maza Zavala. Ob. cit. p. 226.

24 Pascualina Curcio Curcio. Ob. cit. p. 60.

25 A pesar de su renuencia a dotar su investigación de una explicación de clases, casi de forma tímida Asdrúbal Baptista reconoce como unas de las razones fundamental del agotamiento rentista “el colapso en escrutinio termina…en la situación sin duda extraordinaria cuando ni siquiera toma lugar la reposición [por parte de la burguesía] del gasto ocasionado por el uso de capital acumulado.” Ob. cit. p. 232.

26 https://tatuytv.org/gramsci-bloque-historico/

27 “…no tengo la menor duda. Es necesario, decimos y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo, pero agrego yo, el capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo capitalismo, no. Al capitalismo hay que trascenderlo por la vía del socialismo, por esa vía es que hay que trascender el modelo capitalista, el verdadero socialismo. ¡La igualdad, la justicia!” expresó el presidente Hugo Chávez, en su discurso el 30 de enero del año 2005 en el estadio Gigantinho de la ciudad de Porto Alegre, Brasil, donde clausuró el Foro de São Paulo.

28 Aló Presidente N° 252 09/04/2006. Campo de Carabobo, Parroquia Carlos Arvelo, Municipio Libertador, Estado Carabobo, Venezuela. Disponible en http://todochavez.gob.ve/todochavez/4008-alo-presidente-n-25

29 Anteproyecto para la 1ra. Reforma Constitucional propuesta por el Presidente Chávez. Agosto 2007. Art 115

30 Ver Decreto Nº 6.130 con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de La Economía Popular. Gaceta Oficial Nº 5.890 de fecha 31.07.08.

31 Decreto N° 6.215, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y demás Unidades de Producción Social. Gaceta Oficial N° 5.890 de fecha 31.07.2008

32 Hugo Chávez y la Venezuela Potencia, ideas y discursos sobre el desarrollo económico, Caracas: Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, 2019, p 284. Disponible también en http://todochavez.gob.ve/todochavez/2736-discurso-del-comandante-presidente-hugo-chavez-durante-i-taller-ideologico-practico-el-socialismo-y-el-iii-periodo-de-la-revolucion-bolivariana

33 Hugo Chávez y la Venezuela Potencia. Ob. cit. p 242-244

34 Hugo Chávez y la Venezuela Potencia. Ob. cit. p 253-254

35 Hugo Chávez y la Venezuela Potencia. Ob. cit. p 256-257

36 Pascualina Curcio Curcio. Ob. Cit. p 56.

37 Pascualina Curcio Curcio Ob. cit. p 38

38 Pasqualina Curcio Curcio. La Mano Visible del Mercado, Guerra económica en Venezuela. Caracas: Editorial MinCI, 2017, P, 63.

39 Hugo Chávez Frías. Aló Presidente teórico, Caracas: Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, 2019, p 44. Disponible también en http://todochavez.gob.ve/todochavez/6287-alo-presidente-teorico-n-1

40 Hugo Chávez Frías Ob. cit. p 48

41 Hugo Chávez Frías Ob. cit. p 133. Disponible también en http://todochavez.gob.ve/todochavez/6286-alo-presidente-teorico-n-2

42 Tony Boza. ¿Cómo construir el ESTADO COMUNAL?, Caracas: Ediciones del Núcleo de Desarrollo Endógeno “Palito Blanco” y CONSTRUYENDO FUNDACIÓN CIUDADANÍA, 2013, p 100

43Jorge Giordani. La Transición venezolana al Socialismo, Caracas: Vadell Hermanos Editores, Caracas, p 33-90.

44 En esta línea, solo se necesita revisar en libro De la inclusión social a la Venezuela productiva bolivariana,

Presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal 2013, donde se hace un consolidado de los grandes hitos de la revolución hasta 2012 y en el cual no aparece prácticamente nada sobre el tema comunal.

45 Asdrúbal Baptista. Ob. cit. P.147.

46 Asdrúbal Baptista. El relevo del capitalismo rentístico: hacia un nuevo balance de poder. Primera reimpresión. Caracas: Fundación Polar, 2006.

47 Hugo Chávez Frías. Golpe de Timón y últimas intervenciones, Caracas: Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, 2019, p 231. También disponible en http://todochavez.gob.ve/todochavez/5-intervencion-del-comandante-presidente-hugo-chavez-durante-reunion-de-trabajo-con-miembros-del-gabinete-ejecutivo

48 http://www.minci.gob.ve/censo-comunal-2013-supero-expectativas-del-gobierno/

49 http://www.minci.gob.ve/transferidas-40-nuevas-empresas-de-propiedad-social-a-comunas-del-pais/

50 http://noticias.seniat.gob.ve/index.php/en/noticias-anteriores/763-el-seniat-imprimio-primer-rif-con-el-alfanumerico-c

51 https://www.bancaynegocios.com/sudeban-instruye-a-la-banca-prestar-servicios-financieros-a-consejos-comunales-y-comunas/

52 Gaceta Oficial número 444.035 del lunes 5 de noviembre del 2018

53 https://tatuytv.org/comuna-o-nada-reforma-de-las-leyes-del-poder-popular-cronologia-y-tres-posibles-escenarios/

54 https://www.youtube.com/watch?v=bOO4aKDY2zk

55 https://tatuytv.org/httpstatuytvorgcomuna-o-nada-reforma-de-las-leyes-del-poder-popular-cronologia-y-tres-posibles-escenarios/

56 Hugo Chávez Frías. Aló Presidente Ob. cit. p 63

57 Jorge Giordani. De la inclusión social a la Venezuela productiva bolivariana, Caracas: CORREO DEL ORINOCO, 2012, p 42.

58 Pasqualina Curcio Curcio. La Economía Venezolana… Ob. cit. p 54-55

59 Recaudación fiscal anual de 2022 1.975.806.060$, promedio anual del 44.2% IVA, es decir, 873.306.278$; presupuesto del CFG 15% del IVA 130.995.941$, Fondo especial 65% del presupuesto del CFG 85.147.362 y

fondo del sector popular 30% del presupuesto del fondo especial a saber 25.544.208$

60 Pasqualina Curcio Curcio. Ob. cit. p. 71.

61 https://www.comunalizarelpoder.com.ve/medioteca/primer-informe-periodico-sobre-la-contribucion-de-las-economias-populares-a-la-soberania

62 Pasqualina Curcio Curcio. Ob. cit. p. 94.

63 https://roraima.comunas.gob.ve/ambito/economico/osp/resumen

64 Pasqualina Curcio Curcio. La Mano Visible… Ob. cit. p. 137.

65 https://tatuytv.org/opinion-la-miseria-de-la-retorica-a-proposito-de-hablar-gamelotes/

66 Claudio Katz. El porvenir del socialismo, Caracas: Editorial el Perro y la Rana. 2007, P.245