[REPORTAJE] Sector caficultor protesta y exige respuestas del gobierno

Campesinos y campesinas venezolanas organizaron una movilización en Caracas este martes para exigir respuestas del Estado en protección de la pequeña y mediana producción.

La protesta fue impulsada por asociaciones caficultoras de los estados Lara, Portuguesa y Trujillo. La principal petición es que el Estado venezolano introduzca precios justos para las cosechas de café para contrarrestar la tendencia de las cadenas de distribución de pagar por debajo de los costos de producción.

Cerca de 200 manifestantes exigieron ser escuchados y escuchadas en la Asamblea Nacional pero fueron inicialmente detenidos por un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana. Organizaron una asamblea improvisada en las afueras de la sede del Banco Central de Venezuela, hablaron con diferentes medios en el sitio. Luego un grupo de voceros y voceras fue recibido por una comisión parlamentaria.

Horas más tarde, la delegación campesina sostuvo también una reunión con el Ministro de Agricultura y Tierras Wilmar Castro Soteldo. Sin embargo, según fuentes consultadas por Tatuy Tv, el encuentro no terminó con un acuerdo. Las dos partes se volverán a reunir este jueves, en conjunto con representantes de torrefactoras y distribuidoras cafetaleras, en un nuevo intento para establecer precios para las cosechas.

Medidas de emergencia

En la manifestación de la mañana, el vocero campesino Toribio Azuaje dijo a Tatuy Tv que la ausencia de un precio justo podría “significar la bancarrota para el sector.”

“El país atraviesa una crisis y una situación de bloqueo, además los precios internacionales del café han bajado,” afirmó el dirigente de base de Biscucuy, en la zona montañosa del estado Portuguesa. “Entonces estamos llamando a que el gobierno introduzca medidas de emergencia para proteger a la producción nacional.”

En discusiones y en declaraciones a la prensa, voceros y voceras campesinas expresaron su frustración con el hecho de que ya hubo dos jornadas de negociación este mes, junto al Ministerio de Agricultura y a la Corporación Venezolana del Café. Sin embargo, las autoridades derogaron los acuerdos establecidos inmediatamente.

La jornada más reciente estableció precios entre 220 y 240 dólares por quintal de café (100 libras o 46 kilos), dependiendo de la calidad. Azuaje explicó que “con los costos de producción actuales, ese es el mínimo que nos permitiría vender sin pérdidas”. Los compradores de café están ofreciendo 170$ o menos por quintal, según varias fuentes.

Azuaje lamentó también una falta de organización entre los pequeños productores de café, lo que dificulta las negociaciones y la presentación de demandas unificadas. Según detalló, es muy común que las familias caficultoras tengan que establecer acuerdos con las cámaras de comercio en sus municipios para vender las cosechas.

Otra preocupación expresada en la protesta fue la entrada de café colombiano “en cantidades industriales” por canales irregulares. Los productores y productoras venezolanas argumentan que se trata de competencia desleal dados los altos costos de producción en el país. Algunos productores de maíz presentes en la concentración expresaron una preocupación similar.

«¡Ya basta!»

Alfredo Mendoza, otro productor de café del estado Portuguesa, resaltó que la protesta representaba “la voz de 100 mil familias” en una situación precaria por la incertidumbre alrededor de los precios.

“Nos sentimos engañados, porque ya en dos ocasiones acordamos precios y luego la industria se burla de ellos”, explicó a Tatuy Tv. “Venimos aquí a decir al gobierno que ‘¡ya basta!’, que necesitamos políticas serias para proteger la dignidad del pueblo campesino”.

Mendoza habló también de un “milagro” que hace que los intermediarios compren café “a precios de segunda” para luego empacarlo y venderlo como “gourmet” con tasas de ganancia astronómicas. “Esa brecha es injusta”, concluyó.

Frente al asedio de las sanciones norteamericanas, el gobierno de Nicolás Maduro ha elegido un rumbo cada vez más liberal para estabilizar y reactivar una economía donde el PIB se contrajo por más del 70% en los últimos siete años.

En lo que respecta al campo venezolano, el pueblo campesino se enfrenta a crecientes costos de producción como consecuencia de una creciente privatización de la cadena. El acceso a semillas, fertilizantes y mecanización está en manos del empresariado. Más aún, el gobierno ha gradualmente retirado subsidios al combustible, dejando el diésel en 50 centavos por litro. El precio es considerado inaccesible para mucha de la pequeña y mediana producción.
Las organizaciones campesinas han denunciado que la nueva configuración favorece sobre todo a los intereses de los terratenientes y de la agroindustria. Al mismo tiempo, han denunciado el uso de semillas transgénicas en violación de la Ley de Semillas de 2015.