[OPINIÓN] ¿Qué ha pasado con los beneficios laborales en Venezuela?

El debate sobre la indexación salarial ha sido una constante en la política venezolana de los últimos años. Por un lado, el diputado Jesús Farías defiende la política de contención salarial del gobierno, señalando que no se pueden aumentar los salarios “si no se aumenta la producción”. Por el contrario, desde la izquierda han surgido distintas propuestas para elevarlo: la indexación al Petro (promovido por Curcio, Boza y Valdez), y la lucha por el cumplimiento del artículo 91 de la CRBV, que establece que el salario debe ajustarse a la canasta básica (defendida por la izquierda radical).

Sin embargo, aunque el debate se ha centrado en la política salarial, el problema es mucho más amplio y tiene que ver con toda una serie de derechos laborales que se han ido perdiendo en los últimos años. En este artículo, abordaremos la lucha por los beneficios laborales durante los gobiernos de Chávez, la pérdida de los mismos durante los gobiernos de Maduro y el carácter estratégico que tienen las movilizaciones por recuperarlos.

La lucha por reivindicaciones durante el periodo chavista

Los gobiernos de Chávez (1999-2013) estuvieron signados por un auge en la movilización popular que se inicia a partir de los enfrentamientos contra las políticas neoliberales de sus predecesores (Carlos Andrés Pérez II y Rafael Caldera II). Esta efervescencia le permitiría al pueblo derrotar estas políticas y al régimen puntofijista, sostener las primeras reformas económicas chavistas ante el golpe de estado de 2002, y luego empujar al gobierno de Chávez hacia la izquierda.

Uno de los primeros logros fue la aprobación de la Constitución de 1999, un documento progresista y antineoliberal, en el que se definía al Estado como un Estado Social de Derecho y de Justicia. Además de esta nueva concepción (cuyas implicaciones prácticas quedarán para otro análisis), la nueva Carta Magna recogió tácitamente en su artículo 91 una vieja aspiración de la izquierda venezolana: el establecimiento de una escala móvil de salarios, los cuales debían ajustarse al costo de la canasta básica.

Los aumentos salariales se convirtieron entonces en una política chavista. En contraste con los 7 aumentos entre 1989 y 1998 (9 años), el gobierno de Chávez realizó 6 aumentos entre 1999 y 2001, año en el que el ingreso mínimo (salario mínimo más bono de alimentación) alcanzó su máximo histórico de 417$.

Otra política implementada desde los primeros años del chavismo fue la inamovilidad laboral. El primer decreto de inamovilidad que afectó a trabajadores del sector público y privado se dictó el 5 de octubre de 2001 y debía extenderse hasta 30 de noviembre de ese mismo año con motivo de la realización de elecciones sindicales. Posteriormente, en abril de 2002 se introdujo conjuntamente con un aumento salarial otro decreto de inamovilidad por 60 días, con el fin de evitar despidos como respuesta patronal a los aumentos salariales. Este decreto sería prorrogado en varias oportunidades, y en conjunto con otros establecería un régimen de inamovilidad laboral que se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2022.    

Nuevos sindicatos, discusiones colectivas y luchas obreras

La movilización popular también se expresó en un aumento de la actividad sindical y las discusiones colectivas. Arrieta e Iranzo[1], señalan que entre 1994 y 1998 se registraron 1.496 organizaciones sindicales, mientras que entre los años 1999 y hasta octubre de 2007 se registraron 4.328.

Los mismos autores señalan que «desde el 2003 el Estado, a través de sus diferentes instancias ha estado favoreciendo la creación de sindicatos paralelos como medida para ir restándole poder y base a la CTV» facilitando el registro de sindicatos afines al gobierno y otorgándole preferencias a éstos en las discusiones de las convenciones colectivas. Sin embargo, hay que destacar que la clase obrera luchaba también por un cambio en la dirigencia sindical cetevista, asociada históricamente al partido Acción Democrática.

