[COMUNICADO] No más criminalización de la pobreza en La Vega

Comité por los Derechos del Pueblo (La Vega, Caracas)

“…el color moreno, el color negro, eso se criminalizó; el racismo; se criminalizó la pobreza, ´los pobres son los delincuentes´… Esa es la visión reaccionaria, es la visión desde la óptica burguesa de este problema…Y eso se instaló aquí y todavía estamos batallando, con esos viejos vicios, viejos venenos que inocularon el cuerpo social, cuerpos policiales, cuerpos de seguridad”.
Hugo Chávez, 2012

El Comité por los Derechos del Pueblo (La Vega, Caracas) conformado por familiares, vecinas, vecinos, amigas y amigos de personas víctimas de abusos policiales ocurridos en nuestra parroquia durante los meses de enero, mayo, junio y julio del presente año, y por organizaciones populares aliadas, queremos comunicar por este medio al Gobierno Bolivariano, al Sistema de Justicia Penal, al movimiento popular y a la opinión pública en general,  lo que ha ocurrido con nuestra gente; los efectos que eso ha tenido en la comunidad y en la vida de nuestras familias; y lo que pedimos tanto a las instituciones como al movimiento popular chavista, que son nuestras hermanas y hermanos de clase.

 ¿Qué pasó en La Vega?

Durante este año se han realizado varios operativos policiales para enfrentar la expansión del accionar de las bandas que operan en nuestro territorio. Una medida que consideramos legítima y necesaria, por parte del Estado. Sin embargo, estos operativos han ocurrido, también, con graves violaciones a los derechos humanos y en contra de personas que, como nuestros familiares, no tienen ningún tipo de vinculación con el accionar de  estas bandas.

El Comité por los Derechos del Pueblo (La Vega) documentó 23 casos de violación a los derechos humanos en estos operativos. Se trata solo de una parte de los casos ocurridos, en la que los familiares decidimos constituirnos como Comité y asumir el protagonismo de la defensa de los derechos de nuestra gente. De los casos documentados, 19 corresponden a detenciones arbitrarias y 4 a ejecuciones extrajudiciales. En el marco de estos procedimientos, la policía propinó malos tratos y uso excesivo de la fuerza, simuló los hechos punibles a través de la siembra de evidencias, y practicó allanamientos ilegales, robos y destrucción en algunas de nuestras viviendas.

La actuación de la policía en la parroquia La Vega, que se presentó ante la opinión pública como un éxito del Estado frente al legítimo combate de las bandas, se dirigió en buena medida hacia jóvenes o personas inocentes, que  responden a alguna o algunas de las siguientes características: tener antecedentes penales previos por causas no relacionados con estos hechos; ser familiar de alguien vinculado a la banda con quienes no se tiene ninguna relación; ser vecinas o vecinos del territorio del accionar de la banda; haber respondido retadoramente a funcionarios policiales durante los días en que se realizaron esos operativos; y/o estar transitando en el momento y lugar en que ocurrieron los mismos.

Mientras varios de los verdaderos integrantes de las bandas siguen sueltos, personas inocentes pagaron los platos rotos, ya sea porque fueron injustamente detenidas o  porque están muertas como consecuencia de una acción arbitraria de los cuerpos de seguridad. Nos alarma que con ocasión de estos hechos, funcionarios policiales han reconocido que actuaron bajo cuotas de detenciones que debían cumplir.  La experiencia de las cuotas policiales, en Venezuela y otros países, ha dejado históricamente resultados contrarios a los derechos humanos.

¿Cuál es la situación actual?

Ocho (8) personas permanecen detenidas en condiciones inhumanas de reclusión, 6 admitieron los hechos bajo coacción y falta de información para obtener una medida cautelar, 2 están bajo detención domiciliaria, y 3 están siendo juzgados en libertad. En los casos de ejecuciones extrajudiciales, hay 3 denuncias presentadas ante la Dirección de derechos humanos del Ministerio Público.

La defensa técnica de nuestros familiares, la que hemos podido procurar o a la que hemos accedido por parte del Estado, se ha caracterizado, en su mayoría, por grandes debilidades en la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. En muchos casos no se promovieron testimonios claves, no se confrontaron ni solicitaron pruebas, los defensores públicos tienen poco o ningún manejo del expediente, y no se comunican con la persona detenida, ni su familia.

En el marco de las diligencias realizadas por la Comisión de la Revolución Judicial, se han celebrado audiencias preliminares sin abogados defensores y con fiscales distintos a quienes investigaron los casos.

Nuestros familiares que permanecen detenidos, en la zona 7 de Boleíta y en La Yaguara, se encuentran en condiciones inhumanas de reclusión. No tienen suficiente espacio para dormir acostados, hacen sus necesidades fisiológicas en el mismo espacio en el que están recluidos sin ningún tipo de intimidad, ni baño o letrina. Utilizan dispositivos como botellas plásticas, bolsas o barcos de papel que luego son depositadas en una bolsa negra. Para salir a tomar aire deben pagar $1 y 5$ para poder recibir visitas. Dependiendo de los funcionarios que estén de turno, también hemos tenido que pagar para lograr, incluso, el ingreso de alimentos.  En estas terribles condiciones 2 personas detenidas en La Yaguara, no vinculadas con los hechos de La Vega, perdieron la vida durante los dos últimos meses.

¿Qué impactos ha tenido en la comunidad y en nuestras familias?

