[EDITORIAL] Más allá del salario: la crisis invisible del trabajo de cuidados en Venezuela

El análisis de la realidad laboral venezolana es, en muchos sentidos, complejo. Desde el inicio de la crisis económica, múltiples debates se han posicionado en la esfera pública, justificadamente centrados en el salario y en las prestaciones sociales, su evolución y el surgimiento de nuevos esquemas. Sin embargo, poco se habla sobre lo que ocurre en la esfera privada de los hogares: el sitio exacto donde se produce y reproduce a la clase trabajadora más allá de la retribución monetaria.

La situación a nivel global

Existe una realidad invisibilizada derivada del histórico rechazo a reconocer la importancia de los cuidados para la vida como un elemento relevante dentro de las economías. La feminización del trabajo doméstico y de cuidados es un patrón común en el continente y el mundo entero.

El neoliberalismo ha hecho de las suyas. Pensar en las necesidades del cuidado de las infancias, personas mayores, con discapacidad y/o enfermedades crónicas, e incluso en el autocuidado, no viene acompañado de una noción de co-responsabilidad pública. El “sálvese quien pueda”, propio de las doctrinas económicas del shock es un arma filosa que amplía las brechas de la desigualdad en los sectores más vulnerables.

Los datos son alarmantes. A nivel mundial, se estima que las mujeres realizan el 76,2% de actividades de cuidado de forma no remunerada, 3,2 veces más que los hombres. A su vez, las mujeres participan en el mercado laboral en condiciones más precarias que las de los hombres: la brecha salarial por sexo (la diferencia en el pago realizado a hombres y mujeres por realizar las mismas tareas) es del 20% (OIT 2018).

Alba Carosio, profesora e investigadora feminista venezolana plantea en su libro “Políticas del cuidado en Venezuela” que:

Las familias, y dentro de ella, las mujeres son las grandes proveedoras invisibles del bienestar y cuidado. La no responsabilidad pública por cuidar, implica negación de la interdependencia y corresponsabilidad y propicia que los cuidados se realicen en el hogar mediante trabajo no pagado y compra de cuidados. Y en este modelo organizativo, las mujeres son maternalizadas como estrategia frente la precariedad y la necesidad de sobrevivencia, en el ámbito de los programas de reducción de la pobreza.

El contexto venezolano

Si bien la legislación venezolana, a partir del proceso iniciado por la Revolución Bolivariana, avanzó en el reconocimiento del trabajo del cuidado, la realidad es que la crisis social, política y económica, junto con las consecuencias de la pandemia del COVID-19, ha invisibilizado y precarizado aún más la situación de quienes realizan esta labor.

Desde 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el trabajo del hogar como generador de valor económico y bienestar social. Además, establece la categoría «amas de casa» como sujetas de derecho a la seguridad social. También reconoce servicios como la salud y la educación como derechos básicos, universales, públicos y gratuitos, siendo el Estado venezolano el responsable directo de proveerlos.

El mercado del trabajo doméstico y de cuidados

Durante los últimos años Venezuela ha presentado distorsiones en el mercado laboral que a su vez han generado particularidades notables en los circuitos del cuidado.

Existe una menor cantidad de trabajadoras domésticas, conocidas en Venezuela como trabajadoras residenciales. El déficit es de 7,4% comparado con otros países de la región (OIT, 2021).

Según estimaciones de la profesora e investigadora Alba Carosio, el 95% de las trabajadoras domésticas se encuentran en la informalidad, a pesar de que la Ley Orgánica del Trabajo establece una igualdad formal con el resto de las y los trabajadores.

Y aunque la informalidad es preocupante, los acuerdos laborales privados e informales representan en media un ingreso salarial mayor para estas trabajadoras en comparación con trabajos similares en la administración pública y otros sectores relacionados al cuidado, como la educación y la enfermería. Esto explica por qué más del 60% de las mujeres venezolanas en edad de trabajar prefieren permanecer inactivas en el mercado laboral tradicional o emigrar (OIT, 2021).