En cuanto a las discusiones de las contrataciones colectivas, los sindicatos sintieron que podían contar con el apoyo del gobierno para conseguir beneficios, y si bien en muchos casos lo lograron (lo que ayudó a fortalecer a las organizaciones sindicales afines al gobierno), en otros los trabajadores tuvieron que enfrentar la resistencia gubernamental. La pelea por la nacionalización de fábricas ocupadas tras el paro de 2003 y por la nacionalización de SIDOR en 2008 -tras la negativa de la empresa a otorgar concesiones a los trabajadores en medio de la discusión del contrato colectivo-, son ejemplos en los que la movilización de los trabajadores logró arrancar el apoyo del gobierno[2] o derrotar su resistencia.

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)

Otra lucha de los trabajadores durante los gobiernos de Chávez fue por la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Trabajo, deuda que estaba pendiente desde la promulgación de la Constitución de 1999 cuya disposición transitoria cuarta ordenaba reformar la Ley de 1997, en la que se eliminaban beneficios laborales como parte del ajuste neoliberal del gobierno de Caldera.

La nueva LOTTT (aprobada en 2012), trajo algunos beneficios laborales, entre los que destacan la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, la extensión de vacaciones de 7 a 15 días, la eliminación formal de la tercerización (lo que movilizó a la clase obrera para hacer valer este derecho), y la reforma del régimen de prestaciones, incluyendo en la Ley las dos fórmulas de cálculo existentes y ordenando que se aplicase la más favorable al trabajador.

Sin embargo, la Ley también suscitó críticas. La liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), en su Dossier sobre la nueva Ley, criticó duramente las disposiciones que permitían la intervención del Estado en los sindicatos y la agravación de las restricciones del derecho a huelga ya existentes en la ley derogada.

De las reformas de Chávez a las contrarreformas del gobierno de Maduro

Desde muy temprano, el gobierno de Maduro comenzó a aplicar contrarreformas que afectaban directamente la clase trabajadora. En el trasfondo ha estado una política de conciliación con la burguesía cada vez más envalentonada.  En principio, estas contrarreformas se dieron de facto, es decir, por la vía de los hechos consumados sin alterarse la legalidad del período chavista. Sin embargo, tras un periodo de aplicación de medidas administrativas de carácter sublegal (como el memorándum 2792), el gobierno ha venido construyendo un nuevo marco legal que refleja este viraje a la derecha.

2015 – 2018: Flexibilización laboral de facto

Si bien durante el gobierno de Chávez no se acabaron los despidos injustificados, los trabajadores contaban con garantías para obtener reenganches en las inspectorías del trabajo, además de incentivos para reclamar liquidaciones por la vía judicial.

Sin embargo, a partir de 2015, cuando se empezaba a agudizar la crisis económica, se comenzó a dar un proceso de flexibilización laboral de facto que consistió en otorgar un elevado número de calificaciones de despido, mientras se congelaban los reenganches en casos de despidos injustificados (hechos sin una previa calificación de despido).

En mayo de 2015 La Izquierda Diario (LID), reportó que:

… El sector automotriz tiene pedido frente al Ministerio del Trabajo el despido de 1.500 trabajadores, en las Inspectorías del Trabajo del estado Carabobo rezan ya solicitudes para 119 trabajadores en Chrysler de los que ya se han materializado 76; 812 trabajadores en General Motors siendo que para finales de abril la filial local de la ensambladora estadounidense despidió a 446 obreros luego que una junta de arbitraje aprobara la solicitud de despido; en la Ford Motors son 267 trabajadores; en la ensambladora de autobuses Iveco son 80 obreros y otros tantos de empresas de autopartes, de acuerdo a la propia Federación de Trabajadores Automotrices (Futaac).

Incluso, la propia página web del Ministerio del Trabajo informó en 2016 el despido de más de 8.000 trabajadores de Polar[3], señalando que «con esta acción en contra de la Clase Obrera y del andamiaje legal existente en Venezuela se viola la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT)». Pero, ¿acaso no era el propio gobierno, a través de las inspectorías del trabajo, el encargado de ejecutar los reenganches de los trabajadores? Y en caso de incumplimiento, ¿la Inspectoría no estaba facultada por la LOTTT a encarcelar a quienes desacataran los reenganches? Por el contrario, la cifra de despedidos de Polar ronda a la fecha los 25.000 trabajadores, mientras que el gobierno no ha movido un dedo para reengancharlos.