En los sectores más afectados por estas actuaciones, los sentimientos de la población de nuestra comunidad son de mucho temor hacia la policía, impotencia, rabia y tristeza. Nuestra gente sabe que durante esos operativos mataron y detuvieron a muchas personas inocentes.  Este tipo de prácticas contradice los derechos constitucionales que como pueblo nos dimos en proceso constituyente. Contradice, también, los principios igualitarios de nuestra Revolución Bolivariana, dado que es a personas inocentes de los sectores populares a quienes se nos criminaliza, generando desmovilización popular y reproducción de la pobreza.

En nuestras familias esta situación nos ha impactado muy fuerte en términos psicológicos con sentimientos de nervios, impotencia, tristeza, rabia y mucha angustia por la incertidumbre sobre lo que pueda pasar con nuestros familiares. También ha implicado un importante deterioro económico como consecuencia de los robos realizados por los funcionarios durante los operativos, que nos han privado de importantes herramientas de trabajo; y/o por haber tenido que renunciar a las fuentes de trabajo para asumir las gestiones judiciales y de alimentación de nuestros familiares; además de  todo por lo que debemos pagar a la policía para poder ver a nuestra gente y garantizar que gocen de mejores condiciones de reclusión.

Varias de nosotras, madres de jóvenes detenidos, estamos presentando problemas de tensión y anemia como consecuencia de la angustia y las carencias económicas que enfrentamos.

Las personas detenidas han perdido sus empleos y sienten mucha rabia, tristeza e impotencia por ser culpados por un delito que no cometieron. Las condiciones de reclusión les han traumatizado hasta tal punto que muchos de ellos, aún en libertad, están encerrados en sí mismos, no pueden hablar y/o contener el llanto cuando relatan lo que vivieron mientras estuvieron detenidos.

Como consecuencia de las inhumanas condiciones de reclusión en las que se encuentran, la salud física de nuestros familiares también se ha visto afectada por una importante pérdida de peso y graves infecciones en la piel.

¿Qué pedimos?

Al gobierno bolivariano y al sistema de justicia penal venezolano le pedimos:

  1. Revisar los casos de nuestros familiares, para constatar las deficiencias probatorias en su contra, así como las irregularidades ocurridas en las audiencias realizadas que atentaron contra sus derechos al debido proceso y a la defensa.
  2. Conceder medidas sustitutivas de privación de libertad a favor de las 8 personas que permanecen injustamente detenidas, para que su juicio se realice en libertad, bajo una estricta observancia de sus derechos al debido proceso y a la defensa, garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
  3. Garantizar una defensa técnica adecuada con defensores públicos que conozcan los expedientes y se reúnan con nosotros y nuestros familiares para acordar la estrategia de defensa.
  4. Garantizar una justicia penal imparcial que otorgue libertad plena a favor de las personas que fueron injustamente detenidas; y justicia y reparación para las personas que fueron asesinadas por la policía.
  5. Realizar una investigación adecuada y sancionar penal y disciplinariamente a las funcionarias y a los funcionarios policiales responsables de los abusos cometidos.
  6. Transformar las condiciones inhumanas de reclusión y explotación en que se encuentran las personas detenidas en La Yaguara y en la Zona 7 de Boleíta.
  7. Cesar la criminalización de la pobreza en nuestros barrios por parte del aparato de justicia penal y garantizar una revolución de los cuerpos policiales para que estén del lado de los intereses del pueblo, respetando nuestros derechos humanos.

Al movimiento popular chavista le pedimos:

  1. Solidaridad, apoyo y acompañamiento frente a los abusos policiales que denunciamos. Eso que hoy nos ocurre en La Vega, también está pasando o puede pasar en otros territorios, y sólo juntas y juntos podemos empujar una verdadera transformación del clasismo y racismo que, como denunció en su momento el Comandante Chávez, aun hoy caracteriza la actuación de los cuerpos de policía y de todo el sistema penal.

¡Sólo el Pueblo Salva al Pueblo!

¡No Más Criminalización de la Pobreza!

Comité por los Derechos del Pueblo (La Vega, Caracas)

– Felicia Solórzano (familiar)

– Maribel Paiva (familiar)

– Moraima Tamaroni (familiar)

– Georgina Castillo (familiar)

– Rubén Gutiérrez (familiar)

– Rosibel Viñoles (familiar)

– Mariela Piña (familiar)

– Laura Luque (familiar)

– María Isabel Flores (familiar)

– Meibel Camacho (familiar)

– María Polanco (familiar)

– Arlenia Pérez (familiar)

– Mariela Machado (Diputada GPP)

– Andrés Antillano

– Surgentes. Colectivo de DDHH

Adhesiones de organizaciones y personas aliadas:

  1. Comuna Socialista El Maizal
  2. Comuna 5 de marzo Comandante Eterno
  3. Cooperativa Unidos San Agustín Convive (CUSAC)
  4. Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación
  5. Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de lxs Trabajadorxs Presxs
  6. Comité por la Libertad de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos
  7. Tatuy TV
  8. La Araña Feminista
  9. Frente Cultural de Izquierda (FCI)
  10. Juventud Obrera Católica de Venezuela (JOCV)
  11. Corriente Revolucionaria David Hernández Oduber (CREDAHO)
  12. Comunidades al Mando

Para ver la lista completa de adhesiones seguir este enlace.

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