[COLOMBIA] Falsos positivos ayer y hoy

6402 es el número de falsos positivos o personas asesinadas y presentadas como muertas en combate entre el año 2002 y 2008 por el Estado colombiano, según cifras entregadas recientemente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En audiencia pública el mes pasado, ex altos y medios mandos militares del ejército colombiano asumieron públicamente la responsabilidad por hechos categorizados como crímenes de lesa humanidad, en una histórica declaración ante la justicia transicional pactada en el acuerdo de paz del año 2016, que las familias de las victimas creyeron que nunca verían.

“Y hoy el mundo quiero que sepa que eran campesinos (…) que yo, como miembro de la fuerza pública, asesiné cobardemente, le arrebaté la ilusión a sus hijos, le desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos resultados, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno. No es justo”

Néstor Guillermo Gutiérrez – Ex suboficial del ejército

¿Quién dio la orden?

Es ampliamente conocido que la “política de seguridad democrática” del expresidente Álvaro Uribe Vélez -hoy a las puertas de un juicio por soborno de testigos-, es el manto que protegió durante varios años las acciones de este grupo de ex integrantes de las fuerzas armadas.

Sin embargo, hasta la actualidad no existe información precisa ni condena sobre los altos funcionarios del Estado y del ejercito que pudieran asumirse como autores intelectuales de los atroces hechos.

En octubre de 2019 el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) inició una campaña pública bajo el slogan “¿Quién dio la orden?”, exigiendo una investigación mucho más coherente y rigurosa respecto a los sucesos, y buscando reparación para las familias de las víctimas.

El 23 de agosto de 2021 la propia corte constitucional colombiana amparó la campaña que fue demandada por algunos de los militares allí expuestos, reconociendo que

“Esta vía no solo permite denunciar la ocurrencia de delitos, sino que tiene como fin construir un relato de historia de las trasgresiones que deben ser conocidas y además incorporadas en su memoria colectiva, como presupuesto para materializar proyectos de reconciliación de la sociedad”.

Sentencia T-281/21

Falsos positivos hoy

El pasado 28 de marzo de 2022 en el departamento de Putumayo, murieron 13 personas durante una operación militar.

Una investigación realizada por los medios Vorágine, El Espectador y Cambio, reveló que al menos 4 de las víctimas se encontraban completamente desarmadas. Al tiempo que lideres de la comunidad donde se presentaron los hechos afirman que integrantes del ejercito llegaron encapuchados y vestidos de negro manipulando los cadáveres para que parecieran disidentes de las FARC.

La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia exigió la investigación de los hechos, declarando que

“La violencia está teniendo un impacto particularmente alto en las comunidades indígenas y afrocolombianas en forma de asesinatos, desplazamientos y el creciente reclutamiento de menores”.

Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia

En declaraciones emitidas frente al congreso, el ministro de defensa colombiano Diego Molano admitió inconsistencias en las primeras comunicaciones oficiales que el gobierno ofreció sobre los hechos.

Un pasado que no termina de pasar

A pesar de los avances en materia de verdad, justicia y reparación alcanzados con el acuerdo de paz firmado en 2016, la violencia política en Colombia no cesa. Según cifras registradas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) en los primeros 4 meses de 2022 se registraron 50 asesinatos de lideres y liderezas sociales.

Durante la última semana, a propósito de la extradición a EE.UU. de alias “Otoniel” (quien fuera desde el año 2006 el máximo cabecilla del grupo paramilitar conocido como el “clan del golfo”) se impuso un paro armado paramilitar que hasta el día de ayer afectó a la población de 11 departamentos del país, y que cobró la vida de 6 personas.

Iván Duque firmó la decisión de extraditar a “Otoniel” el pasado 6 de abril. Estaba suspendida producto de la presión ejercida por un grupo de víctimas que mediante una acción de tutela exigían que siguiera bajo custodia del Estado colombiano, con el fin de que emitiera declaraciones valiosas en cuanto a la verdad sobre múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos por esa organización.

La violencia política que no acaba

De cara a las elecciones presidenciales de 2022, el pueblo colombiano sigue hoy bajo el yugo de una violencia estructural que históricamente gobierna y determina las formas de hacer política. Las atrocidades del pasado emergen nuevamente con modos de operar conocidos y ante el cinismo de un Estado que actúa bajo la sombra del terror.

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