El sector privado no fue el único en el que se llevaron a cabo despidos masivos o políticas abiertamente antiobreras y antisindicales. A fines de 2014, los trabajadores de Café Fama de América (empresa nacionalizada en 2008) denunciaron intimidaciones por parte de organismos de «seguridad del Estado» dentro de las plantas de Valencia y Caracas, acción que tal como comentó Ángel Arias[4] para un reportaje de La Izquierda Diario, tuvo el efecto inmediato de producir la renuncia de 10 trabajadores de la planta de Valencia (3 de los cuales eran miembros del sindicato).

Otro caso emblemático de despidos masivos en empresas públicas durante este periodo fue el de Abastos Bicentenarios, donde «para mediados de 2016, la empresa ya había despedido más de 3.000 trabajadores, sin respetar fueros sindicales, permisos por maternidad o enfermedades ocupacionales. En algunos casos, los despidos fueron hasta de 600 trabajadores diarios»[5]. Estos ejemplos de despidos masivos tanto en el sector público como en el sector privado dejan en evidencia un levantamiento gradual de la inamovilidad laboral, aun legalmente vigente, en este período.

2018 – 2021: El “Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica”

En agosto de 2018, el recién reelecto gobierno de Maduro lanzó el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. El paquete de medidas contempló nueve líneas estratégicas entre las que destacan: alcanzar el «equilibrio fiscal y tributario», una «nueva política cambiaría», «estabilidad de los precios» y «‘salarizar’ los ingresos» a través de «la construcción de las nuevas tablas salariales». Pero, ¿cómo se proponía el ejecutivo alcanzar estos objetivos? ¿Cómo afectó a los trabajadores?

La nueva política cambiaria del gobierno fue implementada a partir de la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios en diciembre de ese año. Como señalamos entonces, la medida abrió las puertas para la dolarización de facto de la economía (más no de los salarios de la administración pública). Meses después se levantó por completo el control de cambio, entregándolo a la banca. Por otro lado, para intentar alcanzar la estabilidad de los precios, el gobierno aprobó la Ley de Precios Acordados con los empresarios, quienes ni siquiera comprometiéndose con los precios de ciertos rubros cumplieron su palabra.

En cuanto a la idea de «salarizar» los ingresos de los trabajadores, si bien el aumento salarial decretado en conjunto con el Plan[6] tuvo por primera vez en muchos años una total incidencia en el ingreso, la misma no se mantuvo por mucho tiempo. El gobierno no solo volvió rápidamente a bonificar el ingreso como venía siendo tendencia (permitiendo el pago de bonos sin incidencia salarial por parte de los patronos), sino que fue más allá con el reparto de bonos a través del Carnet de la Patria, bonos que en muchos casos están por encima del salario mínimo legal.

De igual forma, la reconversión monetaria, en conjunto con el aumento y la hiperinflación que seguía, aniquilaron las prestaciones de las trabajadoras y trabajadores del país. Sin importar cuántos años se hubiese trabajado, luego de la reconversión fue mucho más barato para los capitalistas y el Estado despedir trabajadores, pues era lo mismo que despedir a un trabajador nuevo.

Sin embargo, lo que más afectó a las trabajadoras y trabajadores fue la intención del gobierno de disciplinarse fiscalmente a través de una política de contención salarial y la eliminación de beneficios laborales, que llevó a cabo a través de la promulgación de «nuevas tablas salariales» y del memorándum 2792.

