[REPORTAJE] Sector cañicultor exige apoyo a la producción en el campo

Diferentes organizaciones campesinas del sector cañicultor se manifestaron el pasado jueves en el estado Portuguesa para exigir soluciones a una serie de obstáculos que enfrenta la producción en el campo.

Más de 50 productores y productoras se movilizaron a las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Tierras en Acarigua. Las principales demandas fueron mayor acceso a combustible subsidiado, reducción de importaciones y acceso a crédito.

“Nos encontramos en un estado de emergencia,” dijo la vocera Blondy Sangronis a Tatuy Tv. Sangronis es actualmente la coordinadora nacional de la Confederación de Cañicultores Bolivarianos de Venezuela (CONCABOVEN).

Los campesinos y campesinas presentaron un documento con varias propuestas que fue recibido por el director local del Ministerio de Agricultura, Gerardo Rojas. Expresaron su deseo de “colaborar” con las instituciones pero no descartaron otras protestas, incluso en Caracas, en caso de que no haya respuestas.

Acceso a diésel subsidiado

Las familias productoras de caña de Portuguesa proponen la creación de una categoría de “productor agrícola” en la Plataforma Patria (usada para otorgar bonos y otros beneficios). Bajo estas condiciones el acceso pasaría, según la propuesta, a 1000 litros de diésel al mes, en comparación con los 40 disponibles actualmente para cualquier persona.

“Necesitamos ser reconocidos en el sistema Patria”, explicó Sangronis. Recalcó también la necesidad de estudiar los requerimientos de combustible para la producción agrícola y planificar la distribución acorde con sus necesidades.

Portuguesa es uno de los pocos estados donde hay acceso a diésel subsidiado. Paulatinamente, las políticas asumidas por el gobierno venezolano han favorecido una eliminación gradual de los subsidios al combustible. Por lo general, las familias campesinas tienen que comprar a “precio internacional” (50c/L) o incluso a tarifas más altas en el mercado negro.

Importaciones y alianzas estratégicas

De igual modo, las organizaciones rurales de Portuguesa presentes en la protesta exhortaron a las autoridades a tomar medidas que limiten la importación de azúcar, principalmente de Brasil, que impide cualquier competencia de la producción venezolana.

“Nosotros no nos oponemos a importaciones bajo una lógica de seguridad alimentaria”, expresó Sangronis. “Pero también es necesario apoyar la producción nacional. Hay mucha siembra de caña de azúcar actualmente y potencial para mucho más.” Añadió que los cañicultores y cañiculturas exigen además acceso a créditos. Actualmente la producción de azúcar está excluida de la cartera de crédito porque la banca alega que el sector es poco rentable.

Sangronis finalizó llamando al gobierno a reactivar los centrales azucareros del país. Según la vocera, solamente dos de las diez plantas estatales están operativas en este momento: el Central Venezuela en el estado Zulia y el Central Santa Elena en Portuguesa.

El Central Santa Elena fue reactivado a fines de 2022, después de casi cuatro años paralizado. Los campesinos y campesinas de la zona realizaron una ocupación en septiembre de 2021 a raíz de que un acuerdo con un empresario puso en peligro las cosechas.

La gobernación de Portuguesa ha establecido una nueva alianza estratégica cuyos términos no fueron públicamente difundidos. Sangronis afirmó que la planta ha procesado 130.000 toneladas de caña en lo que va del año, cerca de la mitad de la cosecha.

El modelo de alianzas estratégicas ha significado la transferencia de activos estatales a las gobernaciones que a su vez ofrecen concesiones a operadores privados. El central azucarero de Cumanacoa en el estado Sucre fue otro escenario donde las organizaciones locales denunciaron a la empresa privada, en este caso TecnoAgro, por paralizar las instalaciones y estafar a los campesinos y campesinas.

Pueblo campesino en pie de lucha

En medio del bloqueo estadounidense, el gobierno venezolano ha buscado ofrecer condiciones cada vez más favorables al sector empresarial para impulsar la recuperación económica. En el campo, las políticas liberalizadoras, aunadas a la privatización de empresas que ofrecían acceso a semillas, fertilizantes y mecanización, han significado un fuerte aumento de los costos para la producción a pequeña y mediana escala.

El sector campesino respondió con una serie de movilizaciones. A finales de 2022, productores y productoras de café, maíz y arroz organizaron protestas en Caracas con demandas similares. El eje común es la exigencia de mayor regulación por parte del Estado.

Diferentes voceros y voceras expresaron su descontento con la importación de ciertos rubros justo en la época de cosecha. Denuncian que es una iniciativa de los oligopolios del agronegocio para bajar los precios que pagan a los pequeños productores.

Se espera que los recién firmados acuerdos con Colombia generen una fuerte entrada de alimentos colombianos al mercado nacional. Andrés Alayo, vocero de la Plataforma de Lucha Campesina, argumentó que los documentos se asemejan a “tratados de libre comercio” para algunos rubros y que representarán más dificultades para la producción campesina en el país.