Los circuitos del cuidado no remunerado

El censo realizado por el INE en el año 2011 arrojó que 38,7% de los hogares venezolanos tenían como única responsable a una mujer. En el año 2021 la encuesta ENCOVI reportó un aumento hasta el 54% de hogares con jefaturas monomarentales. Esto implica que las mujeres venezolanas tienen que usar múltiples estrategias para sobrevivir y conciliar su economía al tiempo que realizan actividades de cuidado para las y los integrantes de las familias a su cargo.

La inactividad en el mercado laboral formal de las mujeres venezolanas se traduce en una mayor participación en actividades de cuidado no remunerado y en circuitos de cuidado directamente relacionados con la comunidad.

Uno de los efectos más visibles es la participación predominantemente femenina en la organización voluntaria de programas sociales de alimentación. Según datos ofrecidos por el presidente Nicolás Maduro en marzo de 2023, de los más de cuarenta y cinco mil comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), el 73% del liderazgo era ejercido por mujeres. 

El cuidado como relación social fundada en la “obligación” y el “amor”

La representación social del cuidado tiene cimientos culturales estrechamente ligados con la figura femenina maternal. La división sexual del trabajo produce impactos claros en la forma en que se distribuyen las actividades cotidianas destinadas a la sobrevivencia misma. Así, mientras la obligación masculina “natural” es la de proveer materialmente, la de las mujeres es de cuidar “incondicionalmente”.

Las sanciones económicas impuestas por EE.UU. y aliados contra Venezuela, sumado a políticas que favorecen el sector privado y casos notorios de corrupción, han dejado como saldo altos déficits de infraestructura, insumos y personal calificado en casi todas las áreas. A nivel social las consecuencias son fenómenos como la inseguridad alimentaria. Esto deriva evidentemente en una sobrecarga de trabajo no remunerado que tienen las mujeres en áreas como la atención maternal, el cuidado a personas con discapacidad y a personas mayores o con enfermedades crónicas.

Adicionalmente, la crisis de los servicios públicos profundiza la desigualdad y complejiza el escenario. Citando una vez más el libro “Políticas del cuidado en Venezuela”, tenemos que:

Una de las consecuencias de esta crisis de servicios públicos es el recargo de trabajo de cuidados de las mujeres de los sectores populares, territorios donde la afectación es mucho mayor. Los sectores más acomodados han optado por implementar soluciones privadas tales como perforación de pozos de agua e instalación de plantas eléctricas, todo lo cual aumenta y hace más crítica la desigualdad y la brecha de calidad de vida entre las clases sociales.

Los retos por delante

En el contexto actual hay una necesidad urgente de visibilizar la expropiación que favorece al gran capital mediante el trabajo de cuidados, especialmente en un escenario neoliberal global que agudiza la desigualdad.

En Venezuela, urge poner en el debate público la injusta organización social del cuidado y tomar las medidas necesarias para revertirla. La solución empieza por dignificar las condiciones del trabajo remunerado en todos los niveles:

-Recuperar las condiciones mínimas para que el salario sea garantía real de sobrevivencia de las y los trabajadores.

-Abandonar la idea de que el desarrollo económico se sostendrá en la iniciativa privada y de la promoción del emprendimiento como alternativa a la precariedad.

-Reconstruir el acceso total a derechos básicos y a servicios públicos en los que la Revolución Bolivariana avanzó notablemente, como salud, educación y cuidado infantil, para aliviar la carga de trabajo no remunerado que recae sobre las mujeres.

-Reglamentar y aplicar la Ley de sistema de Cuidados para la vida aprobada en el año 2021 y con ello, redistribuir las cargas del cuidado con políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad, incluyendo a los hombres, pero también al Estado, al Poder Popular organizado y a la sociedad en su conjunto.

En conclusión, solo a través de un cambio estructural de la política actual será posible revertir la crisis de reproducción de la vida que se intensifica en Venezuela, y que como en otros casos, solo agrava la miseria de un sector de la población históricamente excluido y explotado: las mujeres de la clase obrera.