Las nuevas tablas salariales para toda la administración pública se publicaron a principios del 2018 (antes incluso del Plan) mediante los decretos presidenciales 3.235 y 3.302, que establecían un Sistema De Remuneraciones De Las Obreras Y Obreros De La Administración Pública Nacional y la Escala General de Sueldos para Funcionarias y Funcionarios Públicos de Carrera respectivamente, y que en su articulado, ordenaban cosas como:

Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional sujetos a la aplicación de este Decreto, no podrán autorizar remuneraciones de carácter salarial distintas a las previstas en el artículo 2° de este Decreto. (Artículo 4 del decreto 3.235).

La consecuencia era una derogación de facto de las disposiciones de contratos colectivos de la Administración Pública Nacional que establecían multiplicadores del salario mínimo y otras condiciones favorables a los trabajadores (algo común para la fecha), achatando las tablas e nivelando los salarios hacia abajo.

Luego, en octubre, el Ministerio del Trabajo emitió el Memorándum – Circular 2792, en el que establecía los «Lineamientos para ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”.

El memorándum se convirtió en la práctica en una guillotina para los trabajadores, al establecer una todopoderosa comisión entre el gobierno y los patrones que podía eliminar los multiplicadores salariales -esta vez del sector privado pues ya se habían eliminado los de la administración pública con las nuevas tablas salariales-.  Así mismo, el memorándum ponía en manos de esta comisión patronal realizar despidos y derogar otros derechos laborales si el patrón los consideraba onerosos o que «ponían en riesgo la fuente de trabajo», haciendo una lectura interesada del artículo 149 de la LOTTT[7], la cual buscaba más bien proteger los puestos de trabajo.

Las implicaciones de estas medidas no se hicieron esperar, y ya para 2020, las compañeras y compañeros de 15yUltimo dejaron en evidencia cuál había sido la caída del salario real de los trabajadores desde el anuncio del Plan de Recuperación Económica, el cual pasó de 30$ a 2,9$ en menos de dos años.

El objetivo de la aplicación de estos instrumentos de carácter sublegal no era otro que generar confianza a empresarios, demostrarles por todos los medios que la «revolución bolivariana» era cosa del pasado.

2021: La nueva Asamblea Nacional

En las elecciones del pasado 6 de diciembre de 2020 el PSUV obtuvo el 69,32% de los votos, y el 91,34% de los curules de la Asamblea Nacional. Con esta victoria, el gobierno ahora tiene el camino despejado para la promulgación, reforma o derogación de leyes que permitan seguir impulsando su programa económico de tinte neoliberal. Una de las primeras medidas de la AN en este sentido, fue conformar una «Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional», que ha tenido entre su agenda reuniones con sectores de la vieja burguesía y terratenientes.

En las reuniones con Fedecámaras y Fedenaga, la comisión recogió las propuestas de estos gremios, que han decidido tender la mano al gobierno y ahora le piden avanzar en «victorias tempranas» para «construir confianza». En cuanto al régimen laboral, Fedecámaras le ha sugerido al Poder Legislativo la «revisión de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras», mientras que al Ejecutivo le ha propuesto «modificar el decreto de inamovilidad» y «revisar el régimen de tramitación de calificación y justificación de despidos en las Inspectorías». Todo esto, como ya hemos señalado antes, solo busca brindar seguridad jurídica a los capitalistas, pues en los hechos ya se aplican estas políticas de flexibilización laboral.

Asimismo, la Asamblea Nacional impulsa ahora la Ley de Zonas Económicas Especiales, una Ley que al decir de Luis Brito García, busca instaurar un régimen de «maquila» caracterizado por: «Sobreexplotación y prohibición de sindicatos, ínfima remuneración, y establecer paraísos fiscales transnacionales», lo que aumentaría aún más la precarización y desregulación laboral ya vigente en el país. Pero, así como la izquierda ha rechazado la #LeyMaquila, la derecha ha mostrado su acuerdo por las ventajas que ofrecen las ZEE a los empresarios, que aprovecharían «lo barato de la mano de obra venezolana». La nueva legislación es otra evidencia del nuevo pacto de élites que hemos venido denunciando.

