[REPORTAJE] Movimientos populares exigen justicia para dirigente campesino asesinado

El lunes 13 de marzo, diversas organizaciones campesinas se movilizaron en las calles de Caracas para exigir justicia por Carlos Bolívar.

Bolívar, un respetado militante y vocero del Consejo Campesino Ezequiel Zamora y de la Plataforma de Lucha Campesina, fue asesinado el pasado 2 de marzo en Camaguán, estado Guárico. Fue una figura a la vanguardia de la larga lucha por el rescate del Hato Los Tramojos.

“Hacemos un llamado a las autoridades nacionales para que abran una investigación profunda sobre el asesinato de Carlos Bolívar”, dijo Jesús Osorio, vocero también destacado de la Plataforma de Lucha Campesina, a Tatuy Tv. “Este es el caso más emblemático, y vemos cómo un poderoso terrateniente utiliza su influencia para secuestrar la justicia”.

“Esto no puede quedar impune”, siguió. “Hay una ofensiva de los terrófagos en el campo para asesinarnos y apoderarse de las tierras.”

Ramón Soto, integrante del Consejo Campesino Ezequiel Zamora, secundó el llamado a una investigación contundente. “Esta situación se tiene que aclarar y a los culpables que les caiga todo el peso de la ley, sean quienes sean”.

Amenazas incesantes

En febrero de 2022, cerca de treinta familias del Consejo Campesino recibieron títulos de tierra que abarcaban unas 2.900 hectáreas del Hato Los Tramojos, que posee 4.800 hectáreas. Habían empezado el rescate en 2010 bajo las condiciones establecidas por la Ley de Tierras. Sin embargo, en 2017 estas familias fueron desalojadas luego de que el empresario local José Elías Chirimelli presentara títulos que, como fue demostrado más adelante ante un tribunal, estaban forjados.

Una serie de protestas y movilizaciones llevó a Los Tramojos a la palestra nacional. Después de cinco años, el Tribunal Supremo de Justicia decidió en favor del Consejo Campesino Ezequiel Zamora. Así, abrió camino para su regreso a las tierras. Carlos Bolívar estuvo a la cabeza de los esfuerzos por reactivar las actividades productivas, siendo la principal de ellas la cría de ganado.

Sin embargo, Soto explicó a Tatuy Tv que las amenazas de Chirimelli nunca cesaron.

“Nos sentimos permanentemente amenazados porque Chirimelli recibió las tierras adyacentes a las nuestras”, afirmó. “No solo eso, sino que después que se probó que había forjado documentos, ¿por qué razón se le recompensa con tierras?”, cuestionó Soto. El militante argumentó que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) debería tomar acciones para remover a Chirimelli de la zona, entregando sus tierras a familias campesinas o usándolas en obras de beneficio público.

La manifestación reunió a colectivos campesinos de por lo menos siete estados del país. Los diferentes voceros y voceras que intervinieron resaltaron los casos de dirigentes víctimas de violencia terrateniente y sicariato.

Uno de los casos más recientes fue el de Urbano Reina, asesinado en el estado Cojedes en diciembre de 2022. Las organizaciones rurales estiman que entre 350 y 400 campesinos han sido asesinados desde la aprobación de la Ley de Tierras en 2001, incluyendo 27 que participaron en la Marcha Campesina Admirable de 2018, ahora entre ellos, Carlos Bolívar.

Respuestas de las instituciones

La marcha contó además con la presencia de varios movimientos sociales caraqueños. En total, entre 150 y 200 activistas marcharon de la Plaza Morelos a la sede del Ministerio Público en el centro de Caracas.

En medio de llamados a que el Fiscal General Tarek William Saab bajara a escuchar las demandas de los y las manifestantes, una delegación entró a reunirse con funcionarios del Ministerio Público. Al salir, Andrés Alayo, vocero de la Plataforma de Lucha Campesina, informó a los presentes que ya se habían dado cuatro detenciones en Guárico. Así, la fiscalía confirmaba la hipótesis de sicariato (1). 

Detalló que el Ministerio Público se comprometía además a reactivar mesas de trabajo junto a los movimientos campesinos y al Tribunal Supremo, para investigar casos de violencia y judicialización en el campo.

Uno de los temas recurrentes de las intervenciones fue el de los “falsos positivos” que intentan sabotear las luchas por la tierra. Según los y las militantes presentes, hay más de 300 casos de campesinos y campesinas judicializadas, producto de la influencia de algunos terratenientes sobre los órganos de seguridad y de justicia.

Alayo terminó con un llamado a la unidad en el campo venezolano, “de muchos colores nos toca crear una sola bandera” dijo.

La marcha prosiguió hasta el edificio administrativo de la Asamblea Nacional en la Esquina de Pajaritos. Una comisión de diputados se reunió con integrantes de la movilización y expresó su apoyo para revisar las denuncias de violaciones de derechos humanos en el campo, así como para mediar conflictos.

La reciente marcha forma parte de una serie de movilizaciones de organizaciones del campo que piden más atención y regulación por parte del Estado venezolano. Productores de café, maíz, arroz, caña de azúcar, entre otros, han realizado protestas para exigir que el gobierno preste apoyo a la pequeña producción y actúe contra una creciente influencia del agronegocio.

Nota

(1) En la tarde del martes, el Fiscal Tarek William Saab confirmó las cuatro detenciones y los cargos imputados.