[OPINIÓN] Sanciones: El largo juego

En los últimos seis años, la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela puede resumirse en una palabra: sanciones. Ha habido otros aspectos, como el reconocimiento de un autoproclamado «gobierno interino». Pero las medidas económicas coercitivas han ocupado el primer plano, tanto por su uso generalizado como por su impacto en el pueblo venezolano.

Los llamados a favor del levantamiento de las sanciones no han dejado de crecer en los últimos meses, por parte de organizaciones multilaterales, algunos funcionarios demócratas e incluso expertos en política exterior. El primer grupo señala el castigo colectivo a la población civil venezolana, el segundo la presión sobre las fronteras estadounidenses por el aumento de la migración, y el tercero argumenta que las políticas han «fracasado».

Vale la pena explicar en qué consiste este «fracaso». Sin duda, las políticas estadounidenses han fracasado en su principal objetivo declarado de desencadenar un cambio de régimen y derrocar a la Revolución Bolivariana. Pero desde una perspectiva más amplia, las sanciones están generando algunas consecuencias a largo plazo muy significativas que han empezado a tomar forma en los últimos meses.

Licencias a la medida

Muchos analistas políticos ven al gobierno estadounidense como un simple policía y agente de ventas de las corporaciones. Dada la extensa influencia de éstas sobre los poderes públicos, sin hablar de los precedentes históricos, se trata de una buena primera aproximación. Pero no es totalmente exacta, ni siquiera para una corporatocracia como el imperio estadounidense.

La política de sanciones contra Venezuela fue un ejemplo paradigmático, cuando la administración Trump obligó a corporaciones como Chevron a cerrar sus actividades en el país caribeño. El argumento era sencillo: perder a corto plazo, pero una vez derrocado el Gobierno de Maduro, las empresas volverían en condiciones mucho mejores.

Aunque Maduro no fue derrocado, Chevron regresó finalmente. En noviembre de 2022, después de un extenso cabildeo, recibió una licencia del Tesoro de EE.UU. que suscitó mucha controversia por las cláusulas que prohibían a la empresa pagar impuestos o regalías al Estado venezolano.

Es posible que se tratara más bien de una cortina de humo, ya que esas responsabilidades corresponden a las empresas mixtas (en las que Chevron tiene participaciones minoritarias). Pero el gigante petrolero estadounidense ha ido recuperando poco a poco parte de la deuda que poseía la venezolana PDVSA, en virtud de un contrato que no se ha hecho público. También se le ha concedido el control sobre las ventas y las operaciones petrolíferas, y el gobierno venezolano ha adoptado un enfoque «flexible» respecto a las normativas que exigen que PDVSA se encargue exclusivamente de esas tareas. En pocas palabras, el negocio se está llevando a cabo bajo los términos de Chevron.

La licencia de Chevron, concebida para limitar los beneficios para Venezuela al tiempo que se mantiene la arquitectura general de sanciones, está llamada a convertirse en un precedente. Hay rumores de que otras empresas están solicitando permisos similares.

Alcance extraterritorial

Unos meses antes de la licencia de Chevron, la italiana Eni y la española Repsol recibieron el visto bueno del Tesoro estadounidense para cerrar acuerdos de petróleo por deuda con PDVSA mientras la administración Biden trataba de aliviar la crisis energética en Europa.

A pesar de que los términos ofrecían pocos beneficios para la parte venezolana, el gobierno de Maduro accedió como gesto de buena voluntad, y también aprovechó la oportunidad para vaciar los inventarios de crudo diluido (DCO) de menor calidad. PDVSA suspendió el acuerdo en agosto de 2022 para renegociar los términos tras varios envíos. Los cargamentos de crudo se han reanudado desde entonces, aunque se desconocen las condiciones.

Otro acontecimiento tuvo lugar en enero, cuando Washington autorizó a Trinidad y Tobago a entablar negociaciones con Venezuela para importar gas natural de las importantes reservas marinas del país en el mar Caribe. Trinidad espera convertirse en un centro de exportación para abastecer a los mercados europeos, y sus proyectos beneficiarán enormemente a otra de las «siete hermanas», Shell.

Sin embargo, Estados Unidos «impuso» la condición de que Venezuela no recibiera ningún pago en efectivo como parte del acuerdo. El gobierno trinitario planteó la posibilidad de pagar con cargamentos de alimentos, Caracas denunció las condiciones «coloniales» y las negociaciones continúan.

Lo primero que hay que señalar es el hecho absurdo e indignante de que el gobierno de Estados Unidos dicte las condiciones de acuerdos en los que no participa ninguna entidad estadounidense. Pero tal es el sobrecumplimiento debido al alcance de su programa de sanciones. Trinidad, Shell, Eni y Repsol no están dispuestas a arriesgarse a entrar en la lista negra y, por tanto, pasan primero por Washington cualquier propuesta de negocio.