La pelea por reivindicaciones, una cuestión estratégica

Con una crisis de varios años y con la economía asfixiada por sanciones, el gobierno ha buscado ofrecer más y más privilegios al sector privado en aras de atraer inversionistas, sin embargo, la condición para el éxito del programa económico del gobierno es la sobreexplotación de la mano de obra, lo que implica la desregulación y precarización laboral. Las ZEE son precisamente la expresión más acabada de esta política gubernamental, pero al mismo tiempo son espacios en los que se acentúan las contradicciones de clase. En este contexto, cualquier lucha reivindicativa, por más pequeña que sea, plantea un reto tanto a los intereses capitalistas como al gobierno.

Las movilizaciones en Colombia, dejan ver la enorme capacidad que tienen las masas para salir a pelear cuando se insurgen contra políticas neoliberales, pero además, muestran cómo pequeñas victorias (echar atrás la reforma tributaria), llevan a exigir mayores concesiones al gobierno (como retirar reformas anteriores, una renta básica o el cese del cobro de matrícula en universidades públicas). Esto es precisamente lo que el gobierno venezolano quiere evitar a toda costa, que cualquier conquista aumente la confianza de las masas y las invite a emprender más luchas.

En el contexto de contrarreformas que atraviesa el país, es necesario convertir cada combate reivindicativo en una escuela, que permita a los trabajadores recomponer sus organizaciones, desplazar o presionar a las burocracias sindicales, ejercitarse en los métodos históricos de su clase (la huelga y la ocupación de empresas) y comprender cómo funciona el Estado burgués. Asimismo, para los militantes de izquierda, cada lucha permite aprender el arte de la comunicación con las masas, de la organización y la dirección.

Hoy en el país están dadas las condiciones para levantar un amplio movimiento de luchas defensivas-reivindicativas. Preparémonos para estar a la altura de los acontecimientos por venir.

¡Elegimos Luchar!
¡Rescatemos Nuestros Derechos!

Notas:

[1] Arrieta Álvarez, J. I. & Iranzo Tacoronte, C. (2009) El movimiento sindical en Venezuela: Su historia, su hacer y sus relaciones. 1era Ed. Centro Gumilla. Caracas.

[2] Sobre estas luchas recomendamos el artículo De la Nacionalización a la Privatización disponible en: https://www.tatuytv.org/opinion-de-la-nacionalizacion-a-la-privatizacion/

[3] El despido de estos trabajadores se da en el marco del cierre de 5 plantas de la empresa Polar por supuesta falta de materia prima, una táctica usada recurrentemente para liquidar trabajadores a quienes ofrecían una “cajita feliz” para que no exigieran reenganches. Sin embargo, estas plantas en muchas oportunidades volvían a funcionar. Se trataba de una doble operación, que por un lado buscaba obtener divisas del gobierno con el argumento de importar materia prima, y por otro reducir la nómina y derrotar a los trabajadores. Sobre las distintas formas usadas por los capitalistas para justificar el cierre de empresas, recomendamos el artículo que ´publicamos en 2018 Elementos legales del cierre y ocupación de fábricas. Disponible en https://luchadeclases.org.ve/?p=6567

[4] Sociólogo, militante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo y miembro de la redacción de La Izquierda Diario – Venezuela.

[5] De la Nacionalización a la Privatización disponible en: https://www.tatuytv.org/opinion-de-la-nacionalizacion-a-la-privatizacion/

[6] Para evitar que el sector privado sufriese pérdidas o tuviese que incrementar los precios debido al brusco aumento salarial, el gobierno pagó durante más de tres meses el diferencial entre el viejo y el nuevo salario a través del sistema patria. Sin embargo, esta medida no logró contener el aumento de precios, por lo que el nuevo salario naufragó entre los escollos de la hiperinflación. 

[7] Esta cuestión la abordamos en el artículo Elementos legales del cierre y ocupación de fábricas, específicamente en el apartado Cierre ilegal, paro patronal y ocupación de la fábrica (comentarios sobre el artículo 149 de la LOTTT). Disponible en https://leanderperez.wordpress.com/2018/10/20/6159/

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