Futuro hipotecado

Aparte de las sanciones primarias y secundarias dirigidas a la industria petrolera de Venezuela, la administración Trump también confiscó CITGO, la filial de PDVSA con sede en Estados Unidos, y la puso bajo control de la oposición. CITGO era un engranaje clave, ya que sus refinerías eran tanto un destino para el crudo extrapesado de Venezuela como una fuente de combustible y diluyentes de primera necesidad.

La refinería se encuentra en grave peligro tras una serie de acciones del anterior «gobierno interino» calificadas oficialmente de negligentes, pero que apuntan más bien a una confabulación o a un conflicto de intereses. Como resultado, CITGO se enfrenta a una subasta de sus acciones ordenada por un tribunal para satisfacer los laudos arbitrales internacionales de media docena de empresas, y hay más demandantes esperando entre bastidores.

La actual junta administrativa de CITGO, un órgano ad hoc que responde formalmente ante un parlamento cuyo mandato expiró en enero de 2021, negocia con los acreedores para intentar alcanzar acuerdos extrajudiciales. Afirma estar trabajando para salvar a la empresa, pero es difícil imaginar cómo va a defender sinceramente los mejores intereses del país, cuando no tiene que rendir cuentas a ningún órgano legítimo del Estado.

Además, esta administración ha lanzado recientemente una propuesta para que Venezuela dedique 200.000 barriles diarios exportados a crear un fondo para pagar a los acreedores. En pocas palabras, destinar más de una cuarta parte de lo que sigue siendo una producción de petróleo muy mermada, a satisfacer deudas que deben ser muy cuestionadas e impugnadas.

El jefe de la junta directiva de CITGO, Horacio Medina, argumenta ridículamente que esta cantidad de crudo se está vendiendo actualmente a China con descuento. Pero en lugar de exigir el fin de las sanciones que obligan a Venezuela a vender por debajo del valor de mercado, prefiere que el país no reciba nada de efectivo en un acuerdo que dejaría a PDVSA hipotecada durante años. Huelga decir que aún requeriría la aprobación de Estados Unidos.

No es difícil entender las consecuencias de esta situación. Una disminución de los ingresos petroleros en las terribles circunstancias actuales dejaría al gobierno de Maduro y a PDVSA en una posición de negociación aún más difícil, y por lo tanto más vulnerable a acuerdos en los que los beneficios de Venezuela se reduzcan al mínimo posible.

Consecuencias de largo plazo

Los incesantes esfuerzos de cambio de régimen en Venezuela, a menudo se explican simplemente señalando los vastos recursos naturales del país, empezando por el petróleo, y cómo el imperio estadounidense quiere controlarlos. Un razonamiento más profundo sostiene que el proyecto socialista de Chávez representaba un faro de esperanza para el Sur Global, y para América Latina en particular, una afrenta a la hegemonía estadounidense en su propio «patio trasero».

Las dos explicaciones no son mutuamente excluyentes. Las sanciones son, de hecho, una forma de matar dos pájaros de un solo tiro. Al imponer acuerdos que favorecen en gran medida a las corporaciones, al hipotecar los ingresos de cara al futuro, Washington está socavando la soberanía de Venezuela con todas las consecuencias que ello conlleva, tanto a nivel nacional como regional.

Vale la pena señalar que, a pesar de las duras circunstancias, el gobierno de Maduro sigue siendo responsable de sus acciones y decisiones. No está libre de culpa si sigue un camino determinado debido a cálculos o prioridades equivocadas. Por ejemplo, el gobierno venezolano ciertamente ha sido demasiado comprometido en el cumplimiento de los compromisos de deuda bajo la muy dudosa suposición de que los mercados financieros recompensan este tipo de comportamiento honorable.

Sin embargo, la mano que le ha tocado está increíblemente limitada por un férreo bloqueo que sólo ofrece tregua en condiciones extremadamente injustas. Y el gobierno tiene que sopesar esto con su necesidad de reparar las infraestructuras, mantener los programas sociales y, en última instancia, competir en elecciones.

Es evidente que las sanciones no han conseguido desencadenar un cambio de régimen. Pero está igualmente claro que no van a ser levantadas a corto plazo, dada su utilidad para imponer sacrificios a Venezuela en favor de las empresas multinacionales. Las sanciones no sólo están diseñadas para ahogar al pueblo venezolano. También pretenden causar daños a largo plazo.

Traducido por América Rodríguez para Investig’Action.

Fuente: Venezuelanalysis